Cuba: radiografía de una emergencia | Letras Libres
artículo no publicado
Imágenes: Chiricano Capaz / Youtube

Cuba: radiografía de una emergencia

En medio de una grave crisis económica y sanitaria, miles de personas en Cuba han tomado las calles, para protestar contra un régimen que se niega a reconocer el derecho de su pueblo a tener y ejercer derechos.

En un texto próximo a publicarse en esta revista analizamos los desarrollos del movimiento sociocultural emergido en Cuba alrededor de la coyuntura (e identidad) del 27 de noviembre de 2020. En este, desde el ámbito artístico, la ciudadanía cubana proyectaba reclamos varios al gobierno, reunidos alrededor de las ideas de diálogo nacional, participación cívica y el derecho a tener derechos.

En el proceso de redacción de nuestro artículo, algunos colegas nos comentaban lo limitado de la experiencia. Circunscrita –por efecto de la represión estatal y la propia naturaleza de los participantes– al grupo y artivistas urbanos, el 27N sería (según palabras de un sociólogo amigo) “un gesto de protesta, valiente e importante, incapaz de prender en una población cansada y analfabeta en derechos”.

Sin embargo, nuestra observación de los acontecimientos y los resultados de una serie de entrevistas y encuestas realizadas a cientos de miembros de la sociedad civil emergente alumbraban algo distinto. Esto es, la convergencia de una minoría activada, cuyos reclamos apenas iban en avanzada del sentir poblacional, que se expresaba de manera lenta y fragmentada en protestas aisladas por servicios, críticas en redes sociales y distintos eventos de autorganización comunitaria.

Recuperamos ese antecedente ante el estallido de las mayores protestas sociales en sesenta años de régimen posrevolucionario cubano. Todo comenzó en San Antonio de los Baños, al suroeste de la ciudad de La Habana. A través de las redes sociales, se transmitió en vivo una concentración de personas que caminaban por el pueblo, coreando consignas contrarias al modelo socialista y estatal cubano y exigiendo derechos. Era el domingo 11 de julio (11J) de 2021, cerca del mediodía. Tal y como sucede en estos casos, las señales se acumularon, pero la chispa prendió cuando y donde nadie la esperaba.

La noticia se esparció de manera exponencial por medio de internet. Pocas horas después comenzaban reportes de manifestaciones en otras provincias del territorio nacional. Antes de que acabara el día se contabilizaron alzamientos en más de 60 localidades cubanas. El alcance, la inmediatez, la pluralidad de los manifestantes, la consistencia, rebeldía, entusiasmo, unidad y descontento fueron algunas de las características que se podían observar en una primera mirada entre quienes se apoderaron del espacio público físico, por tantos años vetado.

El marco de estos sucesos es el de una severa crisis derivada del agotamiento del modelo estatista y agravada por la parálisis de las reformas económicas y otros múltiples factores: el impacto económico de la pandemia, que afectó al turismo, fuente de divisas; los efectos de las sanciones norteamericanas; la dolarización de la economía, que incrementó la pobreza, la desigualdad y la escasez –en los medios de comunicación independientes y las redes sociales se reproducían reportes de filas interminables para conseguir comida–, mientras el gobierno privilegiaba la inversión inmobiliaria por sobre el gasto social. Una nueva crisis energética provocaba largas horas de cortes en el servicio eléctrico, uno de los aspectos que con mayor indignación los cubanos recuerdan de los años noventa, al inicio del llamado Período Especial en tiempos de Paz.

La ausencia de políticas eficaces de apoyo al empresariado y los trabajadores coincidía con un férreo control punitivo del comportamiento ciudadano, que sufría una escalada desde noviembre de 2020, tras los sucesos de desalojo en la sede del Movimiento San Isidro (MSI) y la manifestación de artistas e intelectuales frente al Ministerio de Cultura. Las detenciones y vigilancia domiciliarias, los cortes de internet, el acoso y la difamación en los medios del Estado, así como la apertura de procesos penales contra los que disentían, recrudecieron tanto la represión como el disgusto.

También influyó una política sanitaria que apostó todo al desarrollo de vacunas propias contra la covid-19, sin atender al resto de las condiciones –infraestructura, insumos y personal– que sostienen, en cualquier parte, la salud pública. El uso de los candidatos vacunales Soberana 01 y 02, Soberana Plus, Abdala y Mambisa como especie de frente político y moneda de cambio ante las carencias visibles en el país, y el tiempo dilatado en comenzar la vacunación, eran otros de los soportes activos que pudieron empujar el estallido de las protestas. Debe recordarse además que, durante las últimas semanas, Cuba vivía un pico ascendente de rebrotes, contagios y muertes por coronavirus. Los números más alarmantes estaban focalizados en la provincia de Matanzas, donde los servicios hospitalarios e insumos estaban colapsados y agotados.

Regresemos a las protestas. Miles de personas, de manera pacífica, marcharon y gritaron consignas de diverso contenido social y político. Entre los manifestantes podía observarse una heterogeneidad de orígenes, edades y razas, así como una espontaneidad, deseo legítimo y creencia en lo que exigían en las calles de todo el territorio nacional. Con el avance de la tarde se produjeron enfrentamientos con las fuerzas policiales de las más disímiles variantes y las llamadas Brigadas de Respuesta Rápida (secciones de cuadros y militantes del Partido Comunista), movilizadas para controlar y sofocar las manifestaciones, nunca para protegerlas. Aún se desconoce el alcance de estos acontecimientos –algunos filmados, otros no–, pero se han difundido videos que podríamos catalogar, sin ambages, como abuso policial.

La situación se agravó luego de que el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, compareciera en la Televisión Cubana (TVC) el mismo 11 de julio. En un discurso improvisado, donde se le veía nervioso y soberbio, utilizó la retórica manida y guerrerista empleada en las primeras décadas posteriores a 1959. No hubo una palabra conciliatoria. Díaz-Canel indujo al enfrentamiento y no al diálogo o a una resolución pacífica, porque esto último hubiera significado aceptar la legitimidad de las protestas y verse presionado a escucharlas. Optó por la negación de la realidad, por refugiarse en el simbolismo falso y decadente que es incapaz de sostener el Estado y Gobierno cubanos. Luego de unos traspiés verbales, intentó catalogar y segmentar a los manifestantes en “revolucionarios”, “revolucionarios confundidos” y “contrarrevolucionarios” pagados por los Estados Unidos, mientras aseguraba que la calle era de los revolucionarios, sintagma discriminatorio y segregacionista que no debiera asomar en el vocabulario de un presidente que representa a todos los ciudadanos del país. Omitió decir que, para la hora de su alocución, las protestas ya estaban presente en casi todo el archipiélago. Según la TVC, los “disturbios” solo ocurrieron en San Antonio de los Baños. Díaz-Canel terminó su comparecencia afirmando que estaba “dispuesto a todo”, que había que pasar por encima de su cadáver y que “la orden de combate está dada”.

Durante las protestas se vieron, también, saqueos –análogos a los que suceden durante protestas de descontentos similares, por todo el orbe– en las tiendas en divisas, depositarias de productos de primera necesidad y foco de la ira popular. Las personas no irrumpieron en esos establecimientos por un simple deseo de destrucción: sustraían del interior decenas de bienes y artículos a los cuales no pueden acceder porque no cobran en la moneda fuerte en que el Estado vende esos productos. ¿Alguien puede imaginar que se tratara de simple vandalismo? No: se trata de necesidad, precariedad, desesperación.

A pesar de que entre los manifestantes se escuchaban, de manera continua, llamados a actuar de forma pacífica, una vez desatada la corriente popular es imposible contener las emociones e impedir que se canalicen del modo que cada cual crea conveniente. Este elemento fue utilizado por el gobierno para afirmar que se trataba de vándalos, delincuentes y vulgares. Como si no fueran individuos creados por el propio sistema que les impide realizar sus necesidades económicas y su derecho a expresarse. La academia latinoamericana –en particular la progresista– se ha dedicado en fechas recientes a dar cuenta, analizar y hasta romantizar las causas y expresiones detrás de eventos similares en países como Colombia, Ecuador o Chile, países con gobiernos neoliberales donde los pobres saquearon tiendas. ¿Los juicios deben ser distintos ahí donde hay gobiernos autodenominados socialistas? ¿Cualquier comprensión y crítica no debería basarse menos en posturas ideológicas y más en comprender la situación de quienes saquean, y del sistema que les orilló a hacerlo?

Se produjeron enfrentamientos violentos. Hay videos y gráficas que muestran personas con balazos, heridas, violentadas y golpeadas; personas desarmadas. Hay decenas de desaparecidos sin contabilizar y de los cuales no se conoce el paradero ni los cargos que enfrentarán. Hay reportes confirmados de una persona personas fallecida y escenas de peleas directas entre las fuerzas policiales –que también fueron agredidas– y las masas. Los medios estatales han hecho un mutis injustificable de la situación, pues decenas de videos y fotografías recorren las redes sociales de manera pública. El 12 de julio, Cuba entera amaneció con un corte de internet y servicio intermitente de la telefonía celular y móvil, lo cual solo puede llevar a la conclusión de que el gobierno busca, de manera intencionada, ocultar lo sucedido el día anterior e impedir posibles nuevas articulaciones.

Al momento en que se escribe este texto, la tónica general de los acontecimientos ha sido la diversidad, masividad y politización de las manifestaciones. No se trata de turbas pidiendo limosnas a algún patrón, sino ciudadanos que exigen derechos a las autoridades. Se desmorona la idea de un pueblo genéticamente incapacitado, por seis décadas de castrismo, para reclamar a sus gobernantes. También el mito de una Revolución eterna, que disuelve las responsabilidades del Estado autoritario en la supuesta identificación pueblo/gobierno/partido único. Se rompe el discurso de la unicidad y la irrevocabilidad del socialismo como sistema para Cuba.

Le queda a la dirigencia cubana apelar al fantasma de la desestabilización exterior: el mismo invocado en el 68 para criminalizar las protestas juveniles. Idéntico discurso al que usaron los trumpistas contra el movimiento Black Lives Matter, el pasado año, en Estados Unidos. La diferencia radica en que en Cuba hoy, como ayer en el México priista, la mentira oficial tiene muchos canales para imponerse sobre una población desinformada y simpatizantes extranjeros. Mientras, en una democracia como la estadounidense, la apelación a la injerencia externa –como se hizo con la rusa en 2020– no basta para suspender el ejercicio a los derechos de la gente.

No quiere esto decir que los manifestantes espontáneos de este 11 de julio llevaran bajo el brazo propuestas políticas concretas y elaboradas. Quiere decir que están en desacuerdo con el estado de cosas en el archipiélago y ello comienza por la crítica a la gestión maniquea del Estado cubano de la economía, la pandemia y la sociedad. Esa que desde hace unas décadas se vacía de contenido y es incapaz de resolver los problemas básicos, mientras solo exige al pueblo sacrificios, resistencia y comprensión.

Las reacciones han sido impresionantes, como corresponde ante la irrupción de lo nuevo, en un lugar donde hace mucho tiempo que (supuestamente) no pasa nada. Los eventos se difunden masivamente a través de los medios y las redes sociales Algunos gobiernos y funcionarios apoyan al Estado cubano, otros solicitan que se escuche al pueblo y se llegue a una salida pacífica. Las imágenes y audios de miles de personas reclamando derechos en el espacio público quedarán para quien quiera verlos. Los silencios y solidaridades para con el régimen y la ciudadanía cubanos se harán, desde ahora, más visibles. Estamos en uno de esos momentos de la Historia en los que cada quién elije el bando que acompaña –y asumirá la responsabilidad de hacerlo.

El gobierno cubano ha construido a lo largo de décadas una aceitada maquinaria de control social, sustento de una vocación de poder total, el cual cree tener derecho de detentar a pesar de todo y por encima de cualquier realidad. Ese rechazo a la pluralidad se reflejó también en la conferencia de prensa convocada para la mañana del 12 de julio, día en el cual continuaron reportándose manifestaciones, en una escala mucho menor, porque el país fue militarizado de manera compacta. Allí no se reconoció responsabilidad alguna. Hablaron de restablecer los cortes de luz, supuesto único motivo del descontento popular, y responsabilizaron al embargo norteamericano y a la guerra no convencional de lo que sucede en Cuba hoy. En otra conferencia de prensa realizada la tarde del 13 de julio, el canciller cubano Bruno Rodríguez Parilla reiteró la versión de que el pasado domingo no sucedió un estallido social en Cuba, sino “disturbios muy limitados”. Negó la violencia policial. Afirmó que los cortes de internet no eran resultado de una estrategia gubernamental y que se debían a fallas por la ausencia del fluido eléctrico. Condenó al gobierno estadounidense y reiteró que el descontento popular generalizado se gestó gracias al trabajo en laboratorios mediáticos de ese país. A los manifestantes los llamó: “agentes de una potencia extranjera”, “elementos delincuenciales”, “personas vinculadas a elementos de la marginalidad”. Porque, como diría Brecht, si el pueblo se opone a su gobierno, este se arroga el derecho a disolverlo.

La supuesta “excepcionalidad cubana” languidece. La isla es hoy, simultáneamente, la sede de un vetusto y rígido régimen soviético, y una sociedad caribeña –diversa, desigual, pobre– afín a sus homólogas de la región y con una economía subdesarrollada, conectada de manera precaria a la globalización. Santiago de Cuba tiene hoy más en común con Santiago de los Caballeros o Santiago Atitlán que con una población del viejo socialismo real. Lo excepcional en Cuba se mantiene solo en la naturaleza de un régimen que se niega a reconocer el derecho de su pueblo, real y heterogéneo, a tener (y ejercer) derechos. Ello solo produce que se concentre más la presión, y hace posible el control de esa válvula que aprieta.

Como sucede hoy en muchos países, las personas en Cuba están cansadas de soportar el peso combinado de la pandemia, la explotación y la desidia gubernamental. De que los de arriba les esquilmen, hablando (para colmo) en su nombre. El único final feliz de estos acontecimientos sería que las autoridades acepten el reclamo de la ciudadanía aunque, según las palabras de sus gobernantes, esta esperanza se advierte incierta. Ojalá también queden aislados cualquier llamado a la violencia popular o la intervención extranjera, que favorezcan la propaganda y represión estatales. Lo cierto es que, con independencia del decurso de los acontecimientos, no hay vuelta atrás. Cuba es otra después del 11J.