Un juicio para la historia | Letras Libres
artículo no publicado

Un juicio para la historia

La condena a Leopoldo López, cuya popularidad supera a la de Maduro y Cabello juntos, no parece una muestra de fortaleza. La revolución que se preciaba de ir sobrada a cada elección intenta superar su propio miedo mostrando los colmillos. 

Hay palabras enemigas. Palabras que rechinan, que hay que sofocar. La palabra cambio, por ejemplo. Leopoldo López la dijo muchas veces. La escribió y la divulgó demasiado, tanto que sus jóvenes seguidores enardecieron y ocasionaron disturbios, como parte de un plan para desconocer al gobierno del presidente Nicolás Maduro.

Ese fue el argumento principal para condenar al líder opositor venezolano a casi 14 años de prisión: su discurso político como instigación al delito, su verbo como detonante de una ola de protestas que se extendió por varias semanas, ocasionando 43 muertes y cientos de heridos.

El juicio contra López quedará inscrito en la historia de Venezuela, y tal vez en la de Latinoamérica, como uno de las causas políticas más burdas que se hayan seguido en los tribunales. Basta con leer la sentencia de la jueza Susana Barreiros, digna de estudio en las escuelas de Derecho por la notoria ausencia de pruebas.

Nunca antes se había criminalizado, y penalizado, la actividad política de una manera tan expresa.

No extraña que uno de los fiscales acusadores, Franklin Nieves, haya confesado, tras huir con su familia de Venezuela, que todo fue una farsa -“un juicio netamente político”- en el que se ensañó contra López por presiones de sus superiores y del gobierno.

Tampoco sorprende, visto el texto de  la sentencia, que el proceso haya sido censurado. Durante más de un año, la jueza prohibió la presencia de periodistas, representantes diplomáticos y observadores internacionales. También, el ingreso a la sala de lápices, bolígrafos, libretas y teléfonos.

El juicio público y oral, como establecen las leyes en Venezuela, quedó así reducido a una querella velada, como si dentro del tribunal se estuviera ejecutando un acto obsceno.

Todo un despropósito tratándose del enjuiciamiento a un peligroso delincuente, al “monstruo de Ramo Verde”, como Maduro y su segundo, Diosdado Cabello, se refieren a López, en alusión al nombre de la cárcel militar donde está recluido desde que se entregó el 18 de febrero de 2014.

Si el político de 44 años es culpable, ¿por qué ocultar con tanto celo las 72 sesiones de audiencia? ¿Por qué no permitir que el juicio fuera realmente público para que pudiéramos ser testigos de su vileza? ¿Más aún, por qué no transmitirlo en vivo por todos los medios públicos? ¿No han perdido acaso una oportunidad única de demostrarnos que se ha hecho justicia?

 

I

El 12 de febrero de 2014, el ex alcalde del municipio caraqueño de Chacao, la diputada María Corina Machado y otros líderes -quienes en la sentencia son considerados una “una asociación delictiva”- convocaron una manifestación por el Día de la Juventud. Los estudiantes llevaban días protestando contra la inseguridad. López y su supuesta “banda” impulsaban asambleas de calle para discutir salidas a la crisis del país. Ese día, fueron a la Fiscalía General a exigir la liberación de varios universitarios detenidos.

La protesta en el centro de Caracas acabó violentamente. Hubo disturbios y dos asesinatos. Inmediatamente, la Fiscalía responsabilizó a López, imputándole ocho delitos, entre ellos homicidio intencional y terrorismo. Una semana después, una extraordinaria investigación periodística, que reveló quiénes habían disparado, llevó a que le retiraran la mitad de los cargos.

Esa tarde, ocho agentes de seguridad del Estado descargaron sus armas contra un grupo de estudiantes, matando a uno de ellos por la espalda. A pocos metros, un activista de un grupo pro-gobierno se deshizo a balazos de un compañero. Ninguno de los culpables ha sido condenado aún y solo uno de los oficiales, del servicio nacional de inteligencia, está preso.

Tras el tiroteo, los jóvenes lanzaron piedras, objetos y alguna molotov contra la sede de la Fiscalía; quemaron siete vehículos y causaron destrozos en una plaza cercana.  Todos movidos por lo que el líder opositor no dijo pero habría sugerido, según consideró la jueza, basándose en la interpretación de cinco de sus discursos y 707 mensajes de Twitter.

Uno de los dos expertos llamados por la acusación para descifrar las palabras de López, y director de una emisora de radio estatal, aseguró que López usó Twitter “como un poder fáctico contra los poderes del Estado”. Para reforzar su tesis, citó como ejemplo que Hitler: “nunca habló de holocausto sino de solución final”. 

El dirigente de 44 años fue condenado por su oratoria. Y el veredicto no puede ser más elocuente: López  “utilizó el arte de la palabra para hacer creer en sus seguidores que existía una supuesta salida constitucional” (...) Su propósito, a pesar de sus llamados a la paz y a la tranquilidad, como líder político, era conseguir la salida del actual gobierno”.

De acuerdo a la jueza, mensajes como “tenemos que salir a conquistar la democracia”, y sus duras críticas contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro, al que calificaba de corrupto, opresor, antidemocrático y narco, evidenciaban sus malas intenciones.

Su poder de convocatoria fue considerado un agravante. “Es una persona que mueve masas, por lo tanto, evidentemente sus discursos generan grandes movimientos de calle, lo cual ha debido considerar para evitar hechos como los sucedidos el 12 de febrero de 2014”. Lo prudente era, pues, no protestar.

La sentencia asegura, además, refiriéndose a su relación con la diputada Machado y dirigentes estudiantiles: “Quedó demostrado que forma parte de una asociación delictiva, siendo su fin iniciar una campaña pública y agresiva contra el presidente Nicolás Maduro”.

Por tales deducciones, el 10 de septiembre Leopoldo López fue declarado culpable de cuatro delitos -asociación para delinquir, instigación pública, determinador de daños y de incendio- y condenado a permanecer preso en una cárcel militar hasta 2026.

Tres jóvenes “borregos”, acusados por los disturbios, recibieron penas de entre cuatro y 10 años, que pagarán en libertad condicional y arresto domiciliario.

Al fusilamiento judicial de Leopoldo López se ha sumado una campaña sostenida de linchamiento mediático. El líder de Voluntad popular es acusado en los medios oficiales de ocasionar los 43 asesinatos ocurridos en las protestas de 2014.

Diosdado Cabello, jefe del parlamento y quien habría redactado su orden de aprehensión según las confesiones del fiscal Nieves, lamentó un castigo tan leve para “las muertes que causó”. Durante su programa semanal “Con el mazo dando”, en el que aparece con un bate de Neandertal, insistió en que debe ser juzgado también por homicidio, lesiones, terrorismo y vilipendio político.

 

II

La jueza Barreiros sentó una turbia jurisprudencia a pocas semanas de unas elecciones parlamentarias que perdería el gobierno por más de 18 puntos, según todos los sondeos independientes. A partir de ahora, cualquiera que convoque una protesta puede ser responsabilizado penalmente de lo que suceda, y de lo que hagan todos y cada uno de los asistentes.

No se trata solo de López -cuyo enjuiciamiento cuestionan las principales organizaciones de defensa de derechos humanos del mundo- sino de la criminalización de la protesta, de la actividad política y de la libertad de expresión en términos mucho más amplios.

El uso del sistema de justicia como una guillotina que corta por igual cabezas de políticos, editores, tuiteros, manifestantes, sindicalistas y ciudadanos es ya cotidiano en Venezuela. La persecución política no cesa y la lista es cada vez más larga.

Tres alcaldes, que vencieron al oficialismo en 2012, fueron destituidos por acusaciones del gobierno y encarcelados. El jefe de la capital venezolana, Antonio Ledezma, arrestado en febrero pasado, se encuentra aún bajo prisión domiciliaria por supuesta conspiración, y miembros de la directiva del partido Voluntad Popular han huido del país para evitar un destino similar.

Teodoro Petkoff, uno de las figuras más importantes de la izquierda venezolana -ex guerrillero, político y editor- ha sido golpeado con particular fuerza por el mazo de Cabello, que demandó a una veintena de editores por reproducir una nota del diario español ABC que señalaba que Estados Unidos lo estaría investigando por supuestos vínculos con el narcotráfico.

Diez candidatos a diputados fueron inhabilitados, a última hora, para impedir su participación en las elecciones del 6 de diciembre. Entre ellos, María Corina Machado, la incómoda líder que obtuvo la mayor votación en las parlamentarias de 2010 y a la que Cabello despojó sumariamente de su cargo en marzo de 2014, en una maniobra avalada por el Tribunal Supremo de Justicia.

Cientos de estudiantes y opositores comunes fueron escarmentados por las fuerzas de seguridad en las protestas de 2014. De los 3.770 detenidos en arrestos masivos sin precedentes, más de dos mil están fichados judicialmente, bajo libertad condicional, y más de 300 privados de libertad. La mayoría, jóvenes universitarios, algunos de ellos sin más pruebas que las acusaciones de “patriotas cooperantes” anónimos.

El último blanco del gobierno es Lorenzo Mendoza, el empresario más importante del país, dueño de la industria de alimentos Polar. Cabello, el inquisidor del mazo, ordenó investigarlo por una conversación telefónica –divulgada en su programa- en la que el economista venezolano Ricardo Haussman, profesor de Harvard, le comenta que el país tendrá que recurrir al Fondo Monetario Internacional para superar la crisis económica. La acusación por traición a la patria ya está en la Fiscalía.

Para el gobierno bicéfalo de Venezuela no hay enemigo pequeño. Cualquier mortal puede ir preso. Por abuchear a una ministra, por tomar fotografías de las inmensas colas frente a los supermercados, por retratar los estantes vacíos o por exigir que se venda el pollo al precio regulado por el gobierno.

 

III 

El día de la sentencia a Leopoldo López la fachada del Palacio de Justicia exhibía, sin pudor alguno, un poster gigante del presidente Nicolás Maduro sonriente, haciendo suya una consigna del Che: “El futuro nos pertenece”.

Nunca un cartel más oportuno. Precisamente de eso se trata. Del futuro. Del temor a que el futuro ya no les pertenezca. De la supervivencia de un proyecto político cuya premisa fundamental es el poder perpetuo en momentos en que la popularidad es esquiva, la bonanza petrolera un recuerdo y el líder carismático un mito que se evapora, en medio de la peor crisis económica que haya vivido el país.

En ese mar de fondo, la condena a Leopoldo López, cuya popularidad supera a la de Maduro y Cabello juntos, no parece precisamente una muestra de fortaleza. La revolución que se preciaba de ir sobrada a cada elección intenta superar su propio miedo mostrando los colmillos.

¿Cómo se ven su futuro los discípulos de Hugo Chávez? ¿Quiénes están realmente acosados? ¿Hasta dónde están dispuestos a llegar para evitar el precipicio del voto castigo?

El camino de la fuerza ya ha comenzado. En ese sendero, el gobierno de Venezuela no está solo. El silencio de tantos líderes de la región, que miran los restos de la democracia venezolana como quien ve un perro atropellado y sigue de largo, es casi una palmada en el hombro para que siga avanzando en la aniquilación de la oposición y en la confiscación de los derechos fundamentales de los venezolanos.