El problema no son las apps, es el gobierno | Letras Libres
artículo no publicado
Foto: Miguel Dimayuga / Procesofoto

El problema no son las apps, es el gobierno

Las manifestaciones de taxistas en contra de las aplicaciones de transporte privado son una constante. Lo mismo que la respuesta tibia de las autoridades que no han sabido reaccionar ante los cambios tecnológicos y no han creado reglas que eviten la competencia desleal.

Desde las cinco de la mañana del lunes 7 de octubre, los taxistas bloquearon diversas avenidas en la Ciudad de México. Entre cumbias, claxones y gritos, le exigieron a las autoridades locales y federales prohibir la operación de las plataformas digitales de transporte como Uber, Cabify y DiDi, por no cumplir con los mismos requisitos que a ellos se les solicitan. “Solo pedimos que cumplan la ley o que se vayan y que dejen de atentar contra la economía de los mexicanos”, afirmó Ignacio Rodríguez Mejía, portavoz del Movimiento Nacional de Taxistas. Tras doce horas de bloqueos que impidieron a miles de ciudadanos llegar a sus destinos, los líderes del Movimiento Nacional de Taxistas lograron un acuerdo con Ricardo Peralta, subsecretario de Gobernación, para revisar la legalidad de las aplicaciones.

En la Ciudad de México, los taxistas están obligados a obtener una licencia y tarjeta vehicular especial, a pagar un proceso de emplacamiento, a pintar sus unidades y a no recoger pasaje en otras demarcaciones. Tan solo la revista anual, un proceso de revisión de los documentos y las condiciones del taxi, tiene un costo de 1,635 pesos, mientras que la licencia de chofer con validez de tres años tiene un costo de 1,530 pesos. Los choferes de las aplicaciones, por su parte, tienen que cumplir menos requisitos. Solo en algunos estados, como la Ciudad de México, deben registrar sus vehículos y solicitar una licencia especial, que por el momento es gratuita pues se trata de una extensión a la licencia de conductor. Por comodidad y eficiencia, las aplicaciones de transporte se han convertido en una opción cada vez más utilizada por los mexicanos. Los taxistas difícilmente podrán competir con el modelo disruptivo que representan estas aplicaciones de transporte privado. Por su parte, las autoridades no han sabido reaccionar ante estos cambios y no han creado reglas que eviten una competencia desleal.

Desde que Uber inició operaciones en México, en 2013, las manifestaciones de taxistas han sido constantes. También ha sido constante la respuesta tibia de las autoridades, que proponen mesas de diálogo y la revisión de los reglamentos que rigen los servicios particulares de transporte.

En la Ciudad de México, la Secretaría de Movilidad ha iniciado una campaña de digitalización de los trámites para los taxistas y la creación de Mi Taxi, una plataforma que permite a los pasajeros conocer los datos del taxista, compartir el trayecto, calificar a los conductores y, en caso de algún problema, activar un botón de pánico con conexión a los servicios de emergencia. De 141 mil taxis que operan en la Ciudad de México, de julio a septiembre solamente se registraron 40 mil 172 choferes en la plataforma. De acuerdo con Andrés Lajous, secretario de Movilidad de la Ciudad de México, el 0.4% de los taxis registrados en el padrón de taxis concesionados participó en la protesta del lunes. Aun si este es el caso, lo que se percibió el lunes fue el resultado del mal manejo de una crisis que lleva años gestándose y a la que no se le ve una salida fácil.

Uno de los reclamos de los taxistas es que a los choferes de plataforma no se les cobran impuestos. Sin embargo, desde junio de este año las aplicaciones de transporte están obligadas a pagar impuestos federales. Por primera vez a nivel mundial, Uber acordó con el gobierno federal que calculará, retendrá y pagará directamente al SAT el IVA y el ISR que corresponde a sus socios conductores. Esta medida es opcional para las personas en el Régimen de Incorporación Fiscal que solo tengan ingresos por actividades prestadas a través del uso de plataformas tecnológicas, no representa un incremento en las tarifas de los usuarios y no cambia su tasa de servicio.

La inconformidad contra las aplicaciones de transporte no es exclusiva de los taxistas mexicanos. Grupos de taxistas han presionado a los gobiernos de diferentes países para sacar a las aplicaciones del mercado. En Barcelona, Uber y Cabify dejaron de operar a partir del 1 de febrero de 2019, luego de que la Generalitat emitiera un decreto que obligaba a los usuarios a esperar 15 minutos antes de solicitar un automóvil a través de alguna aplicación, con la finalidad de darle tiempo a los taxis de llegar al mismo lugar. En 2017, Uber perdió su licencia de operación en Londres, su mercado europeo más grande, a causa de deficiencias en la comprobación de los antecedentes penales de algunos de sus conductores. Un juez otorgó una extensión de 15 meses para evaluar sus medidas de seguridad y modelo de negocio. El 24 de septiembre, Transport for London autorizó una licencia de operación de dos meses. En este tiempo, la empresa tendrá que convencer a la autoridad de que es una aplicación segura y confiable para los ciudadanos. Por otro lado, en Turquía, las protestas de taxistas provocaron que el gobierno prohibiera la operación de Uber en el país. En mayo de este año, el presidente Erdogan declaró: “El asunto de Uber está concluido para el gobierno de la República de Turquía”. Ahora, su gobierno está en pláticas con la Cámara de Taxistas de Estambul para mejorar las condiciones de servicio de los taxis con licencia.

En México, los taxistas han intentado mantener el monopolio del transporte particular en Cancún. En 2017, tras una serie de ataques a choferes y sus vehículos y una ley local que limitaba sus operaciones y los obligaba a pagar una concesión, Uber suspendió sus actividades en el destino turístico. Los taxistas siguieron ofreciendo sus servicios con tarifas altas y se creó un mercado negro de choferes que ofrecían sus servicios en camionetas viejas para transportar turistas de la zona hotelera al aeropuerto. Los choferes cobraban los viajes en efectivo y sin emitir ningún tipo de comprobante fiscal, en caso de algún problema los usuarios quedaban desamparados. Uber volvió a operar en la ciudad a partir del mes de junio de este año, pero los taxistas continúan ejerciendo presión para que las autoridades impidan su funcionamiento y amenazan a los choferes y usuarios de las plataformas. Si las autoridades ceden ante las presiones de los taxistas, un escenario de ilegalidad similar a este podría repetirse en el resto del país.

Como ha ocurrido ya en áreas como el comercio al menudeo o el entretenimiento, la tecnología digital ha venido a modificar de manera permanente ciertos hábitos de uso y consumo. Los taxistas, que durante décadas tuvieron un monopolio en el transporte privado, no cuentan con la infraestructura y los recursos para adaptarse a este cambio, por lo que toca al gobierno asumir un papel rector, incentivando la modernización tecnológica y eliminando trabas burocráticas que fomentan la corrupción. Y es que los verdaderos enemigos a vencer de los conductores de taxis no son las plataformas, sino las mafias que manipulan sus tarifas, que cobran por las concesiones de las placas, que controlan las rutas y actúan como clientelas electorales. Por otra parte, Uber y el resto de las aplicaciones también deben cumplir con una serie de regulaciones que garanticen la seguridad de los usuarios. Las denuncias contra choferes por casos de violación, robo o secuestro revelan que los filtros de las empresas tecnológicas de transporte no han sido efectivos. El problema no se revolverá en mesas de diálogo donde la Secretaría de Comunicaciones y Transportes esté ausente. Una regulación que brinde a los taxistas la igualdad de condiciones que demandan y que exija a las aplicaciones digitales asumir sus responsabilidades beneficiará a los ciudadanos.

 

Con investigación de Karla Sánchez.