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Cómo leer el atasco educativo

Antes de llegar a los alumnos de secundaria, los libros de texto pasan un largo y complejo camino que involucra a empresas que los producen, autoridades que los evalúan y maestros que los eligen. Pero nada de eso garantiza la calidad de los materiales educativos ni su aprovechamiento. Se trata de un negocio de 800 millones de pesos que no está dando resultados.

En febrero de 2012, el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) estimaba que, en promedio, cuatro de cada diez estudiantes en el nivel bachillerato tenían materias reprobadas. El dato trajo a la superficie una problemática más preocupante: la falta de una base sólida de conocimientos y habilidades que permitiera a los jóvenes enfrentarse a los retos de la educación media superior.

En los primeros días de diciembre de 2013 se presentaron los resultados de la prueba PISA 2012, a través de la cual la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) evalúa, de manera trienal, la capacidad de los jóvenes de 15 años para analizar información, razonar, interpretar y resolver problemas en una amplia variedad de situaciones. Esta prueba se centra en cómo usan los conocimientos y habilidades, y no en hasta qué punto dominan un plan de estudios o currículo escolar.

En la evaluación más reciente México ocupó el último lugar entre los 34 países de la OCDE: 41.1% de los estudiantes examinados se ubicó por debajo de los puntajes mínimos aceptables en comprensión lectora –lo mismo que el 47% en ciencias y 54.7% en matemáticas–. Es decir, se trata de jóvenes que carecen de las competencias suficientes para analizar, resolver problemas y enfrentar situaciones fuera de los contextos más elementales, lo cual les impide conectarse con el conocimiento cotidiano y comprender problemas más amplios.

En 2009, la anterior edición de PISA, el INEE aplicó la misma prueba y cuestionarios a los alumnos del último grado de educación media superior y encontró que el porcentaje de jóvenes que se ubicaba por debajo del nivel de competencia básico llegaba a 20.7% en lectura, 29.7% en matemáticas y 28% en ciencias. Al tratarse de jóvenes con una edad entre los 17 y 18 años, el bajo rendimiento no solo limitaba sus probabilidades de matricularse en la educación superior, sino también de insertarse en el ámbito laboral en puestos calificados y bien remunerados.

Lorenzo Gómez Morín, investigador de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso) y exsubsecretario de Educación Básica, subraya lo que parece obvio: ningún otro acceso al conocimiento es posible si se carece de competencias como la comprensión de lo que se lee, pues esto es lo que permite acceder a lenguajes más complejos como el de las matemáticas y las ciencias.

El panorama actual, dice, es producto del abandono en el sector, de la incompetencia y de la impunidad con la que se condujeron las autoridades de la Secretaría de Educación Pública (SEP) en los últimos años, las cuales demostraron “no solo su ignorancia, sino su absoluto desdén por la calidad de la educación publica del país”.

Ejemplo de ello es la Subsecretaría de Educación Básica, que en 2006 cayó en manos de Fernando González Sánchez, yerno de Elba Esther Gordillo, en ese entonces todavía líder del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE). Junto con la Subsecretaría, la Dirección General de Materiales Educativos quedó en poder del SNTE, que se encargó de desmantelar todo el trabajo técnico realizado y lo sustituyó por una dependencia de operación política y de beneficios personales.

En ese contexto de desdén debe verse la disculpa que ofreció la SEP después de que salieron a relucir 117 erratas en los libros de texto gratuitos, que usan los alumnos de educación primaria, o la cancelación de la entrega de miles de ejemplares del libro Sentimientos de la Nación, editado por el Instituto de Educación Básica del Estado de Morelos, debido a que en sus páginas aparecía el excandidato presidencial Andrés Manuel López Obrador portando la banda tricolor del jefe del Ejecutivo, pese a que nunca ha obtenido el cargo.

De acuerdo con Gómez Morín, estos errores, su cantidad y su naturaleza, son el reflejo de la falta de interés y de atención al tema educativo en los pasados seis años. “Los libros como materiales educativos son un complemento muy importante para la enseñanza y para el aprendizaje. Durante años, los libros de texto fueron, en muchas escuelas públicas, el único instrumento de aprendizaje de los niños; por eso el Estado daba un gran valor al libro de texto. Cuando se abandona el interés en la educación, estos libros bajan de calidad y por lo tanto baja la calidad del aprendizaje.”

Negocio de 800 millones

En 1993, se estableció la obligatoriedad de la educación secundaria, con lo que se incrementó a nueve años la escolaridad básica obligatoria. Si bien se mantuvo el esquema que permitía participar a autores y editores privados en la elaboración y venta de libros de texto para estudiantes de secundaria, en 2004 se determinó hacer extensivo a todos los estudiantes de ese nivel el derecho a los libros de texto gratuitos financiados con recursos públicos.

Los títulos serían seleccionados por cada maestro con base en la lista autorizada por la SEP, mientras que la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos (Conaliteg) negociaría con las editoriales las condiciones que les permitirían adquirir los títulos a precios preferenciales. La medida abrió la puerta a una intensa disputa entre decenas de editoriales que intentan colocar sus títulos y llegar a un mercado que hoy se calcula en 6.6 millones de alumnos en los tres grados de educación media básica.

Esto significa una venta potencial de 29.6 millones de libros de distintas asignaturas al año y el reparto, entre los grupos editoriales, de unos 800 millones de pesos de presupuesto destinado a su adquisición.

De acuerdo con el listado de libros de texto de educación secundaria autorizados por la SEP para el ciclo escolar 2013-2014, un total de 408 títulos de treinta editoriales distintas alcanzaron el aval oficial. No obstante, el procedimiento de evaluación y autorización tuvo que ser rediseñado este año con el fin de eliminar la opacidad que generalmente acompañaba el proceso. Para ello, se incluyó el acompañamiento de un testigo social (tarea que correspondió al INEE) para la observación y transparencia del proceso de evaluación.

Según las reglas de participación publicadas en el Diario Oficial de la Federación, cada libro debería pasar por un procedimiento de revisión, análisis y dictaminación a fin de verificar que la obra abarque todos los contenidos señalados en el programa de estudio vigente y proponga actividades para favorecer el logro de los aprendizajes; además de cuestiones formales como que la organización de la información siga una estructura discursiva lógica y coherente, que el lenguaje sea comprensible y la redacción sea apropiada al grado escolar.

Pero a decir de algunos grupos editoriales, los estándares de evaluación empleados no son consistentes, de manera que aun cubriendo lo establecido en los lineamientos generales no existe garantía de obtener una evaluación positiva.

Alba Ángeles, directora de Ediciones Ángeles Hermanos, dice que han tenido que enfrentar discrepancias evidentes entre los examinadores de un ciclo escolar a otro. Un libro de matemáticas de primer grado que de 2009 a 2011 cumplió con suficiencia en el proceso de autorización, en 2012 fue rechazado por no cumplir con los estándares.

Como respuesta a una solicitud de información presentada ante la SEP ,1 acerca de los criterios empleados en la autorización de los libros de texto que se distribuyen a las escuelas de nivel secundaria, la autoridad remitió una serie de documentos con recomendaciones generales para la elaboración de los libros y lineamientos curriculares por asignatura, que se traducen en pautas que pueden interpretarse de manera amplia, por ejemplo cuando se sugiere a los responsables editoriales evitar imágenes que muestren “deformaciones grotescas de la realidad [...] que describan o representen escenas contrarias o alejadas de los valores sociales”.

José Ángel Quintanilla D’Acosta, director general de Editorial Edere, reconoce que si bien se ha avanzado en transparentar el proceso de dictaminación de libros de texto, la ausencia de criterios claros ocasionó que el sello editorial a su cargo resolviera no someter más títulos a consideración de las autoridades. Su última experiencia fue con un libro de español, que fue sometido tres años seguidos a procedimiento de evaluación para su uso en las escuelas secundarias y devuelto a la editorial con observaciones que fueron respetadas y solventadas cada vez. La última ocasión, el fallo negativo de la autoridad obedeció a que, en opinión de los evaluadores, el índice no ayudaba al maestro.

Antes, la editorial había interpuesto ante la Dirección General de Materiales Educativos un recurso de revisión para solicitar que se reconsiderara el dictamen negativo que habían recibido de un libro de historia. Edere se presentó a la SEP para una entrevista con los evaluadores; el editor y los autores llevaban consigo un argumento de quince páginas en el que se señalaba puntualmente por qué a consideración de la editorial se había juzgado injustamente el material; también solicitaban una explicación detallada y clara. Pero los evaluadores no se presentaron y el tono de la reunión con funcionarios de la SEP, que no habían participado en el análisis de la obra, no fue de intercambio sino de confrontación.

Blanca Estela Gayosso, editora de libros de secundaria desde hace varios años, concuerda en que aun cuando la convocatoria, las bases y el calendario para someter las obras al procedimiento de evaluación permiten a todas las editoriales iniciar en igualdad de circunstancias, sería muy útil que estos puntos se dieran a conocer con mayor oportunidad. Añade que también sería necesario un mayor acercamiento entre los participantes y las autoridades responsables, pues no son claros los elementos específicos que se toman en cuenta para emitir una resolución administrativa favorable; es decir, hacen falta estándares explícitos que los concursantes puedan cumplir de manera inequívoca.

Ambos editores consideran que otro elemento que ayudaría a eliminar las suspicacias es el mecanismo de “doble ciego”, que consiste en que los revisores reciben una obra sin el nombre de los autores, de la editorial u otro dato que conduzca a identificarlos: “Nosotros hemos solicitado que los libros al dictaminarse se entreguen con elementos identificadores en un sobre aparte”, explica Quintanilla. “Si esto es así de transparente, la evaluación dirá si el libro cumple en efecto con los contenidos señalados en el programa de estudio, la metodología solicitada, las actividades para refuerzo de los aprendizajes y pertinencia en el manejo del lenguaje.”

Al preguntar a la SEP sobre la identidad y las calificaciones de los evaluadores de los textos de secundaria, la autoridad federal dijo haber delegado la responsabilidad a la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI), organismo que también participó activamente en la elaboración de los libros de primaria con erratas,2 y con el cual firmó un convenio para que se encargara de contratar al equipo evaluador, coordinarlo y proveerlo de las herramientas teóricas necesarias. De este modo, negó tener la currícula de los examinadores. Las mismas dudas se plantearon entonces a la oficina de la OEI en México, pero hasta el momento de cerrar este texto no se había recibido respuesta.

Asimismo, al intentar conocer el número de procesos sancionatorios iniciados de 2010 a 2013, derivados de irregularidades en los procesos de dictamen para la autorización de libros de texto para su uso en las escuelas secundarias, la Secretaría de la Función Pública reportó haber localizado seis expedientes de responsabilidad administrativa. Dos fueron resueltos sin sanción y los cuatro restantes se encuentran en etapa de investigación y pendientes de ser resueltos, por lo que se encuentran clasificados como reservados por un plazo de tres años.3

De acuerdo con datos de la Conaliteg, entre 2011 y 2013, se invirtieron más de 2 mil 463 millones de pesos de recursos públicos en el Programa de Adquisición de Libros de Secundaria. La mayor participación la obtuvo Editorial Santillana, que logró colocar en ese periodo 14.4 millones de ejemplares en escuelas públicas. Le siguieron Ediciones Castillo con 9.1 millones de copias, Trillas con 8.8 millones, y Fernández Educación con 6.9 millones. Esto sin contar las ventas a alumnos de planteles privados. Un sello pequeño como Ediciones Ángeles Hermanos logró vender ejemplares por menos de 223 mil pesos en su último año.

Para los editores consultados la diferencia de números obedece en buena medida a la presencia y el trabajo de posicionamiento de marca de algunas empresas, sobre todo cuando los profesores cuentan con un promedio de quince títulos por asignatura para elegir cuál usarán en sus clases. El alto costo que tiene para las editoriales pequeñas emprender el proyecto de elaboración de un solo libro (incluyendo los gastos de impresión, el monto suele superar el millón de pesos), generalmente no deja recursos para labores extras de promoción del material entre los maestros.

La falta de liquidez y la imposibilidad de hacer un cálculo sobre cuántos libros podrán colocar inicialmente se vuelve un problema para los editores modestos, quienes en ocasiones deben arriesgarse a imprimir un tiraje que puede superar la demanda y absorber por completo el costo. Y es que si bien Conaliteg es quien firma los contratos de adquisición, es el gobierno de cada estado quien se hace responsable del pago a cada editorial. Esto hace complicada la cobranza para cualquier editorial, pues no hay un solo deudor sino treinta y dos, y cada gobierno estatal tiene sus propios tiempos de pago, los cuales pueden extenderse hasta casi un año.

El director de Editorial Edere refiere que desde el momento en que cada maestro decide qué materiales usará, hasta la consolidación del pedido de libros por parte de los estados, se presentan irregularidades. “Tú sabes qué pediste, no sabemos qué te va a llegar.” Quintanilla afirma haber conocido de primera mano y denunciado en su momento actos de corrupción de un representante de una secretaría de educación estatal, quien le telefoneó, “y que sé que llamó a muchos otros”, para hacerle una oferta: si deseaba que el pedido de libros de su editorial fuera mayor en la lista de compra del estado solo tenía que darle una gratificación de tres pesos por ejemplar.

Alba Ángeles admite que en 2011, después de los pagos de regalías a los autores, más los honorarios del editor, diseñador y revisor, y los costos por impresión, su editorial no logró recuperar la inversión hecha en un libro de matemáticas. Ella comenta que en el pasado supo directamente de profesores a quienes después de pedir alguno de los títulos de Ángeles Hermanos en asignaturas como formación cívica, historia o matemáticas se les comunicaba que los ejemplares estaban agotados y se les forzaba a aceptar algún otro.

Para el ciclo escolar 2014-2015 los directivos de Ángeles Hermanos decidieron someter a procedimiento de evaluación un nuevo libro de español, asumiendo el riesgo de recibir un nuevo dictamen adverso que haría económicamente inviable seguir insistiendo un año más.

Otros profesores consultados coinciden en cuanto a las prácticas que emplean los representantes comerciales de varias editoriales en su búsqueda por colocar su oferta de estudio en los planteles escolares. El primer estímulo para los profesores es la promesa de trabajar menos y emplear menos horas en el diseño de las clases. Es decir, que por encima de la calidad del material que se entrega a los alumnos, el libro de actividades para los docentes llega a ser a tal grado exhaustivo que les ahorra trabajar en la planeación de actividades diarias e incluso pensar en preguntas para los exámenes, pues todo está incluido en el libro.

Así, mientras en los lineamientos para la elaboración de libros de texto se habla de proponer actividades de aprendizaje individual y grupal, con recursos y materiales alternativos que atiendan diferentes contextos, para que el maestro pueda adaptarlas –con base en su experiencia y con los recursos a su alcance– a las necesidades de su grupo, algunos títulos apuestan por docentes pasivos, sin interés en la reflexión, la investigación o el acercamiento a innovaciones científicas y tecnológicas.

“Este tipo de libros es tremendamente atractivo para muchos –comenta una profesora de la asignatura de español del sureste del país que pide no citar su nombre–, porque además de su obligación como maestros frente a grupo, en ocasiones los compañeros deben cumplir labores de bibliotecario escolar, organizar festivales, coordinar programas de valores cívicos y culturales, hacerse cargo del periódico mural o ser maestros de ceremonias. No se trata de justificar esta actitud, pero todo esto explica por qué se trabaja con libros que en muchos casos no son en lo absoluto atractivos para los estudiantes.”

Algunos representantes comerciales apuntan directamente contra el líder de la industria, Editorial Santillana, pero su descalificación no llega a través de argumentos pedagógicos o críticas a la calidad o el cuidado de los textos publicados, sino que se apela al chauvinismo, a la necesidad de apoyar lo mexicano frente a una empresa de capital español, aunque los contenidos sean pensados y elaborados en México.

Para los colegios con mayores recursos económicos los sellos editoriales han desarrollado sistemas que implican la incorporación de herramientas tecnológicas en el proceso de aprendizaje; esto a su vez genera una demanda de requerimientos tecnológicos que la misma editorial provee, como iPads y software, con el atractivo extra para el profesor de que su equipo y paquetería serán completamente gratis.

Expectativas de futuro

Hay un diagnóstico concurrente sobre el estado de la educación y es que si la escuela no cambia sustancialmente sus prácticas es poco lo que puede esperarse. Y estos cambios necesariamente pasan por las personas que hacen posible la educación.

Un análisis elaborado hace apenas dos años por Verónica Arista, Felipe Bonilla y Laura Lima4 decía que los profesores de educación secundaria no habían logrado “descentrar el uso del libro como el eje de su práctica docente” y advertían que si se deseaba que los alumnos adquirieran protagonismo como generadores de su aprendizaje era necesaria una preparación mayor y actualización permanente de los docentes. Ambos autores, expertos en el área de historia, consideraban que los libros de texto eran deficientes al articular los contenidos con el uso de recursos didácticos. De hecho, la propuesta de actividades para los alumnos se limitaban a lo tradicional, de modo que prevalecían los cuestionarios y el aprendizaje memorístico que limita el desarrollo de las habilidades y competencias propias de la disciplina.

Bonilla es actualmente director de Seguimiento y Evaluación Curricular de la SEP. Tras intentar hablar con él declinó emitir una opinión sobre la vigencia de lo expresado entonces.

El consenso entre los especialistas consultados es que en términos de conducción de la educación en este país se ha fallado, pues se ha menospreciado el valor de la profesión docente. En lugar de fijar altos estándares para el ingreso, acompañamiento, evaluación y certificación de competencias antes de otorgar una plaza definitiva a los profesores, se permitió que la profesión fuera secuestrada por una organización gremial corrupta que ha utilizado las plazas como mecanismo de control político, sin preocuparse jamás por la calidad de sus miembros y de la enseñanza que imparten. Durante décadas, ha sido más importante conseguir prebendas para los incondicionales que lograr avances en el sistema educativo.

Un buen maestro hace mejor uso de un buen libro, pero un mal maestro no hace buen uso ni siquiera de un buen libro. Los buenos materiales educativos son apoyos muy importantes, pero son insuficientes si no hay un buen profesor que sepa utilizarlos. En ese sentido, se estima que las reformas propuestas en materia educativa hacen una apuesta fundamental que tiene que defenderse: “Hay que rescatar el valor del maestro y hay que tratar a los maestros como profesionales y no como aprendices de un oficio.”

A esto se suman factores como la caída en la inversión del Estado para alimentar las bibliotecas de aula y escolares, pues mientras en 2002 se distribuyeron 37.9 millones de ejemplares, en 2012 se distribuyeron 5.1 millones de ejemplares, de acuerdo con datos de la propia Conaliteg. ¿Por dónde empezar entonces? En “Contagios de lector a lector”,5 Gabriel Zaid advertía que los programas destinados a que lean los alumnos de un maestro que no lee no llegarán muy lejos, porque falta lo fundamental: el ejemplo. “Hay que hacer programas para que lean los maestros, empezando por apoyar a los que leen. El problema es localizarlos.”

Al momento de enfrentar la cuestión de los libros de texto que se emplean en los salones de clase, es claro que pueden ser útiles como herramientas para remediar el déficit de conocimiento y habilidades básicas que los jóvenes arrastran hasta el bachillerato. Sin embargo, no pueden ser considerados, bajo ninguna circunstancia, una solución al margen de los profesores de aula, las políticas públicas de fomento a la lectura y el desarrollo de infraestructura sólida para facilitar el acceso al conocimiento.

Los resultados de los esfuerzos en educación son de largo plazo, pero desafortunadamente esas previsiones de tiempo no tiene lugar en el glosario de la política partidista de México, donde, a lo más, existe un plazo perentorio de tres o seis años, en ocasiones renovable, que obliga a invertir en obras visibles, independientemente de su efecto transformador.

Quintanilla, quien preside el Consejo de la Fundación Mexicana para el Fomento de la Lectura (Funlectura), traza un paralelismo entre el gasto educativo anual y lo invertido en la infraestructura electoral del país, unos 11 mil millones de pesos. Dada nuestra historia “pensamos que una gran parte de la población no es capaz de decidir por sí misma, y entonces hay que estar vigilando que no la hagan votar por quien no quiere. ¿Cómo puede decidir alguien por quién quiere o no votar? A partir de su formación. Pero si no arreglamos el tema educativo, cómo vamos a arreglar el problema de la votación”.

En 2011, Funlectura, con el patrocinio de varias editoriales, publicó los resultados del estudio Lectura, capacidades ciudadanas y desarrollo en México6 para documentar la importancia estratégica de la lectura en relación con algunos indicadores de desarrollo humano y económico.

Los resultados –se admite– “no permiten concluir que la capacidad de lectura sea un factor que garantice, por sí mismo, el desarrollo social y humano, pero, en cambio, sí sugieren de manera categórica que sin el incremento y la expansión de dicha capacidad, el proceso de desarrollo se trunca, sus resultados se distribuyen de manera más inequitativa, el tejido social pierde cohesión y las comunidades tienden a la segmentación y a la polarización”.

De hecho, un simple cruce de datos entre los resultados de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares, del Inegi, y los de la prueba PISA 2009, muestran que también existe una relación entre el ingreso medio de los hogares en cada estado y las competencias educativas de quienes los componen.

Los años de educación ya no garantizan por sí solos que los jóvenes posean las capacidades necesarias para adaptarse a la condición cambiante del entorno competitivo y permanecer en él con posibilidades de éxito. De ahí la necesidad de desarrollar capacidades como la solución de problemas, la creatividad, la inventiva, la iniciativa, la capacidad de comunicación. Por eso la lectura ocupa un lugar estratégico, porque es una forma de asimilar nuevos conocimientos a lo largo de la vida. ~

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1Solicitud con número de folio 0001100401613, dirigida a la Unidad de Enlace de la Secretaría de Educación Pública.

2 El pasado 21 de noviembre, la SEP reconoció haber pagado 14.2 millones de pesos a la Organización de Estados Iberoamericanos y a la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco, por su colaboración en la redacción de los libros de texto gratuitos que se imprimieron con errores ortográficos.

3 Solicitud con número de folio 0002700216513, dirigida a la Unidad de Enlace de la Secretaría de la Función Pública.

4 “Los libros de texto y la enseñanza de la Historia en México” (2010), Proyecto Clío 36. Disponible en: http://bit.ly/18x8Ryf.

5Letras Libres núm. 117, septiembre de 2008.

6 Disponible en http://bit.ly/1880BSf.