Bolivia: ¿Golpe militar o rebelión popular? | Letras Libres
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Bolivia: ¿Golpe militar o rebelión popular?

El debate sobre lo que ocurrió el pasado fin de semana en Bolivia ha buscado más afianzar posiciones ideológicas que explicar lo que ocurrió. La realidad está en algún lugar intermedio entre las dos posiciones enfrentadas.

El debate sobre si lo acontecido en Bolivia fue o no un golpe de Estado ha sido más ideológico que académico. En él, más que de entender lo que sucedió y por qué, se trata de estar a favor o en contra de las posiciones de “izquierda”. Se asume que un golpe de Estado es por definición ilegítimo, en tanto que una rebelión popular es legítima, por encarnar justas demandas del pueblo. La “derecha” se inclina por caracterizar lo de Bolivia como rebelión popular, para brindar legitimidad a la caída de Evo Morales, en tanto que destacarlo como golpe de Estado, como hace la “izquierda” en general, hace ilegítimo el movimiento.

Pero la realidad no es binaria, sino mucho más compleja. De acuerdo con Weber, hay tipos ideales para entender fenómenos distintos, es decir instrumentos conceptuales abstraídos de la realidad para usarlos en la comparación con casos reales y observar en qué grado se apartan del tipo ideal. Ayudan a explicar fenómenos complejos, pero son tipos ideales: abstracciones que ayudan, pero no abarcan o retratan exactamente la realidad. No se dan nunca en forma pura, siempre aparecen mezclados con otros. Puede y suele haber combinaciones de más de un tipo ideal para explicar un fenómeno complejo, como el de Bolivia.

El tipo ideal de golpe de Estado es una acción orquestada por el Ejército, donde se detiene, derroca, expulsa, encarcela o asesina al gobernante en turno y a todo su gobierno. Los militares toman el control del gobierno, censuran a los medios, reprimen a quienes respalden al gobierno en las calles, etcétera. ¿Así ocurrió en Bolivia? No. Sin embargo, sí hubo una participación ilícita del Ejército, que se insubordinó al presidente y le recomendó renunciar, algo inconstitucional. Hay pues un componente golpista, pero no idéntico al tipo ideal.

El tipo ideal de una rebelión popular o revolución social es un movimiento amplio en las calles, en contra de lo que se considera un atropello del gobierno o un régimen abusivo, que busca derrocar al presidente (o a todo el gobierno, o al régimen, según el caso). En algún momento suele enfrentarse a las fuerzas del Estado (policías y ejército) y, si las derrota militarmente, o éstas declinan por considerarse derrotadas, al gobierno  –o al presidente– no le quedará más que renunciar, o ser apresado por los ciudadanos levantados, juzgado penalmente, exiliado o asesinado. ¿Así se dieron las cosas en Bolivia? En parte sí, pero no totalmente. El fraude –o la percepción del mismo– motivó una amplia movilización que enfrentó a las fuerzas del Estado, incurrió en actos vandálicos y no aceptó la oferta de nuevas elecciones con Evo al frente. Ante ello, primero los policías y después el Ejército, probablemente ante un cálculo de que ya no había posibilidad de parar el movimiento, o de hacerlo sin un elevado costo, decidieron declinar su responsabilidad y lealtad hacia el gobierno, lo cual orilló a Evo a renunciar.

Como sea, desde cada polo ideológico se interpretan las cosas a conveniencia. Para el polo de “izquierda” no hubo fraude, la movilización no fue espontánea ni popular y claramente el Ejército derrocó al gobierno. Fue, pues, un claro golpe de Estado. Desde el polo de “derecha”, se trata de un movimiento netamente popular frente a un régimen tiránico, sin injerencia de ningún grupo de interés, y sin golpe de Estado (al no apegarse la injerencia militar al tipo ideal), sino una mera declinación de los militares obligada por las circunstancias.

La realidad está en algún lugar intermedio, y exige la combinación de más de un tipo ideal o sus variantes para ser explicada cabalmente. En Bolivia hubo, a mi juicio, una combinación de movimiento popular ante un fraude electoral –quizá con injerencias interesadas incluso del extranjero– que llevó a policías y militares a claudicar y favorecer la renuncia forzada del presidente (que es el componente golpista, pero en una variante suave).

Por otro lado, tanto un golpe como una rebelión popular (o revolución), implican una acción ilegal que rompe la estabilidad política, al deponer a un presidente por fuera de la vía legal e institucional. Podría pensarse que, al ser ilegal, un movimiento es en automático ilegítimo. Pero la legalidad no siempre va de la mano de la legitimidad, según nos explicó de sobra, de nuevo, Weber. La legalidad implica apego a las reglas vigentes, en tanto que la legitimidad es más un asunto subjetivo de aprobación y apoyo a un fenómeno, sea ilegal o no, porque se considera justo. Si la mayoría de un pueblo juzga justo un evento, será legítimo aunque sea ilegal. A la inversa, si esa mayoría juzga injusto un evento o gobierno, será ilegítimo aunque sea legal. Conocemos bastante de eso. Una revolución violenta pero exitosa, siendo ilegal por definición, si es respaldada por una mayoría de la población dará pie a un régimen y gobierno legítimo, como lo son todos los que surgen de una revolución exitosa, al menos los primeros años. Un movimiento popular armado sin respaldo mayoritario –y de ahí que suelan fracasar– será en cambio considerado ilegítimo aunque sus causas fueran justas.

Por otro lado, un golpe de Estado podría ser legítimo si está respaldado por una gran mayoría de la población, pese a incurrir también en una abierta ilegalidad. En tal caso, el gobierno resultante podría durar algún tiempo con apoyo de la mayoría ciudadana, pese a su origen ilegal. Sería legítimo. Ejemplos hay en la historia.

La realidad no es pues en blanco y negro; no es o golpe o rebelión. Pero cuando de lo que se trata no es de entender un fenómeno, sino de utilizarlo para fines ideológicos, más conviene presentar las cosas en blanco o negro.

De cualquier forma, la vía no institucional no es la mejor para resolver los conflictos y diferendos. De ahí la importancia de fortalecer y respetar las instituciones democráticas. Cuando se les desmantela o se les impide funcionar adecuadamente, los riesgos de inestabilidad política y social –y por ende de violencia– crecen en la misma medida.

 

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