¿Quién manda aquí? Los empresarios y la 4T | Letras Libres
artículo no publicado

¿Quién manda aquí? Los empresarios y la 4T

¿Qué significa la separación del poder económico y político en el “cambio de régimen” de la 4T? El trato hacia los empresarios ha sido ambivalente y el lema parece ser: harás negocios si aceptas las nuevas condiciones.

A finales de octubre de 2018 Andrés Manuel López Obrador explicó la suspensión del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México días después de que se celebrara la parodia de “consulta popular” para el efecto. Lo hizo en un video de circulación profusa en que aparece junto a un altero de libros coronado con uno titulado ¿Quién manda aquí? La crisis global de la democracia representativa,

Editorial Debate, 2017.

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 escrito, entre otros, por el expresidente español Felipe González. El presidente electo daba una respuesta categóricamente populista a la pregunta: “aquí mando yo”, que poco o nada tuvo que ver con el contenido del opúsculo que aborda nuevas vías del oficio de gobernar con arreglo a la democracia representativa y al Estado de derecho. La parte oral del mensaje justificó la cancelación del aeropuerto en construcción por ser un ícono de corrupción e impunidad en los negocios entre sector público y privado. “No estoy de florero [...] yo tengo un mandato [...] quieren los mexicanos que se destierre, que se acabe la corrupción y la impunidad. Y me canso ganso, vamos a acabar con la corrupción.”

Anécdota aparte, un mes antes de asumir el poder, el mensaje podía adoptar innumerables dimensiones, pero una quedaba clara: apuraremos la voluntad del pueblo –por él consultado y representado– para revertir el contubernio entre poder económico y político que se habría mantenido durante el “período neoliberal”. Esta voluntad sedienta de justicia, como es interpretado el apoyo masivo que recibió en las urnas, se ha traducido en acciones del presidente en favor del “pueblo” y para anular a sus “adversarios”. Cada vez un mayor número de estas acciones se ha dado por encima de las previsiones constitucionales y legales. La justicia primero; la legalidad después (AMLOdixit).

El 17 de abril de 2019 declaró: “La ley es para las mujeres y los hombres, no los hombres y las mujeres para la ley. La justicia está por encima de todo, la justicia. Si hay que optar entre la ley y la justicia, no lo piensen mucho, decidan a favor de la justicia.”

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 Esta convicción inadmisible desde el constitucionalismo democrático perdura y se profundiza a medida que su gobierno transcurre. Combatir la corrupción atribuida al neoliberalismo, desarmar el entramado concupiscente entre Estado y capital para restaurar la supremacía de la autoridad. El punto de llegada del cambio permanece en la espesa bruma esparcida por la tenaz locuacidad presidencial y la obsecuencia de la mayoría que le acompaña.

La historia

El estilo empresarial de vincularse con el poder político tiene hondas raíces en la historia de México.

Véase mi libro Autonomía y legitimidad. Los empresarios, la política y el Estado en México, unam/Siglo XXI, 1997.

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 Sin ir más allá del siglo XX, a partir del gobierno de Lázaro Cárdenas se instituyó una forma de relación corporativa con las clases sociales al cobijo de la ideología del régimen: el nacionalismo revolucionario. Se crearon organizaciones de obreros, campesinos, maestros y otras que terminaron incorporándose al Partido de la Revolución Mexicana. Los empresarios quedaron formalmente fuera de ese esquema, pues era claro que la economía pública era la preferencia del poder político unificado bajo el presidencialismo de partido hegemónico. La empresa privada no formaba parte de las “fuerzas vivas” del sistema, pero a cambio de ello practicaban otras modalidades de representación, consultas corporativas e individuales y, desde luego, los grandes beneficios de la connivencia cleptocrática, incluido el engrosamiento de sus filas con los hijos y los nietos de la clase revolucionaria.

Quizás el mayor ejemplar de esas camadas fue el profesor Carlos Hank González –“Un político pobre es un pobre político”–, cuya influencia en la política nacional creció a la par de su legendaria riqueza.

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 Sus diferentes grupos crearon cámaras de representación de intereses sectoriales o sindicatos patronales y en la década de 1960 formaron la cúpula de cúpulas, el hoy Consejo Mexicano de Negocios. En los veinte años siguientes, estas atalayas empresariales desplegaron una intensa campaña para dar legitimidad a su participación en las decisiones políticas y combatir abiertamente el estatismo económico oficial. No podían exhibir públicamente su influencia política, que abundaba en la forma de interlocución directa, de jugosos negocios con la obra pública y de cabildeo, pero actuaban cada vez más abiertamente contra esta regla no escrita para exigir un rumbo alternativo. Dos décadas de esta esquizofrenia de conflictos abiertos y acuerdos privados fomentaron la unidad del gremio y la presencia de sus representantes e ideólogos en la política nacional.

Véase Estudios Sociológicos, El Colegio de México, núm. 15, vol. 5, 1987.

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 No obstante, las cosas cambiarían gracias a la estrepitosa crisis económica de 1982, seguida por el viraje radical del Estado en materia económica: apertura externa (culminada en el TLCAN-TMEC), modernización productiva (muerte de los ineficientes) y privatización de las onerosas empresas del Estado (venta masiva de activos gubernamentales). Last but not least una política de ayudas sociales para reducir la pobreza. Este cambio de las reglas del juego aceleró también la transición pluralista del sistema político que gran parte del empresariado apoyó.

El viraje modificó el trato gubernamental con los diferentes intereses económicos. El capital privado nacional que pudiera sobrevivir a la exposición al mercado internacional y el extranjero tendrían un papel preponderante en la construcción del nuevo capitalismo de mercado mexicano. Pero lejos de asumir el papel rector y regulador que le asigna la Constitución y que recomendó la propia propuesta neoliberal,

Vale recordar que el “Consenso de Washington” incluía prescripciones incumplidas como disminución gradual de los privilegios fiscales, ampliación de la base fiscal y aseguramiento de los derechos de propiedad, incluyendo los de las clases trabajadores, i. e. el salario.
 

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 el viejo modelo económico trasfundió sus genes en el nuevo; si el nacionalismo económico había diferido de su propia doctrina volviéndose un estatismo de cuates, otro tanto ocurrió con las políticas de liberalización y desregulación: instituyeron la nueva oligarquía del capitalismo mercantil de cuates.

Naturaleza del cambio

¿Qué ha significado la separación del poder económico y político en el “cambio de régimen” emprendido por la 4T? La prioridad anticorrupción –sumada a la identificación de esta con los vínculos público-privados heredados de gobiernos anteriores– ha guiado las políticas del gobierno que han desafiado el statu quo empresarial. Vaya una breve relación de agravios: clausura del naicm; terminación abrupta de la publicidad gubernamental; suspensión de obras y contratos preexistentes –especialmente notable en insumos para la salud pública–; cancelación del Seguro Popular; investigación de empresas sospechosas de fraude o evasión fiscal; cancelación de las reformas energética y educativa; desacreditación obsesiva del “modelo neoliberal”; presencia de grupos radicales y “bolivarianos” en el gobierno y su partido y en el Congreso; críticas agresivas a la prensa “conservadora” y a los “adversarios” de la 4T, asimilados con las reacciones críticas de grupos empresariales a medidas gubernamentales. En lo que va del presente año se agregan la colecta para la “rifa” del avión presidencial, coronada con la cena con la cúspide privada en Palacio Nacional, y un ominoso nuevo decreto de “austeridad”. Como resultado de todo lo anterior, se ha lastimado el clima de inversión,

0.1% de crecimiento del pib en 2019 y caída a -1.6% del pib en el primer trimestre de 2020 respecto al trimestre previo.

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 la fuga de capitales ha sido copiosa y el interlocutor del presidente con el sector empresarial, Alfonso Romo, ha fracasado en la misión imposible de “vender” la 4T a los grupos privados. El contundente rechazo a la propuesta empresarial de un pormenorizado acuerdo nacional ante la doble crisis económica y pandémica podría ser un punto de no retorno que, de sostenerse, dejaría a los empresarios al margen por completo de la interlocución en el enfrentamiento de la que posiblemente será la más grave crisis que ha encarado México desde los años treinta.

“Con todo respeto, nosotros no vamos a continuar con más de lo mismo, no van a haber (sic) rescates para los potentados” (AMLO, 06/05/20).

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La peligrosidad de esta decisión no consiste en desatender a un grupo, sino a muchos más considerando que las empresas implican a trabajadores al por mayor, a las cadenas de producción y comercialización y terminan por impactar a toda la sociedad.

Si los golpes de timón han subordinado algunos intereses, el presidente ha encumbrado a otros capitalistas al rango de asesores personales. El 15 de noviembre de 2018 AMLO anunció su Consejo Asesor Empresarial. Grandes empresarios figuran en él y algunas de sus empresas son beneficiarias de nuevas inversiones y gastos.

Por ejemplo, Banco Azteca (transferencias de programas sociales), Grupo Banorte (seguros, Ferrocarril del Istmo), Grupo Carso (Tren Maya y otros) o empresas privadas de telecomunicaciones a las cuales se les hizo la “devolución” de tiempo oficial del Estado.
 

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 De este modo se estimula la transfiguración empresarial combinando viejos y nuevos beneficiarios. El lema parece ser: harás negocios si aceptas las nuevas condiciones. En abono de esta hipótesis se podría conjeturar que hay un quid pro quo en el reacomodo: disciplina fiscal sin reforma impositiva o expropiaciones “arbitrarias” a cambio de adaptación al nuevo entendimiento. Si este camino será intransitable para el capital, es imposible aún saberlo.

Así pues, el distanciamiento gubernamental respec- to del empresariado es ambivalente y la variada reacción de sus sectores lo refleja. Uno es el “voto con los pies” de empresas y empresarios que retiran inversiones e incluso su residencia del país, como ha ocurrido en Venezuela. Pero este no es el caso hasta ahora de las figuras mayores que siguen haciendo negocios y conversan, aun a regañadientes, con el presidente y el gobierno en numerosas y notorias ocasiones. Al menos mantienen una lucrativa pero incierta presencia en México. Se antoja entonces que el interés del presidente es el cambio del arreglo “neoliberal” –que, como se ha documentado extensamente, ha sido más bien un dogmatismo mercantil abrigado por pactos cleptocráticos– por algún modo de estatismo que hasta ahora parece más bien pragmático e intuitivo que programático.

Recuérdese la controversia en torno al Plan Nacional de Desarrollo (30/04/2019) que constituye ante todo un manifiesto político carente de estructura o ingeniería de política pública. En el Primer Informe de Gobierno ante el Congreso se reafirma la prioridad de la separación entre poder político y económico aunada al destierro de la corrupción, pp. 24-27

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La reacción empresarial dista mucho de la campaña ideológica antiestatista de los años 1970-1982 que se caracterizó por la presencia de dirigentes de peso completo como Juan Sánchez-Navarro o Manuel J. Clouthier (el Maquío).

Sánchez-Navarro ideó el Consejo Mexicano de Hombres de Negocios, padre del actual cmn, y el Maquío catalizó, junto con otros líderes, una gran parte de la insurrección civil que condujo a la transición democrática de los noventa.

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 En las filas del empresariado mexicano predominó la inercia del acomodo con el poder y se desvaneció el ímpetu de su autonomía e influencia social. Descuella el vacío de figuras intelectuales o políticas relevantes, así como el de sus vínculos orgánicos con los partidos políticos. El arreglo liberal originó un nuevo “modelo” de negocios altamente corrupto y rentista, con baja capacidad de innovación y arraigo y con mala reputación. Nunca convencieron a nadie de haber producido el beneficio general que se esperaba de una economía de mercado con un Estado “de derecho”.

Corte de caja

En suma, a menos que el gobierno de la 4T hiciera patente –más que simplemente declarase– una política anticapitalista, lo que no puede descartarse, el problema de la iniciativa privada es aceptar o rechazar adentrarse en el camino de restaurar el capitalismo estatista, con pretensiones hegemónicas y en ruptura con la institucionalidad democrática pluralista (un formato neohegemónico). Hasta ahora, más allá de expresiones de inconformidad, de intentos de reorganizar en forma independiente los intereses económicos de un empresariado demasiado variopinto para admitir un liderazgo inexistente, todo parece indicar que la nueva oferta política revive la memoria corporativista de la posrevolución, a pesar de que la evidencia disponible hace muy dudosa la probabilidad de erradicar el penetrante patrimonialismo de una clase económica genéticamente inseparable del poder discrecional de la cúpula del Estado, la que en verdad “manda aquí”. Así como el “neoliberalismo” fue la nueva manera de vestir a la oligarquía, el “cuatroteísmo” podría ser su siguiente transfiguración. No obstante, este neopopulismo mexicano aún camina en el filo de la navaja y su aún incierta consolidación podría prolongarse como farsa o convertirse en la cuarta gran tragedia nacional. ~

 


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