artículo no publicado

Però, no marxem o què?: el engaño del independentismo

El Gobierno de Cataluña ha presentado un borrador de su Llei de Transitorietat para la independencia, otra muestra de su deriva autoritaria.

Una respuesta recurrente de los independentistas catalanes a sus críticos es “no habéis entendido nada”. No especifican lo que hay que entender, porque la intención es precisamente ser incomprendidos. Cuando algún líder político, periodista de izquierdas, o alguien aparentemente favorable al “derecho a decidir”, realiza una crítica al procés, muchos independentistas suelen responder con sorpresa (quizá impostada) y un “¿tú también?”, asumiendo que se trata de otra víctima ante el centralismo madrileño, la caverna mediática (el último ejemplo, Juan Carlos Monedero de Podemos). Y la perla final es: “No habéis entendido nada”. Es necesario pluralizar esta acusación, no valen las críticas individuales: España entera no ha entendido nada, y mira que hemos insistido.

Pero realmente no es difícil de comprender. Existen reivindicaciones civiles legítimas de autodeterminación. En los últimos años, se han instrumentalizado políticamente mediante un proceso de propaganda extrema, que ha polarizado y exaltado a millones de ciudadanos y les ha convencido de una aparente opresión española, de una superioridad cívica y moral, y de la posibilidad de una arcadia tras la independencia: no pagaremos la deuda, los sueldos subirán, las pensiones se garantizarán. Son los argumentos que usa Putin para convencer al Este de Ucrania de que se una a Rusia. Y aunque la logística del procés es un caos de leyes y escenificaciones vacías, la reciente Llei de Transitorietat Jurídica i Fundacional de la República es sencilla de comprender. Es un intento de colofón aparentemente legal a un proceso lleno de ilegalidades.

Es aparentemente legal porque se arroga una legitimidad que extrae de menos de la mitad de la población, se aprobará o bien mediante lectura única en el parlamento o bien vía decreto del President, habla de negociación con el Estado después de anularlo y desobedecerlo, habla de democracia después de sortear a la oposición y negociar en secreto la independencia. Y, además de todo esto, es una ley que convertiría a Cataluña en una democracia de peor calidad que la española.

En un editorial, La Vanguardia hace hincapié en dos aspectos jurídicos que acercan a la posible “República de Derecho, democrática y social” catalana a Polonia o Hungría, países sancionados por la Unión Europea por sus virajes autoritarios:

el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya se convertirá automáticamente, al entrar en vigor la ley, en el Tribunal Supremo de Catalunya [...] su presidente será nombrado por el de la Generalitat [...] este actuará a propuesta de una comisión mixta en la que participaría el presidente del Supremo, el conseller de Justicia, cuatro miembros de la sala de gobierno del tribunal y otros cuatro nombrados por el gobierno catalán. No hay que echar muchas cuentas para darse cuenta de que la potestad para elegir la máxima autoridad judicial estaría, según este borrador de ley, en manos del poder ejecutivo.

La Vanguardia también ve preocupante el “capítulo relativo a la sindicatura electoral de Catalunya, encargada de garantizar la transparencia y objetividad de los procesos electorales o consultivos que vayan a celebrarse aquí. Porque la elección de sus siete miembros se confiaría a una mayoría absoluta del Parlament”, lo que reduce la objetividad a la hora de garantizar la objetividad, especialmente de los medios no afines. Aunque realmente no es una cuestión de si La Vanguardia lo ve o no preocupante, sino de que se trata de una ley que vulnera los preceptos básicos del Estado de derecho y la separación de poderes. No es algo sorprendente dado el creciente autoritarismo de los líderes independentistas, pero es necesario recordarlo.

La lógica del procés en los últimos años, y hasta esta fase de desafío abierto, ha sido la siguiente: tomar una ruta ilegal, manipuladora, opaca y secreta, antidemocrática, que a veces roza el supremacismo, que fomenta el odio y polariza, que estigmatiza a los disidentes y es profundamente iliberal, para después poder ser una verdadera democracia. O el independentismo tiene una visión muy limitada de la democracia, o es que su idea superior de democracia incluye estas características. Lo más interesante es que, leyendo la Llei de Transitorietat, una palabra recurrente es “continuidad”; se habla de los derechos fundamentales que ya garantiza la Constitución Española y el Estatut. Hacen todo esto para, en el mejor de los casos, acabar en un régimen igual, y en el peor y más probable, en una versión pobre de la democracia actual, en una democracia iliberal con un problema muy preocupante de división social, que además se extiende al interior del independentismo: dentro del PdeCAT hay división entre Puigdemont y otros líderes, también lo hay entre ERC y el PdeCAT, y entre la CUP y todos (porque la intención de los anticapitalistas es casi nihilista: romper el Estado, pase lo que pase, perjudique a quien perjudique).

La Llei de Transitorietat tiene también una característica extraña y casi metafísica: convierte, en cierto modo, a Cataluña en soberana, pero está formulada ante la posibilidad de la victoria de un sí en el referéndum ilegal del 1 de octubre. Esto es: aunque gane el no, esta ley, si la aprueba el Parlament o el Govern por decreto, convierte a Cataluña en soberana. La Ley es la que da legitimidad al Referéndum, y no al revés. Cataluña, en cuanto firme esta ley, será supuestamente independiente mediante un golpe antidemocrático. Si asumimos este marco imaginario y suponemos que la independencia se cumple y no hay una respuesta contundente del Estado, ¿cómo va a explicar el Govern lo que hay por delante? ¿Están los líderes independentistas dispuestos a decirles a sus votantes que será un proceso largo y difícil? Si las negociaciones del Brexit están siendo tortuosas, las negociaciones de la Cataluña independiente con un Estado constantemente anulado y deslegitimado como interlocutor (a pesar del wishful thinking perifrástico de la ley, que habla de que “el Govern ha d’impulsar la formalització d’un acord amb l’Estat espanyol”) serán imposibles.

Difícilmente se llegará a esa situación. La frustración no será que la arcadia prometida tardará en llegar o será un camino difícil, sino que no existe. Como siempre, el procés es un gran gesto tras otro, y quienes lo lideran saben que lo que se promete no va a cumplirse. El diputado de ERC Joan Tardà escribió recientemente este tuit: “Conec ánima @Esquerra_ERC x afirmar que mai investirà govern espanyol q no autoritzi referèndum ni governarà amb qui no cridi a participar-hi”. Tardà es consciente de que no habrá independencia, y por eso dice que su partido no investirá a ningún gobierno español que no autorice el referéndum ni gobernará con quien no llame a participar en él. La primera respuesta al tuit, y las siguientes, demuestran el gran engaño del procés, y la enorme brecha entre el procés institucional y el procés cívico y popular: “Però, no marxem o què?”