Las ausencias en el Plan Nacional de Desarrollo | Letras Libres
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Las ausencias en el Plan Nacional de Desarrollo

El plan de desarrollo debe servir como una guía para orientar las acciones y medidas del gobierno; el plan actual sin embargo tiene ausencias importantes tanto de temas como de acciones concretas para alcanzar los objetivos.

El 30 de abril, la Cámara de Diputados recibió el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 (PND) que se publicó en la Gaceta Parlamentaria. Se trata de un documento de 64 páginas donde el presidente López Obrador expone los objetivos que espera alcanzar en su gobierno: fortalecer al Estado de derecho, impulsar el desarrollo económico sostenible y garantizar el bienestar de todos los mexicanos. Como anexo, se incluye un documento de 225 páginas elaborado por la Administración Pública Federal, encabezada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), que incluye objetivos, indicadores y estrategias para atender algunos de los problemas más serios del país. El documento elaborado por el presidente contempla tres pilares en los que actuará: Política y Gobierno, Política Social y Economía. En el desglose de estos se encuentran los apartados sobre corrupción, política exterior, el cambio de paradigma en seguridad, educación, salud y sus proyectos de infraestructura.

En seis años, el presidente se ha puesto como metas una tasa de crecimiento del PIB de 6%, con un promedio sexenal del 4%; empleos suficientes para los jóvenes que ingresen al mercado laboral; una recuperación del 20% del poder adquisitivo en los salarios; la erradicación de la pobreza extrema; mejores pensiones para los adultos mayores; alcanzar la autosuficiencia en maíz, frijol, arroz, carne de cerdo y de res; la reforestación del territorio nacional; la disminución de la migración hacia Estados Unidos y una reducción al 50% de los delitos.

Para lograr el crecimiento económico esperado, el gobierno federal contempla una mayor inversión, mejor recaudación de impuestos y un gasto más eficiente. Sin embargo, existen dudas sobre cómo se logrará esto. El apartado dedicado a la economía critica las medidas impulsadas por las administraciones anteriores, pero no ofrece estrategias específicas sobre cómo se financiarán los planes del sexenio. Tampoco incluye información sobre los costos, tiempos de construcción ni responsables de los proyectos. En el caso del Tren Maya, el proyecto de infraestructura más importante del sexenio, se estima que costará “entre 120 mil y 150 mil millones de pesos que provendrán de fuentes públicas, privadas y sociales” sin que se especifique cuáles son o cómo serán seleccionadas.

De acuerdo con Sergio Luna, director del Departamento de Estudios Económicos de Citibanamex, el objetivo de un crecimiento del PIB a un 6% para el 2024 es “agresivo”, sobre todo si se considera que el promedio de crecimiento de la última administración federal fue de 1.4%. Para lograr la tasa contemplada, el gobierno no puede ser el único impulsor del crecimiento. El economista afirma que es necesario atraer más inversión extranjera y para que esto suceda se debe ofrecer certidumbre.

Uno de los grandes desafíos es el nivel de deuda que tiene el país. Mientras que Peña Nieto recibió el gobierno con un margen de deuda del 42% del PIB, López Obrador heredó una deuda pública alta, equivalente al 54%. Como consecuencia, el margen de maniobra en las finanzas públicas es reducido. A su vez, el presidente no podrá mantener la promesa de no incrementar los impuestos y conservar la disciplina fiscal porque si lo hace, no le alcanzará el dinero para sus programas sociales y sus proyectos de infraestructura.

Por su parte, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) redujo la expectativa de crecimiento del PIB del país para 2019, de 2.0 a 1.6% y para 2020, de 2.3 a 2.0%. Las razones detrás de esto son la desaceleración económica internacional, las relaciones tensas entre México y Estados Unidos y la transición política mexicana. El organismo advierte que Pemex es un factor de riesgo para la calificación crediticia del país, que podría provocar el incremento del interés de la deuda y la reducción de recursos para invertir en salud, educación y en los programas sociales del gobierno. Por otro lado, los principales desafíos que el organismo ve son los bajos niveles de educación y los altos niveles de pobreza y desigualdad.

Dentro del PND, el presidente se comprometió a mejorar las escuelas, revertir la reforma educativa peñista y garantizar el acceso a la educación. En el anexo se leen como objetivos elevar la calidad del Sistema Educativo Nacional, fortalecer la profesionalización docente a través de las evaluaciones diagnósticas y las mejoras en los procesos de selección, un punto que entra en conflicto con la reforma educativa que el Congreso discutirá en un periodo extraordinario. La Confederación Patronal de la República Mexicana considera que en materia educativa no existen estrategias, rutas de acción, metas e indicadores sobre lo que se pretende conseguir a lo largo del sexenio. “Sin ello, el camino al éxito es imposible”, concluye en su comunicado.

Aunque uno de los objetivos de la actual administración es garantizar el bienestar para todos los mexicanos, la salud recibe muy poca atención en el PND. Solamente se menciona la necesidad de garantizar el acceso efectivo, universal y gratuito a servicios de salud y medicamentos “bajo los principios de participación social, competencia técnica, calidad médica, pertinencia cultural y trato no discriminatorio”. Para cumplir esto, se trazaron ocho estrategias que contemplan la profesionalización del personal de salud, la mejora de la infraestructura y equipamiento médico, el fomento a la cultura de la prevención, la atención a la salud mental y sexual y el diseño de políticas públicas para atender enfermedades como la diabetes y el cáncer. Si el presidente desea un sistema de salud comparable al de los países nórdicos, necesita aumentar el monto de inversión en materia de salud, lo cual no está contemplado en su plan estratégico. 

La cultura es otra de los olvidadas en el PND. Son solo dos los compromisos que se plantean en esta materia: llevar actividades artísticas y culturales al 92.9% de los municipios con una tasa de incidencia delictiva alta y muy alta y que los mexicanos no tengan que desplazarse más de 5 kilómetros de su casa para asistir a algún evento cultural organizado por la Secretaría de Cultura. No obstante, no se proyecta el incremento de infraestructura cultural ni del presupuesto destinado a la secretaría. María Carina Navarro, coordinadora nacional de Desarrollo Institucional de la SC, reconoce que en el plan hay omisiones, como los estímulos a la creación y a las industrias creativas. La funcionaria justificó su ausencia en el documento afirmando que se trata de “un sector amplio y es difícil incluir todo en un objetivo y ocho estrategias. Por eso está tan comprimido”, pero que en las modificaciones futuras se contemplarán. Arturo Saucedo, especialista en legislación cultural, opina que es un documento plagado de “buenas intenciones”, pero donde no están definidos los programas, estrategias y políticas que beneficiarán a los creadores.

La ciencia y la tecnología tampoco se consideraron en la planeación del sexenio. En el texto de Presidencia solo se dedica un párrafo para dicho rubro. El gobierno federal proveerá becas para el desarrollo de la investigación mientras que el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT) coordinará el Plan Nacional de Innovación entre universidades, científicos, pueblos y empresas. En el anexo ninguno de estos puntos se elaboran. Sin presupuesto para becas, desarrollo tecnológico o innovación resulta difícil lograr el crecimiento planeado.

El anacronismo del PND de López Obrador podría explicarse si se considera que sus principales inspiraciones fueron los programas del Partido Liberal Mexicano, redactado en 1906, y el Plan Sexenal del gobierno de Lázaro Cárdenas (1936-1940).

Pese a que los planes de desarrollo de las administraciones deben ser una guía para los objetivos y medidas que se implementarán a lo largo de seis años, en realidad tienen poca incidencia en la toma de decisiones. Por ejemplo, el PND del sexenio de Enrique Peña Nieto planteaba cinco metas y ocho estrategias transversales de los que se desprendían sus programas sociales y presupuestarios, así como diagnósticos, indicadores y mecanismos de evaluación para darle seguimiento. Al final, el desempeño de la política social entre 2013 y 2018 fue calificado por el CONEVAL como insuficiente. El PND pierde importancia a lo largo del sexenio, y sus programas y presupuesto dejan de coincidir con los planteados al inicio del mandato.

En su columna en El Universal, el ministro en retiro José Ramón Cossío Díaz afirma que la dualidad de documentos podría generar problemas. En primer lugar, para los diputados que tendrán que determinar las normas y presupuestos que podrán establecerse y, en segundo, para el gobierno federal, los gobiernos locales y el sector privado al coordinar sus acciones. Como señala el ministro en retiro, “el Plan Nacional de Desarrollo es un instrumento de control del Congreso de la Unión al Presidente de la República”. Al aprobarse, se genera una relación de reciprocidad: el presidente debe acotar su acción a lo aceptado por el Congreso y este a su vez tendrá que exigirle que cumpla. Pero si son dos documentos con incongruencias en las cifras, ¿cómo determinar cuál tendrá que respetarse? Mientras que el documento elaborado por Presidencia proyecta terminar con la mitad del índice delictivo, la administración pública federal se plantea un objetivo más realista al reducirlos un 15.6%. El presidente se propone terminar con la pobreza extrema, pero sus secretarios consideran que al final del sexenio solo habrá 5 millones de mexicanos viviendo en dicha situación. A su vez, algunos temas que incluyó el presidente, como la revocación de mandato y las consultas ciudadanas, no están incluidos en el segundo documento.

Ante la presencia de dos documentos y la falta de claridad de las metas y acciones concretas para alcanzarlas, la Cámara de Diputados tiene ante sí la responsabilidad de hacer ajustes antes del 1 de junio para que el rumbo que tome el sexenio sea en beneficio de los mexicanos y no de los intereses del presidente.

Con investigación de Karla Sánchez.