Crisis institucional

En un episodio de la legendaria serie de la BBC Yes Minister, el atribulado Jim Hacker, que acaba de tomar posesión de su cargo como ministro de Administraciones Públicas, pregunta a su secretario de Estado cuántas personas trabajan en el departamento. Sir Humphrey replica que no muchas. “¿Dos mil, tres mil?”, sugiere el ministro. “Veintitrés mil,para ser precisos”, responde. “ ¿Veintitrés mil? ¿El ministerio de Administraciones Públicas tiene veintitrés mil burócratas administrando a los demás burócratas? Eso no puede ser. Hay que encargar un estudio para ver de cuánta gente podemos prescindir.” Sir Humphrey replica que eso ya se hizo el año anterior; el ministro pregunta por las conclusiones de la investigación. “Pues resulta que necesitamos quinientas personas más.”

Esa parece ser la sensación mayoritaria que invade ahora a los ciudadanos españoles cuando piensan en su aparato administrativo: que siempre hacen falta quinientas personas más. O que, para ser más exactos, han venido haciendo falta, hasta que la crisis ha puesto en cuestión la racionalidad de nuestra organización pública de la forma más cruda posible, o sea, señalando que no hay dinero para pagarla. Esta nueva percepción se refiere casi de manera exclusiva al llamado Estado de las Autonomías y sus distintas derivaciones, que van de las empresas públicas a las diputaciones, mancomunidades y fundaciones de todo tipo, una estructura institucional que, a medida que se abren los cajones, parece confirmarse como un monumento a la ineficiencia.

Ahora bien, si lo es, es porque ya lo era. Y a identificar sus patologías se ha dedicado no poca literatura especializada,  que, por citar el título de la conocida obra de Alejandro Nieto, lleva años denunciando el desgobierno de lo público. Sucede que elreparto de los beneficios de semejante modelo, alimentados a golpe de crédito, relativizaba hasta ahora la magnitud de su relativo fracaso. Este es relativo, claro, desde el punto de vista de los intereses particulares a los que el sistema –la maraña– venía sirviendo; pero no tan relativo si consideramos el buen funcionamiento de la sociedad en su conjunto. No hay, en esto, ningún misterio: ese buen funcionamiento ha tendido a ser un fin secundario respecto del fin principal, o sea, el crecimiento elefantiásico de la legislación y los organismos que presuntamente se encargan de aplicarla, para mejor colocar a los afines y expresar, de manera más rotunda, la propia identidad local, regional o incluso nacional.

Como es natural, los propios interesados niegan con aspavientos que el desarrollo autonómico y provincial haya carecido de rigor o haya servido a fines distintos que los señalados para ellos en los pomposos preámbulos  de los boletines oficiales. ¡Todo va bien! Se ha ido creando asíuna peculiar divergencia entre el discurso oficial y la percepción de una buena parte de la ciudadanía, que encuentra dificultades para conciliar ese discurso con su experiencia cotidiana. Ya se trate de las embajadas autonómicas en el extranjero, de las televisiones públicasy sus diversos consejos audiovisuales, o de los observatorios de aquello que sea menester observar en cada caso, es difícil sostener que estas ramificaciones administrativas sirvan para algo distinto que no sea de agencias de empleo para los partidos y para desviar recursos de las muy necesarias inversiones públicas productivas que –ahora– tanto echamos en falta. No hay que ir muy lejos para comprobarlo; basta pensar en la utilidad comparada de estos organismos y la que poseería una red pública de guarderías con un horario ajustado al de la vida laboral. O en los obstáculos al crecimiento que genera la pluralidad de normas autonómicas y locales para la creación de empresas. O en la absurda proliferación de universidades, que tiene como uno de sus efectos disminuir la movilidad de nuestros jóvenes y hacer aún más rígida nuestra sociedad de mesa camilla.

¡Si pudiéramos hablar razonablemente de estas cosas! Pero no podemos; y eso es parte del problema. No hay, en la esfera pública española, espacio para sostener un debate mesurado sobre la eficacia del actual sistema administrativo. Y las razones que explican esta carencia son más diversas de lo que parece. De un lado, por supuesto, tenemos la presión ejercida por los nacionalismos históricos, para los que una revisión competencial es puro anatema, empeñados como están en construir sus pequeñas soberanías; de otro, el extraño prestigio de que ha venido gozando el nacionalismo en las filas de la izquierda desde el fin de la dictadura, acaso como reacción preventiva frente al jacobinismo conservador. Sea como fuere, la crítica de nuestro entramado administrativo se ha venido despachando alegremente mediante la invocación del derecho que asistiría a catalanes, riojanos o andaluces –despojados asíde su condición de ciudadanos– a vivir en comunidades tan capaces de acumular normas y personal como las demás, sin que en ningún momento entraran en consideración los efectos de esta carrera desenfrenada para la totalidad social. Así, en lugar  de ocuparnos de modernizar el país en el marco de  una creciente competencia internacional, nos hemos dedicado a rivalizar en ingeniería administrativa. A lo anterior hay que sumar la tendencia del electorado a adherirse a su partido político de  preferencia como si de un club de futbol se tratara, de manera que quien entre nosotros vive –salarial o emocionalmente– de un orden dado apenas  se permite criticarlo. Ya lo decía Bertolt Brecht: “Primero la comida, luego la moral.”