Soberanos irresponsables | Letras Libres
artículo no publicado

Soberanos irresponsables

Las gubernaturas son soberanías que no le rinden cuentas a nadie. Tienen a su favor la Constitución, que las legitima como gobiernos de "estados libres y soberanos".

A partir de que Lázaro Cárdenas expulsó del país al Jefe Máximo Plutarco Elías Calles en 1936, los presidentes "emanados de la Revolución" gobernaron bajo el principio de que el poder no se comparte. La "unidad revolucionaria" en torno al soberano del país empezó a resquebrajarse en 1987, cuando Cuauhtémoc Cárdenas abandonó el PRI para buscar la presidencia fuera del partido. Este desafío a Miguel de la Madrid reapareció contra su delfín: Carlos Salinas de Gortari, especialmente desde que pareció buscar la reelección o un nuevo maximato, contra las reglas del sistema. Lo desafiaron los sindicatos (sobre todo el petrolero) y luego los que (también contra las reglas) volvieron a la tradición de magnicidios y alzamientos. Así terminó el larguísimo paréntesis de renuncia a las armas en la lucha por el poder, bajo un mando único, dentro de un partido único. Se desató el aspirantismo y reapareció la violencia. "Los demonios andan sueltos" -dijo un alto funcionario salinista.

Con Ernesto Zedillo, segundo delfín de Salinas (después del asesinato del primero), los desafíos llegaron a la mismísima federación, un fantasma temido desde la rebelión de Chiapas. Zedillo tuvo que aceptar la soberanía de Roberto Madrazo, que se apoderó de Tabasco, gastando en su campaña para gobernador más que Bill Clinton en la suya para presidente de los Estados Unidos. Sin salir del PRI, pero contra las reglas, Madrazo no le debió la gubernatura al presidente; y llegó al extremo de amenazarlo con hacer de Tabasco una república separada. No creó un Partido Socialista Radical Tabasqueño (como su antecesor Tomás Garrido Canabal, antes de la fusión de todos los partidos revolucionarios en uno), sino que usó la marca PRI, como una especie de franquicia autónoma, para hacer suyas las estructuras de poder local. Lo más importante de todo es que su audacia quedó impune frente al rayo fulminante de la soberanía presidencial, que ya no funcionó.

Desde entonces, las gubernaturas son soberanías que no le rinden cuentas a nadie. Tienen a su favor la Constitución, que las legitima como gobiernos de "estados libres y soberanos". Tienen dinero como nunca, congresos, tribunales y policías para hacer su voluntad. Tienen mañas para abusar impunemente y escapar al escrutinio local y federal. Madrazo fue descalificado en un maratón internacional por hacer trampa, pero su propio partido no lo descalificó cuando hizo trampa y se impuso como candidato presidencial, con el resultado histórico de que el PRI quedara en tercer lugar y perdiera la presidencia. No ha sido enjuiciado, a pesar de sus abusos en Tabasco y en el PRI. De igual manera, Arturo Montiel sigue disfrutando impunemente de los ahorros que acumuló en el gobierno del Estado de México. Y Humberto Moreira encabeza el PRI, a pesar de sus abusos en el gobierno de Coahuila. Los gobernadores del PAN y el PRD han tenido las mismas ventajas.

La irresponsabilidad de los gobernadores prospera con un gasto público poco transparente que les permite equiparse, contratar reflectores favorables y repartir favores soberanos con dinero que reciben como participación en los impuestos y aportaciones federales, como préstamos del sistema financiero, como recaudaciones locales y como no se sabe qué, ni de quién.

Al 31 de marzo de 1993, los estados y municipios debían 18 millardos de pesos. Al 31 de marzo de 2011, su deuda había aumentado a 315 millardos, o sea 17 veces (sin tomar en cuenta la inflación, cuyo índice aumentó seis veces). Esta multiplicación varía de unos estados a otros, y en muchos supera las 17 veces: 27 en el caso de Guanajuato y Nuevo León, 33, 35 y 38 en Coahuila, Nayarit y Chiapas, 54 en el Distrito Federal, 63 en Veracruz, 86 en Puebla y 131 veces en Hidalgo y Michoacán (cálculos con cifras del portal de la SHCP / Estados).

El caso de Coahuila es notable porque, de 1993 a 2006, la deuda tuvo un crecimiento mínimo (muy inferior al promedio nacional); pero de 2006 a 2011, mientras el promedio nacional se multiplicó por dos, la deuda de Coahuila se multiplicó por veinte. La hazaña histórica corresponde a los años del gobernador Humberto Moreira (1° de diciembre 2005 a 4 de enero 2011). Pero los cálculos se basan en sus informes oficiales a Hacienda, que resultaron falsos. La deuda que dejó no era de 8 millardos de pesos, sino de 32; no se multiplicó por veinte, sino por ochenta. Esta lección del profesor Moreira será estudiada y aprendida por todos los gobernadores.

Hay muchas acciones posibles (locales y federales, oficiales y ciudadanas) para evitarlo. En primer lugar, de transparencia. También de condicionamiento de las fuentes financieras. Por ejemplo: crear un catastro federal, calcular la recaudación local que deberían producir los impuestos prediales, contraponerla con la recaudación que se obtiene realmente y cargarle la diferencia al gobierno local, deduciéndola automáticamente de las participaciones que le toquen de los impuestos federales.

Entre los países de la OCDE, México es el que recauda menos impuestos prediales: 0.2% del PIB, frente a los Estados Unidos, Canadá y otros que recaudan 15 o 20 veces más. La diferencia rebasa ampliamente el 2% del PIB de recaudación adicional que se ha buscado con el IVA (empeorando la desigualdad) o con impuestos al empleo (favoreciendo el desempleo). Para los gobernadores resulta más fácil cabildear miles de millones con los amigos de la capital que cobrar la millonésima parte a cada uno de los predios locales, empezando por el problema de localizarlos.

Un catastro federal a cargo del INEGI, que ya tiene fotografías aéreas de todo el territorio nacional y levanta los censos de vivienda, podría estar disponible en la internet (como en otros países) y servir transparentemente para toda clase de consultas, por ejemplo: para facilitar el registro público de la propiedad y dar seguridad jurídica a los propietarios, compradores y vendedores inmobiliarios. Si cada propiedad se vincula con su número predial, un clic desplegaría la información pública correspondiente: plano, superficie, clasificación, avalúo, propietario. (Véase en Google: Multipurpose cadastral systems.)
 

(Reforma, 30 de octubre 2011)