La otra guerra de Colombia | Letras Libres
artículo no publicado

La otra guerra de Colombia

La administración del presidente Clinton ha propuesto aumentar de manera significativa la ayuda estadounidense a Colombia. De aprobarse, alteraría el curso de la política y de la violencia interna en ese país latinoamericano. Tras recibir 289 millones de dólares en 1999, Colombia ocupa ya el tercer lugar entre las naciones que perciben
ayuda de los Estados Unidos, después de Israel y Egipto. Tal y como hasta el momento se plantea el proyecto de ley ante el Congreso, durante los próximos tres años el gobierno del presidente Andrés Pastrana recibiría 1,574 millones de dólares en ayuda económica directa. Cerca de una quinta parte de ese capital
(274 millones) estaría destinada al desarrollo económico y al
mejoramiento del aparato legal y de derechos humanos. El resto del dinero llegaría como presupuesto para entrenar y equipar al ejército colombiano.
     La ayuda militar se presenta como indispensable para el combate al cultivo de la coca en el sur de Colombia y su exportación a los Estados Unidos. La mayoría de los involucrados —funcionarios del Departamento de Estado norteamericano que cabildean el paquete de ayuda ante el Congreso; los jóvenes en extremo oficiosos y entusiastamente agresivos de la embajada de Estados Unidos en Bogotá que se encargarán de supervisar todo el equipo; el alto mando del ejército colombiano que aguarda la ayuda como si fuera un envío del cielo— afirma, al menos de manera oficial, que no usarán esos fondos para financiar la guerra que desde hace cuarenta años libra el gobierno contra una de las guerrillas más atrincheradas del mundo. La pregunta es cómo van a evitar que el dinero se emplee para ese fin.
     Colombia tiene casi cuarenta millones de habitantes, es similar en extensión a Europa Central y está dividida en cinco regiones: las exuberantes costas del Caribe y del Pacífico; la cordillera andina bifurcada por el valle del río Magdalena; los llanos orientales y la selva que se extiende al sur hasta el río Amazonas, donde Colombia hace frontera con Brasil. Como la mayoría de las ciudades prósperas, entre las que se cuenta Medellín, Bogotá —con sus 6.4 millones de habitantes— está encaramada en las montañas. Ahí, blancos y mestizos componen gran parte de la población, mientras que en las fértiles planicies de la costa y en el valle del río Magdalena hay muchos negros y mulatos. La población indígena es muy pequeña, pero subsiste en diferentes enclaves a lo largo del país.
     Menos de dos millones de personas viven en la selva y en los llanos adyacentes, áreas que representan más de la mitad del territorio nacional: es decir, una superficie como del tamaño de Francia. En esa parte del país casi no hay caminos, ni pavimentados ni de ningún otro tipo. De hecho, es un terreno tan inexplorado que la leyenda —datos de relieve insuficientes— aparece impresa sobre grandes trechos en los mapas del Instituto Geográfico Nacional. La mayoría de quienes lo habitan son campesinos que han ido colonizando la selva y los llanos desde hace apenas unos cincuenta años. Es allí, en los rincones más apartados de los departamentos de Putumayo, Caquetá, Meta, Guaviare y el Vichada, que el cultivo de coca ha florecido en los últimos diez años.
     De aprobarse el paquete de ayuda norteamericana los fondos se utilizarán en operaciones de interdicción de drogas y en el entrenamiento de brigadas antinarcóticos, así como en helicópteros Blackhawk, lanchas de alta velocidad y aviones para transportar a la tropa hasta los campos de coca ocultos en la selva. Ahí los soldados protegerán a las brigadas policiacas encargadas de fumigar las cosechas ilegales con herbicidas no tóxicos. Pero ¿por qué hacen falta dos mil soldados altamente entrenados y equipados para esta tarea? Porque en esas regiones del país los que cultivan coca están protegidos por un ejército de unos veinte mil guerrilleros que se han enfrascado en una guerra cada vez más exitosa contra el Estado colombiano. Es aquí, en pleno territorio guerrillero, que el ejército de Colombia ha construido un cuartel general para la nueva brigada. Es aquí donde, el año pasado, asesores militares estadounidenses se encargaron de entrenar a uno de los batallones de esta brigada. Y es aquí también que, contra toda lógica, y según los deseos explícitos de la administración Clinton, no se dará una conflagración violenta entre la guerrilla, la ayuda y los consejeros de Estados Unidos, y las tropas entrenadas por ellos.
      
     i
     En agosto de 1986 viajé al cuartel general de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, el grupo guerrillero más grande, antiguo y próspero de Colombia, en compañía de un escritor colombiano y de un equipo de la televisión local. Para aquel entonces las FARC eran sólo una de al menos una docena de organizaciones militares armadas. Tras casi veinte años de lucha, el gobierno de Belisario Betancourt había decretado un armisticio entre las FARC y el gobierno, y nuestro viaje fue una consecuencia de ello. En respuesta a la tregua, las FARC habían creado la Unión Patriótica, un partido político legal. En las improvisadas oficinas que la UP tenía en Bogotá, unos cuantos periodistas pudimos negociar expediciones a Casa Verde, sede de la guerrilla, en el departamento del Meta. En esa época yo ignoraba casi todo sobre la guerrilla y sobre Colombia. Por ejemplo, me sorprendió que, a vuelo de pájaro, nuestro destino quedara a poco más de cien kilómetros de la capital. Aún más, que durante años el ejército hubiera fracasado en su intento por desalojar a las FARC de ese bastión.
     En cuanto iniciamos nuestro viaje entendí por qué. Salimos de Bogotá de noche y, antes del amanecer, recorrimos durante horas veredas accidentadas y abruptas hasta llegar al pueblo de Sumapaz. Éste se asienta sobre la ladera de los Andes que se abre al sur hacia la selva. Allí los más suertudos del grupo pudieron seguir a caballo. Al resto se nos invitó a seguir andando ya que, a juicio de nuestro guía —un guerrillero que resultó ser un cura renegado—, nuestra condición física era menos deplorable. A más de tres mil metros de altura sobre el nivel del mar, marchamos penosamente a través del páramo de Sumapaz, una soberbia extensión de gélido pantano que parece dominar la cima del mundo. Un día, cuando escampó una pertinaz llovizna helada, divisamos la cumbre de dos volcanes nevados que estaban a más de 160 kilómetros de distancia, y un doble arco iris en un cañón que se abría a nuestros pies. Vimos también los extraños frailejones —unas como palmas rechonchas y peludas—, orquídeas, helechos, patos silvestres y un esporádico rebaño de ovejas. Por la noche los taciturnos pastores compartían sus diminutas y heladas viviendas con nosotros. Incapaces de pegar los ojos, yacíamos en nuestros sacos de dormir, rezando porque amaneciera para reiniciar la caminata a través de la llovizna helada y así calentarnos un poco. El páramo estaba habitado, pero no había caminos, escuelas, electricidad o indicio alguno de que el Estado tuviera conocimiento de la existencia de estos ciudadanos o se preocupara por ellos.
     Para el tercer día había suficientes monturas para todo el grupo. Las pobres bestias subieron y bajaron trabajosamente por acantilados y cañadas, a través de ríos espumosos, de nuevo arriba y luego abajo y más abajo hasta un lujuriante bosque de niebla. En un claro nos topamos con una pequeña comunidad de jóvenes uniformados, muy amables y eficientes, entre los que había muchas mujeres. Sus barracas estaban bien construidas. Había un hospital de campaña, un destazadero albeante de limpio y lo que recuerdo como una escuela rudimentaria. Se había construido una presa en un arroyo y canalizado su caudal a fin de proveer de agua a la cocina comunitaria y a la zona de lavaderos. El gris líquido resultante se utilizaba para las letrinas que estaban sobre una abertura encima del torrente y que, con toda justicia, pueden describirse como encantadoras. Eran muy cómodas y estaban inmaculadamente limpias. Unas muchachas guerrilleras me llevaron río arriba hasta otra cabaña situada sobre el río. Ahí me dejaron con una caldera de agua caliente para que me bañara y me cambiara de ropa. Después, por fin nos condujeron, a mis colegas y a mí, ante los máximos comandantes de las FARC: Jacobo Arenas y Manuel Marulanda.
      
     El legendario Marulanda —mejor conocido como Tirofijo— es el fundador de las FARC y, hasta el día de hoy, su líder militar. A los 72 años, ostenta la distinción de ser el guerrillero más viejo del mundo. Jacobo Arenas, fallecido en 1990, fue el cofundador y principal ideólogo de las FARC. En su juventud comunista se había unido a un grupo de campesinos desterrados —entre los que se contaba Marulanda— y los convirtió también al comunismo. Cuando lo visitamos tenía 62 años.
     Uno de los misterios del éxito de las FARC, decidí tras nuestro primer encuentro, eran su expansión y permanencia, a pesar de una falta absoluta de líderes carismáticos. Visualmente impenetrable, Arenas andaba siempre con una gorra militar, lentes oscuros (tenía mala vista) y una gruesa bufanda de lana que parecía haberlo acompañado desde los albores del conflicto. Era un hombre al que le gustaba conversar y que de inmediato se ofreció a jugar un partido de Scrabble con nosotros. Extrañaba la buena plática y, aunque la suya no era lo que podría llamarse centelleante, se describía con gran orgullo como un intelectual. A nosotros más bien nos pareció que estaba obsesionado con la idea de una serie de conspiraciones en contra suya o de su tropa: extraños complots, sobornos e infiltraciones de la CIA, el precio cada vez mayor que ofrecía el gobierno por su cabeza, antenas omniscientes dirigidas desde grandes alturas hacia Casa Verde, regalos de urnas chinas con micrófonos secretos. Dada la realidad de la Guerra Fría y de los procedimientos de la inteligencia estadounidense, sus relatos quizá pudieron ser verídicos, pero la narración era tan fervorosa que un colega y yo no logramos deshacernos de la sensación de haber estado sumergidos en un delirio ajeno.

Marulanda era un personaje muy distinto. Vivía en una cabaña propia a cierta distancia del comando central, custodiado por tropas de élite. Aunque sabíamos que estaba a cargo del entrenamiento militar y de las operaciones de combate, actuaba como si su preocupación fundamental fueran sus gallinas y las hortalizas que cultivaba a la puerta de su casa. Robusto, de una modestia casi irritante y de muy pocas palabras, llevaba al hombro la toalla blanca con flecos que es característica de los campesinos. Unas veces la usaba para cubrirse la cabeza del sol. Otras, para matar a una o dos moscas. Nos ofreció una versión un poco más sintética del mismo discurso que le escuchamos a Arenas, quien, dos o tres veces, nos hizo notar que aunque Marulanda fuera campesino, sí le gustaba leer.
     Marulanda nos dijo que en Colombia el proletariado y los campesinos estaban aliados en una lucha contra el imperialismo y un Estado nacional oligárquico e injusto. Que las FARC luchaban por la justicia y la igualdad. Que, aunque en un principio campesinos como él pudieron haberse sumado al movimiento sólo para defender sus tierras, ahora estaban cada vez más concientizados y participaban de lleno en la larga y ardua lucha en pos del socialismo. Cuando intenté hacer que me contara sus proezas militares la conversación languideció.
     —¿Y esa cicatriz? —pregunté, señalando una muesca que tenía sobre la ceja.
     —Me la hice cuando mi madre me pidió que moliera unos granos de cacao y una de las tuercas del molino salió disparada.
     Nuestro grupo de visitantes optó por pasar mucho más tiempo en la pequeña y acogedora cabaña de Arenas, donde al anfitrión le encantaba hablar de los viejos tiempos y sobre política nacional, aunque ahora me parece extraño que alguien con un acceso tan frágil a las comunicaciones y a la información política mostrara una asombrosa falta de curiosidad con respecto a las noticias que podríamos haberle proporcionado.
     Hay que decir que a Arenas le preocupaba el contacto tan limitado que su organización —desde el alto mando hasta las bases— sostenía con el mundo exterior. Señaló que no había pisado Bogotá en veinte años y que la gran mayoría de su tropa ni siquiera conocía la capital. Sabía que el mundo estaba cambiando. Y aunque insistió en que la tregua y las vacilantes conversaciones de paz iniciadas por el gobierno de Betancourt no podían engañarlo, que las FARC sólo esperaban guerra y nunca depondrían las armas, quizá el surgimiento de la Unión Patriótica —el partido legal que pronto estaría en la contienda por los puestos de elección nacional— fuera una forma de abrir las FARC al sector no rural del país.
      
      
     Indudablemente, si se le hubiera permitido sobrevivir al partido legal, las FARC podrían al menos haberse percatado del abismo que hay entre las palabras con las que la organización describe a Colombia y la forma en que los colombianos que no son guerrilleros se perciben a sí mismos. Pero junto con el ofrecimiento de paz que hizo Betancourt se desató una campaña paralela de terror contra la Unión Patriótica y contra la izquierda en general. En 1988, cuando los colombianos pudieron elegir a sus alcaldes por primera vez en muchos años, la Unión Patriótica participó y obtuvo 18 de las más de mil alcaldías. Trece de esos alcaldes fueron asesinados, casi todos después de renunciar a su cargo por la fuerza. Nunca se ha responsabilizado a nadie de esas muertes, pero la opinión general es que estuvieron involucrados miembros del ejército, que históricamente ha operado con bastante independencia del Ejecutivo, y a veces en franca oposición a él.
     En 1991, el primer día que sesionó la convención nacional encargada de redactar una nueva Constitución, el ejército bombardeó y destruyó la sede de las FARC en donde habíamos visitado a Arenas y a Marulanda. Se trataba de un valioso objetivo militar y el ataque tenía un claro fin político. De hecho, la Unión Patriótica estaba herida de muerte, las conversaciones de paz se habían suspendido de manera definitiva, y otra vez las FARC estaban en pie de guerra. Para 1992, 3,500 líderes y militantes del partido legal Unión Patriótica habían sido asesinados —entre ellos, dos candidatos presidenciales—, aunque sólo un puñado de esos crímenes llegaron a juicio. Los guerrilleros perdieron prácticamente a toda su dirigencia urbana, incluyendo a muchos de los que tenían mejores niveles educativos y experiencia política. Poco antes de su muerte, la frenética paranoia de Arenas se vio justificada.
     Después de sólo tres días regresamos de la sede de las FARC, aturdidos por la penuria que nos habían permitido compartir y que era apenas el más pálido reflejo de las privaciones que padecen siempre los campesinos. Era fácil entender cómo ese nivel de despojo los habría llevado a concluir que la vida con la guerrilla ofrecía por lo menos camaradería, alguna posibilidad de venganza y cierta ilusión sobre el futuro. Nos impresionaron también las historias de vasijas chinas plagadas de micrófonos de la CIA, la alegre disciplina de los jóvenes hombres y mujeres del campamento, la absoluta falta de imaginación política que mostraron Arenas y Marulanda, y la paradoja de su enorme capacidad de sobrevivencia.
     Una conversación con Arenas se me quedó grabada. Expresé mi duda sobre lo que podrían hacer las FARC aparte de quedarse acuarteladas en sus diversos campamentos —contaban entonces con 27 frentes o unidades militares—, armar una que otra emboscada y obsesionarse con la CIA. Después de todo, ya se habían dedicado a eso a lo largo de casi veinte años.

¿Cuándo se iniciaría por fin la Revolución? "Cuando maduren las condiciones subjetivas y objetivas", respondió Arenas, imperturbable. Insistí: ¿acaso no equivalía esa postura a pararse en una esquina de Bogotá en viernes por la noche, a la hora del trancón, en medio de un diluvio, a esperar un taxi? ¿Y si el taxi no aparecía nunca? Si las condiciones jamás lograban madurar ¿qué pasaría entonces? Arenas se limitó a lanzarme una mirada divertida.
     No puedo olvidar esa conversación porque hoy día las FARC tienen sesenta frentes militares de muchachas y muchachos bien entrenados, armados y equipados que operan a lo largo y ancho del país, entran en combate con el ejército colombiano, atacan bases militares y estaciones de policía, toman prisioneros, causan bajas, derriban helicópteros, aumentan su control territorial y tienen al país entero de rehén. La mayoría de los movimientos guerrilleros se ufanan de paciencia infinita y actúan con precipitación, pero las FARC de Jacobo Arenas demostraron estar dispuestas a esperar su turno.
     Al ver los noticieros de televisión en Bogotá, con su cuota diaria de retenes guerrilleros en las carreteras, voladuras de torres de energía, enfrentamientos armados a escasos kilómetros de la ciudad y bajas civiles, uno podría pensar que el taxi por fin apareció.
     2
     Desde luego, el motor que impulsó esta nueva fase de la guerrilla y aceleró la economía colombiana durante esos mismos años fue la cocaína. Cómo y por qué se volvió la sustancia intoxicante ilegal preferida por los Estados Unidos es una crónica que aún está por escribirse. Pero el primer gringo que le sugirió en Colombia a un distribuidor de cocaína que podía encontrar compradores si éste le conseguía la droga, encendió una hoguera que ha consumido la vida de decenas de miles de colombianos. El auge de la cocaína estuvo precedido por un mini boom de la marihuana en los años sesenta. (Nadie lo ha descrito mejor que Laura Restrepo en su fascinante novela Leopardo al sol)1. Después, la moda de los intoxicantes eligió la cocaína, que se procesa a partir de la hoja de coca, parecida a la del té. Masticada o en brebaje, la coca se ha consumido en los Andes desde hace siglos para aliviar cólicos, mal de altura y resacas, y como paliativo contra el hambre. Las comunidades indígenas la cosechan y la consideran sagrada. Su venta —por montón en los mercados al aire libre o como bolsitas de té en las tiendas citadinas— es legal en Bolivia y en Perú. (Los representantes de la compañía Coca-Cola aún visitan los mercados bolivianos una vez al año para comprar el ingrediente clave de su fórmula secreta).
     Colombia, que tiene una población indígena mucho menor que Bolivia o Perú, cultivó menos coca y durante años sembró lo que se consideraba un producto inferior: el alcaloide de la hoja colombiana no era tan potente. Pero Colombia contaba con un gobierno ineficaz, una red de vías fluviales sin registrar en los mapas y una larga tradición de contrabando que se remonta a tiempos de la Colonia. Un pequeño pero próspero tráfico de marihuana, esmeraldas y piezas prehispánicas mantuvo las técnicas de contrabando al día y, a principios de los ochenta, comerciantes no indígenas —la mayoría oriundos de la próspera ciudad industrial de Medellín— consolidaron su custodia sobre la manufactura de la cocaína a partir de la hoja de coca, y sobre la exportación de la cocaína refinada hacia los Estados Unidos. Entre otras cosas, esos intermediarios se las ingeniaron para contrabandear acetona y éter desde ese país: sustancias precursoras, como se les llama, sin las cuales no es posible extraer de la hoja de coca los alcaloides de la droga.
     Para fines de la década de los ochenta, la manufactura ilegal de cocaína, y su exportación, se convirtieron en bonanza. Según cálculos de Salomón Kalmanowitz, un economista que ahora integra la directiva del Banco de la República —organismo que rige el valor de la moneda nacional y las tasas de interés—, la venta de cocaína representaba alrededor del 5% del producto interno bruto del país. Dice Kalmanowitz: "Al armar a la población, crear fuertes incentivos criminales —¡el crimen paga muy bien!—, fomentar la corrupción, financiar a ambos bandos y destruir la seguridad personal", el auge del narcotráfico tuvo efectos sumamente distorsionantes y destructivos sobre la economía nacional. Pero el hecho es que Colombia había encontrado aquello que le falta a la mayoría de los países en vías de desarrollo: un cultivo de bajo costo, capaz de producir los niveles de empleo, rentabilidad económica y crecimiento que, por lo común, sólo generan los productos industrializados. La construcción se disparó, el sector de servicios floreció, los anticuarios disfrutaron de un auge sin precedentes, las aerolíneas expandieron sus rutas, los artistas se volvieron prósperos y, a partir de 1992, muchos campesinos también se sintieron menos roídos por el hambre.
     Esto último fue consecuencia directa de la "guerra contra las drogas" decretada por el presidente estadounidense George Bush. A fines de la década de los ochenta, el Departamento de Estado y la DEA coordinaron una exitosa campaña antinarcóticos con los gobiernos de Bolivia y Perú: bajo supervisión norteamericana se fumigaron vastas plantaciones de coca en las cordilleras andinas de ambos países; aviones de los ejércitos boliviano y peruano derribaron a toda aeronave que penetrara su espacio aéreo sin autorización. Pero en vez de disminuir, la demanda de cocaína creció en los Estados Unidos y en el resto del mundo. En un intento por hallar terrenos más seguros para ese comercio que arrojaba ganancias cada vez mayores, los exportadores de droga colombianos patrocinaron plantaciones de coca en las selvas que no aparecían en los mapas de Colombia, y financiaron la exitosa búsqueda de una planta de cocaína capaz de producir altos niveles de alcaloides en tierras cálidas y bajas. Los campesinos de todo el país salieron en tropel hacia los selváticos departamentos de Meta, Putumayo y Caquetá en busca de una vida mejor. Y los guerrilleros de las FARC estaban con ellos.
      
      
     En enero pasado, en un pueblo del Caquetá, conversé con uno de los portavoces de las FARC. Me explicó la posición de la guerrilla hacia el tráfico ilegal de drogas: "Para nosotros, un campesino que siembra coca no es diferente al que siembra cacao. Los dos viven de lo que la tierra les da. Nosotros decimos: es malo el cultivo de coca, y por eso hemos establecido normas. Por cada hectárea de coca que se planta, hay que sembrar dos de comida. Pero lo que no podemos hacer es negarle a los campesinos el derecho a cultivar la coca, porque en Colombia todo el mundo, del Estado para abajo, vive de la coca".
     Parecería más bien que lo que la guerrilla no puede hacer es negarse el derecho a mejorar su propia situación. Después de todo, mantener a un ejército guerrillero —no importa cuán pequeño sea— no resulta barato, sobre todo si hay que conseguir todas las armas y las provisiones en el mercado negro e ingresarlas al país. Las FARC no tardaron en advertir que los campesinos necesitaban protección no sólo de los operativos antinarco del gobierno sino también de los mismos traficantes que llegaban de la ciudad a engancharlos en la siembra de la coca.
     Durante el mismo periodo en que los narcotraficantes colombianos consolidaron su dominio mundial la guerrilla elaboró una política propia: "Nosotros ni cuidamos sembrados de coca, ni la cultivamos, ni la transportamos", afirmó el vocero oficial. "Lo que hacemos es cobrar el impuesto, lo mismo que cobramos con todo lo demás. Los transportadores que atraviesan territorios de las FARC tienen que pagar impuestos. Los comerciantes tienen que pagar impuestos. Y los campesinos, también". La guerrilla, que se considera legítima autoridad en áreas sobre las que ostenta dominio militar, exige pago sobre la venta y transporte de la coca y, a últimas fechas, también sobre la pasta de opio que llega de los campos andinos de amapola. A cambio, los agricultores esperan que los guerrilleros les garanticen que van a recibir el dinero que les corresponde, equidad en el pago, y que las ganancias que reciben guarden alguna proporción con el valor final del producto. Se estima que, gracias a este arreglo, las FARC reciben entre doscientos y seiscientos millones de dólares al año.
     Para el vocero de las FARC, esta transacción —impuestos  a cambio de una presencia armada protectora— involucra a sólo dos protagonistas: quienes cultivan la droga y los guerrilleros. Pero es difícil resistir la conclusión de que, para los capos del narcotráfico, una enorme y beligerante organización antigubernamental también puede resultar muy útil. En los hechos, por lo menos, en tierra hay una coexistencia pacífica entre la guerrilla y quienes controlan el tráfico de drogas. Quizá los de las FARC no mienten cuando afirman que no existe un acuerdo explícito, y que las dos facciones jamás entran en contacto. Otra posibilidad es que no se limiten a hacerse de la vista gorda cuando aterrizan los bimotores en las pistas improvisadas en medio de la selva para recoger un cargamento, o cuando llegan en una lancha los ingenieros químicos que se ocupan de los procedimientos de extracción en los laboratorios clandestinos. Quizá también se benefician del desembarque de algunas ametralladoras y del esporádico misil antiaéreo.

Quienquiera que esté financiando las armas, adquirió suficientes para equipar a una fuerza que se ha triplicado desde que se inició el auge cocalero. Los sesenta frentes militares de las FARC están diseminados en todas las regiones del país, incluidas las afueras de Bogotá. En uno o varios de ellos, la guerrilla mantiene secuestrados a los quinientos soldados y oficiales de policía capturados desde que, a partir de 1996, empezaron a tomar por asalto bases del ejército y estaciones de policía. En el campo corre la voz de que hay más comida donde la guerrilla que en casa, y el consenso general es que las FARC controlan o tienen una poderosa influencia en aproximadamente un tercio de las más de mil municipalidades en que se divide Colombia. Esto significa, como mínimo, que la organización tiene voz y voto sobre quién gana las elecciones para alcalde en esos distritos y en qué se gastan los fondos de cada municipio.
      
     3
     El acuerdo tácito entre traficantes y guerrilla en el sur de Colombia resulta sorprendente, sólo porque en el norte del país los dos bandos están atareadísimos matándose los unos a los otros. O por lo menos es el caso de las diversas asociaciones armadas de derecha que combaten a la guerrilla —es decir, los paramilitares o "Autodefensas"—, que dependen en igual medida que las FARC del dinero de la droga para comprar ametralladoras y uniformes.
     Los paramilitares surgieron, como los guerreros de la mitología griega que nacen de los dientes de un dragón, en regiones donde los guerrilleros cometieron el error de secuestrar a la gente que no tocaba. Antes que las FARC empezaran a gravar el impuesto de la cocaína, sobrevivían de secuestrar, o de amenazar con hacerlo, a ganaderos y hombres de negocios. En Colombia la abducción tiene una larga historia como actividad económica ilegal. Por ejemplo, muchos narcotraficantes consiguieron así el capital de arranque para el negocio y después siguieron ejerciendo esa actividad como fuente adicional de dinero y de poder (el mejor relato del terror del secuestrado está en Noticias de un secuestro de Gabriel García Márquez, sobre las víctimas de Pablo Escobar).2
     Sin embargo, es la izquierda armada la que ha convertido el secuestro en uno de los horrores generalizados en Colombia. Expertos de ese país estiman que las FARC todavía obtienen hasta un 50% de sus fondos del rapto. Otro grupo guerrillero, el Ejército Nacional de Liberación, que el año pasado secuestró un avión con todo y pasajeros y a todos los feligreses de una iglesia en la ciudad de Cali, sobrevive casi por completo de la extorsión. En años recientes la guerrilla ha aumentado su eficacia en dos formas. "Compran" secuestrados a organizaciones de criminales comunes que no tienen escondites seguros, como los de la guerrilla en la selva, y bloquean las principales carreteras, donde comparan las licencias de conducir con una lista computarizada de las cuentas bancarias del país.
     A principios de los ochenta, sin embargo, la guerrilla empezó a secuestrar a familiares de traficantes. Error fatal. En respuesta, los traficantes crearon y financiaron a un grupo llamado Muerte a los Secuestradores que, al parecer, trabajó de la mano con sectores del ejército para vengarse de la guerrilla: cuando sospechaban que algún civil era su simpatizante o colaborador, lo asesinaban. En 1981, en el pueblo minero de Segovia, las FARC secuestraron al padre de Fidel Castaño, un traficante de segunda que se dedicaba al contrabando de drogas y deesmeraldas. Ese crimen tendría la más fatídica consecuencia.
     Según cuentan Fidel y su hermano menor Carlos, los guerrilleros —viejos conocidos de los Castaño— exigieron un rescate que excedía por mucho la capacidad económica de la familia. Los hermanos ofrecieron lo que estaba dentro de sus posibilidades. La guerrilla no aceptó. En lo que Carlos luego calificaría de "error", Fidel les envió a los secuestradores una carta en la que afirmaba que, en caso de que la familia lograra reunir una suma de dinero mayor a la ofrecida, "sería exclusivamente para luchar contra ustedes". Fidel alguna vez contó que, en el cautiverio, su padre, que llevaba días atado a un árbol, se dio de golpes con la cabeza contra el tronco hasta perder el conocimiento, y que los guerrilleros "lo dejaron morir" así, al parecer de un ataque cardiaco. En su relato impreso, Carlos cuenta que los de las FARC mataron directamente a su padre cuando la familia no logró reunir el dinero del rescate.
     Hoy en día ese tipo de detalles le importan a mucha gente, las FARC incluidas, porque, según un sobreviviente al que entrevisté en 1989, en 1983 un grupo de hombres comandados por Fidel Castaño pasó como guadaña por los pueblos cercanos a Segovia, donde Castaño dedujo que habían mantenido cautivo a su padre. Arrancaron a bebés de brazos de sus madres y los mataron a tiros; clavaron un niño a una puerta, empalaron a un hombre en un poste de bambú y descuartizaron a una mujer a machetazos. Hubo 22 muertos. Fue la primera masacre de tales dimensiones en Colombia desde los tiempos de La Violencia: la brutal guerra civil que se desató entre 1945 y 1965.
     Fue también el inicio de una serie de matanzas que desde entonces le han costado la vida a miles de hombres y mujeres en pueblos que, supuestamente, brindan refugio a la guerrilla. Antes de morir en combate hace algunos años, Fidel Castaño organizó a su gente y a otros grupos aliados en las llamadas Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá, o ACCU. Lo sucedió Carlos, su hermano menor, quien transformó la alianza en un grupo armado en extremo eficiente que, a su vez, hizo un pacto con otras agrupaciones similares a lo largo del país, creando las Autodefensas Unidas de Colombia. En una entrevista televisada que se transmitió hace poco, Carlos Castaño aduce que su asociación cuenta ya con 11,200 integrantes. La cifra real se calcula en la mitad, pero no es difícil creerles a los líderes de las Autodefensas cuando afirman que les gustaría que los números crecieran más despacio, porque, a pesar de que cada día hay más guerrilleros y más de sus simpatizantes por exterminar, no es fácil controlar a tal cantidad de voluntarios.
      
      
     Hace poco pude hablar con una mujer a quien llamaré Rosa, estrechamente vinculada con el alto mando de la organización antiguerrillera ACCU.

La habían detenido un mes antes y aceptó verme en la cárcel. (A diferencia de sus antecesores, Alfonso Gómez Méndez, fiscal general de Colombia, ha perseguido los crímenes de los paramilitares y ya hay unas seiscientas personas tras las rejas, acusadas de colaborar en las masacres de las Autodefensas.) No me resulta cómodo describir a Rosa o siquiera referirme a las circunstancias de nuestro encuentro. En Colombia asesinan presos a cada rato, y Rosa tiene muchos enemigos. Pero creo que se puede decir sin ponerla en riesgo que es una mujer de edad media, que me pareció vulnerable, a pesar de que no se me ocurrió ninguna razón para condolerme de ella y que, aunque su vida siempre ha estado "impulsada por los vientos de la violencia", según sus palabras, sus actividades han sido de orden político más que militar, en el estricto sentido de la palabra. Rosa proviene de una familia acomodada, para los términos del apartado rincón de provincia donde creció. Sin embargo, su padre, que era un católico devoto, sentía gran simpatía por el movimiento obrero. Uno de sus primeros recuerdos es de aprender las canciones del Quinto Regimiento del Ejército Republicano Español, que le enseñaron los sacerdotes españoles de su escuela. Ellos le hablaron de Dolores Ibarruri, La Pasionaria, la hija de un minero vasco que durante la Guerra Civil exhortó a los republicanos a luchar por la libertad y a resistir hasta la muerte. Rosa era apenas una adolescente cuando empezó a cantar los himnos republicanos para animar a los obreros huelguistas. En la universidad la arrebató el fervor radical de la época y de ahí ella y sus amigos pasaron a colaborar con organizaciones campesinas; coordinaban invasiones de fincas, montaban retenes de carretera, conseguían algunas armas para la inminente revolución.
     Las FARC ya existían pero eran vistas como anticuadas y complacientes. Se multiplicaron los núcleos guerrilleros y también las llamadas "formaciones prepartidistas": el Ejército de Liberación Nacional, o ELN, el Quintín Lame —un grupo armado de derechos indígenas—, el Partido Revolucionario de los Trabajadores y el m-19. Hacia fines de los setenta Rosa se sentía identificada con otro grupo salido del crisol universitario: el Ejército Popular de Liberación, o EPL. El grupo tenía alguna fuerza en la zona de Córdoba, región costeña del país en que la población estaba más o menos dividida entre campesinos pobres y gente con dinero; propietarios de fincas ganaderas y de banano y palma de aceite.
     En versión de Rosa, la historia de cómo pasó del EPL al núcleo del poder paramilitar es larga, asombrosa y no siempre confiable, pero lo cierto es que ella es apenas una de los muchos militantes de la izquierda fanática que se han unido a las filas de la derecha asesina. Las Autodefensas afirman que la tercera parte del total de sus tropas son ex guerrilleros. Puede que se exagere la cifra, pero no hay duda de que esa es una tendencia general. Sin embargo, la historia de Rosa es extraordinaria incluso en Colombia, donde la realidad siempre parece emanar de un sueño o de una pesadilla ajenos.
     Lo primero que molestó a Rosa de sus camaradas de izquierda es lo que podría describirse como su impacto en la ecología política del departamento de Córdoba. En el apogeo del fermento revolucionario eran seis las distintas organizaciones guerrilleras que merodeaban por los cerros de su región. Cada una exigía a los campesinos el pago de "impuestos" para financiar la epopeya libertadora. "Si el campesino tenía cinco vacas, tenía que dar una", dice Rosa. "La guerrilla se comía la plata de las ONGs. Se llevaban las mulas. Acababan con las tiendas comunitarias".
     Sin embargo, ninguno de estos grupos fue capaz de defender a los campesinos cuando los finqueros —entre los que había más de un traficante convertido en candidato a latifundista— organizaron escuadrones de la muerte para exterminar a quienes colaboraban con la guerrilla. Rosa afirma: "Eran unos masacradores terribles. Había de todo, cuidadores de fincas, finqueros y traficantes en esos grupos, y todo lo que han oído [sobre los asesinatos que éstos perpetraban con] motosierras, hachas y machetes es verdad". Aunque la guerrilla era incapaz de derrotar a los paramilitares, no lo hicieron mal cuando se trató de traicionarse mutuamente. El ELN trató de disputar la hegemonía local del EPL. "El ELN llega a mandar y al que no los obedece lo matan", dice Rosa con esa particular contundencia de la gente de guerra.
     Un día los campesinos se hartaron de los interminables impuestos y de las conflictivas y mortales exigencias respecto a su lealtad política. El primero en rebelarse fue un pescador que se enfrentó a una patrulla del ELN que le venía a cobrar. Según Rosa el pescador deshizo a machetazos a los jóvenes combatientes, un hombre y una mujer. "El campesino no sabe matar. Y el que no sabe matar, mata terriblemente", observa, tras haberse dilatado en los pormenores del asunto.
     En cuanto a su apostasía de la causa revolucionaria, Rosa afirma que ocurrió poco después de que la mandó secuestrar uno de los líderes paramilitares en 1991. Afirma que para entonces "yo ya tenía claro que mi compromiso era con los campesinos y no con la guerrilla". Luego vino el secuestro. Me contó que la capturaron al poco tiempo de haber participado en la invasión de una finca propiedad de un conocido paramilitar. Sus raptores la llevaron a un campamento donde "un gordo" se encargó de su tortura. Le quebró los dientes con unas pinzas (Rosa hizo aquí una pausa para mostrarme que todos sus dientes superiores tenían carilla). El gordo le saltó encima mientras yacía amarrada. Sangraba, pero la obligaron a permanecer de pie el resto de la noche. Sólo pensaba en el momento en que le dispararían. Al amanecer le ordenaron que empezara a caminar. El esperado proyectil en la base del cráneo nunca llegó, "quizá porque no les di la información que querían y se cansaron de torturarme". Rosa no se detuvo hasta que, por fin, halló el camino a casa de sus padres.
     Para ella la lección de esta experiencia no es la que uno podría esperar. "Después de eso", explica, sus compañeros llegaron a un acuerdo con el hombre que la había mandado secuestrar: "De aquí para allá, ustedes. De aquí para acá, nosotros".
     "La vida es extraña", afirma Rosa a manera de conclusión. "Porque fíjate tú que el hombre que le ordenó al gordo que me torturara ahora es buen amigo mío". Quizás esto se deba a que unos meses después del secuestro Rosa decretó su alianza con los paramilitares.
     Para entonces, dice, la mayoría de los integrantes del grupo guerrillero en el que militaba —el EPL— había decidido que el triunfo de una guerra revolucionaria en Colombia era imposible. Dejaron las armas y rebautizaron a la organización, que conservó sus siglas pero cambió de nombre: Esperanza, Paz y Libertad. Sin embargo, la paz no estaba cerca. Los de las FARC no tardaron en llegar con sus propias armas para apoderarse del vacío que, a su criterio, habían dejado los despreciables pacifistas. Las FARC comenzaron a ejecutar a los ex guerrilleros del EPL. En busca de protección, los  sobrevivientes y los campesinos se acogieron a los mismos paramilitares de derecha que habían torturado a Rosa y asesinado a muchos de sus camaradas.
      
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     En febrero de este año, miembros de un escuadrón paramilitar se dedicaron a cantar y a bailar en la plaza de El Salado, departamento de Bolívar, donde opera Carlos Castaño, amigo de Rosa, mientras torturaban a los habitantes del pueblo y, uno a uno, les cortaban la yugular. Según el comandante del ejército en la zona, las muertes fueron resultado de una confrontación armada entre revolucionarios y paramilitares, pero la Fiscalía de la Nación, que a menudo discrepa con el ejército en este tipo de asuntos, no dejó duda de que todas las víctimas fueron civiles. 44 hombres y mujeres, sospechosos de colaborar con la guerrilla, murieron a manos de los hombres de Castaño durante la orgía de sangre que duró cuatro días.
     El último reporte de Human Rights Watch sobre Colombia presenta en abrumador detalle testimonios de docenas de asesinatos masivos, en los que están involucrados principalmente las milicias paramilitares de Carlos Castaño. Pero desde el punto de vista de quienes tienen que aprobar el paquete de asistencia militar de los Estados Unidos, el aspecto más aterrador de las Autodefensas puede ser su larga, jubilosa y apasionada relación con el ejército. Desde hace años, hay evidencia precisa que implica a comandantes de alto rango, a oficiales de nivel medio y a la tropa de confabularse con los paramilitares, o incluso de planear y ejecutar las masacres. "En conjunto, los datos que Human Rights Watch ha reunido hasta ahora relacionan a la mitad de las 18 brigadas del ejército con la actividad paramilitar", afirma el reporte.
     Muy pocos militares han sido destituidos y un número aún menor ha enfrentado un juicio por colaborar en esos asesinatos. Quizás se deba a que, conforme ha crecido el repudio general ante la presunta participación del ejército, su complicidad se ha vuelto más discreta. O, tal vez, a que los poderes Ejecutivo y Judicial no logran controlar al taimado establecimiento que es el ejército. En todo caso, el boletín de Human Rights Watch asegura que Autodefensas y militares comparten información clasificada y que esa es la forma más penetrante y común de asistencia entre los dos bandos. El documento también describe otro tipo de ayuda, conocida como "legalización", que se origina en la antigua costumbre del ejército colombiano de exigir a los oficiales que buscan un ascenso un alto número de bajas en las filas enemigas. Según el informe, los paramilitares llevan a los civiles muertos a los cuarteles del ejército para intercambiarlos por armas. Los oficiales visten los cadáveres con botas y traje camuflado, y alegan que se trata de guerrilleros caídos en combate.
     Algunos observadores colombianos que han presenciado las diversas guerras de su país señalan que el paquete de ayuda que ahora se discute en el Congreso norteamericano adolece, cuando menos, de serios desequilibrios. Se supone que la mayoría del presupuesto se asignará al ejército para sus operaciones en el sur del país, donde el blanco sería la guerrilla y no los paramilitares. Los expertos del Departamento de Estado que buscan en EE.UU. la aprobación del paquete de ayuda no ignoran la amenaza paramilitar: argumentan que los nuevos programas de capacitación en derechos humanos para oficiales y soldados son un signo de progreso, y de vez en cuando reprenden al gobierno del presidente Andrés Pastrana por su "pasividad" ante los ataques paramilitares. Pero cuando se combinan con la promesa de cantidades prodigiosas de equipo bélico para el ejército, gratis, los reproches pierden fuerza.
      
      
     Las recientes declaraciones del Pentágono sobre el destino del fondo de ayuda ("Todos los que están en el negocio del tráfico de drogas —guerrilleros, Autodefensas y traficantes— serán el foco de estas operaciones"3) suscitan la enorme posibilidad de que se trate de una operación antiguerrilla disfrazada de paquete antidrogas. En todo caso, en Colombia todas las facciones dan por hecho que el dinero es para combatir a la insurgencia. Tal vez se deba a que los colombianos, que llevan veinte años pagando un precio terrible por el auge del narcotráfico, no logran creer que alguien pueda ser tan tonto como para tratar de combatir el narcotráfico con ayuda militar. Y si en verdad la ayuda está dirigida a frenar la industria de los estupefacientes, hay que decir que la guerra militar contra el comercio de cocaína no tiene un buen récord. Es fácil olvidar que la administración Clinton no siempre fue tan partidaria del militarismo. Cuando Lee Brown asumió el puesto como primer zar de las drogas de Clinton (jefe de la Oficina de Políticas de Control de Drogas de la Casa Blanca), dejó de usar el término "guerra contra las drogas". Como escribí después de entrevistarlo en Bogotá, en 1993, esto ocurrió porque a Brown le pareció peligroso usar la palabra "guerra" al referirse a una población nativa, se tratara de colombianos en Colombia o negros del Bronx en Estados Unidos.4
     En el caso específico de la lucha contra el comercio ilegal de cocaína, decretada desde la época de la administración Bush, el balance general resulta desconsolador, a pesar de que la enorme y cada vez mayor burocracia norteamericana dedicada al combate de drogas emite reportes anuales donde cita grandes decomisos de cocaína y heroína. Las cifras se presentan a manera de evidencia para probar que: a) se está ganando la guerra contra los estupefacientes porque se han incrementado los embargos y los arrestos; y, b) la guerra contra las drogas no se está ganando con suficiente rapidez, porque se han incrementado los embargos y los arrestos. Según esta lógica se necesitan presupuestos cada vez mayores para que pueda vislumbrarse la victoria.
     A primera vista, son impresionantes los resultados de la guerra antidrogas en Bolivia y en Perú. Un comunicado reciente del Departamento de Estado norteamericano afirma que, en 1995, Bolivia tenía 48,600 hectáreas de cultivo de coca. En 1999, sólo quedaban 21,800. Las cifras de Perú son todavía más dramáticas: en 1995 la producción alcanzó su punto más alto con 115,300 hectáreas, y cuatro años después apenas llegaban a 38,700. Pero si se compara el total de las cifras combinadas sobre el número de hectáreas de coca que había en Colombia, Bolivia y Perú en 1995 con el de 1999, el panorama es muy distinto. En 1995 el total fue de 214,800 hectáreas. En 1999, 183,000. Es decir, no hubo un descenso muy significativo en el total: el cultivo de coca aumentó en Colombia para compensar el descenso de la producción en Bolivia y Perú. Con un poco de cinismo podría incluso especularse con que el descenso de treinta mil hectáreas en 1999 se debe en parte al abultamiento de las cifras. A nadie sorprendería que se hayan abierto nuevas y recónditas áreas de cultivo de coca del otro lado del Amazonas, en la vasta extensión de jungla que pertenece a Brasil. En todo caso, es razonable suponer que una vez que se inicien en Colombia los programas serios de interdicción de narcóticos, el cultivo de coca emigrará a Brasil y Venezuela. En tanto continúe la demanda, por supuesto.
     Ya sea que pueda o no utilizarse con éxito la ayuda militar que propone la administración Clinton para luchar contra las drogas, lo cierto es que en Colombia una cantidad asombrosa de personas —quizá la mayoría de las que conforman la opinión pública— ahora ven el paquete de ayuda como la última esperanza que tiene el país para ponerle fin a la interminable y brutal confrontación con las FARC. Llegan a esta conclusión en un momento en que el gobierno del presidente Pastrana se ha enfrascado en las negociaciones de paz más serias y prolongadas en la historia de este conflicto. Si quienes apoyan la ayuda norteamericana están en lo correcto, el poder y el dinero de los Estados Unidos servirán para derrotar a la guerrilla sobre el terreno, o para obligarla a participar en un diálogo serio de paz que arroje resultados prácticos. Si se equivocan, las FARC abandonarán los actuales enfrentamientos armados con el ejército para replegarse a formas más tradicionales de la guerra de guerrillas: emboscadas, operaciones de sabotaje, terrorismo urbano y asesinatos selectivos, que les permitirían sobrevivir por tiempo indefinido y retrasar durante años las negociaciones de paz. -Este texto forma parte del libro de Aguilar Las guerras de Colombia, que empezará a circular en México en el mes de agosto.  
— Traducción de Laura Emilia Pacheco