La (in)defensa de los derechos humanos de Canadá a México | Letras Libres
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La (in)defensa de los derechos humanos de Canadá a México

Por mínimo que sea el efecto de la denuncia pública de la violación sistemática de los derechos humanos es indudable que propicia cambios positivos

La ferocidad de la reacción del gobierno de Arabia Saudí a un mensaje del Ministerio de Asuntos Exteriores de Canadá exhortando a las autoridades saudíes a liberar de manera inmediata familiares de ciudadanos canadienses encarcelados y torturados por defender los derechos humanos en ese país, me obliga a tomar partido a favor de Canadá y a sostener la defensa de la universalidad de los derechos humanos.

La disputa data de 2014 cuando el activista saudí Raif Badawi fue condenado a 10 años de cárcel y a 1.000 latigazos por “insultos al islam”. Desde entonces, el Gobierno canadiense ha abogado por su liberación, la esposa de Badawi y sus hijos son ciudadanos canadienses y viven en Quebec. Samar, la hermana de Raif, es una activista pro derechos de las mujeres, y fue detenida junto con otras mujeres militantes el 30 de julio.

En vez de recapacitar sobre el caso, Riad acusó a Canadá de interferir en los asunto internos del país, expulsó al embajador de Canadá y suspendió toda nueva transacción comercial de salud y de educación entre ambos países. Lejos de amilanarse, el Primer Ministro Justin Trudeau reiteró que siempre defenderá los derechos humanos dentro y fuera de Canadá, y aclaró que su país no busca el rompimiento de relaciones diplomáticas con países que violan los derechos humanos pero se reserva “siempre hablar con fuerza, en público y en privado, sobre el tema”.

Países violadores de los derechos humanos como Rusia y Egipto han expresado su apoyo a Arabia Saudí, mientras que países tradicionalmente aliados de Canadá como Gran Bretaña, Francia o Estados Unidos se han quedado mudos. Que Donald Trump traicione a Trudeau no es sorpresa pues le gustan los líderes autoritarios como el príncipe heredero saudí Mohamed bin Salman, Vladimir Putin, Abdel Fatah al-Sissi o Rodrigo Duterte.

Lo lamentable, sin embargo, es el giro que la política exterior de Estados Unidos ha sufrido con Trump. “Si ustedes condicionan nuestros intereses a que alguien adopte nuestros valores, lo más probable es que no podamos alcanzar nuestros intereses económicos y de seguridad nacional”, les dijo el entonces Secretario de Estado Rex Tillerson a los diplomáticos estadounidenses. No hay que confundir valores con políticas, añadió.

Este posicionamiento, cínicamente pragmático, ha venido prosperando conforme avanzan las regímenes autoritarios en el mundo. En la mayoría de los países la defensa de los derechos humanos no es prioritaria al formular su política exterior. Los intereses económicos, energéticos y de seguridad del país sí lo son.

En este contexto, me desconsuela que el gobierno mexicano entrante haya anunciado que dará marcha atrás a los avances que el país había logrado adhiriéndose a la causa de los derechos humanos y que una vez en el poder basará su política exterior en una doctrina formuladas en 1930 cuyo principio fundamental es el de la no intervención en los asuntos de otros países.

Lo que esto va a significar en la práctica es quedarse callados cuando el vecino quebranta los derechos humanos. Es condonar, como en las épocas más oscuras del priismo, los horrores que suceden en países como Venezuela o Nicaragua. Es aprobar, mediante el silencio, que se masacre con total impunidad a los ciudadanos de países autoritarios.

Los funcionarios del nuevo gobierno dicen que avergonzar públicamente a los regímenes violadores de derechos humanos es inútil y contraproducente. Yo discrepo. Para mi, Kenneth Roth el director de Human Rights Watch tiene razón cuando argumenta que abandonar la crítica pública a los gobiernos violadores de los derechos humanos porque con ella no se erradican las violaciones equivaldría a pedir la derogación del código penal porque la gente sigue cometiendo crímenes.

En China, la crítica pública obligó al gobierno a abolir la reeducación a través del trabajo forzado; a liberalizar la política de hijo único, y a alentar el debate público sobre la pena de muerte. Yo pienso que por mínimo que sea el efecto de la denuncia pública de la violación sistemática de los derechos humanos es indudable que propicia cambios positivos.