En la primera parte de este comentario, describí la forma en que “el Conacyt de la 4T” (es decir su directora, María Elena Álvarez-Buylla) desde 2019 le entrega 5.8 millones de pesos anuales a su amigo y correligionario John Ackerman, para un proyecto de cinco años. Para 2024, Ackerman habrá recibido 29 millones de pesos del mismo Conacyt que, a nombre de la austeridad, elimina fideicomisos para la ciencia y expulsa investigadores del SNI por trabajar en instituciones privadas.
A esos 29 millones habría que agregar lo que cuesta el “Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad” (PUEDJS) que la UNAM tuvo que crear para Ackerman, pero no puede saberse porque en el Presupuesto 2020, en el ramo que corresponde a la Coordinación de Humanidades de la que depende, no aparece el PUEDJS, ni para el caso tampoco en el de 2021. No será pequeño, si se considera que los programas de similar tamaño tienen entre 25 y 50 millones anuales.
Y es que si los 13 empleados que paga el Conacyt costarán 29 millones en cinco años, puede calcularse lo que costarán los 23 que paga la UNAM por ese mismo lapso: según transparencia.unam, solo los ingresos del director andarán por los 6 millones, y los de Rebeca Ballesteros Corona y Marisol Espejel Ballesteros –las parientas de su esposa que trabajan con él– por los 3 millones.
Son un montón de millones, pero al parecer lo vale la “auténtica democracia” que el C. Ackerman desea para México y que consiste, como él lo ha dicho, en “un nuevo poder democrático, autogestivo y popular”.
Para hacer realidad ese deseo, como ya vimos, Ackerman creó el proyecto “Democracia, culturas políticas y redes sociodigitales en una era de transformación social”, tan relevante que Álvarez-Buylla lo declaró Programa Nacional Estratégico (PRONACES).
Según el Convenio firmado con Ackerman, ese “Proyecto” tiene como objeto “deconstruir” a “la democracia (neo)liberal” y “formar a la ciudadanía sobre los valores democráticos” que le gustan a Ackerman. Para conseguirlo, el convenio propone cuatro etapas: realizar una “encuesta sobre democracia y cultura política”, estudiar “fenómenos de desinformación en el espacio digital” (en WhatsApp, “el Facebook de líderes de opinión”, el Instagram y el Twitter), realizar un “estudio de caso sobre cultura política” y producir tres películas “pedagógicas” sobre ese caso con participación del Canal 22.
Así pues, Ackerman usará parte de los millones para evaluar si lo que dicen en las redes sociales los “líderes de opinión” es “fenómeno de desinformación” o verdad transformante. Sus primeros resultados son que AMLO fue víctima de fraude electoral, que hashtag #AmloCulpable en tuíter fue “tendencia altamente manipulada” y que las críticas al manejo de la pandemia vienen de “intereses políticos y económicos con el objetivo de desestabilizar la estrategia gubernamental”.
La “desinformación”, claro, es todo lo que no contribuya “a la construcción de una democracia de alta intensidad”, como demanda el “Proyecto”. ¿Y cuál es la “democracia de alta intensidad”? Difícil entender un concepto tan tecnológico de frontera, por lo que es más sencillo ejemplificarla con Venezuela, donde, como sostiene Ackerman, “los logros de la Revolución bolivariana son “espectaculares”.
El “caso sobre cultura política” científicamente elegido es el de “la Coordinación Nacional de Trabajadores de la Educación” (CNTE). Sin haber realizado aún las encuestas ni analizado las “demodiversidades” ni las circunstancias “cuali-cuantitativas” que requieren de tantos millones, ya se eligió a la CNTE como “grupo social” democratizador pues, como dice Ackerman, ejemplifica “la gran resistencia al neoliberalismo y al viejo régimen”, es la base del “proceso de democratización de las últimas décadas” y es la vanguardia de “la construcción de una nueva cultura política más democrática y de resistencia” que abre “nuevo escenarios para la Transformación de este país”.
Ackerman le tiene afecto a la CNTE. Ha marchado junto a su compañera Layda Sansores para fortalecer a la CNTE. Su suegra es lideresa de la CNTE. Y trabaja para la CNTE, pues como él mismo declaró en 2017,
el año pasado Andrés Manuel me llamó para que integrara una comisión de enlace entre MoReNa y el magisterio nacional. Yo ayudé a acercar a todos los maestros de la CNTE y de las luchas sociales con MoReNa para que pudiera haber un entendimiento mutuo.
Para llevar ese “entendimiento” a la UNAM, en 2016 Ackerman trabajó para que la CNTE se aliara con el Sindicato de Trabajadores de la UNAM (STUNAM); luego, organizó un “Foro deliberativo” que anunció que la CNTE y la UNAM ya se habían aliado; propició una “Asamblea Universitaria con la CNTE” que hizo mítines, convocó al paro y tomó las instalaciones de TV UNAM para exigirle que se “democratizara”, echarle porras a la CNTE y descalificar al rector con un manifiesto inspirado por el “Foro deliberativo” de Ackerman, quien unos días antes había escrito que el manejo de TV UNAM que hacía el rector contenía “una terrible señal de desprecio y desconfianza hacia la comunidad universitaria”. (Ya después, Ackerman democratizó con intensidad a TV UNAM y al Canal 11.)
Luego, gracias al Conacyt, los “estudios” sobre la CNTE se doctoraron en el PUEDJS, donde destacados académicos de lujo como Luis Hernández Navarro (de la Universidad La Jornada) la estudiaron tan a fondo que el PUEDJS publicó un libro sobre su notable hallazgo científico: la CNTE es la vanguardia de la transformación de México.
Luego de los millones dedicados a analizar a la CNTE, el siguiente “grupo social” previsto por Ackerman para ilustrar los avances hacia “la democracia sustantiva” va a ser “el movimiento feminista” (aunque esa línea de investigación epistémica quizás sea cancelada luego de las censuras de El Supremo).
Habrá quien opine que más que investigar académicamente un fenómeno social, el PUEDJS lo promueve con fines ideológicos y partidistas; que eso es ideología y no investigación académica dado que sus conclusiones preexisten a la investigación; que más que un análisis de la realidad promueve una idea política hacia la cual conducirla; que esa tarea corresponde a un partido político, no al Conacyt ni a la UNAM y no con su presupuesto, etcétera.
Puede hacerlo el activista Ackerman para la causa política de la CNTE, el MoReNa y El Supremo, pero no debería hacerlo el académico Ackerman, y menos con presupuesto de la UNAM que, por ser público, no puede emplearse en “política militante”, como lo dispone su Estatuto General:
Para realizar sus fines, la Universidad se inspirará en los principios de libre investigación y libertad de cátedra y acogerá en su seno, con propósitos exclusivos de docencia e investigación, todas las corrientes del pensamiento y las tendencias de carácter científico y social, pero sin tomar parte en las actividades de grupos de política militante, aun cuando tales actividades se apoyen en aquellas corrientes o tendencias.
Ni tampoco, por el mismo motivo, con dinero del Conacyt, cuyos convenios incluyen esta cláusula:
Los compromisos asumidos en este Convenio derivan de programas de carácter público, los cuales no son patrocinados ni promovidos por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso del contenido de este Convenio y del “PROYECTO” con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos en las Reglas de Operación del “FONDO”. Quien haga uso indebido de los recursos de este Convenio y del “PROYECTO” deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la Ley aplicable y ante la autoridad competente.
El académico Ackerman firmó ambos documentos a sabiendas de que iba a ignorarlos el activista Ackerman. Para el caso, es lo mismo que hace Álvarez-Buylla, la otra firmante del convenio: sí, la directora del Conacyt obra “con fines políticos” (y lo hace cada vez que declara que el Conacyt “es de la 4T”).
Finalmente, es interesante que el Acuerdo con que la UNAM creó el PUEDJS justifique su necesidad académica considerando
Que la democracia en las sociedades contemporáneas a nivel mundial enfrenta desafíos vinculados con el ascenso de movimientos políticos de corte autoritario, que promueven la intolerancia y amenazan la cohesión social.
Ese Acuerdo se publicó el 21 de marzo de 2019. Dos años después, el Poder Ejecutivo le da órdenes al Poder Legislativo de amagar al Poder Judicial si no hace lo que quiere el Ejecutivo.
Y sí, no deja de ser paradójico que ante esas crecientes señales que dan El Supremo y el MoReNa de estarse convirtiendo en un “movimiento político de corte autoritario”, hasta el programa académico encargado de estudiarlos esté a su servicio…
Es un escritor, editorialista y académico, especialista en poesía mexicana moderna.
