Las cuentas pendientes en la crisis de desapariciones | Letras Libres
artículo no publicado
Imagen: Presidencia de la República

Las cuentas pendientes en la crisis de desapariciones

Con el anuncio del reinicio de operaciones del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, el gobierno de López Obrador busca atender uno de los más oprobiosos problemas que el Estado mexicano no ha podido resolver: la abrumadora cantidad de personas desaparecidas y sin identificar.

El domingo 24 de marzo reinició operaciones el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas. Durante el evento en que fue presentada, el presidente López Obrador aseguró que la institución no tendrá “techo financiero”, pues los recursos provendrán de los ahorros obtenidos por la política de austeridad impulsada por su gobierno. “Es la herencia más triste y dolorosa que recibimos al llegar a este nuevo gobierno”, afirmó ante las familias de las víctimas, representantes de organizaciones civiles y autoridades federales y locales. Su compromiso contempla dar a conocer los primeros resultados del sistema en tres meses.

Hasta octubre de 2018, el número de personas desaparecidas en el país era de 37 mil 485. Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, Migración y Población, dio a conocer que actualmente la cifra asciende a 46 mil y que además hay 26 mil cuerpos sin identificar en los registros forenses.

En noviembre de 2017 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley General en Materia de Desaparición de Personas, Desaparición cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas. El objetivo de dicha ley era coordinar a los distintos órdenes de gobierno para prevenir, investigar, sancionar y erradicar los delitos relacionados con la desaparición, mediante la creación de la Comisión Nacional de Búsqueda, de comisiones locales y de un Registro de Personas Desaparecidas y No Localizadas. Sin embargo, fue hasta octubre de 2018 que se creó el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas como instancia dependiente de la Secretaría de Gobernación. 

A inicios de este año, el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México (MNDM), integrado por más de 70 colectivos y organizaciones de familiares de víctimas de desaparición, denunció que varios puntos establecidos en la ley seguían pendientes, entre ellos, las garantías para la intervención de los familiares en los procesos de búsqueda e investigación, la falta de un mecanismo extraordinario de identificación forense y la cooperación entre instituciones nacionales y locales.

Aunque en 2018 el entonces secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, instruyó a los estados a establecer sus comisiones locales de búsqueda antes de que terminara el sexenio, hasta este mes faltaban 19 por hacerlo. Sinaloa, Sonora, Puebla y Michoacán son cuatro estados que carecen de una institución especializada en la búsqueda de personas, pese a que tienen altos índices de desapariciones, según las últimas cifras del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas. Karla Quintana, titular de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), se comprometió a trabajar con las autoridades locales para que antes de septiembre operen las 32 comisiones locales.

En el Presupuesto de Egresos 2018, la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) recibió 468.9 millones de pesos. A mitad de año, su presupuesto fue modificado a 439 millones. Como revela una investigación de Animal Político, solo se gastaron 6.6 millones de pesos en el pago de personal eventual. Los 262 millones de pesos que se le entregaron a la Secretaría de Gobernación para que subsidiara las búsquedas estatales quedaron intactos porque las comisiones locales no se conformaron a tiempo y ninguna secretaría de Gobierno estatal solicitó recursos para tareas de búsqueda. Incluso, los 53.1 millones de pesos etiquetados para labores de campo y supervisión y los 3.1 millones para materiales y útiles de oficina no se ejercieron. López Obrador ha asegurado que la nueva CNB no tendrá límite presupuestal; aún así, en el Presupuesto de Egresos 2019 se le etiquetaron 400 millones de pesos, lo que representa una reducción en comparación con el año anterior. Del total de recursos, 193 millones se destinarán a la búsqueda de personas desaparecidas y 207 millones para los subsidios de comisiones locales. Por otra parte, el presupuesto destinado a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) para la atención de víctimas de desapariciones también se redujo un 17.17%. Según un análisis de Fundar Centro de Análisis e Investigación, “se deben asignar los recursos suficientes para garantizar una política de Estado frente a la crisis de desapariciones que México enfrenta actualmente”.

Durante el sexenio peñista, las autoridades no buscaron la vinculación con organismos internacionales para atender la crisis. En 2013, el Comité Contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas solicitó una visita oficial al país para conocer a fondo la crisis de desaparecidos. El gobierno rechazó la solicitud en cuatro ocasiones y solamente envió una delegación de funcionarios a Ginebra para que expusieran sus propuestas y escucharan las recomendaciones de los expertos. En la última reunión de seguimiento, en noviembre del 2018, el grupo de expertos cuestionó la falta de comisiones locales y la poca apertura del gobierno para permitir su intervención en el seguimiento de casos individuales de desaparición forzada. Daniel Figallo, uno de los expertos, señaló que los ciudadanos enfrentan miedo y desconfianza hacia las autoridades y los “laberintos burocráticos” contribuyen a que prevalezca la impunidad.

Uno de los ejes del plan de la administración actual es reforzar los lazos con organismos internacionales para fortalecer los mecanismos de búsqueda. En marzo de este año, el gobierno aceptó las recomendaciones sobre desapariciones de personas que veinticinco naciones, entre ellas España, Estados Unidos, Suiza y Uruguay, le hicieron tras los resultados del Examen Periódico Universal, un mecanismo de evaluación de la ONU. Dichas recomendaciones se enfocan en asignar recursos humanos, financieros y técnicos para la implementación pronta y efectiva de la Ley General en materia de Desapariciones. El MNDM solicitó al presidente López Obrador un plan claro de cumplimiento de dichas recomendaciones, lo que representaría un cambio respecto a las administraciones anteriores, “que solo las aceptaban, pero no las cumplían”. Por su parte, la oficina en México del Alto Comisionado de Derechos Humanos celebró la reinstalación del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas. Jan Jarab, representante de la ONU-DH en nuestro país, recordó que aunque el marco legal para la creación de un sistema de búsqueda existía, las autoridades pasadas fallaron en su implementación. Por lo que los compromisos asumidos por las nuevas autoridades federales “podrían constituir un nuevo comienzo que ponga fin al suplicio de decenas de miles de personas”.

El gobierno de López Obrador ha dado un primer paso importante al reconocer la gravedad de la crisis de desapariciones que hay en el país. Pero no bastan las palabras de aliento a familiares ni las promesas de presupuesto ilimitado. Como la CNDH ha manifestado, hay un problema estructural en materia de procuración de justicia, porque no hay investigaciones ministeriales homogéneas, no existen sanciones para los responsables y se carece de coordinación entre autoridades. El Estado es el responsable de la procuración de justicia y el esclarecimiento de la verdad. En la opinión de Ismael Eslava, primer visitador general de la CNDH, las desapariciones no cesarán hasta que el Estado garantice “las condiciones mínimas de seguridad que acaben con el entorno de violencia, impunidad e ilegalidad”. Pero para lograr esto se tiene que construir un “vínculo de confianza, cercanía y cooperación entre autoridades y sociedad”. 

Con investigación de Karla Sánchez.