El panorama de la violencia en México | Letras Libres
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El panorama de la violencia en México

La siguiente administración tendrá que enfrentar el peor escenario de inseguridad en la historia moderna del país. Ayer el nuevo gobierno presentó su plan nacional de seguridad. Entre las propuestas, contrario a lo dicho en campaña, incluye la creación de una Guardia Nacional integrada por policía militar, naval y federal.

La siguiente administración tendrá que enfrentar el peor escenario de inseguridad en la historia moderna del país. En 2017, la violencia alcanzó niveles máximos: 31,174 homicidios en el año, a razón de 25 muertos por cada 100,000 habitantes. No obstante lo desmedido de esas cifras, 2018 se perfila como el año con la mayor tasa de homicidios, pues de acuerdo con el reporte de agosto del Observatorio Nacional Ciudadano, solamente en los primeros ocho meses del año se registraron 22,411 homicidios.

Fue en 2006 cuando Felipe Calderón inició el combate frontal al narcotráfico mediante el despliegue de las Fuerzas Armadas en diferentes estados del país. Diez días después de haber rendido protesta como presidente, anunció que para evitar que las amenazas a la seguridad pública se convirtieran en una amenaza a la seguridad nacional, 10 mil elementos del Ejército y Armada de México se sumarían a los esfuerzos de la Policía Federal. “Haremos que prevalezca el derecho por encima de la violencia, haremos retroceder a la delincuencia. No permitiremos que los criminales sigan obstruyendo el camino de México a un futuro de mayor prosperidad y desarrollo”, dijo durante la presentación del Operativo Conjunto Michoacán.

Pero los resultados no fueron los esperados. Los grupos criminales crecieron un 900% y la tasa de civiles muertos a causa de la violencia aumentó un 2000%, de acuerdo con estudios del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE). Al inicio de la llamada guerra contra el narcotráfico en 2007 se tenía registro de 20 organizaciones criminales. Para el final del sexenio de Calderón, ya existían 200 grupos armados.

Durante su campaña presidencial, Enrique Peña Nieto se comprometió a reducir al menos en un 50% la tasa de homicidios y secuestros en el país. Pero las estadísticas no le dieron la razón: tan solo en sus dos primeros meses de gobierno fueron asesinadas 1,758 personas, cifra que superó al total de homicidios del 2012. Según el INEGI, 2017 fue el año con el nivel más alto de violencia en 21 años, con un promedio de 85 asesinatos diarios. Todo parece indicar que su sexenio pasará a la historia como el más violento. El mismo Peña Nieto aceptó unos meses antes de concluir su mandato que el modo de actuar no fue el correcto: “Hoy reconocemos en el ámbito de la seguridad pública hay mucho por hacer. Sigue siendo todavía uno de los retos mayores, quizá el de mayor necesidad de acometer para que realmente nuestro país alcance condiciones de plena paz y de plena tranquilidad”.

La estrategia de combate directo a los grupos criminales con el despliegue de las Fuerzas Armadas en todo el país y la persecución y captura de los líderes de los cárteles no ha rendido los frutos que se esperaban y solamente ha provocado su fragmentación en organizaciones más pequeñas que se disputan territorios de manera violenta. El último análisis del Institute for Economics and Peace concluye que “‘La guerra contra las drogas’ no es un objetivo de política pública viable para construir la paz. El incremento continuo de la violencia indica que se requiere una estrategia mucho más amplia, que atienda tanto las causas como los síntomas de la ilegalidad. Una estrategia eficaz tendrá que analizar las múltiples dinámicas detrás de las violencias y la manera en que estas interactúan”.

En su campaña presidencial, Andrés Manuel López Obrador propuso pacificar el país mediante la atención a las causas de la violencia, y no a través de la militarización del país. Una vez electo, convocó a los Foros de Escucha para Trazar la Ruta de la Pacificación del País y Reconciliación Nacional, que se efectuaron del 7 de agosto al 24 de octubre en diferentes ciudades del país. La mala organización, la falta de medidas de seguridad hacia los participantes, la ausencia de las autoridades y la nula claridad en los objetivos fueron algunos de los motivos por los cuales víctimas, activistas y académicos calificaron al ejercicio como un “desastre”.

Si bien su propósito era recabar ideas para construir en conjunto una agenda de seguridad orientada hacia la construcción de la paz, los foros se convirtieron en encuentros catárticos que no se concretaron en propuestas. Entre algunas de las conclusiones que rescató el equipo de transición del presidente electo se encuentran la apertura de juzgados especializados en los principios de justicia transicional y justicia restaurativa, el acompañamiento a familiares de las víctimas, una nueva normativa en el uso de armas de fuego y el fortalecimiento de las Fuerzas Armadas. Además, López Obrador se comprometió con ocho acciones prioritarias para construir la paz en el país, entre ellas fortalecer la formación en derechos humanos en militares, marinos y policías, apoyar la búsqueda de desaparecidos y no usar la fuerza para reprimir a los ciudadanos.

Durante dos sexenios, las formas de violencia se han multiplicado, puesto que el crimen organizado se ha dedicado a la venta de drogas, los homicidios, el secuestro, el robo, la trata de personas, la explotación de recursos naturales y la extorsión. Junto con esto, ha incrementado la práctica de esconder los cuerpos de las víctimas en terrenos baldíos y minas, pero también de abandonarlos en avenidas transitadas, junto a escuelas y en colonias pobladas. En septiembre de 2006 se encontró la una fosa clandestina en el estado de Michoacán y desde entonces el país se ha llenado de sitios de inhumaciones clandestinas.

De acuerdo con cifras de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, hasta agosto de 2018 en el país se encontraron 1,307 fosas que albergaban 3,926 cadáveres y 36 mil fragmentos de restos óseos. Sin embargo, la opacidad en los números de homicidios relacionados con el crimen organizado impide conocer la magnitud del problema, pues como muestra el mapa del proyecto de investigación periodística A dónde van los desaparecidos, las cifras de la PGR y de la fiscalía local no coinciden con las de las organizaciones civiles y periodistas que han emprendido búsquedas independientes. El mapa revela una realidad más cruda en que la de las cifras oficiales: uno de cada siete municipios del país tiene al menos una fosa y Veracruz, Tamaulipas, Chihuahua y Guerrero son los estados donde se han encontrado más fosas y cuerpos.

Una de las principales demandas de los familiares de las víctimas al presidente electo es encontrar a los desaparecidos. Entre diciembre del 2006 y octubre del 2018, se registraron 37,485 desapariciones en México. No se sabe cuántas de ellas podrían permanecer sin identificar en las fosas. El Sistema Nacional de Búsqueda de Personas inició sus operaciones hace un mes, pero es insuficiente, ante la falta de políticas de búsqueda, exhumación e identificación homologadas para que no haya discrepancia en la información que presentan las autoridades y se establezcan estrategias para localizar de manera eficiente a los desaparecidos.

El incremento de la violencia criminal tiene diferentes causas, como la impunidad, la corrupción, la falta de políticas de prevención del delito, el debilitamiento de las instituciones y la desigualdad, pero el combate directo a los grupos criminales no ha servido para atenderlas. Para Guillermo Trejo, investigador de la Universidad de Notre Dame, el fortalecimiento de las organizaciones criminales se debe a que han cooptado al Estado, así que propone una cooperación híbrida entre organismos internacionales y una fiscalía autónoma que puedan realizar tareas de contención y de procuración de justicia. Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos recomienda al gobierno mexicano retirar gradualmente a las Fuerzas Armadas de las tareas de seguridad pública y capacitar a los policías en materia de derechos humanos, así como cambiar el enfoque de la política de drogas a uno orientado hacia los problemas de salud.

Ayer, el nuevo gobierno propuso su Plan Nacional de Paz y Seguridad 2018-2024, el cual  se centra en la creación de una Guardia Nacional integrada por policía militar, policía naval y policía federal para ejercer las tareas de seguridad pública. A pesar de las promesas en campaña de no continuar con la militarización del país, el presidente electo tomó la decisión de dejar el combate a la delincuencia y la recuperación de la paz en manos de las Fuerzas Armadas porque, en sus palabras, a nivel federal, estatal y municipal la policía presenta una “falta de profesionalismo e integridad”.

Su estrategia también incluye un enfoque en el desarrollo social como medida preventiva. Algunos de los puntos son la erradicación de la corrupción, la consolidación de programas que garanticen el empleo y el combate a la pobreza, el respeto a los derechos humanos y la regeneración ética de la sociedad. López Obrador destacó que el objetivo de su plan es “buscar el bienestar material, el bienestar del alma, el fortalecimiento de los valores culturales y espirituales para que haya paz y tranquilidad”.

Sin embargo, el plan presenta lagunas en cuanto a acciones concretas para atender la crisis de violencia, pues deja fuera temas relevantes como la procuración de justicia y la investigación. En el caso de los desaparecidos, el documento presentado solamente menciona que “se hará lo humanamente posible para esclarecer su paradero y se buscará la construcción de la paz y la reconciliación con base en la verdad, la justicia, la reparación y la garantía de no repetición de los crímenes cometidos”, pero no se habla de los organismos que se dedicarán a ello ni de las estrategias a seguir. Lo que parece indicar que las carpetas de investigación sobre desapariciones continuarán en el olvido.

Más allá de las atribuciones que tendrán las Fuerzas Armadas, el plan no aclara cómo se frenará la tasa alta de homicidios y delitos vinculados con el crimen organizado. De acuerdo con Alejandro Hope: “Hay mucho voluntarismo y pensamiento mágico detrás del plan. Se asume, sin mucha evidencia empírica que, un combate genérico a la corrupción reduce en automático la actividad delictiva”.