artículo no publicado
Ilustración: Alejandro Magallanes

¿Corrupción en el templo de la cultura?

Las acusaciones que rodean al ámbito cultural parecen centrarse en el reconocimiento: a quiénes benefician los premios, las becas y las ediciones financiados por el Estado. Una mayor transparencia en las decisiones es la mejor forma de terminar con las prácticas deshonestas.

La corrupción consiste en actos de deshonestidad o abuso de poder que afectan la cohesión y dañan la economía de una sociedad. La corrupción no solo comprende sus formas más crudas y ostentosas como el robo, el soborno, el fraude y la extorsión, sino que se extiende en modalidades atenuadas, pero también nocivas, como el tráfico de influencias o el intercambio de favores. En estas metamorfosis, la corrupción no siempre puede castigarse, pues muchas prácticas poco éticas no violan normas legales. 

Un libro panorámico y actual sobre el fenómeno es el de Manuel Villoria y Agustín Izquierdo, Ética pública y buen gobierno. Regenerando la democracia y luchando contra la corrupción desde el servicio público, Madrid, Tecnos, 2016.

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Por lo demás, no existen espacios inmunes a la corrupción y esta suele manifestarse aun en los ámbitos más sacralizados.

En efecto, cierta imaginería suele atribuirle a la cultura un carácter de superioridad moral, pues se supone que constituye un espacio neutro orientado al cultivo de valores universales, una república ideal habitada por una aristocracia del espíritu, cuyos únicos criterios para la admisión son el talento y el mérito. Este estereotipo ha brindado a la cultura una suerte de blindaje con respecto al escrutinio creciente de la sociedad hacia otros ámbitos de la vida pública. Se pensaría que la raíz casi mistérica y no utilitaria de la cultura tendería a ligar esta actividad con altos estándares morales; sin embargo, su inmersión en el mercado así como el carácter cerrado de las comunidades culturales generan una marcada tensión entre el ideal y la realidad. De modo que, al lado de ejemplos de virtud y desinterés, también se presentan las grandes y pequeñas corruptelas. Acaso el carácter particular de la producción cultural (productos altamente subjetivos, no sujetos a parámetros universales y fabricados por lo que George Steiner ha denominado “oligarquías del gusto”) propicia que ciertos comportamientos distorsionados sean vistos como un hecho natural. Ejemplos sobran: en el mundo del arte contemporáneo pueden encontrarse casos donde la complacencia intelectual se combina con la especulación financiera y circuitos de inversionistas, críticos y galeristas establecen notorias colusiones para inflar prestigios y precios. En el ámbito editorial, la concentración del mercado propicia que un mismo conglomerado de comunicaciones llegue a producir, distribuir, elogiar y premiar sus productos, lo que provoca el conflicto de intereses. En la academia abundan los ejemplos de abuso y venalidad como las mañas para engordar el currículum y el frecuente canje de poder burocrático por crédito intelectual. Por lo demás, los habituales entrecruzamientos entre las actividades burocráticas y las creativas, así como el papel primordial de las relaciones interpersonales para el ascenso profesional, propician que el artista enfrente numerosos dilemas y que haya una compleja yuxtaposición entre lo público y lo privado y entre lo político y lo estético.

Breve anecdotario mexicano

Si bien en la cultura mexicana no puede hablarse de una corrupción sistemática y de grandes dimensiones como en otros campos, sí existen múltiples resquicios para las prácticas indebidas. Esto se agudiza por la utilización de la cultura como insumo para construir identidad, por el crecimiento anárquico de la infraestructura cultural y por el florecimiento de formas de promoción y mecenazgo en la materia que solían operar con la mayor discrecionalidad. En particular, la profusión de proyectos faraónicos y de relumbrón suele generar coyunturas propicias para la opacidad y muchos de los megaproyectos de los últimos años, como la Biblioteca Vasconcelos, la Enciclomedia o la digitalización de acervos bibliográficos, han sido cuestionados por expertos. Curiosamente, estos casos no han estado en el centro del debate de la comunidad cultural. Y es que, entre los propios creadores, la preocupación por las prácticas irregulares en la cultura suele ser esporádica y tiende a manifestarse cuando un individuo o grupo se siente agraviado por una decisión particular. No siempre los escándalos han culminado en mejores reglas del juego, pues cuando los fragores de una batalla se disipan las aguas vuelven a su opaca calma. No obstante, en los últimos lustros, lentamente parece arraigarse una mayor conciencia sobre la inaceptabilidad de prácticas abusivas, a partir de diversos casos que han acaparado la atención mediática. En particular, los principales focos de atención para las polémicas culturales han sido políticas públicas en materia de reconocimientos, como son los sistemas de estímulos, los premios literarios y las antologías.

Los estímulos polémicos

 En 2004, el poeta Manuel Andrade denunció ante la Secretaría de la Función Pública que el poeta Hugo Gutiérrez Vega, miembro del jurado del Sistema Nacional de Creadores de Arte (SNCA), había votado para dar una beca a Luis Tovar, quien fungía como jefe de redacción del suplemento cultural de La Jornada, que dirigía el propio Gutiérrez Vega. Según el reclamante, este era un acto ilícito pues, por un lado, el becado no parecía reunir los méritos suficientes (apenas tenía un libro publicado y no gozaba de trayectoria ni de reconocimiento en el ámbito de la narrativa) para recibir el apoyo destinado a creadores consolidados y, por el otro, existía una relación laboral directa entre jurado y beneficiario. Acaso Gutiérrez Vega no violó ninguna regla pues no existían previsiones respecto al perfil del aspirante, ni protocolos para el jurado; sin embargo, su decisión resultaba profundamente cuestionable. No era, por cierto, ni el primero ni el único caso de compadrazgo o nepotismo, pero generó tal controversia que propició una paulatina pero significativa mejora en los métodos de selección de los becarios, introduciendo requisitos mínimos para los aspirantes y la posibilidad de excusarse ante casos de parentesco y relación profesional o personal estrecha. Los métodos de selección vigentes ahora hacen mucho más difícil, aunque no imposible, tomar decisiones arbitrarias.

Los premios controvertidos

 Los premios son una forma de conferir valor a la producción artística y, en el caso dela literatura, se han convertido en uno de los instrumentos predilectos para alimentar el atractivo de los autores. No es extraño que exista una hiperinflación de premios y que en las pasarelas desfilen escritores plagados de galardones y escasos de obras. En el plano oficial, el premio se ha convertido en el instrumento más socorrido de promoción literaria, pues es más sencillo de implementar que otros mecanismos (por ejemplo, la formación y promoción artística), brinda un estímulo tangible al autor y, de paso, ofrece visibilidad a la autoridad otorgante. Pese a que sería deseable que se combinen con formas de difusión más extensivas, los premios cumplen una función social significativa en materia de motivación y difusión. Si bien muchas editoriales comerciales hacen del premio publicidad engañosa, se esperaría que los premios que involucran recursos públicos constituyan un contrapeso a la dinámica y los intereses del mercado, apuesten por auténticos nuevos valores y productos alternativos y se deliberen con la máxima imparcialidad y transparencia. Esto no siempre ocurre así y durante varios años los premios han sido sujetos a debate. Estos debates alcanzaron un clímax en 2012 cuando Sealtiel Alatriste y Alfredo Bryce Echenique ganaron, respectivamente, los premios Villaurrutia y FIL de Literatura en Lenguas Romances. Se trataba de premios prestigiados que se concedían a autores muy cuestionados: Alatriste era mucho más conocido por su labor de funcionario y editor que por su discutible obra creativa; por su parte, Bryce, un espléndido escritor en sus inicios, se había visto involucrado en bochornosos escándalos. A ambos les habían demostrado plagios recurrentes. Alatriste, tras la presión social, renunció a la condecoración. El caso Bryce fue más tortuoso pues dividió a la comunidad entre quienes opinaban que la consideración del plagio para retirar el premio era un criterio moralista y quienes opinábamos que el plagio no es un descuido trivial, sino una traición a la esencia del acto creativo y una violación al contrato de buena fe con el lector. Al final, el premio se entregó subrepticiamente en el hogar del galardonado. Más allá de su resultado, con estos debates se sienta un antecedente valioso para limitar la arbitrariedad e impunidad de jurados y premiados. De cualquier manera, quedan muchos premios de menor proyección, que requieren de mejores protocolos para evitar ser capturados por grupos de interés.

Coediciones y antologías

Las antologías están lejos de ser neutrales y constituyen uno de los instrumentos predilectos para emprender las batallas por el reconocimiento cultural. Las querellas por las antologías son frecuentes (sobre todo en el hipersensible medio de la poesía) y desde la legendaria Antología de la poesía mexicana moderna (una de las más parciales que sea dado recordar) firmada por Jorge Cuesta hasta las más recientes han generado controversia. Si bien la polémica es connatural al género, una antología institucional no debería ser sujeta a las acusaciones de militancia e improvisación que abundan en otras antologías. Al ser impulsada por el Estado, una antología promueve una noción oficial de representatividad, está obligada a incluir un elenco lo más plural y razonado posible y cualquier decisión discrecional la vuelve falible. En el caso de la antología de poetas menores de cincuenta años, México 20. La nouvelle poésie mexicaine, coeditada por la Secretaría de Cultura y Le Castor Astral, y orientada exclusivamente al público en idioma francés, se suscitó una sonada polémica, en la que participaron poetas como María Rivera, Víctor Manuel Mendiola y Tedi López Mills (la única de los antologadores que tomó una postura pública). Los críticos de la antología argumentaron los criterios poco claros y uniformes para la selección de los autores, la estrechez de la perspectiva en cuanto a tendencias y poéticas, la falta de un aparato crítico, el apresuramiento e improvisación en la factura, el papel ornamental de los antologadores y el papel protagónico del editor institucional, Julio Trujillo, y del promotor Philippe Ollé-Laprune. Por supuesto, es imposible, sobre todo en materia de gusto poético, lograr consensos perfectos; sin embargo, los proyectos editoriales con apoyo oficial deben cuidar su transparencia y consistencia en todas y cada una de sus fases a fin de que no resulten, como en este caso, tan vulnerables a los cuestionamientos y contrarios a su propósito.

En los pocos casos reseñados del amplio catálogo de querellas culturales recientes, pueden verse desde decisiones impropias hasta descuidos y ligerezas. El elemento unificador es la discrecionalidad que propicia que las atribuciones o recursos públicos se utilicen de manera interesada o laxa, distorsionando el objetivo de las políticas culturales y, sobre todo, obstruyendo la competencia y la equidad de oportunidades.

Algunas propuestas

A continuación, sin ánimo de ser exhaustivo y sin apelar más que al sentido común, aventuro algunas propuestas para propiciar que estas indignaciones mediáticas se encaucen en mejores reglas e incentivos. Se trata de medidas administrativas que ya han sido esbozadas anteriormente y que tienen como denominador común una mayor transparencia.

Estímulos. En materia de apoyos a creadores, los avances en transparencia deben consolidarse y abarcar absolutamente todo el proceso. Por ejemplo, sería deseable que no solo se difundiera en internet la lista de ganadores de todos los estímulos del Fonca (desde las becas hasta las coediciones), sino que estuviera disponible la lista de todos los aspirantes con su currículum y su proyecto. Esta mayor publicidad permitiría una especie de supervisión social de la calidad de los proyectos, posibilitaría comparar trayectorias e inhibiría exclusiones arbitrarias. Por supuesto, las actas con las calificaciones y consideraciones de los jurados también deben ser públicas. Asimismo, para certificar los resultados y legitimar los apoyos, los informes anuales íntegros de los becarios deberían estar disponibles en internet, en tanto que el Fonca podría tener un banco de datos actualizado con todas las obras que se han creado con el patrocinio de las becas.

Premios literarios. La desconfianza persistente hacia los premios daña la credibilidad y función promotora de este mecanismo, desorienta con respecto a los prestigios y desestimula la participación de aspirantes ajenos al círculo de intereses literarios. Por esta razón es importante brindar mayor publicidad a todas las fases del premio: incluyendo número de trabajos recibidos, difusión de la identidad de los pre-jurados, cuando los haya, actas que contengan una deliberación crítica amplia y, en casos de premios muy relevantes o con historia polémica, versión estenográfica o videograbación de la deliberación. Cuando los premios no consideran el anonimato de los participantes, es imprescindible un buen protocolo para el manejo del conflicto de interés entre jurados y concursantes.

Véase “Justicia literaria” y “Claridad en los premios” de Gabriel Zaid en Dinero para la cultura, Ciudad de México, Debate, 2013, pp. 73-85.

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Por lo demás, resultaría clave contar con un registro histórico y público de todos los premios en México, que señale jurados y ganadores. Este sencillo registro constituiría un documento útil para la historia y la sociología de la literatura y, además, permitiría a cualquier interesado observar los patrones de distribución de recompensas, establecer cruces de información y detectar eventuales conflictos de interés o casos rampantes de intercambios de favores, lo que serviría como un mecanismo de prevención. El lugar más propicio para que se elaborara este registro sería el Centro Nacional de Información y Promoción de la Literatura.

Antologías y selecciones de artistas. La toma de decisiones en materia de selección de autores representativos (ya sea para antologías, ferias o exposiciones) debe cuidarse escrupulosamente favoreciendo el mérito y procurando la pluralidad; sin embargo, las formas más incluyentes de operar deben tener viabilidad práctica y no convertirse en una consulta interminable. En particular, para la elaboración de antologías o para la invitación a foros internacionales especialmente relevantes puede pensarse en convocatorias abiertas para autores que reúnan criterios mínimos de obra, reconocimientos y prestigio crítico. Por supuesto, a fin de evitar el asambleísmo, el antologador o funcionario tendrá la autoridad final para decidir a quién incluir; sin embargo, el hecho de que haya mayor apertura y publicidad implica un acotamiento para las decisiones unipersonales y la necesidad de una auténtica justificación y apuesta crítica. Igualmente, en el caso de las antologías es importante que se transparenten las funciones y competencias de cada uno de los involucrados en el proyecto (antologadores, editores, coeditores, gestores) a fin de que haya claridad en la atribución de responsabilidades.

La conveniencia de la credibilidad

La corrupción ha sido una forma ancestral de homeostasis en el medio político y, de paso, en el medio cultural. Acaso las desviaciones de la norma y las decisiones a modo resultan aceptables para muchos participantes en tanto que no se distribuyan de un modo demasiado desequilibrado entre los grupos. Así, muchos participantes del medio cultural asumen cierta tolerancia a lo irregular, como un acuerdo tácito de baja calidad, lleno de zonas grises, pero finalmente funcional. Puede pensarse, incluso, que la corrupción, en la forma del amiguismo y tráfico de influencias, no solo existe en la operación cotidiana del mundo cultural, sino que tiene una inquietante incidencia en el canon, pues, para lograr movilidad en el arte y la literatura, lo de menos son los méritos profesionales y lo determinante llega a ser la capacidad para tejer relaciones. Por supuesto, la cultura es una forma de sociabilidad y la interacción personal resulta fundamental para el desarrollo de la creatividad y la proyección de las obras. Sin embargo, cuando el cabildeo se vuelve la modalidad predominante de ascenso, el genuino comercio intelectual se pervierte, pues se excluye a quienes no pertenecen a los círculos privilegiados o están lejos de los centros geográficos del poder cultural, se promueven patrones de comportamiento cortesanos y se desincentiva el trabajo serio y riguroso en favor de la mera grilla. Las simpatías con grupos y las lealtades interpersonales son fenómenos inevitables; sin embargo, deben existir los incentivos y controles para impedir que estos sean los que definan la toma de decisiones en materias de política cultural.El combate a la corrupción en el ámbito de la cultura es significativo como ideal, pero también un instrumento pragmático para un funcionamiento más eficiente del mercado de las ideas y las artes. Porque la claridad, imparcialidad y efectividad en el uso de los recursos legitiman la actividad (los escándalos vuelven vulnerable al sector cultural, siempre en la mira de las tijeras administrativas); en tanto que la mayor apertura y competencia propician más participantes y mejores productos. Por eso, es importante que las instituciones elaboren mapas de riesgos en las áreas en las que pueda haber casos de corrupción y establezcan códigos de conducta y protocolos preventivos. Por lo demás, aun la normatividad más sofisticada puede ser burlada, de ahí la importancia de una creciente conciencia y sanción social con respecto a los perjuicios de tolerar cualquiera de las manifestaciones, grandes o menudas, de la corrupción. ~


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