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artículo no publicado

Radiografía del crimen organizado en México

México se ha transformado de país productor y de tránsito menor de drogas, a un país involucrado en el trasiego de cocaína, producción de marihuana, heroína, anfetaminas y la venta al menudeo de estas drogas.

Parte 1 de 3

Durante las últimas tres décadas, México se ha transformado de país productor y de tránsito menor de drogas controlado por capos como Félix Gallardo y Ernesto Fonseca, en un país involucrado en el trasiego de cocaína, producción de marihuana, heroína, anfetaminas y la venta al menudeo de estas drogas en el mercado local. Más aun, el mercado ilegal de drogas en México se ha diversificado y fragmentado a tal grado que más de 15 de organizaciones criminales participan en una mezcla de cooperación y competencia de gran letalidad por las rutas de trasiego, así como por la oferta y demanda de sus productos.

Algunas de estas organizaciones criminales cuentan con una identidad tradicional y corporativa (como el mal llamado[i] “cártel de Sinaloa”), mientras que otras (como la Línea) están más enfocadas en hacer valer los acuerdos de la organización para la que trabajan. Al mismo tiempo algunas bandas criminales se han convertido en los brazos armados de otras organizaciones mostrando una peculiar  inclinación por la violencia (por ejemplo los Artistas Asesinos para el “cártel” de Sinaloa y los Aztecas para el “cártel” de Juárez). Para complicar más la situación, algunos grupos han adoptado una identidad cuasi religiosa (los Caballeros Templarios y La Familia) al tiempo que despliegan una letalidad feroz y cambios frecuentes en las lealtades al interior del grupo, lo que los hace más impredecibles.

Esta transformación es resultado de varios factores. En primer lugar, la pérdida del monopolio del poder del PRI removió los controles políticos y sociales. Luis Astorga, señala que para poder operar de manera efectiva, los narcotraficantes requerían del permiso de los gobernadores, así como de la colusión de las Policía Judicial Federal y de los militares de la zona.El resultado era lo que Roy Godson llamó el nexo político-criminal que se debilitó durante la década de los noventas en tanto el PRI comenzó a perder poder en la arena política nacional y que, finalmente, se derrumbó en el año 2000 cuando perdió la presidencia de la república ante el Partido Acción Nacional.

En segundo lugar, se encuentran una serie de elementos que catalizaron los cambios en el mercado de drogas ilegales en México y a los cuales las organizaciones criminales se tuvieron que adecuar. Estos son: 1) El aumento en la demanda de drogas sintéticas en Estados Unidos, cuya producción es de bajo costo y genera ganancias importantes; 2) Los pagos en especie realizados por las organizaciones criminales colombianas permitieron a las mexicanas ofrecer cocaína en Estados Unidos y gradualmente, remplazar a las organizaciones colombianas como principales distribuidores de esta droga. De esta manera, las organizaciones mexicanas pasaron de ser empleados a convertirse en los actores que adquirían cargamentos de cocaína para venderlos al menudeo en EUA y Europa; y 3) El fortalecimiento de los controles de la frontera México-Estados Unidos después de los atentados terroristas del 11 de septiembre, que junto con el incremento del consumo en nuestro país hicieron al mercado interno de drogas ilegales más atractivo.

La pérdida de influencia del PRI sobre las organizaciones criminales, en combinación con los factores antes mencionados, dieron pie a una violenta competencia entre las organizaciones de los Arellano Félix, Sinaloa, Juárez y Golfo para obtener el control sobre rutas y bodegas de almacenamiento[ii]que facilitan la entrada a  Estados Unidos. Esta competencia se acompañó de fracturas internas, deserciones y cambios de lealtades que dieron lugar a nuevas organizaciones: La Familia Michoacana, los Beltran Leyva y los Zetas.

Para ser competitivos en el mercado ilegal de drogas en México, esta nueva generación de narcos –especialmente los Zetas y La Familia- abandonaron el esquema de negocios de bajo perfil. Los Zetas se diversificaron con piratería, extorsión y secuestro, mientras que La Familia –usando una mezcla de violencia extrema y paternalismo económico- movilizaron el apoyo de la sociedad para, por un lado, proteger a la organización y, por el otro, facilitar su operación en el territorio. Esta red de apoyo fue complementada con la corrupción de policías estatales y municipales que les ayudaron a prevenir acciones en contra de La Familia. 

El siguiente paso para ambas organización fue expandir su territorio y su mercado. Para lograrlo fue crucial el incremento en la disponibilidad de armas de alto calibre y el uso indiscriminado de la violencia. Aun cuando las organizaciones criminales de México siempre han estado bien armadas, desde 2004 se dio un incremento en la oferta de armas de alto calibre, en parte, como resultado de la eliminación de la prohibición federal para adquirir rifles de asalto en Estados Unidos.

La violencia indiscriminada empleada por los Arellano Félix (tortura, homicidios y desmembramiento) funcionó como mecanismo para intimidar a otras organizaciones, miembros de las fuerzas públicas y a la sociedad. Para maximizar el impacto de sus acciones violentas, las organizaciones criminales comenzaron a diseminar sus capacidades y sus métodos salvajes de violencia, control e intimidación a través de narco mantas e internet (YouTube, cadenas de correo electrónico y blogs), además de realizar contactos directos con medios masivos de comunicación nacionales y de Estados Unidos.[iii]Mediante el uso de la violencia, las organizaciones de tráfico de drogas no solo fueron capaces de mantener y expandir sus mercados, sino de diversificar sus actividades criminales. Así, consiguieron controlar actividades criminales locales como la venta de piratería (DVDs  y CDs), venta de alcohol en bares y centros nocturnos, tráfico de personas, extorsión y secuestro.

Lo anterior ha tenido un efecto negativo importante en los niveles de violencia así como en la percepción de inseguridad de los ciudadanos. Durante los últimos cinco años, la tasa de homicidios dolosos se ha incrementado de manera exponencial del menor registro en los últimos veinte años, de diez homicidios por cada cien mil habitantes en 2007 a más de dieciocho en 2010. Este incremento pareciera no ser tan alarmante, especialmente si se compara con las de tasas de homicidios de otros países de la región con problemas de violencia similares (Brasil 24/100 mil, Colombia 37/100 mil y El Salvador 47/100 mil[iv]), pero el promedio anual de homicidios dolosos y el crecimiento esperado de homicidios permiten poner en perspectiva el problema de violencia de México. Cada año del último lustro han muerto, aproximadamente,10,000 personas.  88% de  estas personas fueron ejecutadas (levantados, torturados, asesinados a tiros o desmembrados); 10% murió en enfrentamientos con las fuerzas del Estado; y el restante 2% corresponde a autoridades y ciudadanos que han fallecido como resultado de estos enfrentamientos. Algunos calculan que este año, cuando el presidente Calderón concluya su administración, el número de muertes relacionadas con el crimen organizado podría alcanzar 64,000.

La brutalidad de estas muertes ha permitido que las organizaciones criminales expandan sus actividades ilícitas, lo que ha resultado, por un lado, en lo que Paul Kan llama “criminalidad de alta intensidad en un mercado híper competido”, en el que los criminales usan medios brutales para maximizar sus ganancias.[v]Por otro, ha aumentado la percepción de inseguridad de los ciudadanos (De acuerdo con la Encuesta Nacional de Inseguridad 2010, 65% de los ciudadanos se sentían inseguros en los estados donde viven y aproximadamente 55% de las personas tienen poca o nada de confianza en las fuerzas locales, estatales o federales).

Para enfrentar esta situación, desde el inicio de su administración el presidente Calderón implementó la Estrategia Nacional de Seguridad que se ha centrado en operativos conjuntos y en incrementar las capacidades del Estado. Lo anterior ha permitido arrestar a 16 líderes de organizaciones criminales y abatir a tres más (que es más que los resultados obtenidos por las dos anteriores administraciones combinadas). Adicionalmente, la presente administración ha incautado más de 94,000 armas (pistolas y rifles de asalto, más de 13.1 millones de municiones y 18,000 vehículos (automóviles, embarcaciones y avionetas).

Aun cuando estos son resultados importantes que muestran un esfuerzo decidido para reducir el tamaño y poder de las organizaciones criminales, también ha derivado en por lo menos tres externalidades negativas:

  1. Cadenas de vacío: Como Kan y Williams establecen,[vi]el Estado se ha enfocado en atacar a las organizaciones criminales de manera secuencial, lo que ha creado “cadenas de vacío”[vii]. Estas cadenas han abierto oportunidades para que otras organizaciones ante la ausencia de un liderazgo busquen incrementar su territorio creando frenesís competitivos. Como establece el reciente análisis de los arrestos y abatimientos de líderes criminales de Eduardo Guerrero: la mayor parte de las acciones del gobierno federal han tenido como efecto un incremento en la violencia.
  2. Violación de derechos humanos: Aun cuando de acuerdo con estándares de Naciones Unidas, México cuenta con lo que podría ser considerado un estado de fuerza policial suficiente, la mayoría de sus elementos tiene un nivel educativo y entrenamiento bajo, no tiene equipo ni paga adecuada y son susceptibles a ser corrompidos. Por esta razón, el gobierno federal ha echado mano de las fuerzas militares, mismas que, de acuerdo con Human Rights Watch, han estado involucradas en 170 casos de tortura, secuestros y 24 homicidios extrajudiciales.
  3. Víctimas civiles: Si bien los fallecimientos civiles  son el 2% del total, la letalidad de las operaciones militares se ha incrementado. Por ejemplo, en las operaciones del Ejército 9.1 personas han muerto, mientras que en las de la Armada 17.3 personas han fallecido, cifras altas en comparación con las 2.6 personas fallecidas en las operaciones que realiza la Policía Federal. Desde 2006, año en que se intensificó la participación del Ejército, 1,598 personas han muerto y 254 han sido heridas.La combinación de ambas cifras ha creado una situación paradójica en la que las presiones por que las fuerzas armadas regresen a sus cuarteles se incrementa en un momento en el que las fuerzas policiales son incapaces de enfrentar y contener a las organizaciones criminales.

 

Publicado anteriormente en Small Wars Journal.

 



[i]Prefiero usar el término “organizaciones criminales” en lugar de “cártel”, porque en términos económicos las organizaciones criminales no se ponen de acuerdo para fijar precios por sus productos o “servicios”.

[ii]Entrevista realizada por el Dr. Phil Williams con mandos superiores de la Policía Federal. Ciudad de México, Junio, 2008.

[iii]Peter Reuter, “Systemic Violence in Drug Markets,” Crime, Law and Social Change, (2009) 52(3), 275-289

[iv]Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social de El Salvador, Sistema de Vigilancia de Lesiones de Causa Externa, Marzo 2008; Germán De la Hoz Bojorquez, Homicidios Colombia 2007, Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses; y Ministerio de Salud de Brasil, Políticas Públicas para la Reducción de la Violencia en Brasil, Marzo 2008.

[v]Paul R. Kan, “Cartels at War”, (Dulles: Potomac Books, por publicar)

[vi]Paul Rexton Kan y Phil Williams, “Criminal Violence in Mexico – a dissenting analysis”, Small Wars & Insurgencies, Vol. 21, No.1, March 2010, p. 229

[vii]Richard H Friman,  “Forging the vacancy chain: Law enforcement efforts and mobility in criminal economies,” Crime, Law and Social Change, Vol. 41 No. 1 February 2004, pp. 53-77