Para los organismos autónomos, cinturón apretado | Letras Libres
artículo no publicado
Foto: Instituto Nacional Electoral

Para los organismos autónomos, cinturón apretado

El PEF 2020 contempla recortes presupuestales a organismos autónomos. Con recursos limitados, estos no podrán trabajar de manera eficiente.

La madrugada del viernes 22 de noviembre, tras nueve horas de discusión, en una sede alterna y sin la presencia de los legisladores del PAN, la Cámara de Diputados aprobó el primer Presupuesto de Egresos de la Federación que elabora en su totalidad el gobierno de López Obrador. Bajo la premisa de la austeridad, el próximo año se estima un gasto neto total de 6.1 billones de pesos.

Las secretarías que operan programas sociales, como Sembrando Vida y Pensión para el Bienestar, se han visto especialmente beneficiadas en el nuevo presupuesto. Así, la Secretaría de Bienestar, además de los 173 mil millones que había solicitado, recibirá 8 mil millones extra. En segundo lugar, sigue la Secretaría de Hacienda, que gozó un incremento de 2 mil 500 millones de pesos. Y después, la Secretaría de Educación Pública y la Secretaría de Seguridad Pública, las cuales recibirán más de mil millones extras cada una.

Los principales afectados por recortes son el INE, el INAI, la FGR, el IFT, la CNDH, la SCJN y el CJF, los cuales perdieron en total 4 mil 182 millones de pesos. Con recursos limitados, estos organismos esenciales no podrán trabajar de manera eficiente.

Pocas horas después de que el presupuesto fuera aprobado, el presidente López Obrador celebró que habrá presupuesto “como nunca” para el bienestar. Sobre las críticas a los recortes de los presupuestos de los organismos autónomos, comentó:¿Qué le decían al pueblo de México? Que había que apretarse el cinturón. Pues ahora se tiene que apretar el cinturón el gobierno, incluido el INE, todos”. De la misma opinión es Irma Eréndira Sandoval, secretaria de la Función Pública, quien asegura que por décadas estos organismos abusaron de los recursos y no cumplieron cabalmente con sus funciones. “No más simulación y no más derroches en los órganos autónomos”, concluyó. A su vez, el diputado Alfonso Ramírez Cuéllar, presidente de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, defendió la distribución del presupuesto para el siguiente año y aclaró que “no hubo ningún recorte”, sino que “se autorizó menos de lo que los organismos solicitaban”. Tras varios análisis, los legisladores llegaron a la conclusión de que los órganos autónomos pueden realizar sus funciones sustantivas sin los aumentos solicitados.

A pesar de que el país vive una crisis de seguridad, la dependencia a la que se le recortó más presupuesto fue a la FGR. Alejandro Gertz Manero había solicitado 18 mil 202 millones de pesos para operar, pero se le recortaron mil 500 millones. Junto con la FGR, al Consejo de la Judicatura Federal se le recortaron 1,037 millones de pesos menos, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación 200 millones y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 89 millones. Por otra parte, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana contará con mil millones de presupuesto extra para sumar un total de 60 mil millones. Esto indica que el presupuesto en materia de seguridad está orientado al uso de la fuerza policial y militar, pero no a la procuración y administración de justicia. De acuerdo con un reporte de Ethos, esta tendencia se ha mantenido en las últimas administraciones, lo cual confirma que en materia de seguridad no se avizora un cambio de contundente de estrategia.

Otro recorte digno de atención es el que se le hizo al INE. A inicios de noviembre, Lorenzo Córdova acudió ante los diputados para pedirles un presupuesto de 12 mil 493 millones de pesos para organizar las elecciones del 2021, las más grandes de la historia por el número de electores y de cargos federales y locales en disputa. Su petición no solo fue ignorada sino que en el dictamen se le descontaron mil 72 millones de pesos, el mayor recorte en la historia del organismo electoral. Mario Delgado, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, afirmó que la reducción del presupuesto no responde a “revanchismo”, sino a que “la austeridad sea para todos” porque sus funcionarios “estaban acostumbrados a lujos y excesos”. No obstante, el recorte va más allá de la disminución a los sueldos de los consejeros. El propio organismo explicó que lo que está en peligro son sus tareas cotidianas: la expedición de credenciales para votar, la infraestructura informática para el monitoreo de canales de radio y televisión, la capacitación de funcionarios y el retraso de algunas actividades de cara al proceso electoral. De tal suerte, a la amenaza que se cierne sobre la autonomía de la autoridad electoral se suma ahora un golpe a su capacidad operativa. El INE se ha comprometido a hacer las adecuaciones presupuestales necesarias para no afectar a la ciudadanía y garantizar la calidad de la organización y el arbitraje electoral. Sin embargo, es claro que para contar con elecciones transparentes, creíbles y vigiladas se requieren recursos.

Por otro lado, los recortes se hicieron solo a los órganos autónomos, mientras que el Senado, la Cámara de Diputados y los partidos políticos no sufrieron ajustes a sus presupuestos. Parece que el criterio de austeridad que los legisladores defienden no aplica para ellos mismos.

No hay duda de que se necesita asignar y ejercer el gasto de manera eficiente. Los recortes mencionados, sin embargo, no abonan a la eficiencia y, por el contrario, ponen en entredicho labores esenciales para un estado democrático, como son la impartición de justicia, el acceso a la información pública, la defensa de los derechos humanos y la organización de comicios.

Cabe preguntarse, al mismo tiempo, si entregar más tarjetas de apoyo social sirve para cumplir objetivos definidos y mensurables en la apremiante tarea de disminuir la desigualdad económica, un auténtico lastre para nuestra democracia.

Como afirma Lorenzo Córdova: “La autonomía y los contrapesos en una democracia se diseñaron para evitar excesos de los poderes públicos y para evitar que el ejercicio de los derechos fundamentales se encuentre en riesgo”. El papel de los organismos autónomos no es estar en contra del presidente, sino garantizar las condiciones para que ningún criterio, sea el de quien sea, esté por encima de la ley. Parece que el presidente ha olvidado eso.


Tags: