La Ley de Fomento para la Lectura y el Libro (LFLL) es poca cosa. Sus veintisiete artículos, agrupados en cinco capítulos –en cuya numeración se coló, oh malvado duende de las imprentas, más de una errata–, pretenden apenas satisfacer el adagio chino de que todo largo camino empieza con un primer paso. En su gestación hubo que someterla a una cruel dieta de realismo pues el cúmulo de propuestas en que se basó, recabadas durante un largo y fructífero proceso de consulta, incluía todo tipo de disposiciones, desde disparatadas obligaciones respecto de las regalías hasta ambiciosos estímulos en materia forestal, pasando por el reclamo más añejo de los editores de libros de texto: que no participe el Estado como productor de obras para los estudiantes de educación primaria. El sobrealimentado proyecto de ley estaba condenado al rechazo legislativo, pues por un lado la técnica jurídica y por el otro los intereses creados impiden que un ordenamiento de esta naturaleza imponga obligaciones hacendarias, sea sobre la recaudación o sobre el gasto, y dificultan establecer compromisos de largo plazo. La Arcadia libresca con la que soñamos, en la que ciudadano es sinónimo de lector, ha de construirse, entonces, hoja por hoja; la ley de marras es, si acaso, tan sólo la página legal.
Al no existir consenso sobre por qué se lee tan poco en México, o por qué la industria del libro es tan exigua, o cuál debe ser el grado de intervención del Estado en las actividades culturales, difícilmente puede esperarse que un programa de acciones como el que se deriva de la LFLL conquiste la aprobación unánime. Por ello, haber alcanzado una ancha mayoría –todos los senadores, casi la totalidad de los diputados, amplísimos sectores del mundo del libro, desde autores hasta vendedores– es mucho más que un triunfo democrático: es a lo más que se puede aspirar cuando se debate un conjunto de medidas de aplicación general, medidas que tratan de equilibrar fuerzas que llegan a apuntar en direcciones opuestas. La ley que aprobó la LIX Legislatura en marzo y abril de 2006 no puede, no pretende ser monedita de oro: aun quienes la apoyan reconocen sus límites y quienes se oponen a ella blanden argumentos que van de la obtusa ortodoxia neoliberal al oneroso estatismo que atribuye un poder redentor, sin límites, a la intervención del gobierno. Toda defensa de esta legislación relegada por ahora al limbo, y estos párrafos aspiran a serlo, exige un examen de los supuestos que le dieron vida, no por un afán criticón sino para identificar sus porqués, acotar sus alcances y expandir su potencial.
La ley que el presidente Fox devolvió con observaciones al Senado –ése es el eufemismo constitucional para referirse al veto– es tan sólo la mínima plataforma de despegue, no el detallado plan de navegación que requieren los libros para alcanzar una deseable omnipresencia. Es la médula de un infinito universo de acciones que deberían emprenderse y contiene algo parecido a un “metadeseo”, o sea un deseo respecto de los deseos mismos: en vez de devanarnos los sesos eligiendo las escasas tres peticiones que habrá de atender el genio de la lámpara, más nos valdría pedir de entrada mil deseos más (el segundo deseo debería ser, entonces, que el munificente genio nos avisara cuándo hemos consumido el penúltimo, para entonces volver a pedir otro millar). La polémica en torno a la LFLL se ha centrado en el sistema de precio único, y ha distraído a la opinión pública de una de las virtudes silentes del ordenamiento: la creación de un Consejo Nacional de Fomento para el Libro y la Lectura, un espacio de concertación entre autores, editores, impresores y demás fabricantes, papeleros (e incluso madereros), distribuidores, libreros, bibliotecarios, lectores… Hoy, en el mejor de los casos, estos grupos dialogan por pares, y no es infrecuente que entre algunos haya un sordo antagonismo, pero tampoco existe un ámbito que permita resolver problemas comunes o plantear estrategias con las que se logren mejorías globales. En Colombia, por ejemplo, una entidad como ésta permitió hace ya varias décadas reanimar la industria del libro mediante disposiciones encaminadas, primero, a renovar la infraestructura de las artes gráficas y, luego, a estimular la producción de papel, vectores que sólo en un primer vistazo parecen alejados de la resultante a que aspiramos todos: la lectura masiva, trascendente en lo individual y lo colectivo. Este Consejo, que por supuesto corre el riesgo de nacer convertido en un agujero negro que absorbe todo y no emite nada, se propone ser un órgano consultivo que sugiera “a las autoridades competentes la adopción de políticas o medidas jurídicas, fiscales y administrativas que contribuyan a fomentar y fortalecer el mercado del libro, la lectura y la actividad editorial en general”. Los irritados señalamientos de que la LFLL es incompleta ignoran que en ella está el remedio y al menos parte del trapito, pues en esta ágora podrán plantearse los líos que aquejan al circuito del libro. Desde luego, nada obliga al Estado o a los particulares a atender las observaciones del Consejo, que podría devenir algo así como el loco del pueblo, que va por las calles diciendo a los demás cómo deben comportarse y al que nadie presta atención. Resistamos no obstante el vicio nacional de leer las leyes en negativo, en busca de los infaltables resquicios que permiten eludirlas o frustrar sus intenciones: antes de tenerlo por loco al que no vale la pena escuchar, dejemos que con sus actos se gane la confianza, tal como otro Consejo, el del IFE hizo en 2000, o la dilapide, como ocurrió en el mismo IFE en 2006. Triunfar o fracasar no es algo que por fuerza se halle en los cimientos sobre los que se fundan las instituciones.
Urge, entonces, avanzar más allá de la LFLL –y por ello es imprescindible primero rescatarla del limbo legislativo, ya que ése no ha sido disuelto. Aunque suene pomposo, es tiempo de convertir el debate en torno al libro y la lectura en una agenda concertada de acciones, con compromisos concretos y modestos –que no se repita, por favor, la Biblioteca Vasconcelos–, tanto de parte del Estado como de la iniciativa privada. Las metas deben, ellas sí, ser ambiciosas, pero conviene que su traducción al mundo real no lo sea tanto. No me atrevo a caer en la tentación de decir que también aquí hace falta una reforma estructural, pues la fórmula, de tan manoseada, carece ya de sentido –es una de esas expresiones camaleónicas que sólo significan lo que quiere quien las enuncia–; sin embargo, es cierto que necesitamos abordar de modo novedoso y global el problema de la lectura y el acceso al libro, en sintonía con las recomendaciones internacionales en la materia.
Como demostró la Encuesta Nacional de Lectura, la familiaridad de la población en general con el libro y sus ámbitos naturales es tenue: casi un treinta por ciento de los mexicanos no ha tenido ocasión de visitar una biblioteca en toda su vida, al tiempo que en el último año otro cuarenta por ciento no se ha dado una vuelta por ninguna; la situación de las librerías es aún más alarmante, pues dos de cada cinco compatriotas nunca han entrado a alguna de ellas, y de los tres restantes uno no lo ha hecho en el último año. Esto parece ser consecuencia, por un lado, de la dolorosa insuficiencia del ingreso en nuestra sociedad y, por otro, de la relación reverencial pero hipócrita que buena parte de los mexicanos ha establecido con la palabra escrita: se sabe que leer es importante para la formación personal –al igual que hacer ejercicio o no fumar lo es para la salud–, pero no tanto como para llevarlo a cabo.
Encima, incluso la voluntad más férrea claudicaría ante el páramo sobre el que ha ido construyéndose la infraestructura librera del país. Sería útil, al menos para cuantificar la gravedad del asunto, que definiéramos una variante del índice de Gini para la concentración de bienes y servicios culturales. Esa medida de la desigualdad, concebida por el estadístico italiano Corrado Gini en la primera mitad del siglo pasado para expresar con cifras la buena o mala distribución del ingreso en una nación, toma valores entre 0 y 1: el 0 significa que todos los miembros de la población tienen el mismo nivel de ingreso, mientras que el 1 corresponde a la desigualdad extrema, cuando un solo individuo lo percibe todo y el resto nada. Con base en los datos del Atlas de infraestructura cultural de México, que retrata con frialdad numérica la situación de nuestro país –y que es tolerante, por decir lo menos, al contar como librerías negocios que venden libros entre otros muchos productos–, se puede determinar que un índice como el que sugerimos aquí rondaría, para la distribución de librerías en el país, los 67.6 puntos porcentuales, cifra que revela una desigualdad aún más grave que la del ingreso mismo: el Informe sobre desarrollo humano 2005, del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, asigna a México un valor de 54.6 para el índice de Gini usual, más próximo a la extremosa Namibia (70.7) que a la equitativa Dinamarca (24.7). Así, la sesgada distribución de las librerías en México es comparable con la desigualdad de ingreso en la nación sudafricana. Apuesto a ciegas que indicadores semejantes para la distribución de otras entidades culturales –bibliotecas, museos, ¡teatros!– reforzarían la gravedad del diagnóstico.
Otro azote que aqueja a la cadena del libro es la estructural fragilidad financiera de quienes actúan en ella. Salvo los grandes grupos editoriales, que logran economías de escala o tienen acceso a recursos suficientes para aventurarse en los ámbitos más riesgosos y rentables de la edición, como los libros de texto o las obras de autores que con ingenuidad llamaríamos de éxito seguro –por cargada que esté una moneda editorial, siempre acecha la sorpresa de un fracaso en apariencia inconcebible o de un triunfo a pesar de los momios más adversos–, y salvo las pocas cadenas libreras, el grueso de las entidades que participan en este entorno está conformado por débiles y poco preparadas empresas, cuya supervivencia está asociada a la intuición del o los dueños para sortear las recurrentes tormentas macroeconómicas o las veleidades del público. La vocación por editar o vender libros no basta para desempeñarse medianamente bien en la jungla comercial. Y por si fuera poco, las debilidades empresariales se agudizan con el comprensible desdén de la banca: por un lado, la perezosa rotación de las inversiones y, por otro, el nulo valor que las entidades crediticias asignan a los ejemplares aún no vendidos –que contablemente son parte del activo de una empresa, si bien muchos libros alcanzaron su momento de mayor liquidez cuando el papel de que están hechos era apenas húmeda pasta de celulosa– impiden que muchas editoriales y librerías aspiren, ya no digamos a créditos adecuados a su naturaleza, sino a préstamos en las condiciones imperantes en el mercado.
Así las cosas, al tiempo de insistir en que la aprobación de la actual iniciativa es un acto pequeño aunque de gran trascendencia real y simbólica, es hora de pensar en los cursos por los que seguirá el fomento a la lectura y el libro. Son multicolores las asignaturas pendientes para conseguir un mercado del libro eficiente –en el oficio del veto, Vicente Fox se extrañaba de la necesidad de estimularlo, pues a su juicio, o en realidad en el de la Comisión Federal de Competencia Económica, nuestro mercado funciona a las mil maravillas. Me detengo en tres materias cuyo grado de desarrollo y cuyo posible impacto en la dinámica del libro difieren mucho y muestran, por lo tanto, la anchura del horizonte al que debemos aproximarnos.
En los últimos tiempos se ha expandido, con la fuerza de persuasión propia de los rumores, que es semejante a la de los sofismas que maduran como si fueran verdades inobjetables, la idea de que el sistema de precio único perjudica a los libreros del interior de la República, ya que les impedirá trasladar a sus clientes los costos de transportación. Es innegable que los comerciantes en los estados cargan un fardo que no agobia a los de la capital; sin embargo, estudios de Educal, la empresa distribuidora y librera del gobierno, así como estimaciones de un miembro de la Alianza de Editores Mexicanos Independientes, sugieren que, respecto del precio de venta al público, el costo de colocar un ejemplar en la mayor parte de las ciudades del interior está sólo entre los tres y los cuatro puntos porcentuales, gasto que muy probablemente se compensa con los ahorros en renta y salarios que supone operar fuera del Distrito Federal.
Esta legítima preocupación ha conducido a la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana a explorar acuerdos con empresas de mensajería que abatan este costo; teniendo en mente el excepcional tratamiento que dhl da a las exportaciones de libros en Argentina –y que entraña descuentos de hasta 85 por ciento sobre la tarifa regular–, el organismo gremial de los editores está en pos de condiciones blandas que se apliquen desde el manejo de un solo ejemplar, o sea sin necesidad de consolidar los envíos en aras de aprovechar al máximo el esfuerzo logístico, y que no sean exclusivas de los miembros de la cámara, por lo que podrían regir también en las devoluciones, esa termita que corroe desde dentro la prosperidad editorial. En veta optimista, digamos que una de las incomodidades generadas por la LFLL está por producir un fruto largamente buscado: el abatimiento generalizado de los costos de transporte (problema que ni siquiera se plantearía si el Servicio Postal Mexicano cumpliera al menos con la mitad de sus obligaciones).
Por otro lado y tal como quedó dicho arriba, el sistema financiero convencional es refractario a las necesidades de las empresas que producen o comercian con libros. El economista Richard E. Caves considera que una condición específica de la producción industrial de bienes culturales es que “nadie sabe” qué va a pasar con cada proyecto; de ahí el encanto sin fin de estas actividades, de ahí su riesgo consustancial. En el caso de los libros, no es una hipérbole decir que toda primera edición es un prototipo: un producto que sirve de sonda de su propia factibilidad. Cada libro que se publica, sea un poemario de pocas páginas o una enciclopedia en varios tomos, supone la asignación de recursos escasos y el conjunto de estas asignaciones constituye el capital que la editorial apuesta en busca de eventuales –y muy inciertos– beneficios. Por ello, podemos considerar que las decisiones editoriales se asemejan a las inversiones altamente volátiles: cada obra por publicar es de hecho un proyecto de inversión y el catálogo o fondo editorial, un portafolios de inversión. La industria del libro necesita su propia banca de segundo piso: una institución que comprenda la fisiología de la edición y la peculiar naturaleza de sus plazos, sintetizados angustiosamente en la conocida ley de Diderot, que el autor de la Encyclopédie enunció en su Carta sobre el comercio de libros: “de cada diez libros que se publican, sólo uno, y esto es mucho, produce utilidades, cuatro cubren los gastos a la larga y los cinco restantes ocasionan pérdidas”; por supuesto, aun sabiendo que sus elecciones seguirán esta distribución, el editor no puede saber con antelación qué obra caerá en cada una de las categorías. Así como hoy están germinando instituciones financieras especializadas en el desarrollo sustentable, capaces de captar fondos en los mercados de capitales para canalizarlos hacia proyectos productivos que convivan amistosamente con los ecosistemas, hemos de empecinarnos en la fundación de un Banco del Libro, que aporte resistencia financiera a proyectos audaces –por ejemplo, librerías en zonas marginadas o especializadas en temas de gran relevancia local–, aspirando a que en el plazo mediano caminen con sus propias fuerzas. Plausible porque así se mitiga al menos un poco la esterilidad librera de ciertas regiones, la apertura de nuevas sucursales de Educal o el Fondo de Cultura Económica no es del todo una buena noticia: mejor sería que esas instituciones sirvieran de muleta económica y técnica sólo mientras un librero local aprende o perfecciona el oficio.
La LFLL incluye otra disposición cuya puesta en práctica podría significar un cambio profundo en el modo en que la industria del libro se conoce a sí misma. Entre las funciones del Consejo Nacional de Fomento para el Libro y la Lectura se cuenta “promover el desarrollo de sistemas integrales de información sobre el libro”, entre otras razones para llevar el registro de los precios (únicos) de venta al público. Pero esa obligación, de aspecto tedioso en el peor de los casos e inofensivo en el mejor, encierra la posibilidad de aclimatar entre nosotros los sistemas de descripción bibliográfica que están en plena operación en países como Estados Unidos o Francia, donde las exigencias de la internet han obligado a los participantes en la industria a establecer estándares de descripción y comunicación electrónica. Se trata de adaptar y adoptar normas como la del ONIX for Books, que consiste en una serie de descriptores –una especie de huella dactilar creada ex profeso– con los que se identifica detalladamente cada edición y que actualmente está introduciéndose en España.
¿Por qué es necesario un acuerdo respecto del modo de describir las obras? Fundamentalmente porque mientras más información esté disponible para un lector potencial, que tal vez quiera saber cuántas páginas tiene el volumen, cuánto mide, en qué año empezó a circular o incluso cuánto pesa o cuál era su idioma original, mayor es la probabilidad de que haya una compra. Aunque no reparemos en ello durante la visita a la librería, muchos de los datos que uno registra antes de decidirse a adquirir un ejemplar pueden transmitirse electrónicamente –no así, claro, el perfume del papel, su textura, la corporeidad del volumen todo. Hoy, lamentablemente, cada entidad –la editorial, la distribuidora, la librería– procesa a su manera esa información, y se niega a conversar en el esperanto que se ha desarrollado en ciertos lenguajes informáticos. Ejemplo bochornoso de la mala administración de los datos bibliográficos es la agencia mexicana del ISBN (el International Standard Book Number o Número Normalizado Internacional para Libros), que es administrada por el Instituto Nacional del Derecho de Autor; sus registros presentan un retraso de al menos dos años, a juicio del Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe, una oficina dependiente de la Unesco. Si la industria no puede confiar en la que debería ser la base para saber qué, cuánto, cuándo se publica en México, imaginemos el desafinado coro que se escucha cada vez que aparece un libro. ¿Pueden los lectores orientarse en ese batiburrillo para encontrar la obra que el azar o la necesidad les han hecho conocer?
Tengo la impresión de que, gracias a la entropía política, hay una continua pérdida de energía en las acciones de los diversos actores públicos. La ley que tirita en la congeladora del Senado es fruto de un inusual esfuerzo de concertación entre participantes clave de la cadena del libro. Aunque es imprescindible atender a las voces discordantes, lo urgente es impedir que la iniciativa se amorcille, pues los diez meses de mutismo legislativo podrían transformarse en diez años –tómese como advertencia el opaco destino de la ley “vigente”, que fue publicada el 8 de junio de 2000 y que hiberna desde entonces–, y no será grato seguir descendiendo mientras tanto por la resbaladilla del deterioro libresco. A diferencia de lo que pensaba Borges, de que el único modo de dejar de corregir es publicar lo que se ha escrito, urge que el Senado retome la iniciativa devuelta por Vicente Fox en septiembre pasado y la apruebe por mayoría calificada, que los diputados hagan lo propio y que el Ejecutivo se decida a publicarla para entonces proceder a mejorarla. Reabrir por completo el expediente es dejar que la entropía política, con todos sus despilfarros, actúe a sus anchas. El pequeño paso que le corresponde a la LX Legislatura está llamado a ser un gran salto para el libro y la lectura en nuestro país; su próximo periodo ordinario de sesiones es el momento adecuado para darlo. Poca cosa, ¿no? ~
