Estado, drogas ilegales y poder criminal, retos transexenales

Contra ciertos lugares comunes en el análisis de la violencia criminal en México, el investigador Luis Astorga explica detalladamente las dificultades concretas que enfrenta México para salir de la situación actual y cómo las soluciones no pueden ser simples.

Noviembre 2012 | Tags:

Las instituciones de seguridad y justicia que heredó de administraciones anteriores el presidente Calderón no permitían ser optimista en cuanto a la capacidad de su gobierno, no solo para contener los embates de las organizaciones de traficantes, sino para imponer claramente la autoridad del Estado. La falta de acuerdos políticos sustantivos en la administración Fox y las difíciles y polémicas circunstancias en las que Felipe Calderón llegó a la presidencia prefiguraban la continuidad de un escenario de confrontación política que impediría en el corto plazo lograr los acuerdos necesarios para reformar y consolidar las instituciones de seguridad y procuración de justicia, por lo menos. Además, desde la administración Zedillo, en el ocaso del sistema de partido de Estado y los años de la transición democrática, las fuerzas armadas habían empezado a jugar un papel cada vez más importante en la estrategia antidrogas. El presidente Calderón decidió acelerar la participación de los militares con el fin de contener el avance de las organizaciones de traficantes y su belicosidad. Los traficantes no se inhibieron y resultaron ser más tenaces de lo esperado. Intensificaron las agresiones entre ellos, contra policías, militares y funcionarios de seguridad y contra la sociedad civil. Reaccionaron con un ejercicio de la violencia más fuerte, frecuente y espectacular, y un mayor uso de los medios de comunicación para difundir y amplificar la puesta en escena de sus obras macabras, las acusaciones contra funcionarios y los mensajes escritos amenazantes, grotescos, insultantes contra los enemigos, clavados en los cuerpos mutilados o inscritos en la piel de las víctimas. La presencia masiva de militares y policías en varios estados del país no ha sido suficiente ni eficaz para inhibir el negocio ilegal ni la capacidad de los traficantes para corromper y generar violencia y condiciones de ingobernabilidad. La estrategia del gobierno federal no ha mostrado un trabajo de inteligencia suficiente que combine economía de medios y eficacia en los objetivos. Será recordada, dolorosamente, por los ríos de sangre que no supo prever, contener ni evitar, más allá de las buenas intenciones declaradas.

En su primer informe de gobierno el presidente Calderón dijo: “hemos emprendido una lucha frontal contra la violencia y el crimen organizado... Es mi deber recordar a la población que esta será una batalla larga y difícil, que tomará mucho tiempo, implicará enormes recursos económicos y, por desgracia, también costará vidas humanas”. Nadie imaginó las dimensiones de la hecatombe de los años posteriores. En su último informe, el presidente Calderón afirmó que su administración se propuso, a través de la Estrategia Nacional de Seguridad, “recuperar la paz y la tranquilidad de los mexicanos, así como prevenir la violencia y construir los cimientos de una seguridad auténtica y duradera”. Algunos de los indicadores escogidos fueron el incremento del número de elementos de la Policía Federal, la destrucción de cultivos ilegales, los aseguramientos de drogas, armas y vehículos de los traficantes, la situación de los 37 criminales más buscados por la pgr, y reformas legales sobre seguridad, justicia y tráfico al menudeo. Del costo en vidas humanas ya no se habló. Una parte de la oposición política y la sociedad civil ha insistido más en las críticas a la estrategia desplegada, el papel de los militares, las violaciones de los derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad, el número de homicidios, y en la adjudicación de responsabilidades por los resultados negativos en varias regiones del país donde no hay paz ni tranquilidad y sí mucha violencia armada incontenible y modalidades de la destrucción del otro no experimentadas anteriormente, solo vistas en el cine de horror.

El INEGIha mostrado estadísticas de homicidios por entidad federativa,[1] del 2005 a julio del 2012, donde se puede observar un incremento fuerte a partir de 2008 en estados como Chihuahua, Guerrero, Durango y Estado de México, con gobiernos del PRI; Baja California (PAN) y Sinaloa (PRI y PAN-PRD-Convergencia desde 2010); posteriormente en Nuevo León y Tamaulipas; en Coahuila y Colima a partir de 2010, también del PRI, y oscilaciones en Michoacán (PRD y PRI desde el 2011) y Sonora (PAN). ¿Qué cantidad corresponde a los homicidios causados por los grupos delincuenciales, por otros agentes sociales o las fuerzas de seguridad? Nadie lo sabe con certeza, pero todo mundo especula y habla de “ejecuciones” en lugar de homicidios calificados. El gobierno federal proporcionó una base de datos de diciembre de 2006 a septiembre de 2011 según la cual el número de “fallecimientos ocurridos por presunta rivalidad delincuencial”[2] fue de 47,515. La mitad de esos fallecimientos tuvo lugar en veinticinco municipios, la mayoría con gobiernos del PRIo PRI-PVM, como Juárez, Tijuana, Acapulco, Torreón, Durango y Gómez Palacio, y en algunos de los cuales hubo alternancia en el poder a favor de la alianza PAN-PRD a partir de 2010, 2011 y 2012, como en Culiacán, Mazatlán y Ahome. Pero según Jaime López Aranda, titular del Centro de Información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, esa base de datos “fue un muy buen experimento de transparencia, pero fue un experimento fallido”. Y agregó que las categorías de clasificación “ejecutado” y “homicidios relacionados con delincuencia organizada” no pueden usarse por no estar tipificadas en la ley.[3] El gobierno federal decidió entonces abandonar ese ejercicio y dejó en manos del INEGI dar a conocer solo la cifra bruta de homicidios.

¿Qué habría ocurrido si el gobierno federal no hubiera decidido utilizar a las fuerzas armadas contra las organizaciones criminales? Se ha planteado la hipótesis de que la tendencia a la baja de los homicidios que se venía observando habría continuado hasta llegar a una relativa estabilidad si todas las condiciones hubieran permanecido constantes. El problema es que eso nunca sucede en la vida real. También la contraria: que las organizaciones criminales habrían continuado e intensificado sus luchas sangrientas, los enfrentamientos contra las autoridades, los intentos de control territorial y la ampliación de su renta criminal ante la inacción, la debilidad, el desinterés y la proclividad a la corrupción de sectores políticos, económicos y sociales. Ambas hipótesis, transmutadas en certezas según las fobias y las filias partidistas, se disputan el monopolio de la versión legítima sobre el tema y han dividido a la opinión pública. Se sabe lo que ha sucedido: un incremento de homicidios, víctimas, desplazados, cultivos ilícitos, consumo de drogas, zonas de inseguridad; la permanencia, mutación y brutalidad de las organizaciones criminales con ejércitos de psicópatas, el peso mayor en este sexenio comparado con los anteriores de las fuerzas armadas en la estrategia de seguridad. De ahí se deduce, o se trata de demostrar, que el detonante de los altos niveles de violencia fueron los operativos federales per se con participación militar. Los grupos criminales podrían haber huido o adoptado un perfil bajo y no haber reaccionado de manera violenta ante la presencia de las fuerzas federales, y quizás lo hicieron en algún momento y en ciertos lugares, pero en el proceso aprendieron muy pronto a medir fuerzas y sacar ventaja del mejor conocimiento del terreno, de sus bases sociales, de las relaciones de corrupción preexistentes con sectores políticos, policiales y económicos, de la inclinación de algunos miembros de las fuerzas federales para ser parte de ese tipo de vínculos, de laimpunidad y de la fragmentación política y la falta decooperación y coordinación entre niveles de gobierno en asuntos de seguridad, no ajenos a las luchas partidistas, que se han traducido en una mayor debilidad del Estado en la etapa de la alternancia en el poder, y se arriesgaron.

Ver artículo completo ›
Comentar ›

Comentarios (0)

Enviar un comentario nuevo

Comentar

Si ya eres usuario registrado o crea tu cuenta ahora
To prevent automated spam submissions leave this field empty.
Términos y condiciones de participación