Un gobierno destructor | Letras Libres
artículo no publicado

Un gobierno destructor

Ningún mandatario de la historia moderna de México ha acumulado el poder que tiene y ejerce López Obrador. En el primer año de gobierno, las consecuencias de sus acciones no eran alentadoras; ahora, en plena pandemia, se han vuelto trágicas.

Aunque me llamen mesiánico, voy a purificar al país.

Andrés Manuel López Obrador

En el recuento de los “déspotas electos” de nuestro tiempo, hombres fuertes que anulan la división de poderes, supeditan a los jueces, acotan la libertad de expresión y buscan subvertir la democracia, la prensa internacional menciona a Vladímir Putin, Recep Tayyip Erdoğan, Narendra Modi, Nicolás Maduro, Rodrigo Duterte, Jair Bolsonaro, Benjamín Netanyahu, Matteo Salvini y Donald Trump pero, salvo excepciones, suele olvidar a Andrés Manuel López Obrador. La omisión es extraña. AMLO (como se le conoce) tiene los méritos suficientes para figurar en el elenco y aun destacar en él, con una característica inusual y desconcertante: se ve a sí mismo, y se comporta, como un redentor.

Nacido en 1953 en el estado de Tabasco, AMLO fue un miembro activo del PRI de 1976 a 1989, cuando se unió al PRD, el nuevo partido de izquierda, donde subió de rango hasta alcanzar su presidencia (de 1996 a 1999). En el 2000 fue electo jefe de Gobierno de la Ciudad de México. En 2006 perdió la elección presidencial por un margen estrechísimo –243,934 votos (0.62%)– ante Felipe Calderón, y de inmediato se declaró “presidente legítimo” de México. A partir de ese momento se convirtió en un crítico implacable de la agresiva e ineficaz guerra contra las drogas de Calderón. Perdió de nuevo en 2012 ante Enrique Peña Nieto, de cuya corrupta administración no fue menos crítico. En julio de 2018, en su tercer intento, AMLO fue electo presidente con 53.19% del voto. A fines de 2019, a un año de su arribo al poder, su índice de aprobación llegó al 72%.

Estaba claro que para muchos mexicanos AMLO representaba una esperanza de rectitud y renovación. Un amplio sector del país estaba sencillamente harto del PAN y el PRI, que gobernaron de 2000 a 2018. Pero hay otra razón detrás de su popularidad: el aura religiosa que lo rodea. Hasta abril de 2020 (cuando, ya declarada la pandemia, decidió suspender sus giras de manera temporal), López Obrador había recorrido semanalmente cada municipio de México en un esfuerzo que él mismo, con sus habituales autorreferencias religiosas, ha llamado “apostólico” y que vastos sectores han sentido como tal: cercano, genuino y compasivo. Mientras Peña Nieto jugaba golf los fines de semana, AMLO ha ido por los pueblos hablando con la gente y tomándose selfies. La “buena nueva” que predica no es un mero cambio de gobierno y ni siquiera un nuevo régimen sino el advenimiento –en el sentido religioso– de una nueva era, libre de corrupción y prometedora de igualdad, prosperidad y justicia.

El paralelo con el comandante Hugo Chávez es ilustrativo, aunque hay diferencias marcadas. AMLO no pretende convertirse en una celebridad internacional y ni siquiera latinoamericana (desde que tomó posesión no ha viajado fuera del país, y probablemente nunca lo haga). Indiferente y hasta alérgico al dinero, nadie le ha conocido negocio ilícito (tampoco lícito). Austero en lo personal, ha impuesto una disciplina fiscal draconiana, aunque arbitraria, opaca y desordenada. No es particularmente nacionalista, como Chávez y la mayoría de aquellos “déspotas electos”, y mucho menos racista como Trump, a quien trata con una obsequiosidad sin precedentes en la digna historia de la diplomacia mexicana. Cada vez que Trump insulta a México y a los mexicanos, AMLO guarda un discreto silencio. No solo eso: se jacta de la amistad de Trump y cedió ante sus amenazas de aumentar unilateralmente los aranceles si México no cumplía con sus políticas punitivas de inmigración.

Pero entre Chávez y AMLO hay semejanzas perturbadoras. Chávez aparecía cada domingo en su maratónico programa Aló Presidente. AMLO aparece de lunes a viernes de 7 a 8:30 o 9 a. m. en Palacio Nacional o donde se encuentre de gira, en lo que ha llamado las “mañaneras”. No son propiamente conferencias de prensa. Son misas cívicas, sermones que se difunden masivamente en televisión y en redes sociales, convirtiéndolo en la fuente principal y hasta única de información para sectores mayoritarios. Cuando rara vez acuden a esas mañaneras periodistas serios y formulan preguntas comprometedoras, el presidente los elude, los desacredita o desmiente, sosteniendo que él tiene “otros datos” (variedad mexicana de los alternative facts). Dado que en México las estaciones de radio y televisión son concesionadas por el Estado, algunas han optado por evitar la confrontación directa con López Obrador. Solo unos cuantos periódicos y revistas independientes sobreviven, además de voces críticas en sitios de internet y programas de radio y televisión. El humor político, que tuvo una gran tradición en las carpas mexicanas, se refugia ahora en las caricaturas y las redes sociales. No hay programas de sátira política por televisión. Un Stephen Colbert mexicano es impensable porque el presidente no lo toleraría.

Igual que Chávez, AMLO provoca deliberadamente la polarización y el encono. Aquel azuzaba al “pueblo bolivariano” contra los “escuálidos” y “pitiyanquis”; este divide a los mexicanos entre “el pueblo bueno” que lo vitorea en las plazas y los “conservadores” que se resisten al “cambio verdadero”. López Obrador ha acuñado decenas de epítetos injuriosos para denigrar a sus “adversarios” –en particular la prensa y los críticos independientes–, cuya descalificación ejerce y promueve. Entre ellos: alcahuete, aprendiz de carterista, camaján, fifí, mafiosillo. Gabriel Zaid lo ha llamado “poeta del insulto”.

Gabriel Zaid: “AMLO poeta”, Reforma, 24 de junio de 2018.

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Otro factor que los une es el uso político de la historia. Chávez se sentía la reencarnación de Simón Bolívar en el siglo XXI al grado de ordenar su exhumación para rescatar su “verdadera” imagen que, gracias al Photoshop más que a la antropología forense, resultó distinta a los retratos de época y asombrosamente similar a la suya. Menos macabro hasta ahora, AMLO ha llevado la obsesión por la historia a extremos similares. La historia para él es un oráculo al que recurre con dos ópticas convergentes en su propia persona: la “teoría de los grandes hombres” y el libreto de la revolución social pacífica. Según la teoría, la historia mexicana es un elenco de héroes a quienes López Obrador busca emular y superar. Según el libreto, la historia es una promesa de redención social incumplida, desvirtuada, traicionada, que es preciso retomar en una “cuarta transformación”, acaudillada por él, cuyo fin será completar la obra de la Independencia, la Reforma y la Revolución.

Si Chávez solía incurrir ocasionalmente en el uso de simbología cristiana, en AMLO el factor es esencial y en un país tan religioso como México ha resultado decisivo. En un ensayo publicado poco antes de las elecciones de julio de 2006 lo caractericé como “El mesías tropical”.

“El mesías tropical”, Letras Libres, 90, junio de 2006.
 

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 Como defensor de los pobres perseguido por los ricos, se equiparaba entonces (y lo sigue haciendo) con Jesucristo. Y la gente lo reconocía como tal. “Eres nuestro mesías”, decía un cartel que portaba un anciano indígena en un remoto pueblo de Oaxaca. El adjetivo “tropical” no era mío, era suyo. En uno de sus libros sobre Tabasco, AMLO equiparaba el carácter apasionado de los políticos tabasqueños con la naturaleza del “trópico” en aquella zona del sureste, con sus selvas infranqueables y sus ríos tempestuosos.

Este mesianismo tropical se manifestó en los años treinta en el gobierno de Tomás Garrido Canabal, cuyo intento de arrasar iglesias, quemar santos y destruir toda presencia de la religión católica es el tema de la famosa novela de Graham Greene El poder y la gloria. Un similar borrón y cuenta nueva con el pasado intenta López Obrador ya no solo en Tabasco sino en México: fundar desde el poder presidencial absoluto un México sin corrupción, un México moral, un México puro. Para lograrlo, cuenta con miles de jóvenes contratados por el gobierno. Son los llamados “servidores de la nación” que recorren el país, “moralizan” a la población y levantan censos de necesidades sociales.

AMLO está genuinamente persuadido de su papel. En su vocabulario no existe la palabra ciudadano. Solo existe un ente colectivo llamado “pueblo”. El 47% de los ciudadanos que asistieron a las urnas pero no votaron por él no son “pueblo”; tampoco el 36.58% del padrón que no votó. Y él solo representa al pueblo, defiende al pueblo, encarna al pueblo, es el pueblo. Busca “hacer historia” (lema de su campaña) mediante una “revolución” pacífica que recobre y acreciente la preponderancia política, económica, social, educativa e ideológica que tuvo el Estado en tiempos del PRI durante buena parte del siglo XX. Se trata, claramente, de una restauración, de una vuelta a aquel pasado, pero con elementos inéditos. Los presidentes del PRI gozaban de una concentración desmesurada del poder, pero nunca fueron dueños del partido (que era una confederación de organizaciones obreras, campesinas, burocráticas, y una máquina electoral). Su carisma personal era lo de menos, lo importante era su investidura institucional. Y tenían el límite infranqueable de un sexenio. AMLO es distinto. Es dueño de Morena, su partido. Es poderoso por sus facultades constitucionales pero también por su investidura y carisma. Es un redentor en el poder. Y los redentores no suelen obedecer límites legales, institucionales o temporales.

En mi ensayo de 2006 quise advertir los peligros de esta voluntad centrada en un caudillo purificador. De conseguir el triunfo, que en ese momento me parecía inevitable (encabezaba las encuestas), temí que AMLO revirtiera los modestos progresos de institucionalización que había logrado la democracia mexicana desde su nacimiento en 1997, cuando el PRI había fallado en obtener la mayoría en la Cámara de Diputados, con lo que daba por concluidas siete décadas ininterrumpidas de control en el Congreso. Por primera vez en nuestra historia moderna contábamos con un Instituto Federal Electoral confiable y autónomo, un Congreso plural, un poder judicial independiente y plena libertad de expresión (había sido restringida hasta la década de los ochenta). Todo esto correría peligro por el acceso al poder de un caudillo fuerte, más aún si se veía a sí mismo, y era visto por la gente, como un redentor. La desilusión de las expectativas mesiánicas –pensé– sobrevendría inevitablemente, pero en el trance México podía perder años irrecuperables.

AMLO ha gobernado con una energía revolucionaria cuya fuente es aquel impulso mesiánico de salvar al país. Antes del estallido de la Covid-19 me preguntaba si México había perdido un año. Ahora temo que pierda los cinco restantes.

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AMLO actúa movido por lo que él llama “ideales y principios” que le parecen inobjetables porque emanan de él, de su autoproclamada superioridad moral, y lo liberan de considerar las consecuencias prácticas de sus actos, que no puede imaginar negativas y por tanto no necesita calibrar, vigilar o eventualmente corregir. Pero los efectos de sus acciones en el primer año no eran alentadores y ahora, en plena pandemia, se han vuelto trágicos.

Las paradojas del programa social siempre han sido significativas. “Por el bien de México, primero los pobres” proclamaban los anuncios espectaculares con su imagen, a principio de este siglo. Ese mensaje poderosísimo se traduce ahora en un vasto plan de apoyo económico directo a los mexicanos pobres. Se trata de una buena idea que AMLO ensayó con personas de la tercera edad en su gestión como jefe de Gobierno de la Ciudad de México (2000-2005). El actual reparto en efectivo busca llegar a más de veinte millones de personas, pero tiene graves vicios de origen. Para comenzar, es innecesariamente focalizado. En vez de canalizar los recursos universalmente, el proceso se lleva a cabo, al menos en parte, con la intermediación de los “servidores de la nación” que califican discrecionalmente a los beneficiarios del programa, lo cual no solo se presta a arbitrariedad y corrupción, sino que ha constituido una violación de la ley electoral. Hasta hace poco, los “servidores” no se presentaban como empleados del Estado mexicano sino como representantes de Morena –el partido de López Obrador– y del propio presidente, que aparece así como el dador universal.

AMLO concibió el plan de lanzar varios “proyectos de bienestar”: plantar 266 millones de árboles entre 2019 y 2020 en el sureste, crear cientos de universidades públicas, brindar millones de becas para jóvenes que no estudian ni trabajan y construir las primeras 1,300 sucursales del Banco del Bienestar, que extendería microcréditos a los pobres. Todos estos proyectos han fracasado o se han detenido a causa de la improvisación o la inviabilidad. Su financiamiento provenía de recortes arbitrarios al presupuesto y ajustes en programas vitales. Dos ejemplos: utilizó el 57.7% del Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios, una reserva creada por las anteriores administraciones para compensar cualquier caída en los ingresos del gobierno, e hizo lo mismo con los fondos destinados para desastres como huracanes, terremotos y enfermedades catastróficas.

Incluso antes de la pandemia, esta desecación del gasto público en áreas esenciales afectaba seriamente a instituciones públicas fundamentales para los mexicanos pobres, como el Instituto Mexicano del Seguro Social y dieciocho Institutos Nacionales de Salud y hospitales de alta especialidad (cuyo presupuesto para 2020 tuvo un recorte de 4 mil millones de pesos). Todos ellos sufrían una importante escasez de medicamentos y material hospitalario, que López Obrador achacó a la “corrupción” de la industria farmacéutica y a los médicos, pero no a sus irracionales medidas de austeridad. Aún más grave fue el caso del Seguro Popular (creado en 2003, reconocido internacionalmente) cuya desaparición, a cambio de una institución (el Instituto Nacional para la Salud y el Bienestar, Insabi) que ha operado hasta el momento sin reglas, fue muy criticada. López Obrador ha negado que el desabasto de medicinas se deba a sus medidas, pero el hecho es que, de la noche a la mañana, 53 millones de personas se quedaron sin una cobertura de salud.

La afiliación al Seguro Popular era voluntaria y para acceder a sus servicios solo se requería residir en territorio nacional, no ser beneficiario de alguna otra institución de seguridad social y, en su caso, cubrir una cuota familiar. Esta cuota se determinaba de acuerdo con el decil de ingreso del hogar: los deciles I-IV estaban exentos, mientras que en el decil V se cobraba un monto de $2,074.97 anuales por familia (información de 2019) y a partir de ahí era proporcional. El resto del costo real del seguro era subsidiado por los gobiernos estatales y federal. El afiliado tenía el derecho a recibir servicios integrales de salud y la atención de más de 1,600 enfermedades e intervenciones (detalladas en un catálogo) y la cobertura en sesenta padecimientos de alto costo (incluidos en el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos). Los medicamentos, estudios y análisis eran también cubiertos por el Seguro, siempre y cuando estuvieran en su catálogo.
 

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Ahora, en medio de la Covid-19, esas decisiones revelan sus terribles consecuencias. México carece del equipo básico y medicamentos para afrontar la pandemia, y es uno de los países que ha realizado menos pruebas: solo 0.6 por cada mil habitantes, cuando la media para los países de la ocde es de 27.7. Aunque el número de infecciones y muertes sigue subiendo día con día –al 17 de junio había alrededor de 160 mil casos confirmados y más de 19 mil decesos– el gobierno sencillamente niega la realidad. Semanas después del estallido, López Obrador seguía viajando por el país, organizando encuentros masivos e invitando a la gente a reunirse libremente, celebrar y abrazarse. (Volvió a hacerlo a mediados de junio.) Después de que The New York Times, The Wall Street Journal y El País denunciaran en mayo que la cifra real de personas infectadas o muertas en la Ciudad de México era al menos tres veces más elevada que las oficiales, AMLO los atacó al estilo trumpista: “periódicos famosos, pero sin ética”. En una de las mañaneras, lanzó un encantamiento mágico al virus con amuletos e imágenes sagradas.

Si desde hace tiempo estaba claro que el desmantelamiento del sistema sanitario afectaría precisamente a los mexicanos que votaron por AMLO, ¿por qué no hubo protestas masivas? Si bien desde comienzos de 2020 han aumentado las muestras de inconformidad –las más visibles en redes sociales, que representan sobre todo a las clases medias urbanas–, la respuesta no es simple. Un factor clave es la omnipresencia de la propaganda estatal en la radio y en la televisión. Pero no menos decisiva es la antigua y arraigada cultura política de millones de personas que desconocen el sentido de la representación política, ignoran el significado de la rendición de cuentas y ven al presidente como el legítimo propietario del poder, más legítimo aún si trabaja sin descanso visitando todos los rincones del país, hablándoles al corazón como ningún presidente anterior lo había hecho.

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En la esfera económica, los “ideales y principios” de AMLO se reducen a privilegiar el papel del Estado sobre el mercado, cuyas funciones desprecia o no entiende. Pero su política es ambigua. Por un lado, con un desdén por los especialistas similar al de Trump, Johnson y Bolsonaro, ha diezmado el gasto público en ámbitos cruciales como la salud, la educación superior, la cultura y la investigación científica. Por otro, pretende fortalecer a las compañías estatales de petróleo y energía y está en camino de devolverles el carácter monopólico del que gozaron hasta no hace mucho.

Uno de sus dogmas consiste en ver al petróleo como una especie de savia existencial de México y a Pémex como la palanca central del desarrollo. El resultado ha sido la prohibición de facto de la inversión privada en la exploración, producción y distribución de petróleo y otras fuentes de energía, lo que ha puesto a la economía mexicana en riesgo. A comienzos de 2020, la inminente devaluación crediticia de Pémex hacía temer un descenso paralelo en la calificación del país. Lo primero ha ocurrido ya. Con más de 100 mil millones de dólares en deuda, todas las agencias han degradado como “bonos basura” las obligaciones de Pémex. La razón es clara. Tras haber comunicado en 2019 pérdidas netas de 18 mil 300 millones, en el primer trimestre de 2020 la pérdida alcanzó los 23 mil 600 millones de dólares. A pesar de estos datos y de una caída del 50% en los precios mundiales del petróleo, López Obrador dobló sus apuestas: se propone invertir 8 mil millones de dólares en la refinería Dos Bocas en Tabasco.

El desprecio de López Obrador a la ecología es tan acentuado y cínico como el de Trump y Bolsonaro. La construcción de una refinería, de llegarse a concluir, será un elefante blanco que para colmo privilegiará el uso de hidrocarburos en lugar de las energías renovables. Las empresas productoras de energía eólica y solar que iban a empezar la prueba final para operar en la red nacional han visto cómo se cancelaban sus permisos, mientras que la Comisión Federal de Electricidad está favoreciendo las inversiones en carbón y combustóleo sobre centrales geotérmicas o hidroeléctricas.

No menos irracional en términos económicos y criminal en lo ecológico es la construcción del Tren Maya. Contra la voluntad de los pueblos indígenas que desde tiempos ancestrales habitan la zona (incluidos los que forman parte del Ejército Zapatista de Liberación Nacional), y a despecho de provocar un desastre ecológico mayor (nada menos que la destrucción de las reservas de la biósfera del sureste mexicano, la venerada laguna de Bacalar, y la extinción de especies como el jaguar), el tren recorrerá como un fantasma la península de Yucatán.

Quizás el error más visible del gobierno fue la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Una tercera parte ya estaba casi completada y se habían gastado 60 mil millones de pesos. Se le ha sustituido con una quimera: la remodelación del aeropuerto militar de Santa Lucía que las autoridades aeronáuticas mundiales y las aerolíneas nacionales y extranjeras han considerado técnicamente inviable.

AMLO prometió que la economía mexicana crecería a un ritmo anual del 4%. En 2019, por primera vez desde la crisis global de 2008, registró un crecimiento negativo del 0.1%. En 2020, el cuadro ha empeorado severamente. El peso se devaluó 26% durante el primer trimestre del año. En el mismo periodo, la economía cayó un 2.4% y, según JPMorgan, Moody’s y Bank of America, se prevé que al cierre del año se desplome un 8.5%. De acuerdo con la Encuesta Telefónica de Ocupación y Empleo del Inegi, para abril 12 millones de mexicanos dejaron de laborar y perdieron sus ingresos debido a la pandemia. Según Coneval, nueve millones de mexicanos caerán en la pobreza.

La principal razón del estancamiento económico era evidente incluso antes de la Covid-19: la inversión privada, que supone alrededor de 90% del total, se había detenido. Era y sigue siendo un problema de confianza, originado en la naturaleza iliberal de la cuarta transformación. En un año, el presidente había conseguido una inédita concentración de poderes, que no se limitaba a las restricciones a la libertad de expresión, sino que incluía también la sumisión del Congreso (donde Morena y sus aliados tienen mayoría en ambas cámaras) así como de varias legislaturas estatales, presidentes municipales y no pocos gobernadores (cuyos presupuestos dependen de fondos federales en un 80%). Entre las principales instituciones autónomas, AMLO controla la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la Comisión Reguladora de Energía, cuyo presidente dimitió señalando “puntos de vista y enfoques técnicos incompatibles”.

Con el pretexto de la austeridad presupuestal, el 10 de junio el senador de Morena Ricardo Monreal propuso desaparecer tres órganos autónomos –la Comisión Federal de Competencia Económica, la Comisión Reguladora de Energía y el Instituto Federal de Telecomunicaciones– y crear en su lugar un Instituto Nacional de Mercados y Competencia para el Bienestar.
 

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 El Banco de México (fundado en 1925) sigue siendo autónomo, así como el Instituto Nacional Electoral (INE, fundado en 1990 bajo el nombre de Instituto Federal Electoral, IFE), que ha operado de manera profesional desde su primer examen real en las elecciones de 1997. No obstante, la situación del INE es delicada: AMLO recortó su presupuesto, lo descalifica en las mañaneras y no es remoto que busque imponer a los consejeros incondicionales necesarios para dominarlo. Es dudoso que pudiera hacer lo mismo con el Banco de México, pero no tanto con la Suprema Corte, donde ya cuenta con un apoyo sustancial.

Todas esas acciones, además de una ley punitiva que iguala la evasión fiscal con el crimen organizado, habían tenido consecuencias en el sector empresarial antes de la crisis de la Covid-19, no solo en las grandes empresas, sino también en cientos de miles de pequeños negocios y en cerca de cinco millones de microempresas. Un sector significativo de México se ha modernizado lo suficiente como para entender que el poder presidencial absoluto representa un peligro claro y presente para la libertad, palabra que significativamente AMLO casi no menciona en sus discursos, pero cuya fragilidad es un factor clave en el clima de desconfianza.

La situación ya era grave, pero la pandemia ha ahondado la brecha entre AMLO y el sector privado. En vez de aplicar las medidas fiscales y económicas que la mayoría de los países han instrumentado para ayudar a compañías y salvar empleos, el presidente decretó: “que quiebren las que tienen que quebrar”. En una mañanera reciente declaró que las medidas habituales de crecimiento económico, como el PIB, son inútiles: lo que importa es el bienestar espiritual del pueblo.

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En 2019 México registró 35,558 muertes violentas, un nivel de violencia no muy lejano al que se registró en el decenio que duró la Revolución mexicana. Antes de la pandemia, la inseguridad y el crimen eran las preocupaciones principales de las familias. Todavía a finales de la década de los noventa, los mexicanos sentíamos vivir en un país razonablemente pacífico hasta que un conjunto de factores (entre ellos la absorción de los cárteles colombianos por los mexicanos y el levantamiento en 2004 de la veda de armas de alto calibre en Estados Unidos) contribuyó a crear la tormenta perfecta. A diferencia de los gobiernos del PRI, que en el siglo XX tenían poder suficiente para negociar con los cárteles e imponerles condiciones (a cambio de buenas tajadas del negocio), los gobiernos de este siglo –debilitados por el efecto centrífugo del poder en toda democracia– fallaron en enfrentar la nueva circunstancia. Irresponsablemente, Vicente Fox no la consideró prioritaria. Temerariamente, Felipe Calderón encabezó la llamada “guerra contra el narco” que apresó a algunos grandes capos, pero tuvo el efecto perverso de multiplicar el número de grupos criminales, expandir su cobertura territorial, sus giros delictivos y su letalidad. (Además, el secretario de Seguridad Pública durante su sexenio, Genaro García Luna, enfrenta hoy día cargos en Estados Unidos por delitos relacionados con el narcotráfico.) Imperdonablemente, Enrique Peña Nieto optó por la actitud del avestruz, apostándolo todo a unas reformas estructurales en materia energética, hacendaria y educativa que él mismo terminó por desprestigiar con imperdonables actos de corrupción, y que AMLO rápidamente derogó.

López Obrador ha dicho que la política de sus antecesores frente al crimen había sido equivalente a “pegarle un garrotazo a lo tonto al avispero”. Pero su solución ha resultado cuando menos ineficaz. Su lema “abrazos, no balazos” dicta una suerte de pacifismo unilateral frente a los grupos delictivos. Maniatadas, confundidas por la clemencia del gobierno hacia los criminales, las fuerzas del orden atraviesan por un estado de desmoralización, al tiempo que los grupos criminales, y aun los delincuentes comunes, asaltan, secuestran, extorsionan y asesinan en las calles y plazas del país, con confianza e impunidad. Mientras tanto, los muertos, sobre todo los feminicidios, se acumulan.

Casi todo crimen permanece impune. Las historias ampliamente difundidas de la captura abortada en Culiacán del hijo del Chapo Guzmán, el exjefe del cártel de Sinaloa, y el terrible asesinato de la familia LeBarón son evidencias de que algunas regiones del país están, de facto, bajo el mandato del narcotráfico. A finales de marzo, AMLO tuvo un gesto de buena voluntad hacia Guzmán, quien mantiene una condena perpetua en una prisión estadounidense: viajó varias horas en una gira de trabajo a Badiraguato, la ciudad natal del Chapo, y estando ahí saludó públicamente a su madre. No es de sorprender que hace unas semanas los editores de Reforma dieran a conocer la llamada que un supuesto miembro del cártel de Sinaloa habría hecho al diario para amenazarlo con “volar” sus oficinas si no dejaban de difamar a López Obrador.

AMLO decretó la desintegración de la Policía Federal por considerarla corrupta. La Guardia Nacional absorbió sus funciones, pero un contingente de esta nueva corporación se ha canalizado a la vergonzosa tarea de detener y controlar a los migrantes centroamericanos en la frontera sur, y a mantenerlos en condiciones infrahumanas en la frontera norte. En un intento por aplacar a Trump, AMLO convirtió a México en un muro fronterizo. Con respecto a la migración, AMLO cambió el enfoque humanitario (que él mismo predicaba en el pasado) por una estrategia de disuasión y deportación implacable pero muy apreciada por la Casa Blanca. “Aunque vengan de Marte, los deportaremos”, dijo Francisco Garduño, comisionado del Instituto Nacional de Migración, hombre que estaba a cargo del sistema federal de prisiones. Para deleite de Trump, las tropas de la Guardia Nacional chocaron con los migrantes centroamericanos y los deportaron en cantidades récord.

Además de una negociación seria y firme con Estados Unidos sobre el tráfico de armas, y la despenalización de algunas drogas, la verdadera salida a estos problemas es la construcción ardua, penosa y prolongada de un Estado de derecho. Aunque México se ha regido desde 1824 por constituciones no muy distintas a la estadounidense, casi siempre han sido letra muerta. La justicia en todos sus ramos y funciones ha dependido del poder ejecutivo. La transición a la democracia en 1997 comenzó a modificar esta condición, y era de esperarse que cualquier gobierno continuara con ese esfuerzo de institucionalización judicial en todos los ámbitos y niveles: policías, cárceles, procuradurías, jueces, magistrados y ministros. Por desgracia, AMLO ha puesto un alto a este proceso y, de maneras cruciales, lo ha revertido. El crimen, por su parte, ha continuado en aumento: en abril de 2020 se registraron 2,492 homicidios, que lo convirtieron en el tercer mes más violento en lo que va del sexenio, después de marzo de este mismo año y junio de 2019 que superaron los 2,500. Para colmo, en los tiempos de la Covid-19, AMLO pasó de “abrazos, no balazos” a la posición contraria. En sus campañas electorales proclamaba que, si de él dependiera, disolvería el ejército. Ahora aprobó un decreto sin precedentes que da al ejército control nacional de la seguridad por los casi cinco años que le quedan en el poder.

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A comienzos de 2020, el 53% de las personas consideraban que la corrupción había aumentado, a pesar de lo que presume el presidente. La percepción es engañosa. Por su propia naturaleza, la corrupción no puede combatirse desde dentro del gobierno sino desde fuera, mediante instituciones de transparencia y un aparato de justicia que persiga y sancione los delitos. A ese propósito obedeció la creación en 2003 del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) que ha provisto al ciudadano de información sobre el destino del dinero público en cualquier dependencia. El desempeño del INAI ha sido sobresaliente, y a él han recurrido los medios y las redes sociales para destapar varios actos corruptos de Peña Nieto y sus colaboradores que podrían haber pasado inadvertidos e impunes. Por desgracia, AMLO no cree en el INAI. Ha dicho que es “pura simulación”. En consecuencia, ha recortado sus recursos y pronto podría estar en posición de controlarlo o incluso eliminarlo. Ahora no existe la menor transparencia en el uso del dinero público y, al mismo tiempo, la asignación discrecional de contratos a amigos del presidente es más frecuente y abierta que en los tiempos de Peña Nieto. En el cercanísimo círculo de AMLO hay varias figuras estelares del antiguo régimen priista que, bajo su amparo, cometieron ilícitos probados: fraudes electorales, fraudes a sindicatos, fraudes al erario. Pero el perdón presidencial los ha vuelto intocables. Casos que en el pasado habrían provocado renuncias inmediatas o escándalos superlativos, hoy simplemente se archivan por orden del supremo tribunal que encarna el presidente.

La integración del ejecutivo, el legislativo y el judicial en un solo poder que distorsiona la verdad pública y se apropia de la historia, ¿no constituye la más grave corrupción del mandato recibido? Eso es lo que, sin mencionar una sola vez a AMLO, sugiere Gabriel Zaid en su reciente libro El poder corrompe (2019). A su juicio, “antes de ser rapiña, irresponsabilidad, injusticia, la corrupción es una impostura”. En el caso de AMLO, la impostura específica consiste en convertir su representación legal en una encarnación mística:

El poder tiende a corromper el sentido de la realidad, por eso atrofia la razón. La corrupción degrada a las personas que abusan de lo que representan, por el abuso mismo, no por los beneficios que reciben. Las degrada incluso cuando no se benefician, cuando abusan “para salvar la institución” [...] que así destruyen. Simultáneamente, la corrupción degrada a los cómplices activos o pasivos y a toda la sociedad, destruyendo los significados y los símbolos.

López Obrador, cuya bandera ha sido siempre la lucha contra la corrupción, ha abusado de su representación en los sentidos que indica Zaid, y en esa medida –igual que Trump y todos los “déspotas electos”– ha corrompido la institución presidencial, así como los significados y símbolos de la democracia.

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Ningún gobernante de la historia moderna de México ha acumulado el poder que tiene y ejerce López Obrador. Ninguna fuerza política puede en este momento competirle. El PRI está merecidamente liquidado, el PAN carece de liderazgo, proyecto y organización, y los restantes partidos de oposición casi no cuentan. Antes de la pandemia parecía probable que el partido de AMLO arrasaría en las elecciones de 2021 para escoger una nueva Cámara de Diputados y quince gobernadores. Ese resultado le daría una ventaja significativa en las elecciones presidenciales de 2024, en las que López Obrador podría reelegirse directamente (para lo que tendría que cambiar la Constitución, lo que no es imposible) o perpetuarse a través de un tercero –un aliado incondicional e incluso un pariente–, como hizo Putin en Rusia. En ese caso, la democracia mexicana no solo habría perdido años irrecuperables. Se habría perdido ella misma.

A mediados de 2020, cuando el 59% de los mexicanos

Encuesta realizada por el Gabinete de Comunicación Estratégica, 14 de mayo de 2020.

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 desaprueba la gestión presidencial de la pandemia, ese escenario parece menos claro. Si los partidos de oposición –a pesar de su debilidad, desorientación y falta de liderazgo nacional– logran unir esfuerzos antes de las elecciones intermedias, Morena podría perder la mayoría en la Cámara de Diputados. En ese escenario, descartada la (no imposible) opción venezolana de dominar al órgano electoral, alterar las elecciones o suspender el Congreso, la democracia mexicana respiraría en la segunda parte del mandato de AMLO.

AMLO ha terminado por cumplir las profecías que anticiparon su semejanza con Hugo Chávez. El de López Obrador ha sido un gobierno destructor, pero lo que a Chávez le tomó quince años, a AMLO le llevó quince meses. Ha destruido de manera sistemática –se diría que deliberada– la economía y el empleo, ha arrasado con instituciones públicas valiosísimas, ha dilapidado una parte sensible del patrimonio nacional, ha envenenado la atmósfera pública, ha minado el equilibrio de poderes, se ha mofado de las leyes y las libertades y, finalmente, ha abandonado a su suerte a millones de mexicanos. “Por el bien de México, primero los pobres” suena hoy como una broma cruel. Hace meses, antes de la Covid-19, pensé que el escenario apocalíptico de una crisis integral –económica y social, de seguridad y violencia– era improbable. Ese escenario, cuya gravedad no habíamos imaginado, alentaría la migración a Estados Unidos y ningún muro o ejército podría detenerla. Por desgracia, esa pesadilla, aunada a la terrible mortandad que dejará la pandemia, parece cercana.

México no se perderá. La tarea de reconstruirlo será titánica. La esperanza está en la convergencia de los partidos con la nueva, valiente, activa y alerta sociedad civil. Juntos podrían fomentar la aparición de liderazgos intachables. Juntos podrían recobrar la Cámara de Diputados en 2021. Juntos podrían ganar la elección presidencial en 2024. Juntos podrían formar un gobierno que encare los enormes problemas del país, viejos y nuevos, de forma honesta y responsable, sin expectativas mesiánicas, preservando la democracia y la libertad con las instituciones de un Estado regido por el imperio de la ley. ~

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Una versión de este texto aparecerá publicada en

The New York Review of Books el 2 de julio de 2020.

 


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