La violación de derechos humanos no es la forma adecuada de enfrentar al coronavirus | Letras Libres
artículo no publicado
Foto: Melissa Maraj/U.S. Customs and Border Protection [Public domain]

La violación de derechos humanos no es la forma adecuada de enfrentar al coronavirus

Muchas de las acciones que ha tomado el gobierno chino para contener el virus son agresivas y poco eficaces.

Desde su aparición en Wuhan, China, el 31 de diciembre de 2019, el nuevo coronavirus, 2019-nCoV, se ha propagado rápidamente, suscitando preocupación a nivel internacional y llamados a declaratorias de emergencia.

A estas alturas, uno podría pensar que el mundo está preparado para una amenaza de este tipo, dado el éxito en el control del brote anterior de coronavirus que como el SARS (síndrome respiratorio agudo grave) y el MERS (síndrome respiratorio de Oriente Medio) desde 2002. Sin embargo, como señalan Catharine I. Paules, Hilary D. Marsto y Anthony S. Fauci en el Journal of the American Medical Association, “la aparición de otro nuevo brote de enfermedad en humanos ocasionada por un [coronavirus] … destaca el desafío permanente que representan las nuevas enfermedades infecciosas y la importancia de una preparación continua”.

Se trata de un desafío contemporáneo aparentemente perdido para la Organización Mundial de la Salud, las instituciones del gobierno chino y otras autoridades nacionales. El jueves pasado, después de evaluar las evidencias disponibles en ese momento, el Comité de Emergencias de la OMS votó en contra de la declaratoria de una situación de posible emergencia de salud pública de importancia internacional (ESPII). La declaratoria de emergencia es más que una postura política. La PHEIC activa la aplicación del Reglamento Sanitario Internacional modernizado en 2007, específicamente como respuesta a las lecciones que dejó el SARS.

El Comité de Emergencias de la OMS tomó esta determinación pese a “que se espera que en cualquier país surjan casos de contagio”. Si bien está sujeta a una posterior reconsideración, su conclusión parece desafortunada ante la rápida propagación de la enfermedad que se transmite entre humanos sin que hasta el momento se haya descubierto una cura, tratamiento vacuna para la misma, y cuyo índice de mortalidad casi llega al cuatro por ciento. (Nota del editor: El 31 de enero, la OMS reconsideró su decisión anterior y declaró una emergencia de salud pública de importancia internacional (ESPII) ante el brote de 2019-nCoV.)

Tal vez con la intención de evitar otra debacle global ocasionada como la que sufrieron por su mal manejo y flagrante tergiversación de la epidemia de SARS en 2002, las autoridades chinas han intensificado significativamente sus medidas. No obstante, muchas de las acciones emprendidas a la fecha han sido agresivas, infringen los derechos humanos y han resultado insuficientes para controlar esta nueva epidemia.

Los funcionarios chinos han creado un “cordón sanitario” alrededor de Wuhan y otras ciudades que se han identificado como focos de incubación y contagio del 2019-nCoV. Básicamente han bloqueado la salida de más de 35 millones de personas de sus límites jurisdiccionales. Al cancelar miles de vuelos, también evitan la entrada de extranjeros.

Además, a las personas atrapadas en Wuhan se les ha restringido el movimiento dentro de sus comunidades. Aquellos que muestran síntomas de infección inundan los hospitales locales, donde son procesados y permanecen bajo supervisión. Cientos de personas infectadas se han visto sometidas a un aislamiento forzado. Más de una docena de trabajadores de la salud se han infectado al intentar dar tratamiento a los casos confirmados.

Lo peor es que los medios y otras fuentes chinas están minimizando la amenaza para la salud pública. Recientes transmisiones chinas han evitado presentar al 2019-nCoV como un riesgo inminente para la población. Las plataformas de redes sociales están ayudando a exponer la información que el gobierno pretende ocultar, pero también están difundiendo rumores falsos acerca del virus y temores de represalias para quienes no informen de la presencia de síntomas. Algunos funcionarios chinos han adoptado una postura severa para asegurar el cumplimiento de las medidas de salud pública. Una publicación temporal en una red social de un comité del Partido Comunista anunció que cualquier persona que deliberadamente oculte el contagio de la enfermedad, “permanecerá clavado para siempre en la columna de la ignominia”.

Otros países están imponiendo restricciones de viaje a los ciudadanos chinos. Corea del Norte ya cerró sus fronteras a turistas extranjeros, a pesar de las jugosas ganancias que dejan a su débil economía. Basándose en lo acontecido anteriormente, algunos países no tardarán en considerar la posibilidad de restringir los vuelos de llegada y salida de China a pesar de la determinación de la OMS. (Nota del editor: Al menos 15 países han impuesto esta clase de restricciones desde la publicación original de este texto.)

Es comprensible que las nuevas enfermedades infecciosas, como el 2019-nCoV, contribuyan a los temores públicos, que luego se ven exacerbados por este tipo de respuestas gubernamentales agresivas. Lo ideal sería que las disposiciones sobre salud pública se anunciaran con fundamento en hallazgos epidemiológicos específicos e intervenciones ya probadas, directamente vinculadas con los riesgos reales sustentados en datos epidemiológicos. Evidentemente, resulta difícil aplicar medidas para la salud pública cuando los datos disponibles son imprecisos o poco confiables.

Por consiguiente, las instituciones internacionales de salud y los gobiernos nacionales o regionales tienden a: 1) Recurrir a decisiones “seguras” para evitar controversias políticas (como es el caso de la determinación de la OMS de no declarar una PHEIC), o 2) aplicar medidas altamente restrictivas para limitar las repercusiones en la salud pública (por ejemplo, la cuarentena/restricciones de viaje en las ciudades chinas). Lo cierto es que ninguno de estos dos enfoques funciona.

Lo que funciona son las intervenciones legales, éticas y con respeto a los derechos humanos que implican el uso de ciertos poderes públicos a la medida de los riesgos comprobados, y que promueven el cumplimiento voluntario, siempre que es posible, con el fin de lograr los objetivos legítimos y comunes. 

Tomemos como ejemplo las intervenciones de salud pública para garantizar viajes aéreos seguros. Sin duda alguna, los vuelos mundiales presentan riesgos de contagio de enfermedades. Múltiples países, entre ellos Estados Unidos, ya tienen casos de 2019-nCoV confirmados de personas que han atravesado sus fronteras en viajes aéreos. Con toda seguridad surgirán más casos. Sin embargo, cancelar los viajes por vía aérea no es una opción desde la perspectiva económica ni tampoco rinde beneficios para la salud pública. La mayoría de los pasajeros y tripulaciones no presentan riesgos de contagio del 2019-nCoV.

En lugar de restringir o prohibir los vuelos desde China, como lo han hecho algunos países en epidemias anteriores (incluso China), las autoridades sanitarias de Estados Unidos han establecido medidas de monitoreo no invasivas para ciertos vuelos, con el fin de evaluar el riesgo entre los pasajeros y las tripulaciones.

El 17 de enero, los Centros Federales para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos comenzaron a intensificar la detección de 2019-nCoV, primero en tres aeropuertos de Estados Unidos (JFK, LAX, SFO). Muy pronto extendieron la medida a otros dos aeropuertos (ORD, ATL). Los métodos de monitoreo intensificado se basan en el rastreo de casos posibles en los aeropuertos que reciben a la gran mayoría de los pasajeros provenientes de los países afectados. Estos pasajeros primero deben responder un cuestionario y pasar revisiones de temperatura no invasivas en puntos de llegada y salida.

Después de la revisión en el aeropuerto, en raras ocasiones se necesita aplicar medidas más invasivas, como la cuarentena. Son muy pocos los pasajeros a los que se les diagnostica la infección mediante estas medidas de monitoreo. El 8 de agosto de 2014, cuando la OMS declaró una PHEIC debido al brote de ébola en África Occidental, los países con transmisión activa de la enfermedad efectuaron monitoreos en las salidas de sus aeropuertos internacionales. En el Aeropuerto Internacional de Freetown, en Sierra Leona, 166,242 pasajeros fueron sometidos a revisiones en vuelos de salida entre septiembre de 2014 y febrero de 2016. Diez pasajeros se identificaron con posibles síntomas, a cinco se les negó el viaje debido a que estaban contagiados de malaria y tifoidea (dos casos), pero ninguno de ébola. Con las técnicas de monitoreo empleadas en varios aeropuertos de Estados Unidos durante la misma epidemia no se detectó ningún caso confirmado durante un periodo de 30 días en 2014.

Pese a que la eficacia del monitoreo limitado y no invasivo en aeropuertos para enfermedades como el ébola y el 2019-nCoV puede ser cuestionada, su legalidad y utilidad no lo son. La OMS y los CDC consideran que este tipo de monitoreo es un componente esencial de las medidas de respuesta globales para fomentar la conciencia en el mundo, detener viajeros que posiblemente estén enfermos, rastrear y monitorear casos posibles y promover la confianza entre todos los pasajeros acerca de la seguridad continua en los viajes aéreos.

Entonces, ¿cuál es la lección más importante que se debe aprovechar de estas aproximaciones al control de los brotes? Que se necesitan respuestas en tiempo real, pero no si infringen los derechos humanos sin justificación alguna. Como en brotes anteriores, la mejor forma de proteger a la población es reunir datos precisos con ciencia sólida y respeto por los derechos humanos.

 

Publicado originalmente el 24 de enero de 2020.

Este artículo es publicado gracias a una colaboración de Letras Libres con Future Tense, un proyecto de SlateNew America, y Arizona State University.

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