El insulto como acto de gobierno | Letras Libres
artículo no publicado
Ilustración: Letras Libres. Imágenes: Pryote / CC BY-SA 3.0 // Bad Language by Thays Malcher from the Noun Project

El insulto como acto de gobierno

En su cotidiano machacar contra el quehacer periodístico, el presidente pasa por alto que es su deber ser garante del pluralismo, y no arrinconar y ejercer el matonismo.

En las conferencias que cada mañana encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador no habla el gobierno, habla el hombre. Pero ese hombre no habla del quehacer de gobierno; habla de sí mismo, de la oscuridad que había antes de él y de cómo su triunfo electoral fue la refundación del país. Y como su pecho no es bodega, su discurso se ha ido poblando cada vez más de expresiones de desprecio por quienes dominan lo que él no entiende (la economía, la técnica y la ciencia), pero especialmente de odio y rencor contra personas, grupos sociales y medios.

Un episodio reciente lo hizo perder el control de ese espacio de simulación, diseñado por él y los suyos, para responder preguntas a modo y construir discursivamente la idea de que el legado de su paso por la presidencia es la purificación de la vida pública de México.

Hace unos días, el diario Reforma hizo pública información de desvíos, faltantes y pagos sin justificar de recursos federales por 223 millones de pesos en Macuspana, Tabasco, así como la renuncia en tropel del presidente municipal y todos los integrantes del cabildo, entre quienes estaba Concepción Falcón, esposa de Ramiro López Obrador, a su vez hermano del residente de Palacio.

Desde la tribuna presidencial, Reforma fue calificado como “boletín del conservadurismo” y un “pasquín inmundo”, expresiones que vinieron a cerrar una semana en la que otro de los incondicionales del presidente había emplazado a voces críticas del gobierno a callar o ise del país. Lo irónico es que López Obrador aludiera esa misma mañana a la máxima de Francisco Zarco, según la cual “la prensa se combate con la prensa”, pero al mismo tiempo hiciera uso de su investidura y de los recursos del Estado para lanzar un mensaje que pretende amedrentar e inhibir el debate sobre asuntos de interés público.

Como ya lo ha dejado claro la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sin importar que la revelación de ciertos hechos genere incomodidad o molestia, no puede ponerse en duda que existe un interés público legítimo en la difusión y conocimiento de tales hechos, especialmente cuando permiten a la ciudadanía estar en condiciones de juzgar adecuadamente la actuación de quienes ejercen cargos públicos.

Más aún, los relatores especiales para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y de la ONU sostienen que, en una sociedad democrática, los funcionarios deben estar sujetos a un mayor nivel de escrutinio en cuanto a sus actividades, pues administran dinero y definen políticas públicas sobre asuntos de importancia para los ciudadanos.

Sobre la persistente retórica de descalificación del gobierno hacia los medios críticos, Edison Lanza, relator de la CIDH, opina que si bien es legítimo que los funcionarios públicos formulen críticas, correcciones u objeciones con respecto al trabajo de los medios, tienen un deber de guardar especial cuidado para no generar un discurso de odio y alentar la violencia contra quienes ejercen el periodismo. Desde su visión, no puede compararse el poder de comunicación y el megáfono con el que cuenta un presidente o un alto funcionario respecto a un reportero que publica una nota de investigación.

Criterios emitidos por el máximo tribunal del país señalan que la Constitución protege la búsqueda, obtención y difusión de información que responda a ciertos estándares de veracidad; es decir, que los reportajes, las entrevistas y las notas periodísticas destinadas a influir en la formación de la opinión pública vengan respaldados por un razonable ejercicio de investigación que permita determinar si lo publicado tiene suficiente asiento en la realidad.

En su diatriba recurrente contra la libertad de expresión, en su diario machacar que la diferencia política le resulta intolerable, Andrés Manuel López Obrador pasa por alto que, sin importar si son miembros de su familia, se trata de personas implicadas en asuntos de relevancia pública y que él como presidente debería ser garante del pluralismo, no arrinconar y ejercer el matonismo, llevando a su peor degradación a las instituciones democráticas  del país.

No hay acierto alguno en el abuso de poder. No debería ser materia de discusión alguna si es sano que el presidente llame “pasquín inmundo” a un diario. Palacio Nacional no debería ser espacio para esas expresiones.