Los delitos en México tienen el mismo final en (casi) todos los casos: la impunidad. Las extorsiones que de manera cotidiana se realizan por vía telefónica, los asaltos en las calles, el acoso en el transporte público, el robo de vehículos, los fraudes electrónicos, el narcotráfico, el robo de combustible, el secuestro, la corrupción y las violaciones graves a los derechos humanos, como la desaparición de personas, las ejecuciones, los feminicidios o la trata de personas, (casi) todos terminan impunes.
La lista de casos representativos que documentan esta larga historia de impunidad es amplia y se acrecienta semana con semana. En esta historia, la ausente es la justicia. No la justicia en un sentido abstracto, sino como un proceso a cargo del Estado, que pasa por investigar los hechos que puedan ser considerados delitos y llevar a los presuntos responsables frente a las autoridades judiciales para que, en caso de comprobarse su culpabilidad, sean sancionados. Esta función básica de la justicia procesal juega un papel determinante en el estado democrático: da seguridad y certeza jurídica a la sociedad porque garantiza la vigencia y eficacia de la ley y con ello de los derechos de las personas.
En este contexto de ausencia de justicia se dará la transformación de la Procuraduría General de la República (PGR) a la Fiscalía General de la República (FGR). De acuerdo con el artículo 102 de la constitución –reformado en 2014– la fiscalía es la forma en la que se organizará el Ministerio Público de la Federación. El texto constitucional establece como facultades del MP “la persecución, ante los tribunales, de todos los delitos del orden federal; y, por lo mismo, solicitará las medidas cautelares contra los imputados; buscará y presentará las pruebas que acrediten la participación de éstos en hechos que las leyes señalen como delito; procurará que los juicios federales en materia penal se sigan con toda regularidad para que la impartición de justicia sea pronta y expedita; pedirá la aplicación de las penas…”. A diferencia de la PGR, la FGR será un órgano autónomo, y esta autonomía es el elemento principal para cumplir sus funciones.
Una fiscalía autónoma, así como otros órganos de procuración y administración de justicia, es una garantía del derecho humano de acceso a la justicia y también un contrapeso al abuso de los poderes públicos. Así ha sido reconocida en el derecho internacional de los derechos humanos. La importancia de la independencia y autonomía se constata al dar un vistazo a otros países cuyos órganos de administración de justicia han jugado un papel determinante frente a casos de corrupción de las clases políticas gobernantes: desde el casi mítico Giovanni Falcone en Italia hasta la pulcra y seria actuación del juez brasileño Sergio Moro en los casos de corrupción en Brasil o de la fiscal Thelma Aldama en Guatemala. La autonomía e independencia de fiscalías y cortes no es fortuita ni se basa en la buena voluntad de los funcionarios públicos, sino en la manera en que se diseñan institucionalmente y la forma en la que son designadas las personas que serán titulares de estos órganos.
En la reforma comentada, se estableció un artículo transitorio –ahora conocido como “pase automático”– que establece que quien esté a cargo de la PGR al momento de su transformación en fiscalía, será el primer fiscal y durará en su encargo nueve años. Aquí surge uno de los primeros problemas respecto de la independencia y autonomía, ya que el actual procurador, Raúl Cervantes, no cumple con estas características, debido a una trayectoria política ligada con el partido político gobernante que no garantiza una procuración de justicia imparcial en casos que pudieran involucrar a estos grupos de poder. A decir de los representantes de los grupos parlamentarios en el Congreso de la Unión – los mismos que en 2014 aprobaron la reforma–, este pase automático será eliminado. Esto es un avance pero no es suficiente. Para garantizar la independencia y autonomía de la FGR, es necesario que el titular sea designado mediante un proceso de selección que incluya consultas a la sociedad, mecanismos de evaluación técnica, indicadores, transparencia y publicidad para determinar el mejor perfil posible para la institución. La designación de la persona titular no puede pensarse en términos de cuotas partidistas o en acuerdos entre grupos políticos, ya que esto llevaría a poner en riesgo la independencia y autonomía que se busca.
Pero no sólo de la designación del fiscal se trata. El problema de la procuración de justicia en México es tan grave que se vuelve necesario iniciar una discusión amplia sobre la forma en que la FGR debe constituirse institucionalmente para enfrentar el problema de procuración de justicia e impunidad y no hacer un cambio solamente nominal en la institución. De no discutirse a fondo, se corre el riesgo que la nueva fiscalía herede las estructuras, prácticas y problemas de la PGR. De nada serviría contar con un titular que fuera independiente y autónomo si el modelo de procuración de justicia no se transformara: es preciso revisar sus facultades, organización, presupuesto, recursos materiales, personal, capacitación y controles internos. Esta deliberación debe involucrar a diversos sectores de especialistas, sociedad civil, víctimas, universidades, académicos, empresarios, colegios de profesionales, partidos políticos y funcionarios públicos para hacer un diseño adecuado de la fiscalía. Es sin duda, este proceso de deliberación, la clave para construir un sistema de procuración de justicia que pueda hacerle frente a esta espiral de impunidad que se vive en el estado mexicano.
La deliberación amplia, abierta, transparente, democrática con todos estos sectores sobre la fiscalía que México necesita tendría también un efecto político importante, porque puede dar lugar a una especie de gran pacto contra la impunidad y por la justicia. Algunos de estos acuerdos ya se están dando entre varios colectivos de organizaciones de la sociedad civil, académicos y grupos empresariales (#FiscalíaqueSirva y #vamospormás) que suman esfuerzos, conocimiento y propuestas que convergen en un movimiento social que lucha por el derecho de acceso a la justicia, y ha presentado una propuesta de reforma al artículo 102 constitucional construida desde la ciudadanía. Solo falta que los actores políticos asuman la responsabilidad histórica y se muestren dispuestos a trabajar de manera conjunta con la sociedad para la creación de la nueva fiscalía.
Si la voluntad de los actores que ya se encuentran involucrados es real, la creación de la fiscalía será también un nuevo pacto social que sustituya ese pacto de impunidad que ha prevalecido en la clase política mexicana. Ante la ausencia de un proyecto como nación y la polarización de sectores de la sociedad, un pacto que por lo menos acuerde una mínima garantía de convivencia social como es la procuración de justicia sería un respiro para la democracia mexicana.
Profesor de Derecho en la Universidad del Claustro de Sor Juana.
