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El autogolpe en Venezuela se gestó por entregas

El intento del chavismo por suprimir al poder legislativo ha sacado a relucir las diferencias al interior del régimen y propiciado el acercamiento entre las fuerzas de la oposición.

La ruptura institucional promovida por el chavismo no asomó su nariz a partir de las resoluciones que su Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) anunció a finales de marzo, en las cuales quedaban clausuradas, definitivamente, las funciones del Poder Legislativo. El golpe del chavismo a la Constitución venezolana se ha gestado de forma silenciosa y progresiva a lo largo de poco más de un año, luego de su derrota electoral frente a las fuerzas de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) en los comicios parlamentarios de diciembre de 2015, en los cuales la MUD obtuvo 114 escaños, frente a poco más de 50 del chavismo.

Desde el año pasado, la Asamblea Nacional de Venezuela, electa con el voto de más de 14 millones de personas, está impedida de ejercer sus funciones por encontrarse en “desacato”. El TSJ, que ha vetado treinta instrumentos legales sancionados por el Legislativo, colocó al parlamento venezolano en esta situación una vez que decidiera acoger una demanda hecha por diputados chavistas en torno a la existencia de un presunto fraude en la elección de ocho diputados del estado Amazonas. El TSJ habría ordenado la desincorporación de tres diputados opositores y uno chavista, con el objeto de iniciar las averiguaciones de la denuncia. Una vez que la directiva del Legislativo advirtió que tales denuncias jamás iban a ser investigadas, y que la medida perseguía colocar en suspenso a los diputados para quitarle a la bancada opositora la mayoría absoluta del Hemiciclo, decidió incorporar a los parlamentarios por cuenta propia.

En realidad, la comunidad internacional sorprendió al gobierno de Maduro colocando la última parte del techo al edificio de su dictadura. Las resoluciones que anunciara Maikel Moreno, presidente del TSJ, en marzo, estaban destinadas a suprimir la inmunidad parlamentaria de todos los diputados, con el objeto de allanar el camino a procesos penales a los más incómodos. La sentencia del TSJ, integrado por personas muy cercanas, en lo personal y lo político, a Nicolás Maduro, también le quitaba a la Asamblea Nacional sus facultades, que a continuación iban a ser asumidas por el propio Tribunal, y por Maduro, quien quedaría de esta forma investido de mayores poderes para atender “la emergencia económica”, decretada el año pasado, y eventualmente, “el estado de conmoción interior”.

Cuando la maniobra chavista comenzaba a tomar cuerpo, ocurrió lo que nadie esperaba: el viernes 31 de marzo, durante la presentación de su informe anual de gestión, la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, objetó el procedimiento que adelantaba el chavismo en el Tribunal Supremo de Justicia, denunciando la existencia de la “ruptura del hilo constitucional”.

Las palabras de Ortega Díaz, pronunciadas en la sede del Ministerio Público, fueron involuntariamente televisadas por el canal estatal, Venezolana de Televisión, y aplaudidas por el público presente. Su intervención cayó como una bomba en las filas rojas, y produjo una enorme confusión tras las bambalinas del poder en la tarde de aquel 31 de marzo. La canciller Delcy Rodríguez suspendió una reunión con el cuerpo diplomático acreditado en el país. También el vicepresidente, Tareck El Aissami, y el propio Moreno, tuvieron que aplazar sus conferencias de prensa. El Aissami y Maduro evidenciaron rostros tensos y agotados en la televisión.

Una ficha tradicional del chavismo durante todos estos años, la fiscal Ortega Díaz hizo público su malestar luego de purgar una silente procesión interna que lleva poco más de un año y que fue fuente de rumores en círculos informativos especializados. Quizá no sea una ruptura ideológica. Parece ser un tema de métodos. A los ojos de Ortega, de acuerdo con las versiones que circulan, Maduro y Cabello han ido demasiado lejos.

Después del terremoto que produjo la alocución de Ortega Díaz, apareció de nuevo Moreno, a nombre del TSJ, procurando hacer lucir el desacuerdo como un tema de pareceres de carácter técnico, y anunciando que, en adelante, quedaban sin efecto algunos de los contenidos más escandalosos de la sentencia. El chavismo acuñó la tesis del “impasse” entre los poderes públicos, y anunció que ya ha quedado resuelto. Al hablar de “impasse” intenta evadir el impacto de cargar con la palabra “golpe”. Maduro reunió al Consejo de Defensa de la Nación, integrado por personas de su gobierno, e hizo oficial el retroceso “táctico” luego del golpe seco. Quedaron sin efecto las resoluciones sobre la legislación que iba a asumir el Tribunal, así como lo relativo al fin de la inmunidad parlamentaria. Nicolás Maduro, sin embargo, ha quedado facultado para celebrar acuerdos de interés nacional en materia de hidrocarburos, sin la contraloría de la Asamblea Nacional. En el momento actual, los diputados de la Asamblea Nacional no reciben sueldo, ni manejan partidas, y deben costear todos sus gastos personales por cuenta propia, pues el ejecutivo de Maduro les niega los recursos. Los ministros de Maduro, algunos con graves señalamientos de corrupción, no han asistido una sola vez a una interpelación legislativa.

Los mandos militares, con el ministro Vladimir Padrino a la cabeza, han permanecido en silencio. El control del chavismo sobre las Fuerzas Armadas es objetivo. Se sabe que las palabras de la fiscal tuvieron eco, y que su rebote en los cuarteles forma parte de la crisis. Presente en el Consejo de Defensa que quiere hacer aparentar normalidad, Padrino en todo momento ha tenido celo en acompañar a Maduro y en salvaguardar sus intereses. Algunos corrillos que se cuelan del hermético mundo de las Fuerzas Armadas dan cuenta de la existencia de una enorme inconformidad, si bien sus mandos ofrecen una monolítica lealtad hacia el chavismo como proyecto, con sus desafueros incluidos. Para algunos conocedores del tema en el país, sin embargo, el silencio guardado por los militares, más que una muestra de adhesión, debe ser interpretado como un signo de confusión y malestar.

Luego de las resoluciones de la OEA, que arrinconan más al gobierno de Maduro, el presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges, ha llamado a la población a protestar. El episodio y su gravedad parecen haber reconciliado a las crecientes masas opositoras con su dirigencia luego del fracaso del referéndum revocatorio. Las dos manifestaciones realizadas en Caracas a partir de la crisis han sido multitudinarias, y muy aguerridas al enfrentar a la policía. En ellas rebosa la indignación.

La Asamblea Nacional, aún existente, aunque sin alas, prepara un proceso para destituir a los magistrados del TSJ. La dirigencia de la MUD, que domina el legislativo, sostiene que el procedimiento golpista adelantado tiene consecuencias penales. El chavismo lo niega. De hecho, Maduro ha aprobado ya el presupuesto nacional de 2017  por cuenta propia, evadiendo al poder legislativo, mediante otra sentencia mágica del TSJ. Todo el mundo se pregunta qué hará, a partir de ahora, la fiscal Ortega Díaz: si tomará el retroceso táctico de Maduro como una disculpa suficiente para no pelearse con sus viejos camaradas, o si decidirá asumir las consecuencias de su denuncia para restituir la vigencia de la Constitución.