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artículo no publicado

La austeridad en la función pública

El nuevo gobierno prometió austeridad en el gasto público para liberar recursos para programas sociales. Además de la promesa de ahorros, las medidas y anuncios han provocado incertidumbre e inconformidad entre servidores públicos.

Mediante la iniciativa de Ley de Austeridad, la promulgación de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos y el Presupuesto de Egresos de la Federación, el nuevo gobierno intentará consolidar un marco legal para limitar el gasto público en aras de contar con más recursos para programas sociales. Sin embargo, estas medidas han provocado molestias e incertidumbre entre los servidores públicos, quienes serían los primeros en sentir los efectos de la Cuarta Transformación.

El 11 de septiembre, la bancada de Morena en la Cámara de Diputados presentó la iniciativa de Ley de Austeridad Republicana cuyo propósito es “hacer eficiente el gasto” y “liberar recursos que serán destinados a financiar el desarrollo y la prosperidad de los mexicanos” mediante la reducción de los salarios y prestaciones a los funcionarios públicos. La medida no se aplicará únicamente a los altos mandos de todas las dependencias, entidades y órganos de los Poderes de la Unión y demás instancias públicas federales, sino a todos los burócratas, quienes perderán sus seguros privados de gastos médicos y de vida, así como los “regímenes privilegiados” de pensiones y retiro. En el documento firmado por los diputados Jorge Luis Montes Nieves y Mario Delgado se lee: “La austeridad permitirá erradicar el conjunto de excesos que la clase política se había agenciado y realizar los principios constitucionales de economía, racionalidad, honradez y transparencia en la asignación y el ejercicio de recursos públicos”. La iniciativa fue turnada a las comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública y de Hacienda y Crédito Público, donde aún permanece. Sin embargo, sentó las bases para otros proyectos de ley que también plantean cambios en la administración federal.

El 5 de noviembre se publicó la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, la cual establece que ningún funcionario podrá ganar más que el presidente de la República, es decir, 108 mil 247 pesos mensuales. No obstante que no determina cuánto deben ganar los funcionarios,  sí señala que deberán reportar cualquier pago en demasía y que quienes rebasen el límite salarial tendrán una sanción de hasta 14 años de cárcel.

Como respuesta a la también llamada ley de salario máximo, casi tres mil jueces y magistrados del Poder Judicial de la Federación presentaron 512 demandas colectivas de amparo por considerar que “afecta la autonomía de los órganos del PJF, la independencia de sus miembros y el principio de división de poderes”. Durante su segunda conferencia matutina como presidente, López Obrador respondió a los funcionarios inconformes con sus medidas de austeridad: “Es deshonesto cuando un funcionario acepta recibir hasta 600 mil pesos mensuales, eso sí es corrupción. Un servidor público no solo ganará 105 mil pesos, sino que va a tener el honor de servir al pueblo ¿no les parece porque es poco dinero? Entonces existe el sector privado donde tampoco ganan mucho”.

En palabras de Antonio Tenorio, quien se desempeñó como director de Radio Educación desde agosto del 2009 hasta hace unos días, la palabra “valor” juega un triple papel en el ajuste a los salarios de los servidores públicos. “Por un lado, se pretende darle más valor a lo social que a lo individual, ofreciendo que lo ahorrado será para una buena causa: combatir la pobreza de los más, así se perjudique a los menos. Por otro, se piensa que el pago a cierto número de servidores públicos de alta responsabilidad es mayor a lo que valen. Por último, se recurre a la axiología: el valor de servir en lo público no está vinculado con el dinero sino con el orden de lo inmaterial, es casi un apostolado que satisface a quien lo ejerce por el hecho mismo de hacerlo. Lo que se traduce en el dilema del ‘apostolado público’ vs. la ‘voracidad privada’”.

Según datos del despacho de abogados Trusan & Roma, aproximadamente 6,500 funcionarios de 297 dependencias gubernamentales podrían solicitar un amparo contra la Ley Federal de Remuneraciones, el Presupuesto de Egresos 2019 y, en caso de ser aprobada, contra la Ley de Austeridad Republicana. Desde noviembre, los abogados han emprendido una campaña para invitar a los funcionarios a defender sus remuneraciones y a ampararse antes de la primera quincena de enero del 2019, fecha en la que suponen que entrarán en vigor las reducciones salariales.

Las políticas de austeridad para reducir los gastos no son novedosas. De acuerdo con Phillip Koeker, académico de la Universidad de Leibniz, es un gesto habitual entre los gobernantes poner una distancia entre ellos y la élite para demostrar que son cercanos a la gente. Hace ocho años, David Cameron inauguró en el Reino Unido “la era de la austeridad” para contrarrestar los efectos de la crisis económica que inició en 2007. Los recortes y topes salariales a funcionarios y el despido de servidores públicos son algunas de las medidas austeras que siguen vigentes. Todos los empleados del sector público, desde los burócratas de alto nivel hasta los trabajadores de limpieza, maestros y médicos, han sido blanco de las reducciones salariales y despidos. A pesar de que se han lanzado campañas para exigir el incremento salarial, aún “es difícil para los trabajadores del sector público mirar al futuro con confianza”, describe Richard Vize en The Guardian.

Si bien los cambios en la administración pública que plantea el gobierno de López Obrador no son tan radicales como los que se han efectuado en el Reino Unido, ofrecen una lección sobre la precariedad que podrían experimentar los trabajadores del Estado. Como expresa Tenorio, “al final, puede traducirse en un perder-perder. La disminución del valor de un grupo de servidores públicos de alta responsabilidad puede no significar que haya menos pobres y sí que se empobrezca el entorno en el que recae la responsabilidad mayor de que haya menos pobres”.

Algunos servidores públicos viven con incertidumbre al no saber qué pasará con sus trabajos. El despido de Alberto Hernández Unzón, coordinador del Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua, después de casi treinta años de dedicarse al servicio público, es una muestra de que incluso quienes están mejor preparados y conocen los organismos de gobierno desde sus entrañas pueden ser menospreciados. Además, estas medidas parecen no considerar los gastos que implica la preparación de los nuevos burócratas ni las pérdidas derivadas de la curva de aprendizaje. Por otra parte, la disminución de sueldos y el retiro de las prestaciones podrían desencadenar una fuga de talento masiva que dejaría a la administración pública sin los suficientes empleados para ejecutar los programas que mantienen al gobierno en marcha. La medida, lejos de solucionar el gasto excesivo del gobierno, detonaría un ineficiente desempeño de los organismos públicos.

En opinión de Tenorio, lo que se necesita hacer para reducir la brecha entre quienes reciben mayores ingresos y quienes apenas subsisten con lo necesario no es continuar una política de constricción salarial, sino consolidar un servicio público de carrera en el que se dignifique, transparente y se reconozca la preparación, mérito y resultados. “Ninguna reducción es, por sí misma, justiciera a menos de que venga acompañada del gran ausente hasta el momento: el anuncio de cuánto más ganarán los que ganan menos”.