Desinformación y pandemia | Letras Libres
artículo no publicado
Foto: Tayfun Salci/ZUMA Wire

Desinformación y pandemia

El periodismo profesional debe brindar una alternativa a la desinformación y ayudar a desenmascarar las falsedades. Pero también debería proporcionar mecanismos reales de reparación y circulación de información más exacta y verdadera, en los casos en que contribuye a divulgar falsedades.

El pasado 1 de mayo, a través de Imagen Televisión, se transmitió una entrevista a la cantante y actriz venezolana María Conchita Alonso, a quien el conductor de la emisión le permitió, sin mayores cuestionamientos ni datos de contraste, afirmar que la covid-19 fue creada “por un grupito de élite” del cual forman parte Bill Gates y George Soros, cuyo plan es “desaparecernos” para, de esa manera, combatir la sobrepoblación mundial.

Aunque admitió que desde marzo de 2020 se mantiene lejos de los espacios noticiosos que informan del tema, la entrevistada aseguró que hay un grupo de médicos y científicos a nivel internacional que conocen “la verdad”, pero a los cuales se tiene silenciados, al tiempo que minimizó el impacto de la enfermedad (a la que calificó como un gran negocio) al referir que solo ha muerto menos del 1% de los enfermos.

El cuadro quedó completo cuando la actriz se declaró antivacunas, pues explicó que ha visto videos de personas que han tenido secuelas tras inocularse, así como de familiares de individuos que murieron luego de ser inyectados. Expresó sus dudas de que una vacuna pueda desarrollarse en menos de un año, pero, en cambio, manifestó su completa seguridad de que la cura contra el cáncer y el sida existen, pero han sido ocultadas.

Los poco más de seis minutos en los que la venezolana daba rienda suelta a su teoría conspiracionista han sido mutilados de la versión que la televisora subió a su canal de YouTube, pues la plataforma penaliza, como parte de sus políticas, la difusión de información médica errónea que contradiga el consenso científico y las recomendaciones de las autoridades sanitarias en todo el mundo, así como las de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Estas medidas son similares a las implementadas por Facebook, que, para evitar la difusión de información errónea y contenido dañino en su plataforma, ha recurrido a un equipo de verificadores de contenido que contribuye a limitar la distribución de información falsa o añade etiquetas de advertencia y notificaciones para las personas que acceden a ese material o intentan compartirlo. Twitter, a su vez, coloca desde hace varios meses alertas debajo de tweets con información cuestionada o engañosa y pide a los usuarios eliminar tweets con afirmaciones falsas, sin sustento o que impliquen la negación de datos científicos sobre la covid-19.

La OMS ha advertido de una “sobreabundancia de información” que hace difícil que la gente encuentre fuentes e información confiables, lo cual implica el constante contacto con historias falsas sobre la enfermedad, supuestos tratamientos que no están científicamente probados, así como datos erróneos sobre el desarrollo, la efectividad y los aspectos adversos de las vacunas.

Y si bien gran parte de la responsabilidad de desmentir información errónea relativa a la pandemia recae en las autoridades, a fin de equipar a los ciudadanos con la información que necesitan para proteger su salud y la de sus comunidades, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet también ha advertido que las medidas en ese sentido deben ser compatibles con el respeto a la libertad de expresión, ya que “es importante contrarrestar la desinformación, pero cuando se impide el libre intercambio de ideas e informaciones, no solo se violan derechos, sino que también se socava la confianza pública”.

Representantes de diversos organismos internacionales comparten la preocupación de que la información falsa sobre la pandemia pueda ocasionar daños en materia de salud pública, pero creen que los gobiernos y las empresas de comunicación deben responder a ello ofreciendo información contrastada, en forma de mensajes públicos muy claros, transmitiendo anuncios de servicio público a través de anuncios de salud del gobierno.

La OMS ha enfatizado que el mensaje correcto, en el momento correcto, de parte del mensajero correcto y a través del medio correcto puede salvar vidas. Por consiguiente, la desinformación o los mensajes entreverados pueden costar vidas. De ahí la gravedad de que un medio transmita sin los debidos contrapesos afirmaciones no sustentadas de una figura pública en medio de una crisis sanitaria.

Como advierte la UNESCO (1 y 2), los agentes estatales no deberían realizar, promover ni difundir declaraciones que razonablemente deberían saber que son falsas, o que demuestran una indiferencia temeraria por la información verificable. Las empresas privadas de comunicación tampoco, pero sus modelos económicos, diseñados para capturar y mantener la atención de los espectadores, los han hecho susceptibles a la desinformación, incluso en sus anuncios publicitarios, desdeñando un principio fundamental que postula que poner cerco a la desinformación depende de la posibilidad de reforzar el pensamiento crítico de los ciudadanos y de aumentar la disponibilidad de información comprobada (y no disminuirla).

El periodismo profesional, del que se espera la publicación de datos comprobados y de opiniones informadas, debe brindar a las personas una alternativa a la desinformación y ayudar a desenmascarar las falsedades. Pero también debería proporcionarle a las audiencias mecanismos reales de reparación y recirculación de la información más exacta y verdadera.

Para casos como el expuesto al inicio, es claro que en México falta por desarrollar defensorías de las audiencias sólidas que, mediante la valoración de las afectaciones a los derechos del público por la información o las opiniones publicadas o difundidas, contribuyan a mejorar la calidad y rigurosidad de la información que se emite.

Como explica Alan Sunderland, director editorial de la Australian Broadcasting Corporation, es necesario tener un conjunto transparente y claro de estándares editoriales y demostrar que realmente nos preocupamos por esos estándares y nos hacemos responsables. No se trata de limitar derechos como la libertad de expresión con el fin de proteger la salud pública, pero sí de asumir decisiones editoriales en la edición de un programa, ponderar si el interés público por una declaración frívola supera el riesgo de daño, y no simplemente mostrar una silenciosa adhesión a información verificablemente falsa o engañosa.