artículo no publicado

El populismo siempre son los otros

Los periodistas, que a menudo piden mesura y defienden las garantías judiciales, han fomentado la idea de que los condenados de La Manada han quedado impunes.

Las protestas por la sentencia de La Manada han generado numerosas reacciones y un debate público. Como ocurre a menudo en nuestros tiempos histéricos, lo que se presentaba como un cambio para siempre quizá no haya modificado tantas cosas.

Han salido varios artículos interesantes y serios: la tribuna de Tsevan Rabtan en El Mundo, dos textos de Manuel Arias Maldonado, el detallado análisis jurídico con propuesta de reforma de Miguel Pasquau en CTXT, la denuncia de Soledad Gallego-Díaz, las observaciones de Máriam Martínez-Bascuñán sobre el miedo, el Estado y la violencia, la reflexión de Manuel Conthe, la explicación de Rodrigo Tena en Hay Derecho, la columna de Aurora Nacarino-Brabo en Letras Libres, el Subjetivo de Aloma Rodríguez en The Objective, la tribuna en El País de Alicia Gil Gil y José Núñez Fernández… Muchos de ellos partían con la desventaja de haber tenido que llegar a una conclusión razonada. Estudiaban distintos aspectos: desde las reformas posibles a la legislación sobre la libertad sexual, las diferencias entre el lenguaje técnico-jurídico y el de uso común, la necesidad de una mayor sensibilización ante los crímenes sexuales, la complejidad del caso concreto, la reacción social y la respuesta de políticos y personalidades

A esas alturas, las protestas, donde convivían la indignación por un crimen terrible con un elemento demagógico potenciado por las redes pero alentado por periodistas que incumplieron con las obligaciones básicas de su trabajo en nombre de una buena causa, ya se habían producido y cientos de miles de personas habían firmado una petición que exigía la inhabilitación de los magistrados.

La primera lección es obvia: el populismo siempre son los otros. Lo nuestro, en todo caso, es tolerancia cero y está motivado por un objetivo noble. Quien critica la respuesta, el acoso a los jueces, los representantes institucionales que cuestionan su capacidad, no hace más que demostrar que tenemos razón: los viejos privilegiados ven temblar el antiguo orden desigual, y su miedo es en realidad la confirmación de que conocen (quizá mejor que nosotros) la magnitud de su injusticia.

No creo que eso lo explique todo, aunque esa sobrerreacción exista. En este caso hemos visto cómo periodistas importantes fomentaban la idea de que los condenados (9 años de prisión) se habían ido “de rositas”, denunciaban que no habían sido condenados por violación, mezclando los términos jurídicos y los de uso común. Han desdeñado los mecanismos del sistema judicial y la distinción, molesta pero recomendable, entre el periodismo y el activismo, así como lo que suelen definir como un componente básico de su trabajo: la función de educar o al menos informar lealmente a la ciudadanía.

Algunos de estos profesionales han dedicado en otras ocasiones tribunas y discursos a la necesidad de no legislar en caliente, de no hacer leyes “a golpe de telediario”. Se han negado a entrevistar a los padres de jóvenes o niños asesinados que hacían campañas por la prisión permanente revisable o la cadena perpetua: ellos, dignos profesionales, no querían servir a los intereses del populismo punitivo. Saben bien que las víctimas del terrorismo merecen todo nuestro apoyo y empatía, pero que no pueden ser quienes determinen la política y la legislación antiterrorista. Explicaban que eso, entre otras cosas, habría servido para convertir la tragedia en un instrumento de lucha partidista.

Reclaman el periodismo como servicio público, y desdeñan a Michael Gove, que decía que el Reino Unido ya estaba harto de los expertos. Señalan que unos medios rigurosos y libres son imprescindibles para nuestra salud democrática. Así, denuncian la intromisión y la presión de los partidos y los líderes políticos sobre los medios y los opinadores. Defienden el respeto entre las instituciones y la separación de poderes. Argumentan que, para que haya una democracia y una esfera pública funcionales, el periodismo serio es fundamental: este es el periodismo que verifica, que cuestiona al poder y los impulsos de la gente, que no se deja llevar por los sesgos ni los rumores, que sabe desactivar la condición principal de la posverdad, donde lo importante no es cómo son las cosas –en el fondo, es imposible saberlo, dice la base relativista radical de esa cosmovisión– sino cómo nos sintamos nosotros al juzgarlas.

La nobleza de la causa todo lo justifica, y también oculta un motivo poco favorecedor, pero que conocemos: contar la noticia es bonito, pero lo mejor es ser nosotros los protagonistas. Partidarios de la mesura y de la gradación, de las garantías judiciales que muchas veces nos ofenden pero que son el producto de una larga evolución y de unos cuantos escarmientos, los más sofisticados de esos autodesignados gatekeepers de la democracia liberal parecieron volverse de pronto foucaultianos, convencidos de que el sistema legal es solo un reflejo de unas relaciones de poder, de que las garantías, los derechos o la jurisprudencia son poco más que un teatrillo, y de que los excesos que pudieran producirse ahora solo eran la corrección acaso áspera pero benéfica de una inmemorial injusticia histórica. Otros no hilaban tan fino: disfrutaban del espectáculo de su belleza moral, del placer de la indignación.

Han pasado unos días. Las reacciones viscerales han dado paso a otras visiones más mesuradas. Un nuevo debate replanteará cuestiones como el consentimiento, la denominación o las penas, y lo hará desde posiciones que no rehuyan la complejidad, y que tengan en cuenta reivindicaciones feministas cuya transversalidad debería constituir un impulso reformista.

Una segunda cosa buena se la tenemos que agradecer al Partido Popular. Denunciar su deslealtad institucional es a estas alturas más un ejemplo de adanismo que de perspicacia: esa deslealtad es una constante de la política española. Pero a veces, cuando es el PP quien vulnera la separación de poderes, quien presiona o difama a los jueces, quien degrada la instituciones que dice defender, es más fácil ver que esas acciones son intolerables y que nuestros principios siguen limpios y firmes, donde siempre habían estado.