Mapa de sitio para entender la vuelta de la violencia terrorista en España | Letras Libres
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Mapa de sitio para entender la vuelta de la violencia terrorista en España

A penas unas horas después de que el presidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, anunciara en televisión unas Navidades sin bombas y un optimista panorama para el fin dialogado del terrorismo, ETA hizo estallar en el estacionamiento de la flamante Terminal 4 del Aeropuerto de Barajas doscientos kilos de explosivos plásticos, asesinando a dos inmigrantes ecuatorianos, destruyendo una infraestructura básica de la capital, y echando por tierra las esperanzas de acabar con la pesadilla terrorista.

ETA es uno de los grandes malentendidos que sobre España tiene la opinión pública mexicana. La primera razón se encuentra en que ETA nació en plena dictadura franquista, y aunque sus fines y sus objetivos siempre fueron totalitarios, el enfrentamiento a cara de perro con la cruel y ridícula dictadura del nacionalcatolicismo del “Caudillo de España por la gracia de Dios” la revistió de un aura de legitimidad democrática que en realidad nunca tuvo. De hecho, la actividad etarra se incrementó exponencialmente en la transición a la democracia, y, lo que es aún más grave e imperdonable, creció más ya en plena democracia. Los “años de plomo”, como se denomina a ese terrible bienio en que ETA atentaba casi todos los días, coinciden con la llegada al gobierno de los socialistas, por primera vez desde la Segunda República.

La razón segunda tiene que ver con que una parte de la izquierda mexicana nunca ha hecho con justicia la crítica de la vía revolucionaria para acceder al poder, pese a sus evidentes y dolorosas consecuencias; capaz de sacrificar a los mejores jóvenes de varias generaciones en una espiral de violencia en los países en que fracasó (Argentina, El Salvador...), y de construir regímenes autoritarios, cuando no totalitarios, allí donde triunfó (Cuba, Nicaragua). La tercera está relacionada con la memoria histórica mexicana; esa opinión inconsciente que mira a España como la vieja metrópoli opresora –el estereotipo de nuestra historiografía romántica– y, por lo tanto, siente empatía instintiva por cualquier fuerza política o movimiento que cuestione esta fantasmagoría. La cuarta es que la retórica de ETA se inscribe parcialmente en el lenguaje de los movimientos anticolonialistas de liberación nacional que cambiaron el mapa del mundo en los años sesenta, discurso que sintoniza con la opinión pública mexicana, y olvida la otra mitad de la retórica etarra, claramente racista, o cuando menos etnicista. Por último, la comunidad vasca en México, fuertemente enraizada en la sociedad mexicana (inmigrantes de los siglos XVIII a XX) y con ilustres representantes en la economía, la política, las artes y el deporte, ha sido muchas veces poco clara en denunciar y condenar la violencia terrorista, e incluso, en algunos de sus miembros, francamente cómplice.

 

Notas sobre una ficción

La realidad de España y del País Vasco es, sin embargo, contraria a estos filtros y distorsiones. España es un Estado de derecho y una democracia plena, con alternancia en el poder, libertad absoluta de prensa y expresión, un aparato judicial independiente, y todas las características y señales que permiten definirla como una de las sociedades más libres y justas del mundo. Además, España llevó a cabo desde su transición un proceso de descentralización del poder sin paralelo en ningún país europeo, incluido el Estado federal alemán. El País Vasco, a través de su gobierno autónomo, tiene amplias competencias sobre la educación, el turismo, la industria, la cultura y la lengua, entre muchas otras; además, tiene su propia policía y un sistema fiscal, el famoso “cupo”, que le permite recaudar todos los impuestos correspondientes al Estado y pagar exclusivamente por aquellos servicios que no se manejan desde la Presidencia autónoma, la Lehendakaritza. La soberanía española en el País Vasco está también diluida por el hecho de pertenecer a un marco político mayor, la Unión Europea, que legisla sobre materias tradicionalmente propias de los Estados, como las fronteras, el mercado laboral, el libre comercio y la moneda.

El País Vasco está gobernado, desde que se instauró la Comunidad Autónoma en el año de 1979, por el Partido Nacionalista Vasco (PNV), una institución que ha orientado las políticas educativas y lingüísticas en función de su credo político (tienen la libertad de enseñar a los niños y jóvenes, desde hace lustros, una historia mítica, improbable y abigarrada, con la obsesión en separar lo vasco de lo español y que para muchos analistas es un verdadero caldo de cultivo de nuevos terroristas). El PNV gobierna el País Vasco con una mezcla casi priista de demagogia nacionalista y cooptación corporativista; se ha convertido, más que en un partido en el poder, en el partido del poder. Frente a su discurso, se encuentran las dos filiales de los grandes partidos nacionales, el Partido Socialista y el Partido Popular. Son sus militantes y sus partidarios contra los que la vesania del terrorismo se ha cebado. Incluso hay pequeñas poblaciones del País Vasco en donde estos grandes partidos nacionales, defensores de la Constitución Española y el Estatuto de Guernica, que regula el gobierno autónomo, pero contrarios al fanatismo identitario y la quimera histórica del nacionalismo vasco, han tenido problemas para presentar candidatos a las corporaciones municipales. Los que se atreven a ser candidatos son simples ciudadanos de a pie que se juegan la vida por estar en la oposición y no en el gobierno, ya que ETA, a lo largo de su negro historial de casi novecientos muertos, nunca ha atentado contra los que considera sus hermanos mayores, los militantes de los demás partidos vascos nacionalistas, “equivocados” y “timoratos” pero “verdaderos vascos” al fin y al cabo, hijos de Sabino Arana, que en el Aberri Eguna (en vasco “Día de la Patria”) celebran su “lealtad” nacional.

Además de gozar de las mayores libertades democráticas, y de un inusitado grado de autonomía, el País Vasco es uno de los territorios más prósperos de Europa, y, por lo tanto, del mundo. Por ello resulta atrozmente falso, una de las grandes malinterpretaciones políticas del siglo XX, su papel de víctimas de la “opresión española”. Y es necesario repertirlo: los únicos oprimidos en Euskadi son los numerosos vascos que se oponen al nacionalismo y su deriva terrorista, que viven escoltados y que tienen enormes dificultades para disfrutar con normalidad sus derechos civiles y políticos.

Las razones sociológicas de la existencia de ETA no se pueden desmenuzar en este ensayo, pero están vinculadas con la permanencia del concepto medieval español de la pureza de sangre, trasvertido, como ha estudiado Jon Juaristi (El bucle melancólico), en una conciencia étnica, que ubica ahora al vasco como un pueblo elegido, de guerreros invictos, dueños de “la lengua más antigua de Europa” y nunca contaminados con otros pueblos. En realidad, estas ideas, falsas desde el punto de vista científico e histórico, son la forma en que la sociedad vasca, fuertemente estamentaria y privilegiada, se defendió de las vertiginosas transformaciones industriales del siglo xix, de la llegada masiva de inmigrantes del resto de España y del triunfo de los ideales liberales, el laicismo y la universalidad de la ciudadanía. Por ello, para Juan Pablo Fusi (El País Vasco. Pluralismo y nacionalidad), hay un vínculo directo entre el carlismo (la larga y reiterada sublevación para poner en el trono de España al hermano de Fernando VII, Carlos María Isidro de Borbón –o sus descendientes–, en lugar de su hija Isabel II –o los suyos–), movimiento claramente conservador, católico y monárquico –que en México tendría quizá cierto eco en algunos líderes cristeros–, y el nacionalismo vasco. Éste será el terreno abonado que le permitirá a Sabino Arana sentar las bases del nacionalismo vasco moderno, incluida la fundación del PNV en 1895, y cuyo espíritu abiertamente racista, católico y conservador ha sido estudiado, entre otros, por Antonio Elorza (Tras las huellas de Sabino Arana). Los etarras son la deriva radical, sesentera, marxista-leninista, de esta ideología, que combina en un coctel explosivo, valga el mal gusto del adjetivo, la universalidad del credo marxista con el exclusivismo intrínseco de todo nacionalismo.

Hoy, ETA es más que nada una banda mafiosa, una maquinaria de extorsión cuyo único sentido, después de tantos crímenes, presos y dolor, es meramente seguir existiendo, sobrevivir. Es la dinámica con que François Furet (El pasado de una ilusión) describió magistralmente a la Primera Guerra Mundial: una matanza inmóvil e inútil, pero en la que se había invertido tanto que nadie podía dar el primer paso atrás. ETA, más allá de las víctimas y su dolor, ha desgarrado el tejido social del País Vasco, ha provocado un exilio de cerca de doscientas mil personas, tiene más de diez mil presos, ha condicionado la vida de tres generaciones de vascos y por ello, justamente, no puede aceptar su derrota. Y es que ETA, efectivamente, no puede ganar. Apenas una minoría exigua de los propios vascos comparte sus postulados maximalistas, y el terrorismo está absolutamente desacreditado en el mundo occidental como una forma de lucha política, antes ya incluso del Once de Septiembre.

Los gobiernos de España han intentado dialogar con ETA en tres ocasiones. La primera, durante el gobierno de Felipe González, en 1989, con las famosas “conversaciones de Argel”. La segunda, durante el gobierno de José María Aznar, cuando ETA declaró un alto al fuego tras forzar un pacto entre los distintos partidos nacionalistas vascos para encaminarse, en unidad de acción supuestamente, hacia la independencia; la banda utilizó esa oportunidad, pese a los gestos de buena voluntad por parte del gobierno –como el acercamiento de ciertos presos al lugar de residencia de sus familias y algunas medidas de gracia–, únicamente para rearmarse después del golpe estructural que supuso la detención de su cúpula en Bidart, Francia, en 1992. La tercera es ésta, recién finiquitada con el atentado del 30 de diciembre.

El joven opositor José Luis Rodríguez Zapatero, cuando José María Aznar gobernaba con mayoría absoluta y ETA había roto la tregua del 98, decidió proponer al gobierno –quizás para alejar de sí la sospecha de su bisoñez política– un pacto antiterrorista basado en el sensato principio de que, independientemente del partido que gobernara España, la banda enfrentaría una misma política de Estado en su contra. Aznar, después de algunas reticencias, lo aceptó. El pacto obligaba a Batasuna, brazo político de ETA, a aceptar las reglas del juego democrático o, de lo contrario, enfrentar su ilegalización; equiparaba los actos de sabotaje callejeros (la llamada kale borroka) de las organizaciones juveniles subsidiarias de ETA con actos de terrorismo, y proponía luchar con todos los instrumentos de la ley para conseguir la derrota policial de la banda terrorista, sin pagar a cambio ningún precio político.

Estas medidas fueron un éxito: el sistema democrático español probó estar lo suficientemente consolidado para atreverse a expulsar de las instituciones y de sus privilegios a aquellos que claramente las usaban con el único fin de vulnerarlas y destruirlas, y con ello se le hizo un daño medular a la estrategia de la banda terrorista; se demostró que, cuando a los padres de los niñitos satisfechos que, con un pasamontañas, incendiaban camiones y cajeros automáticos como lúdica actividad de fin de semana se los multaba con miles de euros, esas acciones cesaban de inmediato, limitando el semillero de activistas de la banda.

La acción policial y la colaboración con el gobierno francés fueron por último capaces de detener y desarmar a los principales comandos. Esta estrategia había dejado a ETA en la situación de mayor debilidad de su historia, aunque, es inevitable reconocerlo, todavía con capacidad operativa para asesinar: en un sistema democrático y de plenas libertades, una acción terrorista no es difícil de poner en marcha: la democracia demuestra su superioridad moral, paradójicamente, en esta debilidad intrínseca, ya que no puede combatir al terror con el terror.

No se suele hacer hincapié en otro elemento central en la lucha contra ETA: el valor de muchos ciudadanos vascos y españoles que, en los últimos años, se han organizado en asociaciones civiles para disputar el espacio público a ETA y sus seguidores, y para denunciar las complacencias con el terrorismo de muchas de las actuaciones del nacionalismo vasco no violento. La admirable actitud y actividad del Foro Ermua, del escultor Agustín Ibarrola, de la plataforma Basta Ya, del filósofo Fernando Savater y de Rosa Díez, entre otros muchos, son un emocionante ejemplo de coherencia y de conciencia política. No todo en las democracias corresponde a los gobiernos, y estos grupos, organizados muchas veces sin recursos, con grandes costos en tiempo y con riesgos personales obvios, son un ejemplo vivo de que los resortes morales de la sociedad vasca no se han hundido definitivamente pese a los cuarenta años de ignominia y opresión terrorista.

Historia de una tregua

Éste era más o menos el escenario de España cuando el Once de Marzo de 2004 el terrorismo islámico atentó contra los trenes de Madrid. Y todo cambió irremediablemente. La cúpula del gobierno de Aznar, a tres días de las elecciones en las que competía, segura de hacer ganar a su delfín Mariano Rajoy, trató desde el principio de inducir a la opinión pública española e internacional sobre la supuesta autoría etarra del atentado, bajo el presupuesto de que eso reforzaría el voto hacia su partido por su política de “cero concesiones” a la banda terrorista. Pero en la era de internet, del teléfono celular y de las cadenas de televisión extranjeras, setenta y dos horas son una eternidad, y la verdad del terrorismo islámico se filtró por los hogares de España. Es justo decir que la investigación policial a cargo del gobierno del mismo Aznar actuó con prontitud y atingencia, e informó casi en tiempo real a la opinión pública de sus acciones –lo que puso al descubierto que los autores habían sido terroristas musulmanes–, pero esta labor, que los honra, fue entreverada con un discurso ambiguo que mantenía, por especulación electoral, la posibilidad de la autoría de ETA. El Partido Socialista, por su parte, aprovechó esta ocasión de oro de regresar a La Moncloa contra sus propios pronósticos, y sacó a sus partidarios a las calles, haciendo a su vez una manipulación de la manipulación oficial, culpando a Aznar del atentado por su apoyo a la guerra de Iraq e interrumpiendo la jornada de reflexión con manifestaciones ilegales. Esto movilizó a un sector de los votantes tradicionalmente abstencionistas pero con tendencias de izquierda a dar el triunfo al PP y llevar a la presidencia en minoría a Rodríguez Zapatero.

Desde entonces, la crispación es el signo de la política española. Por parte del PP, por su incapacidad para asumir la derrota y por ejercer una oposición radical, sin matices, nunca constructiva, infantil, sistemáticamente en contra de todo lo que propusiera el gobierno socialista; y por parte del PSOE, por su pacto con los nacionalismos periféricos, en particular con Esquerra Republicana de Catalunya, con la intención nada disimulada de aislar y marginar al PP. Por primera vez en la historia de la democracia española, grandes cuestiones de Estado, como la reforma de los estatutos de autonomía, se han realizado sin el consenso de los dos grandes partidos, los únicos que realmente pueden gobernar España.

Es en este escenario donde los emisarios de la banda terrorista se acercaron al gobierno del PSOE a proponerle un alto al fuego, una nueva tregua. ¿Rodríguez Zapatero pensó que, tras los atentados del Once de Marzo, y con la debilidad manifiesta de la banda, poseía una buena baza negociadora? ¿Qué podía ofrecer el gobierno en una negociación así? ¿Se conformaría ETA con la legalización de su brazo político, una amnistía para los presos sin delitos de sangre y el acercamiento del resto al País Vasco? ¿Hubo algún tipo de compromiso sobre el que no se ha informado? El fin negociado no parecía un mal negocio para ETA, dado su descrédito universal, la inviabilidad de su ideario y su flaqueza operativa. Para Rodríguez Zapatero se abría la posibilidad de ser el primer presidente en no sufrir ningún atentado terrorista mortal durante su mandato y quizá, por qué no, en el artífice del desarme definitivo de la banda, lo cual le garantizaría la reelección en los próximos comicios.

¿Qué salió mal? Todo. El gobierno aceptó la exigencia de Batasuna de establecer dos vías de negociación: una con los partidos políticos, la famosa “mesa de partidos”, y otra con los terroristas. Éste fue un primer error gravísimo, pues concedía de facto la legalización de Batasuna, que se volvió interlocutora imprescindible de la noche a la mañana con un espacio protagónico en los medios para sus posturas extremas, a cambio de nada por parte de la banda. El segundo aspecto central es que obviaron las señales de cautela que, de buena fe, emitían los actores del País Vasco que conocen a ETA desde dentro. El tercero fue la pretensión imperdonable del presidente del gobierno de pasar a la historia como el único capaz de aplacar a la bestia etarra, sin reconocer claramente el esfuerzo enorme de los gobiernos anteriores y de las asociaciones civiles, vendiendo además la piel del oso antes de cazarlo. Para que el diálogo con la banda prosperara era necesario que cesara toda acción violenta y que esto se verificara por un tiempo prudente. He aquí la cuarta equivocación: hacer una verificación demasiado simple y rápida, atada al calendario político, y minusvalorando las señales de que ETA y su entorno se movían otra vez: desde cartas de extorsión a empresarios reclamando el “impuesto revolucionario”, el renacer de la kale borroka, además de las amenazas nada veladas de Batasuna ante el lógico estancamiento de la “mesa política”, hasta acciones abiertamente criminales: el robo de más de seiscientas pistolas y explosivos en Francia, o el acopio de material en un zulo o guarida recién abierta en territorio español.

La banda, para colmo, con sus comunicados internos, se permitía condenar como insatisfactoria la actitud del gobierno, y su “falta de voluntad” para avanzar en unas negociaciones en las que no renunciaba a ninguno de sus postulados históricos: independencia, unión de Navarra al País Vasco –sin contar con los navarros, claro–, excarcelación de todos los presos, etcétera, peticiones obviamente inaceptables para cualquier gobierno.

Finalmente, el estallido

Eta, el 30 de diciembre, quiso poner a prueba las “ansias infinitas de paz” del presidente del gobierno, con un atentado brutal cuya intención primera no era causar víctimas. Aquí es donde ETA perdió piso, como siempre, ya que debería saber que doscientos kilos de explosivos pueden causar víctimas mortales, y que, aunque no las causen, no son precisamente la mejor manera de participar en una negociación de paz. Y que Zapatero, por más afán protagónico que tenga en este asunto, está sujeto al dictamen de la opinión pública, que ha sido claramente contraria a proseguir ningún contacto tras el atentado, y que lo ha atado de manos.

Lo que preocupa del atentado no es sólo la resurrección de la violencia, es también la actitud de reflejos lentos, de ambigüedad discursiva, del gobierno español. Quizá porque Zapatero sabe que si el año que le queda de legislatura coincide con una ofensiva etarra, su reelección será muy difícil, pero también que no puede mantener unas conversaciones con dos víctimas y los escombros de un edificio de cinco pisos.

En ese laberinto retórico el gobierno se mueve sin rumbo. La postura del PP tampoco es fácil, ya que tiene que demostrar que considera el atentado un acto execrable, atroz y vil, más allá de que les convenga políticamente en el corto plazo, y que renuncia a los réditos políticos de este “regalo envenenado” que le han puesto sobre la mesa los terroristas de ETA.

La negativa de Zapatero a volver a convocar el Pacto Antiterrorista y luchar junto al PP por la derrota policial de ETA, modelo que tuvo éxito en el pasado, es un triste augurio. La negativa del PP a acompañar a las asociaciones de ecuatorianos en las marchas de duelo y de protesta no lo es menos. ETA, con su bomba, ha logrado dividir a los dos partidos políticos, y en este año electoral que se abre todo parece indicar que España camina a ciegas pidiendo a gritos un verdadero estadista. Uno que no se vislumbra ni a izquierda ni a derecha. ~