La energía y las políticas de probado fracaso | Letras Libres
artículo no publicado

La energía y las políticas de probado fracaso

En la lógica del presidente, la crisis energética se reduce a la falta de inversión en las empresas estatales. Por ello, todas las respuestas que ofrece terminan siendo una variante de una única respuesta: más dinero, más inversión pública.

El presidente Andrés Manuel López Obrador ha hecho del sector energético su bandera política favorita, por obvias razones: su lugar como fuente primigenia del nacionalismo mexicano desde la Expropiación Petrolera de 1938; el problemático y delicado panorama para las empresas del estado (Pemex y Comisión Federal de Electricidad) y la corrupción real y aparente en el sector, que se percibe como fuera de control. Este caldo de cultivo le ha permitido a López Obrador enarbolar una narrativa de rescate, según la cual él se encuentra en una lucha constante para restablecer la preeminencia del Estado en el sector, limpiando de corrupción todas las áreas y fortaleciendo a las empresas estatales para convertirlas en la prometida palanca del desarrollo.

La reforma energética es contraria a esa narrativa, pues le dio lugar a más participantes en el ecosistema energético nacional. Desde 2015, 135 empresas de 19 países (51 de ellas mexicanas) han ganado contratos para desarrollar proyectos de electricidad e hidrocarburos. Para dar perspectiva, esta apertura significa inversiones por $318,000 millones de dólares o el 109% del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2019. Tampoco las rondas de licitaciones petroleras o las exitosas subastas eléctricas encuentran lugar en la nueva narrativa, pues en estos esquemas no es el estado el que elige qué empresa desarrolla cuál proyecto, sino el mercado mismo en plena transparencia. Dado que en la visión del nuevo gobierno esto implica que el Estado pierde su capacidad de decidir sobre la dirección del desarrollo ante el mercado, surge la necesidad de rescatar su rectoría.

En la lógica del presidente, la crisis energética –que se manifiesta en una baja en la producción y reservas de hidrocarburos; menor generación eléctrica de CFE, etc.– se reduce a la falta de inversión en las empresas estatales. Esa falta de inversión se interpreta, en el mejor de los casos, como falta de voluntad política, y como entreguismo y traición a la patria en la más exagerada interpretación. Por ello, todas las respuestas, los planes nacionales de tal o cual tema, que ofrece el presidente terminan siendo una variante de una única respuesta: más dinero, más inversión pública.

Es natural preguntarse si se puede reconciliar esta narrativa con las realidades técnicas que enfrentan Pemex y CFE en un mundo más globalizado, más competitivo, y con más alta especialización tecnológica. La respuesta, como siempre, es complicada.

De acuerdo con la Secretaría de Energía, la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), las necesidades de inversión ya no pueden ser resueltas únicamente por el Estado. Hoy se necesita ocho veces la inversión pública en generación eléctrica para cumplir con la demanda de este año, y mantener la producción petrolera requiere dos veces el presupuesto de Pemex. Simplemente, no hay dinero público que alcance.

Estructuralmente, hay rezagos significativos en el sector de hidrocarburos y eléctrico. El desabasto de gasolina mostró la necesidad de invertir en ductos, seguridad en las instalaciones y en terminales de almacenamiento. En electricidad, aumentar la red de transmisión y distribución es vital para no sufrir potenciales apagones en el verano próximo. Estas necesidades críticas, sin embargo, han sido dejadas de lado por esta administración, que se ha enfocado en otras prioridades.

Un ejemplo palpable son las subastas eléctricas recién canceladas. En estos procesos competitivos y transparentes, diferentes empresas –incluyendo a la propia CFE– podían ofrecer su energía de largo plazo a compradores calificados. Dada la estructura y diseño de las subastas, México fue capaz de atraer las ofertas más bajas para generación eléctrica –sin subsidios de ninguna índole– a nivel mundial en energías renovables: el costo más bajo a nivel mundial en energía eólica, y el segundo más bajo global en energía eólica. Así, el costo de generación se reduce significativamente, disminuyendo primero los subsidios eléctricos (que se estima alcancen los $7,000 millones de dólares en 2018) y eventualmente reduciendo las tarifas de los consumidores.

Frente a esta posición de liderazgo global que México había tenido en la lucha contra el cambio climático, la nueva administración buscaría construir nuevas plantas de carbón y reconvertir las actuales plantas de ciclo combinado (alimentadas por gas natural) a combustóleo. La decisión implicaría mayores costos de generación, no solo para CFE, sino para el país en su conjunto, además de mayores problemas de salud pública, especialmente en enfermedades respiratorias, derivada del incremento de emisiones contaminantes.

Algo similar ocurre en el lado de los hidrocarburos, donde el énfasis se ha puesto en la producción de barriles –ya sea de petróleo crudo o de refinados– sin importar el costo. Si bien la columna vertebral del Plan de Producción de Pemex anunciado en diciembre pasado se basa en el desarrollo acelerado de 20 campos (14 en aguas someras, 8 terrestres), poco se ha apostado a la viabilidad de mediano y largo plazo de la empresa, la cual radica en recursos de más alto costo y complejidad tecnológica, como son las aguas profundas o las lutitas.

Una situación similar ocurre en las refinerías, donde encaja el proyecto insignia de AMLO. Se ha repetido consistentemente que la crisis de las refinerías se debe a una baja inversión. Esto no es correcto. Desde 1997 se ha llevado un largo proceso de reconfiguración de las refinerías mexicanas para poder procesar crudo más pesado, como el que se produce en el país, ya que las refinerías fueron diseñadas y construidas para procesar crudo ligero. En total, 5 de las 6 refinerías han tenido diferentes actualizaciones, reingenierías y adaptaciones con un costo acumulado total de más de $15,000 millones de dólares.

De acuerdo con información de Pemex, hoy las refinerías tienen una utilización promedio de 37.9% sobre el 1.6 millones de barriles de capacidad instalada. Se proyecta que la refinería de Dos Bocas tenga una capacidad de 370,000 barriles diarios, lo que permitiría eliminar las importaciones de gasolina (actualmente el 83% de la demanda). Con una mejor planeación, se podría elevar el nivel de utilización de las refinerías existentes a un 80% y con ello cubrir totalmente la demanda de combustibles en el país, haciendo innecesaria la nueva refinería.

La refinería de Dos Bocas es el perfecto ejemplo de una solución a un mal diagnóstico, tal y como ha advertido Fitch Ratings. Debido a la opacidad del proyecto, que no cuenta con los dictámenes ambientales, de factibilidad técnica y financiera, es prácticamente un hecho que perderá dinero, comprometiendo aún más la débil situación de Pemex, con más de $106,000 millones de dólares de deuda.

El problema de fondo no es el dinero. Son los modelos de negocio de las empresas del estado, su capacidad de gestionar inversiones (presupuesto del gobierno o a través de deuda) para generar ganancias –es rutinario que CFE y Pemex tengan cuantiosas pérdidas cada año–para de ahí poder reinvertir en su crecimiento futuro. En el fondo, se trata de ver a las empresas estatales como empresas, no como las herramientas del estado en materia energética.