El 14 de abril, días antes de que este número se fuera a imprenta, el comisionado para la Seguridad y el Desarrollo Integral de Michoacán, Alfredo Castillo, firmó con algunos grupos de autodefensas el segundo acuerdo del año para institucionalizar a estas organizaciones de ciudadanos armados. En este nuevo acuerdo, a diferencia del que se firmó en enero, hay una fecha para cumplir los compromisos: 10 de mayo. Para ese entonces las autodefensas tendrán que estar incorporadas a los Cuerpos de Defensa Rurales y haber registrado ante la Sedena todas sus armas. Al día siguiente de este acuerdo, el gobierno hablaba de “desarme” y los líderes representativos de las autodefensas de su “legalización”. La diferencia en cómo cada parte ha entendido lo pactado no es menor. Desde el 5 de enero de 2013 –cuando un grupo de ochocientas personas de los municipios de Ayutla de los Libres, Tecoanapa, Florencio Villarreal y Copala tomaron las armas e instalaron retenes para proteger a sus comunidades de la delincuencia– quedó claro que no basta con que existan policías, tribunales y jueces para que haya justicia ni para que los ciudadanos, armados o no, se sometan a la ley. Es necesario que exista un Estado detrás de ellos, pero no cualquier Estado, sino uno lo suficientemente fuerte para garantizar la seguridad y la impartición de la justicia en un entorno de igualdad, sin excepciones, sin irregularidades y sin corrupción. ~