artículo no publicado

Franklin Brito

En 2010, Franklin Brito se convirtió en el primer fallecido por huelga de hambre en la historia de Venezuela. La maquinaria chavista a la que se enfrentó logró su despido, permitió la invasión de sus terrenos y alentó el acoso policiaco. El caso revela los males de las sociedades en las que el poder político actúa sin restricciones.
En 1998, después de llegar al poder por vías democráticas, el teniente coronel Hugo Chávez convocó una Asamblea Constituyente, que un año después redactó y aprobó una nueva Constitución. El 30 de julio de 2000 se celebraron las elecciones generales de la República Bolivariana de Venezuela en las que se reeligió al presidente y a la nueva Asamblea Nacional, ya que el antiguo Congreso y la Corte Suprema habían sido disueltos para dar paso a la refundación nacional y a las nuevas instituciones. El gobierno logró la mayoría de las gubernaturas, así como la mayor parte de los escaños de la Asamblea. Las condiciones para que Chávez ejerciera el poder eran inmejorables. Sin embargo, el presidente quería más poder y, en noviembre de 2001, la Asamblea Nacional lo facultó para gobernar por decreto durante un año. En el marco de los poderes especiales otorgados por esta Ley Habilitante, se promulgaron 49 decretos- leyes que afectaban la distribución y tenencia de la tierra, las operaciones bancarias, la libertad de prensa, la propiedad privada y el régimen de explotación petrolera. Con la Ley de Tierras, que nunca fue sometida a debate parlamentario ni público, se hicieron los primeros avances de un intento de reforma agraria que priorizaba la propiedad colectiva1 y daba una gran discrecionalidad al Instituto Nacional de Tierras.

En 1999, con la intención de desarrollar variedades más resistentes de ñame (Discorea), un tubérculo muy apreciado en el área del Caribe, un productor agrícola y biólogo venezolano llamado Franklin Brito obtuvo doscientas noventa hectáreas que le vendió el Estado bajo la forma jurídica de “título definitivo oneroso” en el municipio Sucre del estado Bolívar, a ochocientos kilómetros al sur de Caracas, en la región de Guayana. Brito tenía una formación en agronomía y, aunque no había terminado su licenciatura, había avanzado en sus estudios universitarios en biología y en agronomía en la Universidad Central de Venezuela. Combinaba las tareas de la finca, que bautizó con el nombre de Iguaraya, en honor al segundo nombre de su esposa, con su trabajo como profesor de biología en el liceo del pueblo. Su esposa Elena era maestra en la escuela primaria. Vivían con sus tres hijos en una casa modesta dentro del fundo y tenían un camión para sacar la producción agrícola que comercializaban a través de pequeñas redes de distribución.

Durante más o menos tres años en Iguaraya se logró cultivar con bastante productividad sandías, papayas y ñame. Este último se da en la zona de reserva forestal, por lo que resulta muy complicado combatir al hongo con pesticidas. De acuerdo con Ángela, la hija mayor de Brito, su padre había investigado que en Costa Rica habían combatido una plaga similar a la que ataca al ñame sembrando semillas más resistentes. Y eso fue lo que él propuso: traer semillas resistentes al hongo.

Confirmada la resistencia de la nueva variedad de su tubérculo, Brito hizo un informe dirigido a la Corporación Venezolana de Guayana (cvg).2 Lo que Brito en ese entonces no sabía era que la alcaldía pretendía resolver el problema de la enfermedad en los sembradíos usando agroquímicos y ya había solicitado el financiamiento a la cvg.

De acuerdo con Ángela el informe de su padre pasó a la Asamblea Nacional y fue evaluado por el Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas (inia), mismo que recomendó el proyecto de su padre. Ante ese dictamen la cvg se desistió de financiar el proyecto de la alcaldía.

En el video que Franklin Brito grabó el 5 de octubre de 2009, el día 93 de su huelga de hambre, él explica de una manera coherente y estructurada qué fue lo que sucedió: “Ellos pretendían resolver el problema de una enfermedad en los sembradíos de ñame usando agroquímicos y yo recomendé que lo mejor era usar una variedad resistente. A causa de esta intervención el proyecto del alcalde no fue financiado por la cvg, razón por la cual empezó el acoso en contra de mi persona y de mi familia.”

A raíz del informe sobre el ñame, Brito fue despedido del liceo público. Ángela me contaría más tarde que su padre empezó la huelga de hambre porque lo botaron del liceo sin justificación alguna, probablemente porque la directora era prima del alcalde. Un día el portero le cerró el portón en la cara y nunca más lo dejaron entrar. Brito recogió firmas, todos los estudiantes firmaron, pero todo fue en vano.

Pocos días después, el fundo de la familia Brito fue invadido. Unos supuestos agricultores ocuparon las tierras por donde pasa la pequeña carretera que une su propiedad con la carretera principal. Quedaron aislados, incomunicados.

Elena, la esposa, recuerda el desconcierto ante el despojo de sus tierras: “Allí todo depende de la alcaldía y la agricultura. Dependíamos de las ayudas familiares, de mis padres y mi cuñada. Hicimos las denuncias, pero nadie nos escuchaba. Así estuvimos dos años y Franklin estaba bastante deprimido.”

Ángela se detiene en los detalles de los métodos del “vecino”, el ocupante de la tierra que impedía el acceso a la propiedad de Brito: “al principio hicieron una cerca y luego una zanja para que no pudiéramos pasar por la única vía de acceso que había. Mi papá tumbaba la cerca y pasaba. Después, el vecino hizo una zanja más grande y pusieron a un guardia armado. En otra ocasión contrataron a una persona que golpeó a mi papá en la calle. Y lo amenazó, le dijo que si volvía a pasar lo iban a matar”.

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Las cartas agrarias, que tiene su origen en las leyes habilitantes que Chávez promulgó al inicio de su mandato y cuyo fundamento jurídico el propio gobierno ha calificado como provisorio, autorizan a las “familias campesinas” a ocupar las tierras que son propiedad del Estado y que son administradas por el Instituto Nacional de Tierras. Por lo tanto, si los invasores de la finca Iguaraya disponían de cartas agrarias, necesariamente estaban actuando con la anuencia del gobierno local e incluso nacional.

Brito y su familia lograron salir de sus tierras, abandonaron su casa y sus cosechas. Elena recuerda que, decididos a “tomar una medida extrema y ver si alguien los escuchaba”, emprendieron un largo camino para buscar justicia que de principio los llevó a hacer un par de vigilias de 48 horas en las puertas del palacio presidencial de Miraflores. De ahí pasaron a la vicepresidencia, en donde toda la familia montó una guardia de ocho días. Al noveno día los sacaron a golpes.

El 10 de noviembre de 2005, con una pinza de jardinería, Brito se mutiló la falange del dedo meñique izquierdo frente al Tribunal Supremo de Justicia en Caracas. Lo hizo después de haber llamado a unos periodistas y anunciado una protesta pacífica. La mutilación fue grabada y transmitida en el noticiero televisivo de la tarde. Fue a partir de ese momento que el presidente Chávez tomó cartas en el asunto y designó una comisión que, junto con Brito, viajaría al fundo. Durante el trayecto, sin embargo, Brito entró en desacuerdo con la comisión cuando advirtió que su propósito no era derogar las cartas agrarias de los invasores sino negociar con él. “Me querían devolver mis tierras de manera física pero no legal y yo quiero que reconozcan lo que me hicieron.” La reconciliación que proponía Chávez era informal, un arreglo fuera de la ley y las instituciones. No era una cuestión de justicia sino de voluntades personales.

El caso de Brito condensa una lógica política y una manera de gobernar que he llamado el “militarismo compasivo”: una autoridad, a menudo un militar, es la que decide quién sufre y quién no, quién merece la atención del gobierno y quién está legitimado para presentar demandas. El poder que son capaces de desplegar los funcionarios sobre la vida cotidiana de la gente en el sistema político creado por el chavismo es inmenso. Las decisiones que toman los poderosos, ya sea por corrupción o por intereses clientelares, se justifican con emociones.

Para el momento de las negociaciones, la familia estaba sufriendo precariedad económica extrema y Brito aceptó la propuesta oficial: una indemnización equivalente en bolívares (viejos) a unos 370,000 dólares 3 para compensar el despido injustificado del liceo, la pérdida de la propiedad y el daño a los cultivos. Recibió además un tractor nuevo. Elena me explica que aceptaron ese dinero para poder pagar la vivienda de una sola habitación en la que, desde hace varios años, estaba residiendo toda la familia en Caracas, y comprar comida. El gobierno entregó la suma de manera muy irregular. Ángela Brito recuerda que el dinero fue enviado en un bolso desde el Ministerio del Interior y Justicia al hospital en el que Brito estaba recuperándose de una de sus huelgas de hambre. Los responsables de la entrega fueron un motorizado y un escolta del ministro del Interior y Justicia, Jesse Chacón. Le pidieron que firmara un acta en donde se asentaba que el pago no era vinculante en un proceso judicial y más tarde la familia se enteró de que el ministro del Interior y Justicia había justificado ese pago aduciendo que Brito le había vendido una casa. Para devolverle el fundo le pidieron firmar un acta en la que dejara constancia de que la invasión nunca había sucedido y que el Instituto Nacional de Tierras jamás había otorgado las cartas agrarias que abarcaban su fundo. Brito se negó a firmar esa mentira, pero al haber recibido el dinero la imagen del gobierno estaba salvada y para el oficialismo el caso se encontraba ya cerrado. En ningún momento se efectuó el reconocimiento legal del daño y las cartas agrarias tampoco fueron revocadas. Los invasores de Iguaraya abandonaron los terrenos ocupados porque no recibieron los subsidios prometidos para trabajar la tierra y así, la propiedad en litigio, la que fuera la más productiva de la zona, quedó en el completo abandono.

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Franklin Brito murió en agosto de 2010 en un depósito del hospital militar de Caracas, el mismo edificio donde Chávez moriría tres años después. El 12 de diciembre de 2009 un tribunal penal había dictado la orden de transferirlo. En conformidad, cerca de cincuenta elementos de la policía y la Guardia Nacional, con lujo de violencia, levantaron el campamento –una colchoneta, una silla y algunos enseres– que Brito había montado frente a la sede de la Organización de Estados Americanos en Caracas. Fue trasladado en un vehículo blindado. Cumplía su tercer mes en huelga de hambre.

La agonía de Brito duró varios meses y poco se supo acerca de las condiciones de su hospitalización forzada en ese depósito donde funcionaban las máquinas del aire acondicionado del edificio. Durante ese tiempo tuvo muchas restricciones para recibir visitas y solo un fotógrafo del periódico Tal Cual pudo ingresar a su habitación y tomar fotos que fueron publicadas en el diario semanas antes de su muerte.

Su familia y la abogada Adriana Vigilanza lograron la autorización de un tribunal para que un médico de la Cruz Roja visitara a Franklin Brito pero las autoridades del hospital les negaron el acceso. Brito emprendió entonces una huelga de sed durante seis días hasta que finalmente los funcionarios responsables del recinto permitieron la entrada del médico externo. Para ese entonces Brito pesaba 43 kilogramos. La organización internacional constató la gravedad de su estado de salud y recomendó cierto tipo de atención pero omitió hacer cualquier comentario sobre el conflicto que había enfrentado a Brito con las autoridades.

El gobierno venezolano calificaba a Brito de “suicida” y de “desequilibrado mental”. El 14 de diciembre de 2010, cuatro meses y medio después del fallecimiento, la defensora del pueblo, Gabriela Ramírez, declaró que acusaría a la familia de Brito de “inducción al suicidio”. De igual modo aseguró en la prensa que el agricultor “no reunía las condiciones mentales para hacer valer sus exigencias”. Estas afirmaciones son congruentes con las vertidas por el director del hospital psiquiátrico de Caracas, Ángel Riera, militante y activista político del bando oficial, quien señaló que Brito sufría de “trastornos delirantes” y una personalidad paranoica. Para la corriente de opinión fabricada por el gobierno, Brito pasó de ser un huelguista de hambre a un paciente psiquiátrico peligroso manipulado por la oposición. Dicho diagnóstico fue severamente refutado por otros psiquiatras que siguieron el caso y la Asociación de Psiquiatras de Venezuela publicó varios comunicados cuyo principal señalamiento era que al acusar a los contestatarios de enfermos mentales se estaba descalificando la protesta en el país.

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Al momento de llevar a cabo sus huelgas de hambre, Brito anotaba rigurosamente en un cuaderno la cantidad de agua y de orina que evacuaba para así poder equilibrar su hidratación. Cuando lo encerraron en el depósito del hospital, el personal médico le quitó dicho cuaderno. Sin ese control inevitablemente perdió más peso y se descompensó. Pero una vez que per- dió la conciencia ya no hubo nada que hacer. A merced de un cuerpo médico hostil, cuando se despertó por pocas horas fue alimentado a la fuerza. De acuerdo al parte médico, murió de un paro respiratorio ocasionado por un shock septicémico. Según su hija, ese shock fue causado por una rehidratación abrupta y excesiva.

Franklin Brito fue el primer muerto por huelga de hambre en la historia de Venezuela. La oposición venezolana tardó en entender la magnitud del caso. Algunos lo vieron como el fin de un conflicto personal entre Brito y Chávez y otros tantos se limitaron a denunciar lo intolerable. En ningún momento hubo mecanismos políticos para que el caso Brito trascendiera. Solo algunos medios de comunicación entendieron lo que significaba la muerte del huelguista. El diario Tal Cual le consagró varias portadas, y Simón Boccanegra, pseudónimo de Teodoro Petkoff, le dedicó un editorial en junio de 2010, titulado “¿Van a dejar morir a Franklin Brito?”.

La imagen de su cuerpo descarnado se queda en manifestaciones coyunturales, restringida a una dimensión emotiva, afectiva y simplificada. Pero su caso tiene una trascendencia profunda que revela los males de las sociedades en las que los poderes públicos actúan sin frenos ni restricciones. ~

 

 

 


1 A partir de 2006 el proyecto “bolivariano” se fija la meta de alcanzar el “Socialismo del siglo XXI” por la vía de un “Estado comunal”. El discurso oficial de la revolución sostiene que este se funda en la “participación” pero en realidad prevalece una práctica política profundamente vertical. Todo el poder se concentra en el Ejecutivo. Las expropiaciones de tierras, bancos, empresas y hoteles se realizaban en vivo y directo por Chávez, en sus visitas a todos los rincones del país. Se consolida una manera de gobernar sin mediaciones institucionales.

2 Organismo que fomenta el desarrollo de esta región del sur del país y se financia con fondos provenientes de la minería y la industria del acero. Durante la época de la “Gran Venezuela” –los años setenta del boom petrolero–, la cvg fue una corporación muy poderosa que financió grandes proyectos de desarrollo.

3 La suma no es en realidad tan generosa como parece porque, entre otras cosas, comprende la exoneración de un crédito. En un testimonio de 2009 Brito dice que “800 millones de bolívares (viejos), ya fueron recibidos en 2005”. Si se aplica el cambio oficial de la época (2,150 bolívares por dólar), la suma es de 372,093 dólares. Pero el monto ha sido objeto de muchas especulaciones y es un tema muy sensible para la familia. Por otra parte, los testimonios de prensa que retoman el caso son confusos porque fueron obtenidos después del cambio de moneda del bolívar por el Bolívar Fuerte (vef) en enero de 2008. El bolívar perdió tres ceros, es decir 1000 bolívares equivalen a 1 vef. La indemnización fue hecha antes. La versión oficial del caso puede verse en http://bit.ly/1S91rqm