Postales de una reconstrucción pendiente | Letras Libres
artículo no publicado
Fotografía: Jorge Dan López

Postales de una reconstrucción pendiente

La tragedia del sismo del 19 de septiembre de 2017 no ha terminado para miles de damnificados. En la capital, a las pérdidas materiales se ha sumado la incertidumbre legal, la indolencia de las autoridades y la voracidad de las
empresas inmobiliarias.

¿Cuánto tiempo lleva volver a levantar una ciudad? Bastaron unos segundos para que, aquel 19 de septiembre, cientos de edificios cayeran o quedaran inservibles. Ha pasado un año y la reconstrucción apenas comienza. Entre las disputas vecinales, los eternos trámites burocráticos y la politización de la tragedia, hoy los damnificados no pueden evitar preguntarse: ¿para quién se reconstruye la ciudad?

Desde el multifamiliar Tlalpan

Este montón de revistas, folletos, botiquines de la Cruz Roja y medicinas caducas también es escombro. Afuera esperan los pasillos tapiados y los campamentos; más allá, donde un trascabo remueve varilla rota, asoma el terreno baldío que algún día soportó cuarenta departamentos con todo y gente. A once meses del sismo del 19 de septiembre queda poco de los cinco pisos del edificio 1-C. Su placa inaugural, sin embargo, descansa aquí adentro, en un rincón: “La dirección de pensiones civiles en el mes de agosto de 1957 y siendo presidente el C. Adolfo Ruiz Cortínez, pone al servicio la unidad multifamiliar Tlalpan”.

 —La iban a tirar a la basura –explica Gastón Gallardo mientras intenta levantar la pesada plancha de cobre.

Estamos en uno de los refugios temporales del multifamiliar, en un cubículo de apenas el tamaño de un baño, donde este joven escultor se ha dedicado a acumular ruinas: cualquier objeto referente al sismo que pase por sus manos termina aquí.

—Desde el principio –dicenos interesó cómo se construía la figura heroica del rescatista que salió el 19S con su casco y su chaleco. El puño en alto en cada portada. ¿Qué queda de eso?

Como miles, Gastón perdió su hogar. El departamento en Coapa donde vivía con sus padres quedó dentro de uno de los muchos edificios declarados inhabitables. Hace meses, se anunció que el inmueble contiguo será reconstruido, pero se le agregarán dos niveles que serán vendidos para financiar la obra. Basta recordar el desplome del Colegio Rébsamen, Galerías Coapa o el Multifamiliar Girasoles para entender la preocupación por un suelo sobrecargado de condominios y plazas comerciales.

Agregar más peso no es una solución –se queja Gastón mientras ordena su colección de miniaturas de la perra Frida–. Pero la ley solo ofrece esas dos formas de reconstruir: redensificar –añadir departamentos a la construcción, ya sea aumentando el número de pisos o reduciendo la superficie de los departamentos– o créditos. Pasamos de damnificados a deudores en automático.

Luego de bloquear la calzada de Tlalpan una y otra vez, los damnificados del Multi” son de los pocos que han logrado negociar una reconstrucción con fondos públicos. Ni así bajan la guardia: “¿por qué no conocemos el proyecto ejecutivo?”, se les escucha murmurar, “¿quién decidió que esa fuera la empresa constructora?”, “¿por qué aceptaron reconstruirnos solo a nosotros?”.

 —El damnificado tiene una fortaleza: todo lo que sabe ahora de la ciudad, todo su poder de organización. Por eso se le quiere borrar del mapa –Gastón señala las revistas y periódicos que se apilan sobre la mesa–. Las notas de los damnificados son cada vez más esporádicas. Por eso, yo digo que este archivo es también una ruina. ¿Qué queda de todo este imaginario heroico? No mucho. Se derrumbó hace meses. Mediáticamente, el héroe del 19 de septiembre está muerto.

Desde el edificio Centauro, colonia Doctores

—¿Se dan cuenta de lo que me dicen?

Quien pregunta es Ricardo Becerra. Es 13 de enero del 2018 y él trabaja todavía como comisionado para la reconstrucción de la Ciudad de México. La escena sucede en el Sanborns del World Trade Center: sobre la mesa reposan varias carpetas llenas de dictámenes y estudios sobre el edificio Centauro en la colonia Doctores, algunos pagados por los vecinos que hoy intentan negociar con él para que el edificio no sea demolido. El último dictamen, avalado por el coordinador del Colegio Nacional de Ingenieros Arquitectos de México, es claro: el edificio puede rehabilitarse.

Doctor, buenas tardes –habla con Renato Barrón, director del Instituto para la Seguridad de las Construcciones (el ISC)–. Fíjese que estoy aquí con los vecinos de Centauro... tienen unos súper dictámenes, ¿eh? Sí, sí. Y usted tiene una sólo la Cédula de Evaluación Postsísmica para avalar la demolición. ¿En serio es todo lo que tiene el instituto? Es que está canijo, doctor.

 Así recuerda Leslie Nequiz aquella charla. La historia se repite y no es la primera vez que ella, propietaria de un departamento en Centauro, pasa por este trance. La unidad habitacional Morelos, a la que pertenece el Centauro, carga con antiguos cuestionamientos sobre la seguridad de sus diez edificios. Construidos a finales de los sesenta por el arquitecto Guillermo Rossell, los “soldominios” fueron un emblema de la ciudad por su estilo funcionalista, su altura, sus murales y espacios recreativos. Pero desde el sismo de 1985, el fantasma de la demolición los persigue. La última vez fue en 2014. Héctor Serrano, entonces secretario de gobierno, declaró que el edificio Centauro corría un alto riesgo de desplome y debía ser desalojado. Los vecinos desconfiaron y pidieron un dictamen a la delegación. El resultado: Centauro necesitaba reparaciones pero era seguro, estaba bien construido. A la fecha sigue en pie.

 Aquella mañana de enero, para conciliar todos los puntos de vista –incluso entre otros vecinos que avalaban la demolición–, Ricardo Becerra acordó pedir una opinión técnica a cargo de Sergio Alcocer, “probablemente uno de los estructuristas más importantes del país”. El resultado se entregó el 15 de febrero y volvió a darles la razón a los vecinos: la rehabilitación era posible. Poco duró el festejo: al mes siguiente, el comisionado renunció a su cargo en protesta por el mal manejo de los recursos para la reconstrucción.

 —Todo quedó en el aire. El instituto nos dijo que nuestro dictamen no servía –explica Leslie–, que Alcocer no era autoridad, que demoler y reconstruir sería más barato.

Sin hogar, la paciencia se agota pronto. La organización vecinal del edificio Centauro comenzó a mermarse. Hoy casi todos se decantan por demoler; incluso Leslie y su marido: que se demuela, dicen, pero que todo sea apegado a la ley. Que se hagan los estudios pertinentes. Que el proyecto sea avalado por los vecinos. Que se respete a quienes no cuentan con escrituras. Que la reconstrucción no sea un mero negocio. No hablan en vano: hace unas semanas promovieron un amparo contra el jefe de Gobierno, la Asamblea Legislativa y al ISC, entre otras autoridades,  por violar el debido proceso de la reconstrucción del edificio Centauro.

Desde la colonia Juárez

El trabajo de Pablo Gaytán, doctor en ciencias sociales por la Universidad Autónoma Metropolitana, que analiza las disputas por el suelo urbano, ha hecho que algunas organizaciones vecinales acudan a él como mediador para negociar con las inmobiliarias.

Respecto a la redensificación, el año pasado me tocó atestiguar un caso singular en la calle Liverpool, en la colonia Juárez –explica Gaytán–. La inmobiliaria proponía redensificar el inmueble para hacer viviendas de interés social. El problema es que la propuesta contemplaba reducir la extensión de los departamentos que ya existían; la construcción de las viviendas populares, mucho más pequeñas y emplazadas en la azotea, se costearía mediante un fideicomiso estatal. Es una lógica nociva porque la inmobiliaria percibe diversas ganancias: la condonación de impuestos por su “responsabilidad social”, que el gobierno financie los créditos de las personas con bajos recursos y el aumento exorbitante de las rentas.

 Aumentar el número de rentas por cada predio de la ciudad, construir condominios más altos y departamentos cada vez más pequeños; levantar torres que alberguen viviendas, oficinas y centros comerciales al msimo tiempo. Eso parecen entender los desarrolladores cuando se habla de “redensificación”, una idea que ronda la capital desde hace varios años. El concepto de “ciudad vertical” o “ciudad compacta” se instaló con la promesa de detener el crecimiento de la mancha urbana, aprovechar la infraestructura existente en la zona céntrica –más barato que dotar de servicios a los suburbios– y evitar los largos traslados.

Ya en 2011 arquitectos como Alberto Rimoch proponían la redensificación como una medida para mitigar los problemas de hábitat y, en el 2013, Simon Neumann, titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, festejaba la estrategia: “se trata de crear ciudades dentro de la ciudad”, llegó a decir. Por supuesto, no todos ven con buenos ojos que una ciudad lacustre y altamente sísmica quiera parecerse a Manhattan. Sin infraestructura vial suficiente ni una cobertura total de los servicios básicos, redensificar la ciudad suena como una invitación a la barbarie.

La redensificación es una política en favor del capital inmobiliario, no en favor de la ciudad –fulmina Gaytán–. El sismo ofreció la excusa perfecta para implementarla a fondo, eso es lo que yo veo. El mismo término de “resiliencia”, por ejemplo, muy usado por las autoridades y que se refiere a la capacidad de adaptarse a las circunstancias adversas, a la catástrofe, tiene un lado perverso. Porque en ese proceso de adaptación se le obliga al ciudadano a aceptar condiciones que de otra manera jamás habría permitido.

Desde la calle Enrique Rébsamen, delegación Benito Juárez

Mónica Romero hizo todo lo posible por no salir a bloquear las calles. Luego de perder su departamento, ubicado en un edificio ya demolido en la colonia Narvarte, comenzó a coordinar mesas de trabajo con sus vecinos, asistió a juntas todas las noches, consiguió encuentros con cuanta autoridad fuera necesaria. Abogada de profesión, pidió de forma reiterada que se les permitiera, a ella y a los damnificados de la Benito Juárez,  participar en la redacción de la Ley de Reconstrucción y sus lineamientos; cuando se le negó, señaló cada una de sus omisiones. Fue en vano. El 9 de noviembre, junto con medio centenar de vecinos de la Benito Juárez, cerró avenida Universidad de manera intermitente para exigir que se considerara dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación a los damnificados del sismo.

Yo a veces pienso que la clase media somos personas... grises –dice ahora–. No nos involucramos: tenemos trabajos, compromisos, un estilo de vida que no siempre permite ir a una marcha o una asamblea. Cerrar calles, afectar a la ciudadanía, era lo último que queríamos.

Sobrevivir a una tragedia implica, muchas veces, ser olvidado. Se registran los muertos y las historias de éxito. Quienes quedan en medio comienzan a aburrirnos pronto: las exigencias se convierten en quejas, las necesidades se politizan. “El sismo no fue culpa nuestra”, han llegado a decirles algunas autoridades a los damnificados de la Benito Juárez; “quieren todo gratis”, claman las redes sociales. La última vez que Mónica Romero participó en un bloqueo –en Insurgentes a la altura de Xola, el 29 de junio– no faltó quien se mofara de las consignas y les mentara la madre.

El empleo de los recursos para la reconstrucción en la capital es todavía un misterio. De acuerdo con la plataforma Fuerza México, el Fondo Nacional para la Atención de Desastres Naturales (Fonden) asignó a la capital más de 318 millones de pesos para reconstruir el sector naval, pese a que no existen puertos en la Ciudad de México. Y apenas en julio, el jefe de Gobierno aseguró que se cuenta con 2,500 millones de pesos provenientes del Fonden –los cuales deben ser destinados solo para vivienda–, además de otros 600 millones en el Fideicomiso para la Reconstrucción, esperando ser reasignados por la Asamblea Legislativa. Por su parte, la Comisión para la Reconstrucción desconoce la razón de que solo se hayan ejercido 286 millones de pesos de los seis mil millones aprobados a doce dependencias distintas. Se ha dado cuenta de otros datos escandalosos, como el de la delegación Coyoacán que, según reveló la organización Nosotrxs, solicitó 159 millones de pesos adicionales del Presupuesto de Egresos para comprar tabletas electrónicas, o el de la Benito Juárez, que pidió 150 milllones para poda de árboles, olvidando por completo solicitar recursos para los damnificados. A mediados de agosto, el periódico Reforma reveló cómo se habían desviado diecisiete millones de pesos para reforzar un talud sobre el cual fueron construidos fraccionamientos de lujo en Santa Fe y que presentaba daños desde el 2015.

Por eso nosotros pedimos reconstrucción y rehabilitación a fondo perdido –dice Mónica–. Después de once meses de trabajo diario sabemos que existen los recursos. Se nos niega esto a nosotros justo porque somos clase media. Así lo marcan los lineamientos: como vivimos en la Benito Juárez y tenemos un buen nivel de vida, como nuestros departamentos miden cien metros, no podemos acceder a la rehabilitación o reconstrucción con fondos públicos porque no somos “personas vulnerables”. Se les olvida a las autoridades que aquí hay gente de la tercera edad, que ya no puede acceder a un crédito, que los departamentos que ellos tienen fueron pagados por hipotecas. Que ellos ya no pueden rehacer su vida. Tampoco estamos de acuerdo con redensificar a costa de los vecinos: sufrimos ya serios problemas de agua y movilidad. La Asamblea Legislativa no quiere abrir un periodo extraordinario de sesiones para aprobar los millones de pesos que deberían destinarse a la reconstrucción. Los recursos están ahí pero el tema está politizado, esa es la verdad.

Desde Xochimilco y Tláhuac

Poner de acuerdo a cincuenta familias es una faena monumental. Lo sabe Rebeca Moreno, quien ha seguido de cerca las organizaciones vecinales desde Ciudadanía 19S, una plataforma conformada por distintas organizaciones, arquitectos, urbanistas, abogados, expertos en derechos humanos y periodistas.

—¡Es un megarrollo! –ríe–, porque hay muchas disputas internas entre los vecinos y mucha improvisación por parte de las autoridades.

La organización es necesaria. Sobre todo cuando se trata de avanzar a través de un laberinto de trámites y dependencencias para lograr que un edificio se rehabilite o se demuela. Hace falta conseguir un dictamen general, uno estructural, inscribirse en la Plataforma para la Reconstrucción, acudir con la Sobse, la Seduvi, el Invi, el isc, obtener un estudio de mecánica de suelos, hacer asambleas cada noche, buscar un proyectista, convertirse en experto en políticas públicas y en ingeniería. No son pocos los que tiran la toalla. El predio baldío o el edificio dañado se convierten en el principal enemigo a vencer, sin importar las condiciones.

Lo principales problemas son la falta de transparencia y la falta de certeza jurídica en la reconstrucción –explica Moreno–. Hubo muchas demoliciones sin dictamen, y a la fecha a muchos no les han mostrado su proyecto ejecutivo y no saben si la construcción se pagará a fondo perdido, como les prometieron, o si van a endeudarse, ni si van a redensificar... nada.

—¿Qué pasa con los damnificados que no tienen escrituras?

Ese es otro tema. ¡El 50% de la ciudad no cuenta con escrituras! Y solo se contempla a quien pueda acreditar la propiedad; los otros corren el riesgo de ser despojados.

—¿Qué sucede con los damnificados más vulnerables, los que no cuentan con el tiempo y los recursos para organizarse?

Justo acabo de ir a San Gregorio, en Xochimilco. Ahí tenían identificados a mil seiscientos damnificados. En la Plataforma para la Reconstrucción se han inscrito poco más de quinientos. Ahí hubo un proceso de demolición arbitrario, a lo loco. Y una reconstrucción lentísima. Porque el suelo de Xochimilco está muy dañado. Hace poco entró maquinaria pesada a San Gregorio: las máquinas se hundieron, tuvieron que rescatarlas. Sucede lo mismo en Tláhuac: el suelo está lleno de grietas y cavernas. Ahí lo que pasó es que se repartieron dádivas durante las elecciones. Los partidos regalaron cemento, varilla, tabiques... aunque los dictámenes de los geólogos ya no recomiendan reconstruir en esa zona, ¡menos con autoconstrucción, sin apego a ninguna norma! Si tú vas a Tláhuac ves casas volando, al borde de grietas de varios metros de profundidad.

Desde la calle Escocia, Coyoacán

Patricia Frola acaba de salir de una junta con sus vecinos en el parque Hidalgo, en Coyoacán. Son las dos de la tarde del primer domingo de agosto y esta debe ser la décima reunión en la que los damnificados de Escocia 29 discuten cuál será la constructora encargada de levantar su nuevo hogar. Tienen una lista de quince e intentan revisar minuciosamente las propuestas técnicas de cada una, sus permisos y antecedentes. Este grupo de vecinos es quizá el más adelantado en el proceso de reconstrucción.

Ha habido discusiones encarnizadas entre nosotros, no te creas –reconoce Patricia–. Pero hemos sabido anteponer el bien común. Tenemos, por ejemplo, seis casos de vecinos sin escrituras. Es un tema delicado porque nadie quiere hablarlo. Decidimos resolver el problema entre todos: la ley no dice mucho al respecto, así que lo consultamos con el comisionado, hicimos mesas de trabajo y hoy tenemos asesoría del Colegio de Notarios para que revisen esos casos. Esto es lo que se ha generado entre vecinos: una fraternidad real.

Las tres torres de Escocia 29 quedan muy cerca de avenida Tlalpan, por el metro General Anaya. En primavera, dice Patricia, la calle es una alfombra de jacarandas. Amaba vivir ahí pese a que no conocía a ninguno de sus vecinos. Ignoraba que en la pequeña comunidad todos eran profesionistas y que había tres arquitectos habitando el mismo suelo. El sismo del 19 de septiembre cambió no solo el paisaje y la estructura del subsuelo: la necesidad y la emergencia hermanó y confrontó a quienes antes apenas se daban los buenos días.

Hoy, Escocia 29 ha aceptado reconstruir a cambio de redensificar el terreno y agregar 35% más de construcción. Tienen casi todos los trámites listos, incluso el proyecto arquitectónico. El gobierno de la ciudad suele referirse a ellos como un ejemplo de civilidad y proactividad ante el desastre.

La ley en ningún momento nos contempla como sujetos a fondo perdido –dice Patricia–, eso hay que entenderlo. Por otro lado, y esta ha sido una de las discusiones más duras entre nosotros, el Invi sí nos ofrecía reconstruir sin crédito y sin redensificar. Pero ¿cómo lo hacía? Sin ninguna certeza. Su titular, Raymundo Collins, ni siquiera nos dejaba grabarlo, ni acceder a las minutas; y sin una firma de por medio no sentimos confianza. Además: ¿has visto los edificios del Invi? ¡Por favor! Son los edificios que construyó en el 85, feos, sin amenidades, sin nada. ¿Dónde queda nuestra plusvalía? Nosotros compramos aquí porque era Coyoacán, por lo que representa. Es por eso que optamos por la redensificación.

Ahora Patricia vive en Iztapalapa con su madre, pero su dirección postal sigue siendo Escocia 29. A veces, cuando conduce por la ciudad, no puede evitar dirigir su auto hacia la calle de las jacarandas. Las costumbres suelen pesar más que los mismos edificios.

Desde el multifamiliar Tlalpan

 Resulta difícil saber cuánto dura un terremoto. De acuerdo al Servicio Sismológico Nacional el movimiento de una falla tectónica puede durar apenas unos segundos, aunque un sismógrafo puede registrar varios minutos. “Si ponemos juntos a una persona y a un sismógrafo a medir la duración de un sismo, la persona reportará un tiempo de movimiento bastante menor al que reportará el aparato, debido a que la persona solo siente la parte más intensa del movimiento”. Sin embargo, para muchos el suelo no ha dejado de moverse.

—El sismo no ha terminado –dice Iván Martínez, damnificado del edificio 4A del multifamiliar Tlalpan–. Todos los días hablamos con damnificados que no tienen ni siquiera un dictamen de sus casas. Esto es así porque las autoridades se han dedicado, durante meses, a administrar el desastre con fines políticos,  no a resolver. A nosotros, como Damnificados Unidos, nos han dicho que somos intransigentes, radicales, agresivos. Pero eso no fue de la noche a la mañana. En las primeras mesas de negociación pedíamos las cosas por favor, de buen ánimo. Fue la indolencia, la cerrazón repetida lo que nos hizo endurecernos.

Si uno pasea hoy por los pasillos y jardines del multifamiliar Tlalpan percibirá una calma tensa. Ni los vecinos cargando muebles, ni las pequeñas asambleas al pie de los edificios logran romper el silencio suspicaz que llena el aire. Los campamentos parecen vacíos en su mayoría; cerrados todos.

Inaugurado en los años cincuenta, sobre tierras de cultivo, hoy el multifamiliar es una vivienda de interés social en una delegación con alta plusvalía, todos los servicios cubiertos y sobre una de las avenidas más importantes de la ciudad, a tiro de piedra de una estación del metro.

El ambiente está enrarecido, sí –confiesa Iván–. Es porque el multifamiliar es oro molido para muchos. Los intereses de las inmobiliarias, de las constructoras, operan a nivel de campo. Eso es una realidad. Lo hemos visto, todavía están allí.

—¿Quiénes?

Cabilderos, gestores que se acercan a ti a ofrecerte comprar tu terreno, a ofrecerte redensificar, a ponerle precio a tu casa.

—¿Hablaste tú directamente con ellos?   

En las primeras semanas, sí. Parece un mito pero, cuando te ocurre, no puedes evitar sentir miedo. Entiendes que el despojo es algo que en verdad puede suceder. La última vez fue con un chavo, de unos veintiocho o treinta años. Bien vestido, de camisa y botas amarillas, barba y lentes de pasta. Nosotros dábamos rondines en la noche para evitar cualquier saqueo. Él se acercó a nosotros y nos lo dijo así, que nuestros predios valían mucho, que por qué no construíamos, no sé, una plaza comercial, que habláramos con nuestros vecinos. Que saldríamos ganando, que pensáramos en nuestro futuro. “Tranquilo”, le dije, “ya veremos qué hacer, no adelantes vísperas”. Esas voces siguen ahí, muchos vecinos sí han comprado esa idea. ~

 

 


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