Los costos de la violencia | Letras Libres
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Los costos de la violencia

Un análisis del IEP revela lo que la percepción pública intuye, que el panorama de violencia en el país es poco alentador. Dado que la violencia es un fenómeno multifactorial que no solo tiene que ver con el crimen organizado, el enfoque y las acciones orientadas a contenerlas deben ser concretas y amplias.

El 9 de abril, el Institute for Economics and Peace (IEP) presentó el Índice de Paz México 2019, un informe que aporta evidencia cuantitativa para desarrollar políticas públicas orientadas a la creación de una sociedad menos violenta. El panorama para el país no es optimista. 2018 es el tercer año consecutivo donde el nivel de paz –la medición de cinco indicadores a nivel estatal: homicidios, delitos con violencia, delitos cometidos con armas de fuego, cárcel sin sentencia y crímenes de la delincuencia organizada– fue a la baja y la tasa de homicidios se incrementó. El impacto de la violencia no es solo social, sino económico. Provoca importantes pérdidas como consecuencia de los daños a la propiedad, lesiones físicas y psicológicas, cambios en los modelos de inversión y consumo y el desvío de recursos a medidas de protección. Tan solo el año pasado, la violencia costó 5.16 billones de pesos (268 mil millones de dólares), es decir, 24% del PIB. De seguir esta tendencia, el desarrollo del país se vería frenado.

En comparación con otros países, México gasta únicamente el 0.81% del PIB en fuerzas policiales y fortalecimiento del sistema judicial. El resto de los países que forman parte de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) gastan en promedio el doble, lo que lo coloca en el último lugar de los 33 países que integran la organización. Si bien ha habido un incremento en el gasto público en materia de contención de la violencia –gasto en seguridad interna, gasto en el sistema judicial y gasto militar–, este sigue siendo insuficiente para atender los altos índices de violencia. Carlos Juárez Cruz, director en México del IEP, considera que los incrementos presupuestales no van en proporción con el aumento de la violencia. “Los demás países no tienen una crisis de violencia como México, por lo que el gobierno no debería de darse el lujo de invertir tan poco en esta materia. Habría que invertir más y mejor, de manera estratégica”.

Durante su conferencia matutina del lunes 8 de abril, el presidente López Obrador reconoció que la violencia es una “asignatura pendiente” de su gobierno: “Nos va a llevar más tiempo el que podamos bajar de manera considerable la incidencia delictiva, porque no había una estrategia para la seguridad pública. No existía”. Su programa de seguridad contempla reuniones de lunes a viernes con el gabinete de seguridad para conocer el panorama de la violencia y tomar decisiones. Las cifras que arrojan el reporte de estas juntas, sin embargo, tienen una diferencia del 20% con respecto a las que mensualmente presenta el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). Por ejemplo, en enero, el conteo diario del Ejecutivo registró 2,326 asesinatos, mientras que el SESNSP contabilizó 2,853 homicidios. La disparidad en las cifras revela que las autoridades no tienen un panorama claro, no han dimensionado la magnitud del problema y sus consecuencias inmediatas.

En el IEP han detectado que los homicidios son la principal causa del deterioro del índice de paz en el último año. De 2017 a 2018, la tasa de homicidios a nivel nacional incrementó un 14%, alcanzando un nivel máximo histórico de 27.2 asesinatos por cada 100 mil habitantes. La tendencia también está presente a nivel estatal, pues en 23 de los 32 estados, el homicidio fue el delito que más se elevó. Uno de los casos más dramáticos es Quintana Roo, donde la violencia tuvo un alza del 106%. Para Juárez Cruz esto no es ninguna novedad: desde hace tres años en el IEP habían advertido sobre el deterioro que vivía el estado, pero no se tomaron las medidas adecuadas a tiempo. Baja California, Guerrero, Colima y Chihuahua son los otros estados con niveles más altos de violencia. En contraparte, los estados más pacíficos son Yucatán, Campeche, Tlaxcala, Chiapas e Hidalgo. Baja California Sur, Sonora y Sinaloa son los estados con mejoras en los indicadores de paz. Esto lo lograron gracias a la ejecución de programas enfocados en atender problemáticas locales a través de la acción conjunta entre gobiernos locales, ciudadanos y organizaciones civiles.

De acuerdo con Juárez Cruz, hay en el país un déficit de impartición de justicia que posibilita el clima violento. Del total de carpetas de investigación que se abrieron en 2017, menos del 3% se cerraron con una sentencia, lo que representa una tasa de impunidad por arriba del 97%. Una de las principales causas es la falta de jueces y magistrados. En otros países se tiene un promedio de 16 jueces por cada 100 mil habitantes, mientras que en México el índice es de 3.5. También el número de elementos de seguridad pública es bajo. Por cada 100 mil habitantes hay 110 policías. En palabras del director nacional del IEP, “el sistema de seguridad pública está rebasado por la realidad”. Las instituciones actuales no cuentan con recursos suficientes, no funcionan de manera óptima y su capacidad para resolver casos es reducida. “Si la violencia es extraordinaria, necesitaríamos tomar medidas extraordinarias porque con los aparatos de justicia actuales no podemos responder a la crisis”, afirmó.

Resulta alentador que el presupuesto destinado a los ministerios públicos estatales se incrementó 20%, lo que hizo posible la apertura de nuevas agencias ministeriales, la contratación de especialistas en atención de delitos graves en la tercera parte de los ministerios y el incremento del personal en las procuradurías estatales. Esta es una de las medidas para fortalecer el sistema judicial.

En 1964, el sociólogo noruego Johan Galtung definió la paz negativa como la ausencia de violencia o el momento en que tras un conflicto armado persisten las tensiones y no hay paz estable, mientras que la paz positiva consiste en la resolución constructiva de conflictos y la restauración de relaciones. Galtung establece ocho pilares que indican la creación de un sistema social donde las necesidades de los ciudadanos son atendidas sin recurrir a la violencia: buen funcionamiento del gobierno, distribución equitativa de los recursos, libre flujo de información, entorno empresarial sólido, alto nivel de capital humano, aceptación de los derechos de los demás, bajos niveles de corrupción y buenas relaciones con los vecinos. México se encuentra clasificado en el lugar 62 de 163 en el Índice de Paz Positiva. De acuerdo con el IEP, esto se debe a que cuatro pilares están debilitados: buen funcionamiento del gobierno, bajos niveles de corrupción, libre flujo de información y distribución equitativa de los recursos. De tal modo que el país se encuentra atrapado en un “círculo vicioso” donde las acciones encaminadas a terminar con la violencia no consideran la construcción permanente de la paz. Si no se atienden las causas y síntomas de la ilegalidad, será imposible que los niveles de violencia disminuyan.

La misma mañana en que se presentó el informe del IEP, el presidente López Obrador firmó un acuerdo con la alta comisionada por los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, para apoyar en la capacitación y supervisión de la Guardia Nacional y de esta manera evitar las violaciones a los derechos humanos cometidas por las Fuerzas Armadas.

La violencia es un fenómeno multifactorial que no se limita a las acciones del crimen organizado, pues también está presente en las interacciones entre los individuos. Las medidas que se utilicen para su combate deben ser concretas y encaminadas hacia el largo plazo. Para revertir la tendencia de violencia creciente, el IEP recomienda al gobierno mexicano no enfocarse únicamente en atender los factores que la provocaron sino en reforzar las instituciones y el sistema de justicia. Según Juárez Cruz, es difícil precisar los futuros impactos económicos de la violencia, pero de seguir esta tendencia, perderemos vidas, tiempo y la posibilidad de construir un país más solidario, más justo y más pacífico. “Desde hace doce años, la violencia se ha ido apoderando de la agenda pública, dejando atrás el desarrollo y la atención a problemáticas sociales. La crisis de seguridad ha acaparado la atención, los presupuestos y las estrategias. Así no se puede construir el futuro de un país”.

Con investigación de Karla Sánchez.