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artículo no publicado

Mi lectura de las elecciones

Woldenberg, consejero presidente del IFE en las cruciales e indiscutidas elecciones del año 2000, es un agudo analista político que en este texto interpreta los resultados electorales, las condiciones en que se votó y el país plural que emerge tras el recuento de los votos.

En el proceso electoral pasado se formaron tres grandes referentes políticos. Algo que parece un “rasgo estructural” de la política mexicana. Desde 1988, ya no fue uno ni fueron dos los protagonistas estelares de la contienda. En 2012, dos coaliciones (PRI-PVEM y PRD-PT-MC) y el pan construyeron tres grandes constelaciones formales e informales en torno a las cuales se orientó eso que a falta de mejor nombre llamamos la sociedad mexicana.

Y todo parece indicar que ningún exorcista será capaz de convertir, en plazo breve, un “juego” de tres en una disputa entre dos. Ello porque los tres grandes partidos que organizan y ofrecen cauce a la vida política del país tienen arraigo y presencia. Sus votaciones, por supuesto, son fluctuantes, su arraigo territorial diferenciado, pero en conjunto ordenan la pluralidad política e ideológica que cruza el país.

 

Minihistoria

Desde 1988 fue claro que ningún partido podía cobijar bajo su manto a ese amasijo de intereses y pasiones, de sensibilidades e ideologías que llamamos México. Si algo demostró aquella elección era que la diversidad política buscaba y encontraba cauces para expresarse y competir. Y que cada día esa diversidad parecía más equilibrada. Lejos, muy lejos, habían quedado los tiempos del partido hegemónico, de la ideología de la Revolución mexicana como fórmula omniabarcante, de la legitimidad fruto del movimiento armado de principios de siglo.

Lo que también resultó transparente en aquellos comicios es que ni las reglas del juego ni las instituciones ni los operadores políticos estaban capacitados para procesar los resultados tal y como salían de las urnas. El maquillaje de las cifras en aquel año evidenció que si deseábamos, como país, resolver quién debe gobernar por la vía de los comicios era necesario refundar todo el edificio electoral.

Ello, venturosamente, sucedió entre 1989-90 y 1996. Cuatro reformas electorales modificaron todo el entramado normativo e institucional que da forma a las elecciones. Se modificaron los órganos y procedimientos electorales para inyectarles imparcialidad, las reglas de la competencia para construir un mínimo de equidad, se “judicializó” todo el contencioso para obtener certeza, se cambiaron las reglas para la integración de las cámaras del Congreso para recibir a la pluralidad política, se ajustaron las disposiciones para el registro de partidos, agrupaciones políticas, frentes y coaliciones, y se diseñó para el Distrito Federal una fórmula de gobierno electo.

El resto lo vienen realizando los ciudadanos cada vez que votan. ¿Y qué tenemos? Una representación política plural y equilibrada. No existe fuerza política relevante en el país que no encuentre en la vía electoral la posibilidad de hacerse presente.

 

2012

Contra lo que algunos auguraban y otros querían, de nuevo las elecciones recientes certificaron la existencia de un pluralismo político equilibrado que estará presente en el Congreso de la Unión. Tratándose de la presidencia de la república estamos ante un juego en el que solo uno puede ganar y los demás no. De las siete gubernaturas (bueno, incluye al jefe de Gobierno del Distrito Federal), tres fueron para el PRI-PVEM, tres para el PRD-PT-MC y una para el PAN. Y en los congresos locales, en seis no habrá mayoría absoluta de ningún partido, en cuatro el pri contará con mayoría absoluta de diputados, en tres la tendrá el prd y en uno el pan.

Vistos de esa manera, los resultados indican que nadie gana todo ni nadie pierde todo. Lo dicho: un pluralismo político equilibrado habita y convive en el mundo de la representación política.

Hay algunas noticias colaterales que vale la pena subrayar. No solo se frenó la tendencia hacia un mayor abstencionismo, sino que ahora, en términos porcentuales, votaron más ciudadanos que hace seis años. En 1994 participó el 77.8% de los electores potenciales; seis años después, en 2000, la cifra bajó a 63.97%, y en 2006 la tendencia continuó siendo declinante: solo el 58.55% de los inscritos en la lista nominal de electores acudieron a las urnas. Pues bien, el primero de julio sufragó el 63.14%. Algo deben decirnos esas cifras. Que a pesar del discurso profundamente antipolítico que se reproduce en los mediosy del no escaso malestar que existe en relación a los partidos, millones de mexicanos (más de cincuenta) decidimos ir a las urnas porque (creo) sabemos que es el único método legítimo para el nombramiento de gobernantes y legisladores. Y creo que intuimos algo más: que es la única fórmula que ha inventado la humanidad para que la diversidad de opciones políticas pueda convivir y competir de manera civilizada, es decir, pacífica y ordenada.

El trabajo del ife fue eficaz. En materia de organización prácticamente se instalaron todas las casillas. De más de 140 mil, solo dos no fueron colocadas. Si tomamos en cuenta que los funcionarios de las casillas son ciudadanos que aceptan convertirse ese día en presidentes, secretarios y escrutadores, luego de un sorteo y una somera capacitación, se podrá entender el grado de dificultad de la operación. Pero si a ello sumamos la sombra de la violencia que acompaña la vida en no pocas regiones del país y la supuesta apatía e incluso malestar que envuelve a la actividad política, quizá podamos evaluar de mejor manera lo que significa que alrededor de 600 mil personas, de diferentes edades, condiciones económicas, grados escolares, hayan aceptado recibir y contar los votos de sus vecinos.

Las fórmulas para dar a conocer los resultados la misma noche de la elección funcionaron a la perfección. El conteo rápido, un ejercicio muestral robusto, a las 23:15 permitió que el consejero presidente del ife, Leonardo Valdés, diera en cadena nacional los rangos en los que fluctuarían las cifras de la elección presidencial. A esa hora, el Programa de Resultados Preliminares (PREP) estaba funcionando y ofreciendo cifras a todos los niveles –nacional, circunscripcional, por estado, por distrito, casilla por casilla–. Y al final, los resultados del conteo rápido y del prep coincidieron como dos gotas de agua.

Por si ello fuera poco, se llevó a cabo el recuento distrital de votos más grande de la historia del país. Más de 70 mil casillas fueron recontadas a partir del miércoles siguiente y por supuesto ese recuento certificó los resultados que ya conocíamos gracias al conteo y al prep.

Ahora bien, el afán por convertir al ife cada vez más en un juez de los litigios entre partidos es quizá lo que está desgastando a la institución. Debe subrayarse que en materia de organización y procesamiento de los resultados, prácticamente no existe controversia mayor. Por el contrario, la labor del ife recibe muy buenas calificaciones. No obstante, cada vez que un partido acusa a su adversario ante el IFE, el instituto no puede dejar satisfechos a ambos, mientras quien acusa quiere que se condene, el que es acusado desea ser absuelto. Al final, el instituto no puede dejar contentos a ambos, y además, lo más probable es que el que pierda en el ife apele la decisión ante el Tribunal. Así es el diseño, pero quizá sea una fórmula ingrata para el IFE.

Vale la pena además subrayar que a lo largo de los meses, los candidatos a todos los cargos electivos ejercieron sin cortapisas sus derechos y desplegaron sus libertades. Viajaron a lo largo del país o del estado o de su distrito, se reunieron con ciudadanos en grandes concentraciones o en auditorios reducidos, hicieron sus planteamientos y escucharon diversos reclamos y necesidades. En una palabra: un clima de libertades cobijó a las contiendas y por unas semanas la política estuvo en el centro de la atención pública. Lo cual también merece ser apreciado.

 

Resultados

El próximo presidente de la república será Enrique Peña Nieto postulado por el PRI y el PVEM. Ganó, sí, pero con el 38.21% de los votos. Triunfó en veintiún estados de la república,[1] mientras Andrés Manuel López Obrador, candidato del PRD-PT y MC alcanzó el 31.59%, ganando solamente en ocho entidades.[2] Josefina Vázquez Mota del PAN obtuvo el 25.41% de los sufragios y triunfó solo en tres estados.[3] 

Sí, será el regreso del pri a la presidencia. Pero el cuadro general con que se encontrará es marcadamente diferente al del pasado. Recordemos que los presidentes del pri no solían tener un auténtico contrapeso en el Congreso porque su partido contaba con mayorías calificadas o absolutas en ambas cámaras. Ahora (escribo antes de la calificación del Tribunal), todo parece indicar que ningún partido tendrá los suficientes asientos en las cámaras del Congreso como para poder hacer su simple voluntad.

Por el contrario, por sexta vez consecutiva en la Cámara de Diputados y por tercera vez en la de Senadores, ningún partido tendrá la mayoría absoluta de los votos. Por ello, el diálogo, la negociación, el acuerdo deberán presidir las relaciones entre las principales fuerzas políticas del país.

En las elecciones para el Senado, el pri sin aliado ganó en diez estados, junto con el pvem en otros ocho;[4] el pan triunfó en ocho[5] y la alianza de izquierda en seis.[6] En trece estados el pan fue segundo lugar (y por eso se llevó un senador en cada una de esas entidades), el PRI-Verde en doce y la coalición PRD-PT-MC en siete. Por ello, en el Senado el PAN será la segunda fuerza.

En la Cámara de Diputados, sin embargo, la coalición de la izquierda, si se mantiene unida, será la segunda fuerza. Vale la pena señalar que solamente en diez entidades[7] obtuvo diputaciones uninominales, lo que significa que en veintidós no obtuvo un solo diputado por distrito, mientras el PRI solo se fue en blanco en cinco estados[8] y el PAN en catorce.[9] 

Como se sabe, el pri ganó tres gubernaturas (Chiapas, Jalisco y Yucatán), el PRD-PT-MC otras tres (Distrito Federal, Morelos y Tabasco) y el PAN una (Jalisco). En cuatro estados hubo alternancia (Chiapas, Jalisco, Morelos y Tabasco) y en tres continuidad (Distrito Federal, Guanajuato y Yucatán).

Como cualquiera puede apreciar, las elecciones siguen mostrando su capacidad para modelar el mundo de la representación política.

 

Litigio postelectoral

La coalición de la izquierda (PRD-PT-MC), encabezada por Andrés Manuel López Obrador, solicitó al Tribunal Electoral la anulación de la elección presidencial. Solo de esa elección, no la de diputados y senadores, no la de gobernadores, no la de congresos locales, no la de ayuntamientos. A pesar de que todas ellas se celebraron el mismo día y con las mismas condiciones. Y a pesar de que en la elección para diputados y senadores esa coalición obtuvo menos votos que en la elección presidencial.

Sus argumentos subrayan que las condiciones de la competencia no fueron equitativas. Aluden a la compra y la coacción de votos, al posible rebase de los gastos de campaña, a la connivencia entre televisoras y Peña Nieto y a una especie de conspiración de las encuestadoras que trucaron sus resultados para favorecer al candidato del PRI.

Vale la pena recordar que la reforma electoral de 2007 estableció con claridad las causales de nulidad de la elección presidencial: a) cuando por lo menos en el 25% de las casillas instaladas se hayan presentado anomalías como para anularlas, b) cuando no se hayan instalado el 25% o más de las casillas o c) cuando el candidato ganador resulte inelegible.

No se requiere ser Einstein para saber que esas causales de nulidad están lejos de hacerse realidad en la elección que acabamos de vivir. Como ya apuntamos, se instalaron prácticamente todas las casillas, en los cómputos distritales se volvió a contar un porcentaje importante de casillas y no se encontraron anomalías mayores, y es poco probable que ahora resulte que Enrique Peña Nieto o no tenga la edad o no tenga la nacionalidad para ser presidente.

Los legisladores –incluyendo a los de izquierda– hicieron esa reforma para cerrarle el paso a la llamada “causal abstracta” de nulidad y que permitía al Tribunal sopesar de manera subjetiva algunos aspectos de la elección que hubiesen podido gravitar sobre los resultados.

Eso lo saben los impugnadores y por ello aluden a una supuesta violación a los principios constitucionales que señalan que las elecciones deben ser “libres y auténticas”, además de “periódicas”. Y sus causales de anulación, dicen, apuntan en esa dimensión. Solo unas palabras sobre cada una de ellas.

Encuestas. Ciertamente, la mayoría de las encuestas indicaban que la ventaja entre el primero y el segundo lugar de la elección sería más amplia de la que fue. El argumento de la coalición de izquierda es que esa operación intentó artificialmente construir la imagen de un ganador y que ello influyó en el voto de los ciudadanos.

Las casas encuestadoras deberían ofrecer una explicación amplia y sustentada de lo que creen, suponen o saben que sucedió. Se trata, por supuesto, de una obligación moral, quizá política, no judicializable. Las “fallas” pueden deberse a diferentes causas: el número de encuestados que no quisieron serlo y que fueron substituidos por otros, quizá el número de indecisos y las formas en que fueron “asignados”, quizá las fluctuaciones de última hora. Yo qué sé. Pero sería importante y esclarecedora una especie de reunión entre especialistas para escuchar razones.

Pero pretender anular una elección por el presumible efecto de las encuestas es otra cosa. Bien a bien no podemos saber el impacto de las misas. Se puede especular que dar como ganador a alguien sirve para que muchos se quieran subir a la nave del triunfador, pero se puede especular lo contrario: que ante los resultados de las encuestas muchos le dan la espalda porque no desean un triunfo holgado de quien aparece en primer lugar.

Compra y coacción. Quizá se trate de la impugnación que más visibilidad pública ha tenido. Los casos “Soriana” y “Monex” han ocupado las primeras planas de los diarios y buena parte de los noticieros de radio y televisión. El IFE y la fepade están investigando y habrá que esperar para ver, con certeza, de qué se trata.

La compra y la coacción de votos son delitos tipificados y deben ser sancionados. Sobre ello no debería existir duda. Ahora bien, la cuantificación del fenómeno no es sencilla. Su base material está dada por las profundas desigualdades que marcan al país y por las ingentes necesidades de millones de mexicanos. En esas condiciones no es nuevo que algunos traten de explotar esa situación para intercambiar algún bien por votos. Es posible que para unos mexicanos unos sacos de arroz o unas láminas para su vivienda signifiquen más que una papeleta para votar. Y eso lo han explotado todos los partidos.

Pero no es cierto que no existan “contravenenos” contra esa práctica. En primer lugar, la denuncia ante la FEPADE y la necesaria sanción penal (vale decir que al día de las elecciones, el IFE había recibido solamente dos denuncias). Pero en segundo lugar, el propio López Obrador llamó durante la campaña a recibir los obsequios que candidatos y partidos suelen dar, pero a votar en libertad. Y ello es posible por un mecanismo elemental pero fundamental que construye el IFE: la mampara en la que se vota, y en la que solamente puede estar una sola persona a la vez, de tal suerte que aunque haya recibido presiones o regalos, pueda sufragar en entera libertad, sabiendo que nadie podrá saber el sentido de su voto. Creo que cualquier observador imparcial sabe que la inmensa mayoría de los mexicanos votamos en absoluta soledad y por ello ejerciendo nuestra voluntad.

El rebase a los topes de campaña. Es posible que haya sucedido y me temo que en más de una campaña. Pero no podemos adelantar vísperas. Los impugnadores saben, mejor que nadie, que es a partir de octubre que los candidatos y partidos empezarán a entregar al IFE sus informes de gastos de campaña. Y que entonces el instituto hará los rastreos, auditorías e indagaciones del caso. Dando, por supuesto, derecho de audiencia a quienes eventualmente puedan resultar responsables de la violación a la ley. Pero otra vez, ello es así porque todos los partidos en el Congreso decidieron disociar la calificación de la elección de la fiscalización de los recursos de los partidos utilizados en la campaña. Es posible que sea un mal diseño, pero es el diseño acordado por todos. De tal suerte que si alguien rebasó los “topes” seguramente será sancionado con alguna multa, pero no con la pérdida de su escaño o de la presidencia.

Señala además la coalición conformada por el prd-pt-mc que mucho antes de las campañas electorales, desde 2006, Peña Nieto adquirió tiempo en televisión y radio para promover su imagen. La compra de espacios en radio y televisión está prohibida desde la reforma de 2007. Y quizá esa sea la sombra más preocupante que habrá de acompañar a las elecciones pasadas, porque ciertamente todo apunta a que, con posterioridad a la fecha de la reforma, hubo operaciones entre las televisoras y el apenas precandidato del pri para lograr su “posicionamiento”. Ello sucedió mucho antes de las precampañas y las campañas, pero es uno de los asuntos que clama por una reforma ya no electoral sino de las leyes federales de Radio y Televisión y de Telecomunicaciones. Es importante que los medios coadyuven al asentamiento de las relaciones y las condiciones que hacen posible la democracia y no que de vez en cuando intenten erosionarlas.

Lo cierto, también, es que en el tiempo que duraron las precampañas y las campañas, cinco largos meses previos al día de la elección, los medios cumplieron con la ley. No solo pasaron los spots  de los candidatos en “tiempo y forma”, según los monitoreos del IFE y lo que todos pudimos ver, sino que los noticiarios realizaron una cobertura equilibrada de las diferentes campañas. Ahí están, para quien quiera consultarlas, las mediciones del IFE. Es decir, las condiciones de la competencia en lo que se refiere a la cobertura de las campañas en los grandes medios de comunicación, durante el tiempo de la contienda –que, insisto, no es corto–, fue equitativo.

No obstante, lo más triste del caso es que la elección ya quedó empañada. O ya quedó empañada para un número significativo de personas. Porque, en el mundo de la fe, muchos creen lo que sus líderes dicen. Quizá no pueda ser de otra manera. Resulta descorazonador, pero no hay opción: continuar con la construcción de confianza; una edificación siempre frágil, en la que se avanza por metros, y se retrocede por kilómetros.

 

Futuro inmediato

Tenemos, pues, un formato de tres grandes partidos que son acompañados por otros cuatro. No hay exorcista que pueda con eso. El pluralismo equilibrado parece que llegó para quedarse (por lo menos por un buen rato). Lo que sigue en la agenda nacional es la forja de acuerdos, si es que se quieren realizar ajustes a las leyes, transformaciones al presupuesto, operaciones políticas con sentido.

Por ventura, digo yo, no hay una fuerza política, en singular, que pueda hablar a nombre del país. Y esa será la realidad –refrendada– en nuestro Congreso. Las palabras claves son entonces diálogo, atención al otro, negociación, acuerdo. Por supuesto, siempre cabe la posibilidad de dar rienda suelta a los monólogos autosatisfechos que descalifican a los adversarios y solo son capaces de mirar hacia el espejo. Pero esa, por fortuna, es una vía clausurada por ese universo contradictorio, diferenciado, masivo, complejo al que llamamos sociedad mexicana.

El multicitado mandato de las urnas dice una cosa elemental pero fundamental: si se quiere hacer avanzar un proyecto se requieren acuerdos entre dos o más partidos. Los votantes hablamos el primero de julio; es la hora de los políticos. De los buenos políticos, aquellos que saben que no se encuentran solos en el escenario y que están obligados a convivir con los que ayer fueron sus adversarios. ~



[1]Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Coahuila, Colima, Chiapas, Chihuahua, Durango, Hidalgo, Jalisco, México, Michoacán, Nayarit, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Veracruz, Yucatán y Zacatecas.

[2]Distrito Federal, Guerrero, Morelos, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Tabasco y Tlaxcala.

[3]Guanajuato, Nuevo León y Tamaulipas.

[4]Baja California Sur, Campeche, Colima, Chiapas, Chihuahua, Durango, Hidalgo, Jalisco, México, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora, Veracruz y Zacatecas.

[5]Aguascalientes, Baja California, Coahuila, Guanajuato, Querétaro, San Luis Potosí, Tamaulipas y Yucatán.

[6]Distrito Federal, Guerrero, Morelos, Oaxaca, Tabasco y Tlaxcala.

[7]Distrito Federal (26), Oaxaca (10), Guerrero (9), México (7), Tabasco (6), Michoacán (4), Morelos (4), Tlaxcala (2), Veracruz (1) y Quintana Roo (1).

[8]Baja California Sur, Distrito Federal, Guerrero, Nuevo León y Tabasco.

[9]Campeche, Colima, Chiapas, Durango, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Tlaxcala y Zacatecas.