Foto: Carlos Tischler/Cover Images via ZUMA Press

Digamos basta

Las protestas que han tenido lugar en oficinas de la CNDH exhiben a una comisión debilitada en un país que enfrenta una grave crisis en derechos humanos, y a un gobierno que contribuyó a ese debilitamiento y que está fallando.
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El origen de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en México estuvo en el reclamo de una sociedad sistemáticamente violentada y lastimada. Su función principal es velar porque las instituciones del Estado garanticen un recurso efectivo a las víctimas cuando se cometen abusos, y abogar por que se reformen las políticas y prácticas que dan pie a dichas violaciones. Porque históricamente las instituciones no lo hacen, la CNDH se ha convertido en el único recurso que tienen las víctimas y sus familias para obtener el resarcimiento de los daños y la garantía de no repetición. La CNDH también debería ser el organismo impulsor y promotor de la transformación de una cultura de respeto a los derechos humanos; de la garantía absoluta, la prevención y la atención de las violaciones a los derechos de todas las personas.

En días pasados, grupos feministas han tomado oficinas de la CNDH y de comisiones estatales en la Ciudad de México, Ecatepec y Acapulco. Ello no obedece más que a dos razones fundamentales: primero, al enorme rezago en la atención de casos de violaciones a derechos humanos, específicamente de feminicidio y desapariciones, en un país donde la violencia contra mujeres y niñas es una de las violaciones a derechos humanos más graves, arraigadas y toleradas y cuya causa es la enorme desigualdad y discriminación de género. La segunda razón es el desprestigio de la presidenta del organismo, impuesta a través de un proceso que no hay forma de sostener de manera creíble y legítima.

Las mujeres que han tomado los edificios de la CNDH han sido acusadas de cometer delitos contra el patrimonio público y desacreditar la lucha feminista. Esto no se sostiene de ninguna manera. Lo cierto es que reclaman justicia, verdad y expresan rabia. Han hecho  patente el hartazgo de madres y familiares que no solo no han tenido una respuesta de las instituciones encargadas de la procuración de justicia, sino que tampoco han encontrado ni arropamiento ni diálogo para el dolor y el resentimiento. Con estas tomas y las que vendrán, lo que nos dejan ver son esos años de omisiones. Y es que el discurso de quienes gobiernan y justifican su inacción no puede ser más fuerte y poderoso que el dolor de las madres.

Nos dejaron sin vida, sin libertad”, fueron las palabras de una madre ante el feminicidio de su hija. Otras familiares hablan de la incapacidad de las fiscalías para atender los casos. Ellas buscan y ellas encuentran: las familias, las madres, no las autoridades. Una madre asegura que incluso entregaron a los feminicidas de su hija y los soltaron por falta de tiras reactivas. Las familias se convierten en desplazadas, se quedan sin vivienda y sin recursos propios, agotan todo por una búsqueda desesperada que debería realizar la autoridad. ¿Cuál es la respuesta del gobierno? Enojo por el daño a un inmueble que está siendo utilizado como una muestra del reclamo de una deuda que el Estado tiene con ellas. No rayan las pinturas de personajes históricos: los feminizan, en lo que es a final de cuentas una contranarrativa al discurso patriarcal y machista que no entiende el dolor y la rabia de una madre a la que le han destrozado el alma y las entrañas.

Hoy, lamento decirlo, no solo contamos con una CNDH debilitada en un país que enfrenta una grave crisis en derechos humanos, sino con un gobierno que contribuyó a ese debilitamiento y está fallando. Un gobierno que no ha logrado superar el reto de una desigualdad y discriminación de género que ha tenido consecuencias dramáticas y terribles en nuestras familias.

Los recortes presupuestales a las instituciones que tutelan los derechos de las mujeres no son congruentes con lo que verdaderamente necesita México y son la muestra de que la violencia contra las mujeres no es una prioridad. La creciente violencia feminicida, la falta de aplicación jurídica ante casos de violencia de género, la falta de aplicación de la alerta de género, una violencia social que no se detiene, son todas realidades.

Las madres de las víctimas denuncian que, además de la falta de acción oficial, se trata a los cuerpos de sus hijas asesinadas como basura. El caso de Diana, a quien su hermana encontró en el Servicio Médico Forense en condiciones absolutamente indignas, luego de que la trasladara ahí una empresa funeraria y no peritos forenses que hubieran recabado evidencias, es uno de tantos ejemplos.

El uso de la fuerza policiaca sobre madres, niñas y niños para desalojar la toma de las instalaciones de la visitaduría de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México en Ecatepec es otra muestra de lo que señalo. ¿Qué sigue? La pregunta es cuándo las autoridades le darán prioridad a más de la mitad de la población mexicana; cuándo el gobierno atenderá la urgencia de diseñar e implementar la transversalidad de género en toda la política de Estado; cuándo se le concederá suficiente importancia a la transformación hacia una cultura pública de respeto absoluto e irrestricto a los derechos de todas las personas.

Escribir desde el dolor a veces se vuelve una necesidad y un enredo, porque no se sabe por dónde comenzar. Escribir sobre los feminicidios y desapariciones duele, y duele mucho. No puedo dejar de ser sororaria y sentir dolor ante una madre que no parará de buscar nunca el cuerpo de su hija desaparecida; no deja de doler tanta impunidad, omisión e indiferencia. Los gobiernos del PRI y del PAN volvieron a los organismos encargados de atender a las víctimas corruptos e inoperantes. No parece que el gobierno actual esté mejorando este escenario con su reducción de la desigualdad a la pobreza y su invisibilización de que ésta también genera impunidad y víctimas. Tantas desaparecidas, tantas muertas, mujeres y niñas violadas, abusadas, maltratadas, y el Estado no termina de responder como las familias de las víctimas esperan y merecen.

¿A quién se debe hacer un llamado? ¿Al presidente de la República, a la secretaria de Gobernación, al subsecretario de Derechos Humanos, a los gobiernos estatales y municipales?

Esta vez no lo voy a hacer. Esta vez hago un llamado a todas y cada una de mis hermanas mujeres de este país a que se sumen. Unámonos y tengamos la certeza de que unidas resolveremos esto. No estamos solas. Si falla el Estado, gritemos, si falla el Estado otra vez, actuemos, si vuelve a fallar, rompamos. Digamos basta, porque son nuestras hijas, nuestras hermanas. Si nos tocan a una, respondemos todas.

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es defensora de derechos humanos, presidenta de la Fundación Gilberto Rincón Gallardo AC y fundadora del Movimiento Tres Doce.


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