artículo no publicado

Un golpe posmoderno

El gobierno catalán ha sido quien ha atacado la legalidad democrática, y es el Estado español quien la defiende.

En el número de septiembre de Letras Libres, Miguel Aguilar explica un malentendido de la cuestión catalana. Por un lado, argumenta, está la cuestión de la financiación y del encaje de Cataluña en España. Por otro, la aventura ilegal en la que se ha embarcado el gobierno catalán.

Esa deriva ilegal es la que ha provocado la actuación de la justicia. Se puede discutir el momento o la habilidad del gobierno estos años, pero no parece que el error haya sido el exceso o la pirotecnia. La mejor manera de conservar la autoridad es no tener que imponerla. Y habla bien de nuestras sociedades la prevención ante el uso de la coerción por parte del Estado. Pero, con el respeto más escrupuloso a la ley, prudencia y firmeza, el Estado debe proteger los derechos de los ciudadanos y la legalidad democrática.

La aventura ilegal, que no se reduce al referéndum suspendido, es un golpe posmoderno. Revestido con una pátina entre kitsch y cool, ha surgido un movimiento nacionalpopulista, que se ha servido con eficacia de algunos conceptos. Entre ellos están el sintagma del derecho a decidir como eufemismo de autodeterminación, la confusión entre el voto y la democracia, el prestigio de la rebelión contra el establishment (Por supuesto, como en el Brexit, quien orquesta la rebelión contra el establishment es otro establishment, pero eso no es importante), la extraña idea de que una democracia se convierte en una autocracia cuando no ganan los tuyos. Y, como ha escrito Fernando Vallespín, se ha generado la posibilidad de que cada uno proyectara en la independencia su utopía particular, seleccionando la parcela de la realidad que menos le gustara, impulsando la causa que más le importase.

Era, para algunos, una protesta contra las políticas de austeridad, aunque los impulsores del procés fueran los primeros en implementar políticas de austeridad; era un movimiento de izquierdas aunque se presentara en forma de una alianza entre la derecha, los comunistas y una formación asamblearia, y aunque fuera un movimiento contra la redistribución, donde los ricos se pretenden liberar de los pobres; una manera de estar más integrados en Europa, aunque la UE dijera que una hipotética Cataluña independiente estaría fuera de la Unión; una protesta contra la corrupción, aunque el nacionalismo en Cataluña había creado tramas clientelares corruptas; la única salida ante la incapacidad de reformarse de España, aunque las fuerzas políticas catalanas habían sido corresponsables; un movimiento de derechos civiles, aunque el único derecho que se reclamaba era privar a los demás de su ciudadanía; una ilusionante apuesta democrática, aunque se asaltaran sedes de partidos contrarios a la independencia, cargos de la Generalitat atacaran a periodistas, la ley de transitoriedad rompiera la separación de poderes, en el Parlament se arrollara a la oposición y fuerzas políticas independentistas dijeran que hay que señalar a quien tenga las ideas equivocadas.

Existía la percepción de que todo eso era una especie de declaración de intenciones, una cosa expresiva. La táctica era que esa transgresión en cierto momento fuera para el Estado evidentemente en serio, y provocara una respuesta. La respuesta, pensaban los independentistas, siempre se presentaría como algo desproporcionado: algo que permitiera a quienes habían asaltado el Estado de derecho presentarse como mártires democráticos. (La foto de un arresto es más comprensible y reproducible que algo abstracto como el atropello de los derechos políticos de los ciudadanos.)

El secesionismo ha luchado contra un enemigo imaginario: una España autoritaria, no democrática, una país donde Cataluña no tendría un gran nivel de autonomía, una España que no es una democracia avanzada, comparable a los países de su entorno. En un momento que habría hecho sonreír a los guionistas del Saturday Night Live de los setenta, Gabriel Rufián ha dicho que el 1 de octubre sería el día de la muerte de Franco. Ese país imaginario es una España (un "Madrid", básicamente, con Castilla y algún descampado parar a echar gasolina y mear) tosca y subdesarrollada, pero al mismo tiempo maquiavélica e implacable. La imagen folclórica de España encaja con una concepción que todavía muestra parte de la prensa extranjera: una idea pintoresca de país atrasado que hace pensar que algunos editorialistas y corresponsales se han quedado en la época de Hemingway, pero que no sería tan fácil vender si nosotros mismos no la hubiéramos creído y promocionado.

Esa es la imagen de España que querían activar. Esa imagen es falsa y debemos luchar contra ella. Es un marco heredado de la guerra civil, pero el paralelismo que presenta al Estado heredero del franquismo aplastando la democracia está mal hecho. En este caso, y pese a enormes diferencias, el gobierno catalán ha sido quien ha atacado la legalidad democrática, y es el Estado español quien la defiende. Al hacerlo defiende en primer lugar los derechos de los catalanes.

Como los defensores del Brexit, los promotores de la secesión han recurrido sistemáticamente a la mentira y han hecho promesas que saben falsas. El País desmonta hoy el relato falaz que hizo Puigdemont de la actuación de la guardia civil. Artur Mas se jactó de una estrategia que consistía en engañar al Estado. Pero eso lleva aparejado engañar a los catalanes no independentistas, y también a los partidarios de la secesión. Se les engaña ahora cuando se habla de Estado autoritario, de presos políticos, de movimiento democrático, de supresión de la libertad de expresión. Es posible que, como los mejores mentirosos, algunos de los que propagan esas falsedades las crean ciertas. En ocasiones han conseguido imponer su lenguaje a quienes opinan de forma distinta: hablamos de “catalanes” como si los catalanes no independentistas no fueran catalanes, y de “unionistas” como si fueran opciones simétricas. La distorsión del lenguaje indica que, cuando llegue el momento de buscar una solución, no solo necesitaremos sentido común, respeto a la ley y las minorías, buena fe e inteligencia política. También harán falta diccionarios que nos recuerden lo que significan las palabras.