El litigio de Sijena: unas cuantas claves | Letras Libres
artículo no publicado

El litigio de Sijena: unas cuantas claves

No es un expolio ni un uso partidista del artículo 155, sino la devolución a su lugar de origen de un patrimonio irregularmente enajenado.

Todos vimos con tristeza las cargas policiales, las protestas y los insultos a las puertas del Museo de Lérida el lunes 11, el día en que salieron las piezas de Sijena hacia el monasterio al que pertenecían. Todos vimos el fuerte dispositivo de fuerzas de seguridad que se organizó y a los técnicos de museos, catalanes y aragoneses, entrando a las tres de la mañana a las instalaciones donde se hallaban las piezas, protegidos por vallas y cordones de mossos d’esquadra. Vimos a los periodistas tratando de desempeñar su trabajo por encima de la presión, de las tensiones, de las faltas de respeto. Fueron imágenes lamentables que se podían haber evitado, pero que algunas fuerzas políticas propiciaron. ¿Cómo se pudo llegar a esto?

El Real Monasterio de Sijena, situado en los Monegros oscenses, atesoró un extraordinario patrimonio, con piezas únicas en el mundo, a lo largo de siete siglos de historia, desde su fundación en el siglo XII hasta la extinción de los señoríos a comienzos del XIX, que marcó su irreversible decadencia. Pese a que las monjas no abandonaron el convento con la Desamortización, la extinción de las rentas procedentes de sus antiguas posesiones las empujó a vender patrimonio artístico para sobrevivir y mantener el ya desvencijado cenobio. Desde 1873, además, había pasado a pertenecer al obispado de Lérida, en cuya demarcación se encontraba físicamente, aunque nunca su patrimonio tuvo nada que ver con él, pues el monasterio, regido por un sistema jurídico especial, era (y es) dueño de sus propios bienes. Algunas piezas pasaron por entonces a manos del obispo, no obstante, con el obvio consentimiento de las monjas.

Algunas de las piezas que fueron saliendo desde aquellas fechas, y hasta 1922, se encuentran hoy en varios museos (Huesca, Barcelona, Lérida, Zaragoza, una en Madrid, dos en Toledo). Otras marcharon al extranjero. Pero en 1923 el monasterio fue declarado Monumento Nacional y las ventas se frenaron. A partir de entonces, era necesario contar con permisos tanto eclesiásticos como civiles para realizar nuevas enajenaciones. La Junta de Museos de Barcelona, que por entonces pretendía comprar las maravillosas pinturas y la impresionante techumbre de madera de la sala capitular, joya indiscutible de todo el conjunto artístico, dejó de insistir en su pretensión. Solo se documenta una venta posterior a esa fecha, sin que se sepa si se obtuvieron los preceptivos permisos, de un pequeño lote que estaba depositado en Zaragoza (una arqueta de marfil, un pequeño lienzo y varias piezas menores) en 1927.

Luego vino la guerra. El monasterio ardió a comienzos de agosto, tras la llegada de varios milicianos a la localidad que se hicieron con el control de la situación, y la ruina, la pérdida, fueron espantosas. Antes de que se prendiera la mecha, manos sensibles y valientes lograron rescatar parte de aquel valioso patrimonio: retablos, cajas sepulcrales góticas, tallas medievales, alabastros renacentistas, lienzos barrocos, parte del archivo. Lo salvado fue llevado a Lérida, a los depósitos que se organizaron, como en tantos otros lugares de la España republicana, para preservar en lo posible las pérdidas artísticas de los furores de la guerra. Tras muchos avatares, en 1948 buena parte de esas piezas volvería al monasterio.

Las monjas vivieron entre ruinas, durante 25 años, pues nadie en el nuevo régimen franquista se ocupó, sorprendentemente, de ellas ni del monumento nacional, al que únicamente asignaron pequeñas partidas económicas destinadas a restaurar la iglesia. Durante todo ese tiempo, las religiosas no vendieron nada. Y tenían aún muchas joyas que vender: habían guardado consigo lo más pequeño y valioso, el “tesoro de Sijena”, piezas de metales nobles y pedrería en cruces, relicarios, cálices, etc. Lo más destacado, un portapaz o relicario de la túnica de Cristo, una pieza muy rara de orfebrería medieval, de altísimo valor. Cuando oigo decir, a algún técnico de parte, que esas mujeres “tuvieron siempre voluntad de vender”, les puedo asegurar que enarco las cejas y sonrío.

Aquella penosa situación determinó que finalmente, en los últimos días de 1969, las religiosas fueran trasladadas a Barcelona y luego a Valldoreix. Tras su marcha, las obras de arte que poseía el monasterio fueron retiradas por orden del obispo de Lérida y por algunos técnicos del Museo de Barcelona, en cuyas ciudades quedaron depositadas. Ese cambio de ubicación no fue notificado a nadie, aunque, según marcaba la ley, debía haberse comunicado a las autoridades civiles y elaborado un inventario.

El de las monjas era un traslado temporal, para permitir la realización de unas obras que por fin llegaban. Pero se convirtió en definitivo: Angelita Opi, la última priora de Sijena, murió cuatro años después, no sin antes haber depositado, en el Museo de Arte de Barcelona (hoy MNAC), todas las joyas citadas. A su muerte, la priora de Valldoreix levantó el depósito y se hizo con las joyas; unas joyas que hoy, a excepción de una cuna de plata retirada por la policía de una subasta hace dos años, nadie sabe dónde están. En 1983, 1992 y 1994, la misma priora vendió a la Generalitat y al MNAC tres lotes que suman un total de 97 piezas, a cambio de 50 millones de pesetas. Lo hizo afirmando que su comunidad se había fusionado con la de Sijena, aunque no era cierto. Ella no era propietaria de las obras. Y tampoco se observaron otros requisitos legales: no se comunicó la enajenación a los responsables de patrimonio del Ministerio (en 1983) y del Gobierno de Aragón (en las otras dos ventas), como era preceptivo, de dos de las ventas no se hizo escritura pública, y el permiso papal que se obtuvo fue para vender patrimonio de Valldoreix, no de Sijena. También se vendió el relicario de la túnica de Cristo, esa pieza excepcional que antes se ha mencionado. Fue robado del MNAC en 1991, robo que tardó más de un año en ser dado a conocer.

Son ventas hechas a espaldas de la Administración que salieron a la luz en 1997. El Gobierno de Aragón quiso ejercer el derecho de retracto, es decir, recomprar esas piezas; la Generalitat se negó e interpuso un conflicto de competencias en el Constitucional. No hubo sentencia sobre ello hasta 2012. El tribunal falló a favor de Cataluña, sin pronunciarse, expresamente, sobre la legalidad de las operaciones de compraventa; esas cuestiones corresponden, dijo, a la justicia ordinaria, o sea, a los juzgados de primera instancia. Y allí que acudieron el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Villanueva de Sijena, cuyo alcalde tiene lazos muy fuertes con el monasterio y lleva defendiéndolo toda su vida. La sentencia, favorable a la parte aragonesa, se emitió en 2015, declaró nulas de pleno derecho las ventas realizadas y ordenó el regreso de las piezas vendidas al monasterio del que habían salido.

Por supuesto que cabía recurso, que se presentó por la Generalitat a la Audiencia Provincial de Huesca; se presentaron muchos otros recursos y dilatorias en diferentes instancias y juzgados. Hasta se intentó abrir causas nuevas, contra las monjas. Todo fue desestimado, ni uno solo de esos recursos prosperó. Mientras, la jueza titular del juzgado nº 1 de Huesca emitió una orden de ejecución de la sentencia, con plazo límite de entrega el 25 de julio de 2016. De esas 97 piezas reclamadas, 53 estaban en Barcelona y 44 en Lérida. Excepto 7, que se exponían en el museo de esta última ciudad, las demás estuvieron siempre en las reservas del museo, pese a que entre ellas había obras muy buenas. Amparándose en que las 44 piezas conservadas en Lérida estaban, como el resto de los fondos del museo, declaradas Patrimonio Cultural Catalán, solo fueron devueltas las 53 de Barcelona, un día después de que finalizara el plazo. En realidad, fueron 51: el museo había perdido las otras dos. El exconsejero de cultura Santi Vila pidió tiempo para descatalogar las piezas de Lérida.

Pero al cabo de un año, la descatalogación no se había producido. El juzgado emitió una segunda orden de ejecución provisional, de obligado cumplimiento, con fecha límite 31 de julio. La devolución no se produjo. Pasado el verano, hubo cambio de titular en el juzgado. El 15 de noviembre, el nuevo juez ordenó, por tercera vez, la devolución; esta vez, advirtió que, de no cumplirse su orden, se enviaría a buscar las piezas por técnicos de patrimonio del Gobierno de Aragón, con auxilio de la policía. La orden se remitió en esta ocasión al ministro Íñigo Méndez de Vigo, titular de la consellería de Cultura en virtud de haberse aplicado el artículo 155 en Cataluña. Pero Méndez de Vigo, pese a que inicialmente afirmó que cumpliría la orden, finalmente se inhibió. Y el juez envió a la policía.

Juzgue el lector el grado de relación que todo este asunto tiene con “el 155”. Juzgue la actitud de unos y otros responsables políticos. Valore, también, cómo se sienten los aragoneses cuando oyen hablar de “robo” y de “expolio” al museo catalán. Juzgue, finalmente, cómo ha sido recibida la noticia de que la Generalitat ha presentado un nuevo recurso solicitando la restitución de las piezas al museo leridano, habida cuenta de que, en las últimas semanas, los técnicos de esta ciudad, secundados por el cuerpo en pleno de los museólogos catalanes, habían afirmado que algunas de las piezas no se podían mover por su extrema fragilidad. Juzgue, en definitiva, si tratar de devolver a su lugar de origen un patrimonio irregularmente enajenado, y en su mayor parte jamás expuesto, debería haber dado lugar a todo este revuelo. 

Solo hemos hablado de uno de los litigios: el de las 97 piezas vendidas. No nos hemos referido al segundo, que reclama las pinturas murales. Podemos contarlo otro día.