Hacia una democracia de calidad | Letras Libres
artículo no publicado

Hacia una democracia de calidad

México ha progresado de manera importante en materia de transparencia y legalidad de las elecciones federales. Esto es producto de un esfuerzo de varios años por parte de partidos políticos, legisladores, líderes de opinión y, sobre todo, de los ciudadanos. Una manera de medir esta evolución es a través del Índice de la Democracia Electoral (IDE) que propone el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en su Informe sobre la democracia en América Latina. El IDE va de cero a uno, donde uno representa el máximo nivel de democracia electoral. El promedio latinoamericano ha pasado de 0.28 en 1977 a 0.86 en 1990 y 0.93 en el año 2002. Por su parte, México pasó de 0.42 en 1991 a 1.0 en 1995, y se ha sostenido en ese nivel desde entonces, gracias a la confiabilidad y transparencia de los procesos electorales.

La fortaleza y transparencia de la democracia electoral es un activo muy valioso para el país; pero no constituye el final de la ruta. Es necesario avanzar en la construcción de una democracia de calidad. Para ello hay que enfrentar y superar nuevos retos; algunos de ellos en materia electoral, y otros que se ubican en áreas diversas del quehacer público. En este sentido, el proceso hacia la elección federal de 2006 es una oportunidad para incrementar la calidad de nuestras instituciones democráticas con el fin de cimentarlas de manera sólida en la credibilidad y la legalidad.

El concepto democracia de calidad fue originalmente expuesto por Diamond y Morlino. De acuerdo con estos autores, es aquella que garantiza la protección de las libertades, la supremacía del estado de derecho y una igualdad básica. Asimismo, esta democracia demanda gobiernos que rindan cuentas ante otros agentes del Estado y ante los ciudadanos, que respondan a las preferencias de éstos, así como el desarrollo de una competencia significativa por el poder y la participación ciudadana en la vida política. Una democracia de calidad es, por lo tanto, un régimen legítimo que satisface las expectativas de los ciudadanos sobre su gobierno, en el que éstos disfrutan de una extensa libertad y equidad política y tienen el poder de evaluar a sus gobernantes.

LA CALIDAD DE LA DEMOCRACIA MEXICANA
Ciertamente, la democracia electoral mexicana requiere de pasos adicionales para evolucionar hacia una democracia de calidad. Aunque durante las últimas décadas México ha experimentado una transición hacia un sistema político más plural y democrático, a cinco años de la alternancia presidencial de 2000 y uno antes de la celebración de una nueva contienda por la Presidencia de la República, la democracia mexicana enfrenta todavía importantes retos en cuanto a la representación política y la calidad de su ciudadanía; dos dimensiones generales que permiten evaluar la calidad de la democracia.

Dentro de la representación política se distinguen dos elementos: la competitividad electoral y la rendición de cuentas. Si bien el escenario político actual impone nuevos retos como la regulación de precampañas y el acceso equitativo a los medios de comunicación, México ha avanzado un importante trecho en lo que respecta a la competencia electoral. En este punto, instituciones como el Instituto Federal Electoral (IFE) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), al gozar de un considerable grado de independencia y profesionalismo, han sido capaces de darle mayor credibilidad a los resultados de las elecciones y regular el financiamiento de los partidos, especialmente el relacionado con las campañas políticas.

También se ha avanzado en la rendición de cuentas, ya que la mayor pluralidad y competitividad políticas permiten mayor independencia del Congreso frente al Ejecutivo, lo que ha puesto en marcha el sistema de pesos y contrapesos que sustenta normativamente el sistema presidencial. Asimismo, el Poder Judicial ha ganado autonomía consolidándose como un actor en posibilidades de señalar las transgresiones al marco legal en que incurran los representantes electos.

Esta división de poderes se ha fortalecido con la creación de órganos como el Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) —encargado de asegurar la transparencia y el acceso a la información pública en el ámbito federal por parte de la ciudadanía— y el Banco de México —institución autónoma que garantiza una política monetaria independiente. Sin embargo, se ha avanzado menos en la rendición de cuentas vertical, la cual tiene que ver con la capacidad de la ciudadanía de sancionar directa o indirectamente a sus representantes, o bien, el incumplimiento de sus promesas de campaña. En particular, algunos opinan que la prohibición de la reelección inmediata en el Poder Legislativo ha privado a los electores de uno de los principales mecanismos democráticos para premiar a los representantes que satisfagan sus demandas y para sancionar a aquellos que no lo hagan. La capacidad de sancionar o premiar a los representantes también se vería fortalecida con la difusión de información del desempeño y voto de los legisladores, de modo que los ciudadanos puedan saber si sus intereses se traducen en políticas públicas. Esto es particularmente importante debido a que, en última instancia, el electorado es la fuente de autoridad en una democracia. Es necesario darle mayores atribuciones a la ciudadanía para que vigile y sancione por ella misma los actos de sus representantes.


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Una democracia de calidad también requiere que todos los ciudadanos tengan seguridad en su persona y sus propiedades; que puedan acceder a servicios básicos de salud, alimentación, vivienda, educación y a un sistema de justicia eficaz, predecible y equitativo. Para mejorar la calidad de la democracia es necesario garantizar el acceso a la protección de la ley e incrementar los niveles de desarrollo humano de los mexicanos. En términos generales, México avanzó mucho en cuanto a desarrollo humano durante el siglo XX: la mortalidad infantil se redujo de veinticinco a dos por ciento, la esperanza de vida aumentó de treinta a 74 años, el analfabetismo de los adultos disminuyó de ochenta a diez por ciento, y se incrementó el nivel promedio de escolaridad de menos de un año a casi ocho. No obstante, persisten brechas importantes en el acceso a la educación, salud, así como desigualdades regionales. Esto plantea retos para la democracia mexicana, puesto que la expectativa de mejora de la calidad de vida puede ser uno de los pilares fundamentales del apoyo ciudadano al régimen democrático.

Además de variables materiales, como el nivel de vida de la población, una democracia de calidad requiere que sus ciudadanos sean participativos, tengan confianza en las instituciones, estén informados respecto de los asuntos públicos y tengan actitudes favorables al sostenimiento del régimen democrático. En México, las tasas de abstencionismo han aumentado notablemente durante las últimas cinco elecciones federales, en especial en las elecciones intermedias, llegando a ser de 58 por ciento en 2003. Este porcentaje es aún mayor en ciertos estados, como Baja California (69%), Chiapas (68%) y Guerrero (67%). Asimismo, algunas encuestas evidencian bajos niveles de confianza ciudadana hacia algunas instituciones públicas, tales como los partidos políticos, los congresistas y la policía. No obstante, existen instituciones como la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y el IFE que han logrado preservar niveles elevados de confianza en su actuación.

Por su parte, el apoyo a la democracia se ha mantenido relativamente constante en México durante la última década. Las mediciones efectuadas a través de encuestas sugieren que entre el cincuenta y sesenta por ciento de la población prefiere este tipo de régimen sobre cualquier otro. Esto contrasta con el resto de América Latina, donde el apoyo a la democracia ha disminuido. Aun así, algunos estudios han señalado que las actitudes democráticas de la población mexicana son endebles y que, en general, la corrupción es tolerada como una práctica cotidiana, incluso más que en otros países de Latinoamérica. Por otro lado, los niveles de información política de los mexicanos son bajos; la encuesta de Parametría Sobre el Instituto Federal Electoral (septiembre 2004) muestra que sólo 40.6 por ciento de los encuestados sabe que el Congreso de la Unión está formado por dos Cámaras y 57.9 por ciento dijo saber quién es la autoridad encargada de organizar las elecciones federales. De manera similar, de acuerdo con la encuesta El abstencionismo en las elecciones federales de 2003 (IFE-UAM, 2004), 56 por ciento de los encuestados dijo desconocer cuál es la instancia que aprueba el presupuesto del gobierno federal, mientras que sólo 21.4 por ciento dijo saber que la encargada es la Cámara de Diputados.
      
RUMBO AL 2006
De cara a las elecciones federales de 2006, uno de los principales retos para las instituciones democráticas —en particular para el IFE— es garantizar la calidad de la contienda, esto es, elecciones que aseguren el voto libre, secreto e informado, equidad en la competencia, así como confianza y credibilidad en las instituciones y en los resultados electorales.

La calidad de la democracia mejorará en la medida en que la ciudadanía cuente con la información necesaria para comparar las propuestas de los partidos y pueda así ejercer su voto de manera razonada. El sufragio libre demanda el conocimiento de todas las alternativas posibles. En México, como en la gran mayoría de las democracias, el aspecto informativo de la propaganda electoral ha sido superado por los mensajes emotivos abundantes en imágenes y con poca información, donde la personalidad de los candidatos resulta esencial. Asimismo, los mensajes de descalificación sistemática entre los contrincantes se han convertido en una característica de la propaganda electoral, lo cual deja nuevamente a un lado el aspecto informativo y crea un sentimiento generalizado de desconfianza en los partidos y en las instituciones públicas.

Al respecto, el IFE tiene el compromiso de promover el voto informado para asegurar a los ciudadanos el pleno ejercicio de sus derechos político-electorales y, a su vez, los partidos políticos tienen la obligación de difundir ante la ciudadanía sus programas y plataformas políticas. Por ello, rumbo al 2006, el IFE proporcionará a los ciudadanos la información necesaria para decidir su voto y fomentará los debates políticos en donde se difundan los programas y proyectos de los partidos y candidatos —principalmente, entre los presidenciales. También, el Instituto enviará la información necesaria a los ciudadanos mexicanos residentes en el extranjero para garantizar su voto informado, lo cual es consecuente con la reciente aprobación del voto de los mexicanos en el extranjero y con la prohibición legal expresa de llevar a cabo actos de propaganda y proselitismo en el exterior.

En aras de fomentar la equidad la ley ha avanzado, aunque no lo suficiente; la última gran reforma en este sentido se realizó en 1996. Resulta evidente la necesidad de regular la fase de precampañas para garantizar una mayor equidad en la competencia; aunque ésta es una tarea que debe discutirse en el Congreso. En tanto ello ocurre, el IFE ha solicitado ya a los partidos que presenten informes detallados sobre los gastos ejercidos y el financiamiento recibido durante los procesos de selección de sus candidatos para el próximo proceso electoral federal, además de monitorear sus actividades publicitarias.

Adicionalmente, el acceso equitativo a los medios de comunicación es fundamental para una competencia justa y equilibrada. En México, la creciente mediatización de la contienda impone nuevos retos a la regulación electoral, ya que puede trastocarse la equidad en el precio, la oportunidad y el acceso a medios masivos de comunicación. Diversos analistas han señalado que la falta de transparencia en las tarifas de tiempo al aire que fijan algunos medios permite un manejo discrecional en los precios. Para avanzar en una solución es necesario el compromiso con mejores prácticas en la materia por parte de los medios de comunicación y los actores políticos involucrados; así como por parte del IFE, a través del uso de mecanismos estrictos y transparentes para exigir cuentas a los partidos sobre cómo gastan sus recursos en medios de comunicación.

En la próxima elección federal, el IFE fomentará el voto razonado y la equidad en la contienda electoral a través de la supervisión de las acciones de los partidos dentro del marco legal vigente. El Instituto actuará como un árbitro imparcial e independiente y, sobre todo, garantizará el respeto a la voluntad de cada uno de los ciudadanos. Esto es, trabajará en aras de una contienda de la más alta calidad, factor que a su vez contribuirá a la calidad de la democracia mexicana como tal.

El éxito de la democracia mexicana no depende solamente del IFE, sino que requiere de la coordinación de esfuerzos entre ciudadanos, partidos políticos e instituciones públicas. La mejora en las dimensiones que afectan la calidad de la democracia —rendición de cuentas, competitividad electoral y calidad de la ciudadanía— permitirá que sus normas, procedimientos e instituciones sean interiorizados por los ciudadanos y los actores políticos, de modo que la práctica de la democracia se convierta en un ejercicio cotidiano.~

Nota: Las expresiones aquí vertidas representan exclusivamente
     el punto de vista del autor.