De los dichos a los hechos | Letras Libres
artículo no publicado

De los dichos a los hechos

• Desarrollo social

Roberto madrazo

El 29 de enero, en Milpa Alta, Distrito Federal, propuso: “Voy a aumentar en dos millones de familias los beneficiados de la leche de Liconsa.”

Calificación promedio: 3

 

Lic. Efraín Gala Palacios (itam)

Se deben encontrar alternativas de menor costo para que las familias más pobres aumenten su consumo de leche. Por ejemplo, que las personas que tienen Tarjeta Liconsa puedan comprar leche de cualquier marca en cualquier tienda, al precio de la leche Liconsa (que podría ser de cero pesos), y el diferencial lo pagaría el gobierno directamente a la tienda. Esta alternativa implicaría menor burocracia y evitaría que fuera una empresa pública la que hiciera todo el proceso de producción y distribución de leche; también implicaría que el gobierno no perdiera el objetivo de aumentar la nutrición de la población pobre.

Calificación: 0

 

Dr. John Scott (cide)

A primera vista, la propuesta podría parecer razonable. Sin embargo, un análisis más cuidadoso habría revelado al equipo de Roberto Madrazo la rentabilidad social limitada de la ampliación propuesta.

El programa absorbe una carga fiscal mínima dada su actual escala de operación. Según reportan las evaluaciones externas, éste opera cerca de su capacidad. Una ampliación masiva del programa supondría cuantiosos recursos fiscales, eliminando el atractivo financiero del programa.

Lo más preocupante: en el análisis de costo-efectividad como programa contra la pobreza, sus costos fiscales bajos se ven cancelados por su inefectividad para llegar a la población más pobre y con mayores necesidades alimentarias: apenas doce por ciento de sus beneficiarios se encuentran en el veinte por ciento más pobre de la población y más de la mitad de sus beneficiarios no son pobres aun en términos de la línea de pobreza oficial más alta. Es decir, la propuesta revela un error de inclusión del 88 por ciento y un error de exclusión de más de cincuenta por ciento.

Calificación: 5

 

Felipe Calderón

En respuesta a un cuestionario de la agrupación Sociedad en Movimiento, propuso metas cuantitativas a alcanzar en reducción de la pobreza: entre el cinco y el diez por ciento la pobreza alimentaria, en trece por ciento la de capacidades y el de pobreza patrimonial en 34 por ciento.

Calificación promedio: 8

 

Dr. John Scott (CIDE)

Entre 2000 y 2004, la pobreza se redujo de 24.2 a 17.3% (alimentaria), 31.9 a 24.6% (capacidades) y 53.7 a 47% (patrimonial). La meta que ha anunciado Calderón pretende mantener esta tendencia en el siguiente sexenio. La reducción observada entre 2000 y 2004 se dio en un contexto de bajo crecimiento económico con estabilidad de precios, en gran medida asociado a un aumento en la masa salarial en el sector rural. Esto sugiere que sería factible mantener y aun superar la tendencia si se lograra elevar la tasa de crecimiento consistentemente con el potencial del país, como han demostrado las experiencias recientes de países como Chile o China.

Aunque ha sido un acierto único de Calderón entre los candidatos asumir una meta cuantitativa concreta para la reducción de la pobreza, con los riesgos que ello implica, la meta particular asumida resulta un tanto arbitraria y limitada como guía de las acciones públicas, al no derivarse de un análisis de las causas de la pobreza, ni de los instrumentos disponibles del Estado para atacarlas.

Calificación: 8

 

Dr. Héctor Juan Villarreal (itesm)

La pobreza alimentaria experimentó una reducción importante entre 2000 y 2004. Entre los determinantes encontramos precios estables, con reducción de precios relativos de algunos productos clave, el incremento de las remesas y la expansión de Oportunidades. El llegar a un diez por ciento suena ambicioso, pero puede ser factible en la medida en que las dos primeras condiciones se preserven y Oportunidades se siga ampliando. El llegar a un cinco por ciento para el 2012 suena irreal. El mayor reto es la dispersión de pequeñas comunidades en todo el país, que difícilmente podrán ser focalizadas. Lograrlo implicaría un gran aumento en el gasto social, que en el lapso de tiempo referido no resulta viable.

Una reducción de casi doce por ciento en la pobreza de Capacidades en un periodo de ocho años es muy ambiciosa. El cumplimiento de esa meta implicaría una gran expansión del Seguro Popular, además de un gasto muy fuerte en becas y aumento de oferta educativa en zonas marginadas. Este objetivo encuentra dos obstáculos importantes: financiamiento y, de nuevo, lo aislado de muchas comunidades.

El análisis con mayor incertidumbre es el que respecta a la reducción en la pobreza patrimonial. Una gran reducción en este rubro podría darse con tasas de crecimiento de la economía muy elevadas. Alternativamente se puede reconocer la existencia de un sector marginado y paralelo que requiere políticas particulares (microcréditos, una organización tipo gremial, etc.), y cuya incorporación a la economía moderna va a ser paulatina.

Calificación: 6

 

Dr. Eduardo Morales (itesm)

Las metas son perfectamente alcanzables en seis años. Son metas que reflejan la tendencia que ha seguido la reducción de la pobreza en los últimos años. Una implicación inmediata es que el candidato sugiere que aplicará una política económica y social muy similar a la establecida por el gobierno actual. Esto nos habla de continuidad; sin embargo, la sociedad espera una política más agresiva, sobre todo tratándose del combate a la pobreza. No solamente esperamos que la pobreza se reduzca a la misma tasa que en el sexenio de Fox, sino que esperamos mejores resultados, por medio de un crecimiento económico más acelerado que se pueda traducir en más y mejores empleos.

Calificación: 3

 

Andrés Manuel López Obrador

Propone entregar una pensión universal de setecientos treinta pesos mensuales a los adultos mayores de setenta años.

Calificación promedio: 7

 

Dr. John Scott (CIDE)

Los costos fiscales iniciales de la propuesta serían del orden de 0.38% del pib, y con un nivel de crecimiento razonable del pib per cápita serían sustentables en el futuro, con una trayectoria decreciente hacia mediados del siglo. La factibilidad de este gasto puede juzgarse desde distintas perspectivas: en el contexto de la actual capacidad fiscal y demandas de gasto público en México, representaría un esfuerzo importante, aproximadamente equivalente al gasto que se ejerce actualmente en Oportunidades; por otro lado, representa menos de la tercera parte del total de recursos fiscales que actualmente absorben los distintos sistemas de pensiones, principalmente en beneficio de grupos de ingresos medios y altos; y finalmente, el costo estaría dentro del rango de recursos que otros países de América Latina dedican a pensiones no contributivas. Considero que el programa sería factible, siempre y cuando se lograra una ampliación congruente de recursos fiscales y se lograran reasignar a este fin los actuales subsidios regresivos de los sistemas de pensiones de los trabajadores del Estado.

Calificación: 9

 

Dra. Nora Lustig (itesm)

De llevarse a cabo, equivaldría a destinarle un 0.37 % del producto interno bruto para financiarla. Esto significa que, para ponerla en marcha, habría que reducir otros programas o recaudar recursos adicionales. Reducir los recursos destinados a programas focalizados en la población pobre, como es el caso de Oportunidades, para darle más a uno no focalizado como el propuesto por López Obrador es una iniciativa que exacerbaría la desigualdad económica, y no veo por qué un candidato que quiere hacer del combate a la pobreza el centro de su gobierno quiera hacer algo así. Sin embargo, si el programa de adultos mayores se focaliza en la población de menores ingresos, no sólo sería factible, sino deseable.

Calificación: 5

 

• Empleo

Roberto madrazo

Propuesta i: Propone construir un millón de viviendas cada año para generar empleo.

Calificación promedio: 5

 

Dr. José Luis de la Cruz Gallegos (itesm)

La construcción no se ha consolidado como fuente significativa de recuperación de empleo tanto en el propio sector como en los asociados al mismo. Lo anterior limita la expectativa de ubicarlo como un motor de creación de fuentes laborales. Por otra parte, el candidato deberá explicar de dónde obtendrá los recursos para poder financiar su programa, debido a que el gasto corriente consume la mayor proporción de los ingresos del gobierno por lo que el margen para gasto en capital es reducido y los ingresos petroleros no son garantía de continuidad. En general, la propuesta asume una necesidad real pero el entorno nacional dificulta su aplicación así como la obtención de los objetivos planteados.

Calificación: 5

 

Dr. Manuel Mendoza (itam)

En los años recientes se ha dado una importante transformación en el complejo financiero-industrial orientado a la construcción y el financiamiento de viviendas. Este esfuerzo incluye en particular al Infonavit, a la Sociedad Hipotecaria Federal, las Sofoles y los bancos. Como resultado de estos cambios se ha acelerado el ritmo en la construcción de viviendas. Sin embargo, la cantidad de viviendas que se construyen y reporta anualmente el gobierno (un poco más de medio millón por año) dista mucho de la cifra que propone este candidato.

En estas condiciones esta propuesta, si no define los medios por los que se propone este crecimiento inédito en la construcción de vivienda, no puede considerarse más que una declaración demagógica.
     Calificación: 0
      
     Dr. Ramón Lecuona (u. anáhuac)
     La construcción de un millón de casas durante el primero y/o segundo año del gobierno entrante no significaría sino una continuación del exitoso programa que ha desarrollado el actual gobierno. Sin embargo, su mantenimiento en el tiempo será extremadamente difícil, no por razones de capacidad de producción, sino de demanda. El aceleramiento en la construcción de habitación residencial experimentado durante los últimos años, y su colocación en el mercado mediante una expansión muy importante del crédito, han cubierto la mayor parte del mercado efectivo. En el futuro, veremos enormes demandas insatisfechas de vivienda pero muy poca capacidad de ingreso para adquirirla. Por esta razón, mantener la construcción de casas en un millón por año en el mediano plazo, será imposible, a menos que se dieran incrementos sustanciales en las posibilidades de empleo de la población y de los ingresos, no previsibles por ahora.
     Calificación: 7
      
     Dr. Rodolfo de la Torre (uia)
     En el año 2000 se construyeron 225,000 viviendas, en 2005 la cifra fue de 600,000 y para 2007 se estima se construirán 750,000. Con esta tasa de crecimiento (22% promedio anual) la cifra de un millón de viviendas se rebasaría entre 2007 y 2008, alcanzándose más de un millón de viviendas como promedio entre 2006 y 2012. Para que esta simple extrapolación tenga sentido se requieren dos elementos: que la estabilidad económica siga vigente, dando certidumbre y bajas tasas de interés al mercado inmobiliario, y que la construcción de vivienda siga siendo impulsada por el crédito hipotecario y el financiamiento privado a los constructores, con algunos apoyos gubernamentales. Regresar a esquemas de financiamiento público a los constructores y trabas al mercado hipotecario haría insostenible la propuesta.
     Calificación: 9
      
     Propuesta ii: En su obra Bases para un gobierno firme y con rumbo Roberto Madrazo propone “explorar la posibilidad de participar en el mercado de software en ee.uu. que crece a más del 30% anual, del que nuestro país podría captar el 10% de ese mercado vía outsourcing, lo que representaría dos millones de empleos directos... Promover el apoyo del gobierno a esta iniciativa impulsando programas y certificación de firmas, lo cual no tendría ningún costo fiscal. Los ingresos de cada trabajador ocupado en software sería alrededor de 15 mil pesos mensuales.”
     Calificación promedio: 3
      
     Dr. José Luis de la Cruz Gallegos (itesm)
     Debe tenerse presente que la competencia en este tipo de empresas proviene principalmente de la India, pero también de Sudáfrica, China y Europa Oriental, países de bajos costos laborales, adecuado capital humano y creciente presencia en los sectores correspondientes a tecnologías de información. Los salarios de dichos países son muy bajos. Asimismo, actualmente existen presiones desde las propias naciones desarrolladas para tratar de disminuir la migración de los empleos de este tipo de empresas hacia países en desarrollo, con el fin de proteger el empleo de sus profesionistas. Por tanto, la infraestructura disponible así como la fuerte competencia internacional y la compleja estrategia empresarial que ello implica, hace poco plausible que en el corto y mediano plazo se puedan crear los dos millones de empleos descritos y aún más difícil es que se pueda alcanzar un salario de quince mil pesos mensuales. La propuesta debería contemplar un desarrollo mas integral.
     Calificación: 6
      
     Gabriel Zaid
     Ya existen miles de empleos en México que participan en ese mercado, pero es imposible llegar a dos millones en el próximo sexenio, porque no hay personal capacitado.
     Según las estadísticas de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, el año 2002 egresaron 10,477 licenciados en informática, 5,935 ingenieros en sistemas computacionales y 5,193 ingenieros electrónicos (21,605 en total). En 2003, había en las mismas carreras 75,472 + 68,677 + 49,896 = 194,045 estudiantes de licenciatura.
     Calificación: 0
      
     Ricardo Samaniego Breach (itam)
     Para evaluar el posible impacto de la propuesta en el empleo, conviene resaltar que en la India –líder mundial en destino de servicios terciarios, con el 46% del mercado– se han creado setecientos mil empleos directos y 2.5 millones de empleos indirectos en este sector. Por ello, generar dos millones de empleos directos (aún suponiendo que la propuesta no sólo se refiera a la industria del software, sino también a todo el mercado de servicios terciarios) en los próximos seis años parece inalcanzable.
     En cuanto a las remuneraciones posibles de un empleado en este sector, es útil recordar también que el salario inicial de un técnico de software en la India ha aumentado 13% entre 2000 y 2004 hasta alcanzar el equivalente de unos $6,000 pesos mensuales, aproximadamente. (Fuente: McKinsey&Co). Por ello parece muy difícil que el salario promedio de un trabajador mexicano en el sector pueda alcanzar la cantidad propuesta.
     Calificación: 5
      
     Dr. Rodolfo de la Torre (uia)
     La propuesta es atractiva pero no es creíble. Países que han planeado por largo tiempo su inserción a la economía mundial del conocimiento, como la India, han tardado una década en generar los dos millones de empleos mencionados, dedicando una mayor proporción de recursos que los que asigna México a la educación superior. Crear dos millones de empleos en la industria del software, asumiendo que la población con educación superior actual pudiera entrar sin más a ellos, supondría reasignar de sus actuales funciones a casi una tercera parte de la fuerza de trabajo actual, lo cual sería revolucionario para el mercado de trabajo, pero institucionalmente imposible. Si se piensa que los empleos se crearían para aquellos que se encuentran matriculados en educación superior y se incorporarán al mercado de trabajo el próximo sexenio, las cifras tampoco alcanzan: en el ciclo 2002-2003 había alrededor de dos millones de estudiantes universitarios, lo que supondría que todos ellos ya están preparándose para elaborar software para los Estados Unidos.
     Calificación: 5
      
     Dr. Ramón Lecuona (u. anáhuac)
     La carrera competitiva por el mercado de software empezó hace ya un buen tiempo y la India lleva una delantera muy importante. Ese país viene realizando grandes esfuerzos para formar cuadros en la ciencia y la ingeniería, con resultados excelentes. El posicionamiento de la India en el mercado de referencia se ha construido a lo largo de varias décadas. México podría participar, pero la cifra de dos millones de empleos se vislumbra muy lejana.
     Calificación: 0
      
     Felipe Calderón
     Propuesta: Un programa especial que estimule a las empresas a contratar jóvenes, que consiste en que las empresas que contraten jóvenes entre los dieciseis y veintiocho años serán exentados del pago de la cuota obrero-patronal durante un año. En caso de que al finalizar el año las empresas no renueven el contrato se obligan a pagar las cuotas anteriores.
     Calificación promedio: 4
      
     Dr. Virgilio Bravo Peralta (itesm)
     Creo que sí es factible, pero insuficiente y populista. El Estado una vez más asumiría un rol paternalista, los subsidios son recursos públicos, serían únicamente un paliativo y se resolvería de manera temporal el gran problema del desempleo en los jóvenes, generando después del año mayor frustración y resentimiento. Un esquema mínimo para dar empleo y sobre todo hacer útiles y dignos a los miles de profesionistas y técnicos que egresan cada año, debe ser de tres años. En este tiempo, mejoran sus habilidades, ponen a prueba sus conocimientos y fundamentalmente adquieren experiencia.
     Calificación: 7
      
     Dr. Héctor Moreno Núñez (itesm)
     La propuesta de Calderón se inserta en el tipo de promesas rentables electoralmente, pero absolutamente inviables. En el fondo estas medidas encubren una discriminación laboral. ¿Por qué sólo de los jóvenes de dieciseis a los veintiocho años?¿A cambio de poder prescindir de ellos una vez que cumplan esa edad? ¿Qué incentivo tendrían los patrones para contratar trabajadores mayores de veintiocho años si ya se están acercando a la edad emblemática de los 35, cuando ya casi nadie quiere emplear a los trabajadores porque ya están “viejos” y, debido a que ya no contarían con el subsidio, salen más caros para la empresa?
     Desde el punto de vista financiero, el problema también es grave porque se propone que el Estado absorba las cuotas obrero-patronales. ¿No que el seguro estaba en crisis? ¿No que el gran problema que enfrenta el Seguro Social es el adelgazamiento de la pirámide de los contribuyentes activos y el incremento de los beneficiarios pasivos? Con esta propuesta se disminuye aún más el número de los contribuyentes activos y se incrementa sustancialmente el número de beneficiarios pasivos del Seguro Social. Se carga innecesariamente a las finanzas públicas y no se dice de dónde saldrán estos recursos. Desde el punto de vista de las finanzas públicas la propuesta es totalmente inviable.
     Calificación: 0
      
     Dr. José Luis de la Cruz Gallegos (itesm)
     La propuesta no promueve la generación de empleo ya que no contempla programas y estrategias enfocadas a promover el aumento de las plazas laborales. No existe tampoco una diferenciación entre los requerimientos de empleo que tienen los diferentes grupos de edad: es distinta la necesidad de los adolescentes de dieciseis o diecisiete años a los de adultos de veintisiete y veintiocho años. Asimismo, el mecanismo de cobrar los impuestos exentos si la empresa termina la relación laboral antes de un año provocaría que los patrones con mayor riesgo en sus negocios vieran poco atractivo la utilización del incentivo. Por último, existe la posibilidad de que algunos aprovecharan la exención para contratar personal y despedirlo apenas se cumpla el periodo legal, un año, obteniendo beneficios de la propuesta pero sin que ello garantice una permanencia mayor de los trabajadores. Una duda: ¿cuál es la razón para deja fuera de la cobertura a los adultos de veintinueve, treinta o más años que se encuentran en edad laboral? La medida propuesta parece tener más tintes electorales y populistas que una viabilidad financiera y social real.
     Calificación: 3
      
     Dr. Ramón Lecuona (u. anáhuac)
     Se requeriría de una gran elasticidad para que el impacto fuera significativo. Por ejemplo, si el trabajador durara cinco años en la empresa y ganara alrededor de tres salarios mínimos, el subsidio sería de alrededor del uno por ciento del costo total de este trabajador para la empresa durante el quinquenio. A mayor permanencia menor importancia relativa del subsidio. Podría, entonces, generarse un incentivo a elevar la rotación del personal joven después de un año. En fin, parece que el efecto agregado de la medida en el empleo adicional de jóvenes sería en todo caso modesto.
     Calificación: 5
      
     Andrés Manuel López Obrador
     Propuesta: Un programa de microcréditos para el autoempleo el cual contempla otorgar de manera inicial créditos a las 698,843 personas desocupadas en el nivel de alta y muy alta marginación, por un monto de quinientos pesos por persona. Las características de estos primeros créditos serán las siguientes: plazo de ocho semanas y tasa de interés del dos por ciento mensual. Se estima una recuperación del ochenta por ciento (incluyendo intereses). Para los segundos créditos se incrementaría tanto el plazo como el monto a tres meses y mil pesos respectivamente. Para el tercero también se incrementarían estas dos variables a cuatro meses y mil quinientos pesos. Por último, para el cuarto crédito el monto alcanzaría los dos mil pesos pero el plazo se mantendría en cuatro meses. La meta sexenal es de ocho millones de acreditados.
     Calificación promedio: 2
      
     Gabriel Zaid
     Impulsar los microcréditos es sumamente positivo, pero el proyecto no es profesional. En primer lugar, porque estima una recuperación del ochenta por ciento. La experiencia internacional es que la recuperación razonable es del 95 por ciento o mayor. En México, Financiera Compartamos recupera arriba del 99 por ciento.
     En segundo lugar, porque no se puede armar tan rápidamente una red nacional de crédito para ocho millones de personas. El Grameen Bank de Bangladesh, cuyos inicios se remontan a 1976 y se constituyó formalmente como banco en 1983, ha sido un modelo famoso mundialmente y, según su informe de enero 2006, ya cubre 60,815 aldeas, pero no tiene más que 5.7 millones de miembros. Financiera Compartamos, que empezó como un proyecto piloto en 1990, se constituyó formalmente como Sofol en 2001 y ya está en casi todos los estados, pero no tiene más que cuatrocientos mil clientes. El Fondo para el Desarrollo Social de la ciudad de México (Fondeso) del Gobierno del Distrito Federal, que tiene a su clientela concentrada, no dispersa por todo el país (y que, desgraciadamente, tiene una recuperación muy baja), no tiene más que unos 100,000 clientes (ha dado 130,191 créditos, incluso segundos y terceros créditos al mismo cliente, de 2001 al cierre de septiembre 2005). El Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario (Pronafin) de la Secretaría de Economía arrancó con el propósito de prestar doscientos millones de pesos en su primer año, y no pudo prestar más que cincuenta millones de pesos.
     En tercer lugar, porque 180 millones de pesos no son suficientes para absorber los gastos de operación del programa. A partir de la experiencia de Grameen y Compartamos, para atender a ocho millones de personas harían falta unos treinta mil empleados. (Sería bueno saber cuánta gente ocupa el Fondeso en el D.F.) Lo cual daría un presupuesto de seis mil pesos al año por empleado, para sueldos, seguridad social, oficinas, computadoras, vehículos y todo tipo de gastos.
     Calificación: 0
      
     Lic. Efraín Gala Palacios (itam)
     Los costos de la propuesta no están bien identificados, pues se menciona una inversión de trescientos cincuenta millones de pesos para el primer año de gobierno, por el otorgamiento de casi setecientos mil créditos de quinientos pesos cada uno. En realidad, esto no es un costo, sino una transferencia de recursos del Gobierno hacia los acreditados. Es conveniente considerar que la población considerada como de alta y muy alta marginación está localizada en áreas rurales de no muy fácil acceso, lo que encarece la implementación del programa.
     Un crédito personal de quinientos hasta dos mil pesos puede servir de muy poco, a las personas que no pueden satisfacer las necesidades básicas de ellos mismos ni de sus familias. Asimismo, una tasa de interés nominal mensual del dos por ciento significa una tasa real anual de más del veinte por ciento (suponiendo una tasa de inflación anual del cinco por ciento). ¿Usted puede imaginar a una persona considerada como de alta y muy alta marginación, pagar esa tasa? Tanto los créditos, como los costos para el otorgamiento y cobranza de los mismos serían irrecuperables. En caso de que se llegara a la meta sexenal de ocho millones de acreditados, suponiendo un crédito promedio de mil pesos, implicaría una cifra de ocho mil millones de pesos, más los costos de implementación del programa. Todos estos recursos podrían utilizarse en programas y proyectos que podrían tener un efecto significativamente mayor en el combate a la pobreza.
     Calificación: 0
      
     Dr. Rodolfo de la Torre (uia)
     En cuanto a los micronegocios en general, estos requieren instituciones de crédito que atiendan con flexibilidad y certidumbre sus necesidades crediticias, lo cual no se ve planteado en la propuesta.
     Cabe mencionar que la meta de 1,300,000 créditos en trece meses es poco factible o preocupante. En cuatro años el Programa Nacional de Microfinanciamiento al Microempresario, mediante la colaboración de instituciones con cuatrocientas ventanillas, otorgó un millón y medio de créditos. Alcanzar una cifra similar en trece meses rebasa las posibilidades institucionales existentes o es muestra una política crediticia de dudosa calidad.
     Calificación: 5
      
     Dr. Isaac Katz (itam)
     En la propuesta de créditos de quinientos pesos a los individuos de alta marginación a una tasa de dos por ciento mensual, que equivale a una tasa de interés anual de 26.8%, no se consideran dos elementos importantes: Primero, si son individuos de alta marginación, es decir con un ingreso extremadamente bajo, con ingresos menores a los veinte o treinta pesos diarios, este crédito se convertiría realmente en una transferencia al ingreso para ser destinado al consumo, no a la inversión y, en consecuencia, con muy bajas probabilidades de repago. Segundo, pensar que quinientos pesos son un monto para invertirse es no tener la menor idea de lo que cuesta un simple juego de herramientas.
     Para los otros tramos de crédito, aunque los montos son superiores y el plazo de amortización es mayor, también queda en duda que estos recursos se destinen efectivamente a la inversión, misma que pudiese generar, en el corto plazo, los recursos necesarios para repagar tanto en crédito como los intereses. Además, dada la cultura histórica de no pagarle las deudas al gobierno, es muy dudoso que se logre la tasa de recuperación prevista de ochenta por ciento.
     Calificación: 3
      
     • Seguridad
     Roberto Madrazo
     Propuesta i: En la ciudad de San Luis Potosí, Roberto Madrazo propuso “diez años de cárcel a quien use una pistola, un arma para cometer un ilícito; quince si llega a usarla, si la dispara, y veinte si lastima a alguna persona”.
     Calificación promedio: 2
      
     Dr. Marcelo Bergman (CIDE)
     La severidad de los castigos por sí misma no incide significativamente en reducir el delito, si no se acompaña de una altísima capacidad de detección por parte de la autoridad.
     Calificación: 1
      
     Lic. Guillermo Zepeda (cidac)
     El problema de la elevada incidencia delictiva del país no se debe a que las penas sean bajas. Se trata más bien de que la impunidad es monumental. En México, la probabilidad de que una persona cometa un delito y sea capturada y puesta a disposición de un juez es de tres por ciento.
     El resultado de aumentar las penas ha sido que en tan sólo ocho años se ha duplicado el número de personas privadas de su libertad, sin que por ello hayan bajado las tasas delictivas. Además, las condiciones de las prisiones mexicanas son terribles. No se puede hablar de readaptación en espacios con hacinamiento de más de ciento treinta por ciento de ocupación carcelaria (en algunas prisiones se llega a doscientos ochenta por ciento de ocupación), donde se enfrenta corrupción, insalubridad, tasas de homicidio hasta quince veces superiores a las que enfrentan los ciudadanos en libertad; y tasas de suicidio hasta diez veces superiores. Entre las personas más vulnerables ante el sida están los reclusos. Se ha sembrado pirotecnia legislativa y se cosecha el genocidio carcelario que se merece.
     Calificación: 0
      
     Lic. Eduardo Gallo y Tello (MUCD)
     Si consideramos otras declaraciones y compromisos del candidato del pri, tales como volver más eficiente a las corporaciones policiacas, consolidar el mando de todas las policías federales, agilizar una denuncia simplificada, etc., sí podríamos pensar que esta medida puede funcionar en la línea que se desea de ofrecer mayor seguridad a los ciudadanos; sólo que para aplicarla las corporaciones policiacas y procuradurías tendrán que incrementar su eficiencia significativamente para lograr que, por una parte, las víctimas denuncien los delitos que sufren, y no sólo denuncien aproximadamente del veinte al veinticinco por ciento de ellos y, por la otra, que las autoridades realmente avancen en la detención de los delincuentes. Si esto no se logra, de nada servirán las medidas propuestas o cualesquiera otras.
     Calificación: 7
      
     Dr. Miguel Carbonell (unam)
     El problema de la delincuencia no es un problema de penas altas o bajas sino de eficiencia institucional. El factor más grave en este terreno es el de la impunidad. Luego entonces, si el problema es que no estamos siendo capaces de detener y castigar a quienes cometen delitos, ¿de qué sirve subir las penas? Los políticos piensan que modificando el Código Penal se termina con la delincuencia. ¿Será que creen que los delincuentes leen el Diario Oficial?
     Calificación: 0
      
     Dr. José Luis Izunza Espinoza (escuela Libre de Derecho)
     La propuesta de Roberto Madrazo no es más que una pobre propuesta que pretende establecer una política criminal con un endurecimiento de las sanciones. Con la propuesta en cuestión no se hace sino crear confusiones en el aspecto de la técnica jurídico-penal, ya que habría de conocer si la misma tiende a crear una figura autónoma (delito) o una circunstancia complementada cualificante (agravante y/o calificativa) y, en el último caso, si comprendería la regla general de algún tipo de delitos en concreto (por ejemplo delitos en contra de la vida e integridad de las personas) o de cualesquier delitos (incluso de carácter patrimonial), en los cuales, en ciertos casos, el uso de la violencia –con arma también– ya se encuentra comprendida como calificativa (en el robo) o como medio comisivo (en el despojo).
     Calificación: 0
      
     Dr. Moisés Moreno (escuela Libre de Derecho)
     Criminalizar conductas y aumentar las penas parece ser el camino más fácil, por su mayor rentabilidad, porque da la sensación de que se atienden los problemas sociales, pero con ello se crean falsas expectativas y mayores problemas al propio sistema de justicia penal, porque cada vez se le atribuyen más tareas y se le exige más eficiencia; pero lo único que se logra es una expansión descomunal del sistema penal, ya que ello implica más agentes de la policía y del Ministerio Público, más jueces y más cárceles, y mientras más crezca el sistema penal es menos funcional; en cambio, el problema delictivo sigue en aumento y, con ello, crece el desprestigio y la falta de credibilidad y de legitimación del sistema.
     Calificación: 3
      
     Propuesta ii: En su discurso durante el aniversario 77 del pri, propuso que habrá un nuevo cuerpo de cincuenta mil policías entrenados para combatir el narcomenudeo.
     Calificación promedio: 5
      
     Lic. Guillermo Zepeda (cidac)
     La propuesta nos dice mucho del extravío que se tiene en materia de seguridad al colocar lo cuantitativo sobre lo cualitativo. Los grupos dedicados al narcomenudeo no necesitan ser detenidos por un mitin de policías; basta con que un grupo de inteligencia precise su ubicación, forma de operación y, en su caso, identidad, para ser capturados mediante operativos eficaces. El instrumento operativo principal de que se dispone para combatir el narcomenudeo es la inteligencia policial, que es una estrategia de alcances cualitativos más que cuantitativos. Lo que se requiere son más grupos capacitados en la inteligencia policial.
     Por otra parte, no resulta claro si está en manos de la Federación el comprometer la capacitación de cincuenta mil policías, cifra que necesariamente implica convenios con entidades federativas, pues la federación sólo dispone actualmente de quince mil efectivos en la Policía Federal Preventiva (pfp), por lo que requeriría o contratar más policías federales o concertar la participación de una cantidad sustantiva de los noventa mil policías de corporaciones estatales (sin contar los del Distrito Federal, que son 75 mil). Pero, insisto, la mejor respuesta al narcomenudeo no es cuantitativa, es cualitativa: mayor trabajo de inteligencia policial.
     Calificación: 2
      
     Lic. Eduardo Gallo y Tello (MUCD)
     Hay que reconocer que la propuesta de Madrazo guarda proporción con la gravedad del problema del narcomenudeo; sin embargo, es imprecisa. En efecto, no se detalla si dicho cuerpo sería federal o combinado federal-estatal. No podemos soslayar tampoco el aspecto económico, ya que un cuerpo policiaco de esa magnitud, o el simple crecimiento de la fuerza policíaca federal de los actuales veinticinco mil elementos a una de cincuenta mil, implica un problema de incremento al gasto público en este rubro en cuando menos unos cuatro mil millones de pesos anuales, es decir poco más del 35% por encima del presupuesto actual en seguridad.
     Por otra parte la propuesta me parece poco viable porque, a nivel federal, toda la policía existente actualmente es del cincuenta por ciento de dicha cifra, es decir, veinticinco mil elementos, por lo que pensar que las instituciones federales tienen capacidad para hacer un adecuado reclutamiento y selección de veinticinco mil elementos nuevos, y entrenarlos como policías y especializar a los cincuenta mil para el combate al narcomenudeo, todo ello en tan sólo un año, es muy ambicioso. Baste decir que hoy no hay instalaciones suficientes en las actuales corporaciones policíacas para hacer dicha capacitación, ni suficientes entrenadores para un reclutamiento de tal envergadura.
     Calificación: 7
      
     Felipe Calderón
     Propuesta: Combate frontal a la delincuencia y la inseguridad. Para ello propone, entre otras medidas, unificar bajo un solo mando a todas las policías federales y crear un mecanismo para establecer una coordinación con las policías estatales y municipales.
     Calificación promedio: 5
      
     Dr. Marcelo Bergman (CIDE)
     En mi opinión, la unificación de las policías es un paso en la dirección correcta. Sin embargo, en la medida en que el mando único no analice su desempeño por resultados, que no esté expuesto a indicadores de gestión externos, y que no pueda ejercer facultades de investigación externas con respecto a las procuradurías, la unificación de las policías bajo un mando único será sólo una medida de poca relevancia para cumplir con la tarea de reducir la criminalidad.
     Calificación: 8
      
     Lic. Eduardo Gallo y Tello (MUCD)
     Considero que la unificación de las policías es una tarea urgente y olvidada. No existe razón alguna que justifique que dependencias del Ejecutivo, como la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, tengan bajo su mando personal armado de corporaciones policíacas, aunque sea para atender cuestiones relacionadas con las aduanas. Sin embargo, la unificación debe hacerse no sólo en los mandos, sino también y sobre todo en los requisitos de reclutamiento y los trabajos de selección, capacitación, sueldos y prestaciones, ascensos y promociones, evaluaciones periódicas, etc., a manera que permitan uniformar sus esquemas de trabajo y lograr una eficacia operativa a partir de la especialización en la tarea que se les asigne, para que puedan cumplir con su función con altos estándares de calidad en beneficio de la nación y de los habitantes del país.
     Calificación: 9
      
     Lic. Guillermo Zepeda (cidac)
     La propuesta es viable y abonaría en una articulación y una mejor coordinación entre las corporaciones federales bajo una misma organización; aunque no está inserta dentro de una concepción integral de las implicaciones de una reestructuración orgánica de partes sustanciales de las áreas de seguridad y procuración de justicia. Esta transformación tendría que darse dentro de una revisión integral del marco institucional orgánico de la seguridad y la procuración de justicia, por que, si bien parece claro que se requiere coordinación entre las corporaciones, esto lleva de inmediato al debate de la relación de la policía investigadora y el ministerio público. Implica el debate sobre mezclar papeles estatales (con riesgo de supeditar uno a otro) como el de garante del orden público y del control social, con el papel de esclarecer los hechos de forma imparcial y científica.
     Calificación: 5
      
     Andrés Manuel López Obrador
     Propuesta: Hacer desaparecer la figura del Comisionado de la Policía Federal Preventiva y dejar directamente a la Secretaría de Seguridad Pública (ssp) el mando operativo de la pfp; asimismo propone crear, dentro de la misma ssp, una dirección operativa con capacidad ejecutiva, para que el Sistema Nacional de Seguridad Pública (snsp) coordine eficazmente todos los estados y municipios del país en esta materia.
     Calificación promedio: 3
      
     Lic. Eduardo Gallo y Tello (MUCD)
     De acuerdo con el Sistema Nacional de Seguridad Pública, todas las entidades federativas deben registrar a todos los policías que laboren en sus cuerpos de policía, y antes de contratar a un policía o personal de áreas de seguridad deben consultar el sistema para establecer si la persona de que se trata tiene o no antecedentes penales, etc. Sin embargo, las entidades federativas no lo hacen. ¿Por qué? Porque la Ley que creó el snsp no estableció sanción para la entidad federativa o servidor público que no cumpla con las normas acordadas. En mi opinión, plantear que con la creación de la Dirección Operativa basta para coordinar el snsp demuestra una falta de conocimiento de dicho Sistema, ya no digamos de las normas que lo regulan desde su creación misma.
     Calificación: 0
      
     Ing. Jorge Enrique Tello (Cemex)
     El Sistema Nacional de Seguridad Pública no puede tener capacidad operativa por limitación de competencias legales. Sin embargo, el concepto de “coordinación operativa” podría ser extraordinariamente útil. De hecho la ley lo prevé. La incorporación, como prioridad y discurso político, del concepto de “coordinación operativa” merece la más alta nota en la escala, pero la propuesta de hacer desaparecer la figura de Comisionado es un sinsentido técnico, y parecería más un recurso retórico.
     Calificación: 5
      
     Dr. Marcelo Bergman (cide)
     El problema del Sistema Nacional de Seguridad Publica no es la coordinación operativa en sí, sino la poca claridad en la ejecución del gasto, que no está atado a resultados de desempeño. Por lo tanto la propuesta, que va en la dirección correcta, no traerá, a mi juicio, un impacto significativo.
     Calificación: 5
      
     Lic. Guillermo Zepeda (cidac)
     Los operativos conjuntos no se realizan derivándose de decisiones del snsp, sino que directamente la autoridad federal se pone de acuerdo con la entidad donde pretenda realizar algún operativo, o bien la autoridad local solicita el apoyo o el operativo a las instancias federales. Así, la naturaleza del snsp no es operativa.
     El 95 por ciento de los delitos registrados en las cifras oficiales corresponde a delitos de competencia local. La autoridad federal (ámbito al que se restringe la capacidad de compromiso de un candidato presidencial) se encarga del cinco por ciento restante. Otros mecanismos por los que puede intervenir la autoridad federal es la atracción de asuntos de competencia local por su relación con delitos federales, así como atribuciones concurrentes en materia de seguridad, recientemente incorporadas a la Constitución (fundamentalmente para permitir la participación de autoridades locales), entre las que se espera se ubique el narcomenudeo. ~
     Calificación: 0