El INE en la mira | Letras Libres
artículo no publicado
Foto: Instituto Nacional Electoral

El INE en la mira

Si la reforma al mandato del presidente consejero del INE es aprobada, la autonomía de la autoridad responsable de garantizar la legitimidad del proceso electoral se verá severamente afectada.

Después de la cínica imposición de una persona cercana al presidente en la titularidad de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, un grupo de legisladores de Morena presentó una iniciativa para reducir de nueve a tres años la presidencia del Instituto Nacional Electoral, de tal manera que su actual consejero presidente, Lorenzo Córdova, tendría que dejar su puesto el siguiente año. Si la iniciativa es aprobada, la presidencia del INE dependerá del grupo político que tenga el control en la Cámara de Diputados y la autonomía de la autoridad responsable de garantizar la legitimidad del proceso electoral se verá severamente afectada.

El 6 de noviembre, Sergio Gutiérrez Luna, diputado por Morena y coordinador de la mesa electoral en la Cámara de Diputados, presentó una iniciativa para modificar el artículo 41 de la Constitución para reducir el periodo de mandato del consejero presidente del INE. La principal razón es evitar que la titularidad del organismo “sea coto exclusivo de una persona durante nueve años y que sólo una visión encamine los trabajos de tan importante institución”. De acuerdo con él, si se rota la presidencia, habrá mayor pluralidad y dinamismo en la toma de decisiones, pues se “erradicará la concepción monolítica de una sola persona”. No hay fecha para que la iniciativa se discuta, pero al momento de ser presentada contó con el apoyo de más de 140 legisladores de Morena, PT y del Partido Verde.

En caso de que el Congreso apruebe la reforma, la Cámara de Diputados tendría que designar a tres nuevos consejeros y a un nuevo consejero presidente en abril del próximo año, pese a que el mandato de Córdova concluye en 2023. Dado que Morena es el grupo parlamentario más grande, podrá designar a cuatro de los once consejeros del INE. Córdova se manifestó en contra de esta iniciativa, pues viola la lógica transexenal de los mandatos y pondría la presidencia del INE en manos de los ciclos políticos de la Cámara de Diputados, la cual también se renueva cada trienio. “Si prosperan iniciativas que buscan una captura política estaría en riesgo la democracia mexicana, no el INE, no es una cuestión de personas”, declaró Córdova. Por otro lado, el presidente de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Felipe Fuentes Barrera, aseguró que las crisis políticas y electorales en América Latina son muestra de que “cuando la ciudadanía tiene autoridades electorales en las cuales depositar su confianza, y éstas corresponden a su llamado, la estabilidad política se mantiene”, por lo que el tribunal electoral debe actuar de manera independiente ya que “ni presiones, ni colores, ni siglas están por encima de lo que mandata nuestra Constitución”.

Mario Delgado, presidente de la Junta de Coordinación Política, ha intentado minimizar el asunto, al afirmar que se trata de una iniciativa “de las muchas más que hay” y que no cuenta con el apoyo de la bancada de Morena. De acuerdo con él, el asunto se “exageró” por parte del propio INE, que ha mostrado “resistencia” a la austeridad. El diputado se refiere al recorte presupuestal contemplado el próximo año para el organismo electoral, el cual, en palabras del mismo Delgado, hasta ahora ha estado “lleno de excesos, privilegios y abusos”. Además insistió en que reducir los presupuestos a los partidos políticos y al INE no pone en riesgo a la democracia.

Lejos de plantear una reforma electoral de fondo, las iniciativas respaldadas por el grupo parlamentario de Morena intentan manipular la dirección y funcionamiento del organismo electoral para satisfacer los intereses del presidente. La reducción del mandato del consejero presidente tendría que hacerse una vez que el consejero actual concluya con su periodo y no antes, como establece la ley. Córdova ha cuestionado los abusos de poder, como el uso proselitista de los Servidores de la Nación, funcionarios de la Secretaría de Bienestar que recorren el país recabando datos para armar el padrón de los beneficiarios de los programas sociales, y los atentados contra la democracia, como la promulgación de la Ley Bonilla. Si se interrumpe su gestión se estaría enviando el mensaje de que cualquier funcionario con una actitud crítica está en la mira. El intento de los legisladores de intervenir en la elección de la presidencia es un intento por eliminar la autonomía del organismo y poner, como en el caso de la CNDH, a alguien afín al gobierno actual. Por otro lado, la propuesta de reducir el presupuesto de los partidos políticos y al INE a partir de enero de 2020 tiene como justificación la política de austeridad promovida por López Obrador y el financiamiento de los programas sociales cumbre de su administración. Si bien es deseable que el presupuesto de los partidos sea utilizado de manera responsable y que la autoridad electoral pueda restringir los rubros a los que este se destina, cortarlo de tajo solo abre la puerta a fuentes ilegales de financiamiento.

La premura con que los legisladores actúan pone en riesgo al sistema electoral mexicano. Anteponer los intereses de un partido o del presidente al fortalecimiento de la democracia tendrá resultados contraproducentes.