“Tenemos que fortalecer a la ciudadanía, no al gobierno”: Entrevista a Alberto Athié | Letras Libres
artículo no publicado
Foto: Benjamín Flores / Procesofoto

“Tenemos que fortalecer a la ciudadanía, no al gobierno”: Entrevista a Alberto Athié

Luego de su renuncia al Consejo Consultivo de la CNDH en protesta por la designación ilegal de Rosario Piedra, el activista habla sobre la importancia de una Comisión autónoma.

Alberto Athié renunció a la Iglesia Católica luego de denunciar los crímenes de Marcial Maciel, cuando descubrió que la Iglesia encubría sistemáticamente a pederastas en todo el mundo y se oponía a la búsqueda de la justicia para las víctimas. En 2017 presentó una denuncia ante la PGR contra el cardenal Norberto Rivera por el presunto encubrimiento de pederastia. En 2016 se integró al Consejo Consultivo de la CNDH para atender el grave problema de derechos humanos que vive México, con un particular interés en los niños, pero presentó su renuncia en 2019, en protesta por la designación ilegal de Rosario Piedra como presidenta de la Comisión. Es cercano a Javier Sicilia y ahora medita la posibilidad de un frente común para exigir al nuevo gobierno que atienda la violencia que azota al país.

¿Qué piensas de Rosario Piedra y de la nueva CNDH?
Lo que te puedo decir es que yo conocí a su madre, Rosario Ibarra de Piedra, y conocí a Eureka. En Eureka conocí a mujeres e hijos que estaban buscando a sus padres desaparecidos por el gobierno en los años sesenta y setenta. Quiero decirte que a Rosario Piedra nunca la vi directamente militando en la lucha por encontrar a su hermano desparecido o a otros.

A mí lo que me resulta complicado es que ella aparece en una terna que ha sido organizada y formada por senadores principalmente de Morena, pero ciertamente con la aceptación o el reconocimiento –desconozco allí los detalles– de los demás senadores. Pero en el Consejo Consultivo de la CNDH habíamos hecho un ejercicio que a mí me parecía fantástico. Era un movimiento que se llama CNDH Autónoma, creado por varias organizaciones de la sociedad civil. Se abría una convocatoria y se llenaban unos requisitos. Después había un parlamento abierto donde las organizaciones hablarían ante el Senado. Las senadoras y senadores darían sus puntos de vista sobre las candidaturas. Y luego vendría un proceso de selección con base en algunas preguntas e indicadores que ellos harían. Ese modelo de convocatoria era un avance hacia una democratización porque la CNDH viene de ser una oficina de la Secretaría de Gobernación, luego logró una autonomía constitucional en la ley. Desde luego estaban los jaloneos internos de siempre, yo me opuse a ellos anteriormente y durante mi presencia en el Consejo Consultivo.

Se ha señalado que la CNDH de una u otra forma siempre ha estado capturada por los grupos de poder en turno. ¿A eso te refieres como jaloneos?
Sí, había presiones en el nombramiento del presidente de la CNDH.

¿Hubo siempre intereses en juego que minaran la autonomía de la Comisión?
En el Consejo estuve dos años y luego yo me retiré casi un año. Viví la decisión para elegir al presidente Luis Raúl González Pérez. Nosotros nos opusimos a la reelección del presidente anterior, Raúl Plascencia Villanueva. Pero hubo un jaloneo adentro y con la izquierda. La izquierda quería ver cómo se conformaba la terna y quién quedaba, y luego también, qué tipo de actividades podría o no tener.

Entonces, ¿cuál es la diferencia con lo que sucedió con Rosario Ibarra?
La diferencia es la exageración y la ruptura de todas las reglas del juego, no la injerencia. Nosotros queríamos terminar con la injerencia, pero nos dimos cuenta de que estaba complicado terminar de golpe con ella. Pero por lo menos pedíamos que hubiera cada vez más transparencia, más democratización, más seguimiento a las reglas del juego.

Y su nombramiento fue en contra de ese espíritu.
Fue en contra del espíritu desde que nombran esa terna, no tomaron en cuenta ningún elemento del proceso anterior, no hicieron una valoración de los candidatos. Y luego impusieron esa terna en cuatro ocasiones; las tres primeras no lograron obtener las dos terceras partes. En Morena estaban muy molestos porque el presidente Andrés Manuel había expresado públicamente que le chocaban Luis Raúl y su modelo de ejercicio de la autoridad en la CNDH y que prefería un perfil como el de Rosario. Ya había expresado de manera directa y abierta lo que él quisiera que pasara.

¿En tus años como miembro del Consejo Consultivo nunca te tocó una injerencia de tal nivel, de tal magnitud?
No, nunca me tocó. Lo que sí te puedo decir es que cuando se estaban preparando algunas recomendaciones o informes, lo que se veía era la pertinencia de decir lo que se iba a decir, cómo decirlo, de acuerdo. Pero fuimos notando que Gonzáles Pérez fue ganando libertad de expresión y la capacidad de decir cada vez más claramente qué estaba pasando en materia de derechos humanos en el gobierno de Peña Nieto. Íbamos caminando hacia una expresión más libre, más autónoma, más clara de la problemática y de las expresiones que se derivaban de esos diagnósticos, informes, recomendaciones generales, recomendaciones específicas.

Pero lo que a mí me generaba ruido era que en algunos casos no había un pronunciamiento. Por ejemplo, en los casos de abusos de niñas y niños. Yo entregué toda la información de lo que estaba pasando en México, entregué la recomendación del Comité de los Derechos del Niño a México, de que había muchos casos y no se investigaba. Él recibió todo eso. Pero también recibió el caso de la señora Wallace, recibió el caso de Israel Vallarta y Florence Cassez. Recibió de mi parte la problemática sobre las personas con discapacidad y qué hacer para mejorar los modelos de atención a sus derechos. Discutimos los temas de Coahuila y Allende, en particular Piedras Negras. Hablamos sobre la posibilidad de abrir un espacio para discutir sobre Ayotzinapa y lo que implicaba que la magistratura de Tamaulipas hubiera determinado reabrir el caso y hacer procesos.

Tú decidiste postularte para presidir la CNDH, aunque no llegaste a formar parte de la terna. ¿Cuáles eran los temas que querías poner sobre la mesa?
Uno de los temas es que no podemos nosotros calificar de corrupto el pasado inmediato. Que si encontramos causales de corrupción hay que tipificarlas, investigarlas, perseguirlas, y en su caso llevar ante las autoridades correspondientes a los responsables. Pero decir que el pasado inmediato es corrupto me parece tremendo.

El modelo de represión es una forma de ejercicio autoritario hegemónico del poder que se puede repetir. Yo digo no a esos modelos. Entonces, se fueron generando procesos de autonomías legítimas. La CNDH, el INE, INAI y otras fórmulas alcanzadas por la ciudadanía y luego reconocidas legalmente son formas auténticas de equilibrar y contrarrestar la hegemonía del poder político sobre todos los campos, que no permitía que nadie alzara la voz por encima de su capacidad propia de control del poder.

Uno de los casos emblemáticos del pasado es el de Ayotzinapa. ¿Qué futuro le auguras a ese caso, sobre todo bajo esta nueva CNDH, y después del reciente comentario del presidente, eximiendo al Estado?
Yo creo que lo primero que habría que definir es qué entiende el derecho internacional por crimen de Estado, porque si no, cometemos errores muy graves como el que cometió el presidente.

Crimen de Estado, desde el punto de vista del derecho internacional puede ser un crimen de acción, en el que el Estado reprime, aplasta y desaparece, como en el 68. O puede ser por negligencia, por omisión, por falta de ejercicio de su poder como Estado frente a una problemática que se está enfrentando en una situación determinada. Por ejemplo, el caso Radilla es un crimen de Estado. Radilla era un señor al cual el ejército desapareció y probablemente término asesinándolo y ocultando su cuerpo, su cadáver. Es una acción del Ejército Mexicano. El responsable directo inmediato es el ejército ¿Por qué llegó a ser crimen de Estado? Porque se ocultó durante mucho tiempo la responsabilidad. Incluso cuando Olga Sánchez Cordero pidió perdón a nombre del Estado mexicano por lo sucedido contra la Guerrilla 23 de Septiembre, no estuvo presente el ejército, que eran los directamente implicados. Ellos habían desaparecido y probablemente asesinado a estas personas.

¿Cómo puede incurrir en un crimen de Estado Andrés Manuel y su gobierno en el período actual? En que no lleva a cabo las investigaciones necesarias para esclarecer todo lo que sucedió con esos jóvenes, en donde parece que hay implicada gente del municipio o de los municipios, gente del estado de Guerrero, gente de la policía municipal, estatal, federal, gente del Ejército Mexicano y gente de Gobernación que tenían conocimiento de lo que estaba sucediendo en ese lugar con respecto al traslado de la heroína de Guerrero hasta Chicago. Obviamente no todos tienen la misma responsabilidad ni la misma acción deliberada de actuar en contra de unos muchachos. Pero la responsabilidad es de todo el Estado, porque no esclarece. Entonces, Andrés Manuel puede estar cometiendo hoy crimen de Estado, no porque actuó deliberadamente para hacerle daño a esos muchachos o quitarlos del camino, sino porque no está esclareciendo el asunto totalmente y puede estar ocultando cierto tipo de información.

Eres cercano a Javier Sicilia, y hay quienes especulan sobre un frente común.
Javier y yo somos amigos desde hace muchísimos años. Lo que ahora nos está volviendo a acercar no son solo los sufrimientos que él tuvo y que tuvieron los LeBarón. Estuve en el nacimiento del Movimiento por la Paz, yo lo acompañé y lo he seguido. Él está muy preocupado porque Andrés Manuel no solo no hace lo que dijo que iba a hacer en materia de buscar la paz para México, sino que sus acciones están generando más problemas.

Además de ese tema, yo estoy preocupado por la militarización del país. Le dije a los senadores “No claudiquen a su mandato” cuando iban a votar la Ley de Seguridad Interior. Y le dije a Calderón que sacar al ejército a la calle no era la solución para la problemática para la seguridad, que lo que se requería era una política de Estado.

México es un país quebrado en dos por la injusticia estructural que vivimos. Las desigualdades son un hecho. Pero el presidente cree que para llegar a la justicia social hay que acabar con los logros alcanzados: las autonomías legítimas, los procesos de democratización que hemos obtenido en luchas históricas del 68 para acá. Lo cual me parece absurdo. Yo sí creo que necesitamos decir sí a la justicia social, estructural, pero con procesos de autonomías legítimas, con procesos de estado de Derecho en materia de derechos humanos, con procesos de ciudadanización. Lo que tenemos que fortalecer es a la ciudadanía, no al gobierno.

¿Vas a salir a la calle con él?
Yo quiero respetar todo lo que él considere que tiene que hacer y ver si podemos coincidir en algo. Yo creo que hay ciertas formas de marchar que a este gobierno no le importan y no respeta. Me parece preocupante. Y hay otras formas que son agresivas e impositivas con las cuales busca negociar. Por ejemplo, las manifestaciones de los normalistas de Tenería, en donde ellos marcharon, sí pero teniendo una carta bajo la manga para negociar: el secuestro de los choferes y de los camiones y los bloqueos a las vías de comunicación. Entonces el gobierno cede a la negociación para que abran las vías de comunicación, pero cede también su legitimidad y la legitimidad de las aspiraciones de la sociedad. Si para negociar hay que hacer eso, estamos cayendo precisamente en esos modelos antiguos de grupos de presión que se apropiaban de cosas con tal de obtener beneficios. No estoy de acuerdo con eso.