UNAM: Saldos y pasivos | Letras Libres
artículo no publicado

UNAM: Saldos y pasivos


¿Prudencia o discrecionalidad? Prudencia absurda, discrecionalidad total. La Policía Federal Preventiva intervino en CU por orden de la juez segundo de distrito. La orden judicial era restituir a la Universidad sus instalaciones. Se perseguía el delito de despojo. Por eso fueron arrestados cientos de estudiantes, que luego fueron liberados. La acción de la justicia tardó meses en llegar. El delito se cometió desde el inicio del paro. Los estudiantes no tenían personalidad alguna para estallar una huelga y mucho menos para cerrar la Universidad. El rector Francisco Barnés lo sabía, pero no presentó la denuncia correspondiente hasta el mes de junio. Sin embargo, ésta nunca fue integrada por el Ministerio Público. No había voluntad política para hacerlo. El procurador general de la República declaró en varias ocasiones que el asunto no era de su competencia, porque se trataba de un conflicto universitario. Ese fue el motivo principal que provocó la renuncia de Barnés. Juan Ramón de la Fuente experimentó algo parecido el lunes primero de febrero. Sus llamados al procurador no tuvieron efecto. Jorge Madrazo se volvió ojo de hormiga. Fue el secretario de Gobernación quien ordenó la intervención de la Policía Federal Preventiva en la preparatoria número 3.
     El procurador no hizo otra cosa que seguir la orientación del presidente. Zedillo manifestó una y otra vez que no intervendría su gobierno en el conflicto de la unam, porque era un conflicto universitario que debería ser resuelto por la propia comunidad universitaria. Esta fue la primera confusión. Las motivaciones de los sectores radicales del CGH iban mucho más allá del ámbito académico y la participación de "organizaciones populares" (como el Frente Francisco Villa) confirmaba que el paro tenía una dimensión estrictamente política. El segundo error fue confundir la aplicación de la ley con la represión violenta. Por eso, con ira y con ironía, el presidente calificó de bárbaros a todos aquellos que solicitaban que el gobierno aplicara la ley. Su representación de esta exigencia no era otra que la reedición de la represión militar en el 68. Veía a los estudiantes perseguidos y acosados por tanquetas y bayonetas. No le pasaba por la cabeza que la fuerza del Estado se pudiera ejercer sin violencia innecesaria y sin violentar los derechos humanos (cosa que finalmente sucedió el domingo 6 de febrero). El tercer error fue proclamar a diestra y siniestra que su gobierno no intervendría por ningún motivo en el conflicto. Esta declaración fue interpretada por los miembros del CGH como lo que era: un salvoconducto para cometer toda clase de violaciones a la ley. Este sentimiento de impunidad fue el que generó la espiral de la violencia: de los atropellos en CU se pasó al bloqueo de avenidas, al cierre del Periférico, al asalto a la Embajada de los Estados Unidos, y culminó con la golpiza a los trabajadores universitarios en la preparatoria.
     Después de todo lo anterior, cabe preguntar: ¿Existe en México un Estado de derecho? Sí, pero a la mexicana, es decir, con un alto grado de discrecionalidad. Los errores y las dudas del presidente se transformaron en política de Estado. No sabemos hasta qué punto el procurador de la República compartía esas confusiones, lo cierto es que Madrazo no cumplió con su responsabilidad y adoptó las declaraciones del presidente Zedillo como si fueran mandatos legales. Esto dejó a las autoridades y a la mayoría de los estudiantes de la UNAM a merced de una minoría que se impuso mediante la violencia y el chantaje durante más de nueve meses. El presidente corrigió su error porque se vio obligado a hacerlo. La intransigencia del CGH y los conatos de violencia entre los estudiantes no le dejaron otra alternativa. Fue hasta entonces que el procurador procedió conforme a derecho e integró las averiguaciones. De no haber sido así, la aplicación de la ley jamás se hubiese efectuado. El conflicto habría sido resuelto mediante la negociación y al margen de los ordenamientos legales.
     Mucho se ha dicho que la autonomía universitaria no es extraterritorialidad. Este principio elemental, sin embargo, no es admitido por muchos. Para Cuauhtémoc Cárdenas, el PRD, el gobierno de la Ciudad de México y el Sindicato de Trabajadores de la UNAM, la toma de CU por la Policía Federal Preventiva constituye, simple y llanamente, una violación de la autonomía. No se necesitan muchos argumentos para refutar semejante disparate. El problema, sin embargo, no es ese, sino que el gobierno de la República asumió en los hechos esta errónea definición como si fuese la correcta. La impunidad y la falsa tolerancia provocaron que CU se convirtiera en un territorio dominado por la ley del más fuerte. El origen de esta aberración está, en parte, en la represión estudiantil de 1968. Ningún miembro de la clase política (incluidos los partidos de oposición) quería arriesgarse a repetir esa experiencia. Por eso, con muy notables excepciones, se limitaron a declarar que la salida no debería ser violenta, sino negociada y mediante el diálogo. En ese sentido, el trauma del 68 ha sido, para bien, un referente obligado de la transición política que hoy vive el país, pero también ha sido, para mal, el pretexto para tolerar las violaciones al orden legal.
     La intervención de la Policía Federal Preventiva en la unam debería provocar una catarsis. El trauma del 68 debe ser superado. La aplicación de la fuerza del Estado cuando se viola el orden legal no es ni puede confundirse con un acto represivo. Es indispensable, además, terminar con los territorios y los gremios al margen de la ley. Porque no hay nada más opuesto a un régimen democrático que los Estados de excepción. -