¿De quién son los ríos? | Letras Libres
artículo no publicado

¿De quién son los ríos?

Inmersos en pleno proceso de reforma de un gran número de estatutos de autonomía, estamos siendo testigos de cómo nuestros ríos, muchos de ellos compartidos con el vecino Portugal, se han convertido en un arma política. En plena era del desarrollo sostenible, de solidaridad entre generaciones, de gestión racional de los recursos naturales, es imperativo que esta contienda cese. Las fronteras políticas trazadas por el hombre no responden a los requerimientos de la naturaleza. Por ello, en el caso de las cuencas hidrográficas internacionales ya se soslayaron viejos planteamientos que ahora son defendidos por algunas comunidades autónomas para ser aplicados en el territorio español.

En el siglo xix, surgieron planteamientos o doctrinas que exclusivamente se fijaban en cómo repartir o distribuir los recursos hídricos de una cuenca, que erróneamente es lo único que importa a los representantes autonómicos. En 1895 se formuló la doctrina de la soberanía territorial absoluta sobre los recursos hídricos consistente en que el estado aguas arriba era libre de hacer lo que quisiera con las aguas que discurrían por su territorio, quedando libre de responsabilidad frente al estado aguas abajo por cualquier daño causado como resultado de su actividad. Esta doctrina surgió en un contencioso por las aguas del Río Bravo o Río Grande, en la frontera entre México y ee.uu., generado por la desviación de las aguas de este río por parte de agricultores estadounidenses, lo que perjudicó a los agricultores de México. También se conoce como doctrina Harmon, debido a que fue formulada por un fiscal general así apellidado. La doctrina de la integridad territorial, promovida también en esa época, propugnaba la supremacía de los estados aguas abajo, por tanto, opuesta a la doctrina Harmon. Ambas doctrinas son arcaicas, ya que ignoran la necesidad de otros estados y niegan que la soberanía, además de derechos, conlleva obligaciones.

En la actualidad, la doctrina de la utilización equitativa gobierna la cooperación entre los estados que comparten una cuenca hidrográfica y forma parte de los principios aceptados por la comunidad internacional. Esta doctrina viene a decirnos que cada estado ribereño, dentro de su territorio, tiene derecho a una parte razonable y equitativa en los usos de las aguas de una cuenca internacional. Pero equidad de derecho no equivale a reparto igual de agua. Una variación de esta doctrina la encontramos en el planteamiento de la gestión común: los cursos de agua deben gestionarse de forma integrada y con un marco institucional que promueva y facilite su desarrollo sostenible y su uso equitativo. Ambas doctrinas se recogieron en el artículo 5 de la Convención de Naciones Unidas de 1997 sobre el derecho de los usos de los cursos de agua internacionales para fines distintos de la navegación, que si bien no ha entrado en vigor, se trata de principios aceptados por la comunidad internacional. Pero como en la actualidad ya no se trata de repartir las aguas, pues hay otros intereses a tener en cuenta como es la preservación de los ecosistemas acuáticos, esta Convención incluyó también obligaciones y principios que se aplican a la gestión sostenible de las cuencas hidrográficas compartidas. Así se recoge la obligación de no causar daños sensibles al utilizar un curso de agua a otros estados; la obligación de cooperar que puede formalizarse a través del establecimiento de mecanismos institucionales como son las comisiones de ríos internacionales que funcionan en cuencas como el Danubio, el Rin o las cuencas que compartimos con nuestro vecino Portugal y la obligación de consulta previa y de intercambio de información y datos de forma regular.

Estos planteamientos vigentes en el derecho y las relaciones internacionales han sido claramente trasladados a la política de aguas de la ue, cuyo máximo exponente es la Directiva Marco del Agua. Esta Directiva identifica como unidad de gestión la demarcación hidrográfica que es la zona marina y terrestre compuesta por una o varias cuencas hidrográficas vecinas y las aguas subterráneas y costeras asociadas. En consecuencia, exige a los Estados miembros que incluyan en una demarcación hidrográfica internacional cualquier cuenca hidrográfica que abarque el territorio de más de un Estado miembro. Además para estas demarcaciones hidrográficas internacionales promueve la planificación conjunta y exige la adopción de una serie de medidas de forma coordinada. Por tanto, en el caso español tenemos que coordinar muchas acciones relativas a la planificación y a la gestión de las cinco cuencas hidrográficas compartidas con Portugal: Miño, Limia, Duero, Tajo y Guadiana.

La Constitución española de 1978, si bien contiene disposiciones que posiblemente ya no responden a las necesidades de la sociedad actual, no pudo ser más certera en la distribución de competencias en materia de aguas. Ante la realidad física de la unidad de las cuencas, otorgó al Estado español la competencia de gestión de las cuencas intercomunitarias (cuencas que discurren por el territorio de más de una comunidad autónoma) y a las comunidades autónomas la gestión de las cuencas intracomunitarias (cuencas que discurren exclusivamente por el territorio de una comunidad autónoma). La Ley de Aguas de 1985, derogada por su texto refundido en 2001, ya incluyó entre los principios rectores de la administración pública del agua la unidad de gestión, la coordinación; el respeto a la unidad de la cuenca hidrográfica, de los sistemas hidráulicos y del ciclo hidrológico y la compatibilidad de la gestión pública del agua con la ordenación del territorio, la conservación y protección del medio ambiente y la restauración de la naturaleza.

La evolución de la política del agua viene dada por una realidad física insoslayable: la unidad de la cuenca. Como hemos visto, esto ha incidido claramente en las relaciones internacionales, en la política comunitaria de aguas y en el régimen vigente en España que no es más que reflejo de esta realidad y de los compromisos asumidos. Como corolario de esta unidad, la única forma de gestionar una cuenca de forma sostenible es a través de la cooperación entre instituciones y con la participación de toda la sociedad, lo contrario sería una irresponsabilidad y un atentado contra los derechos de las generaciones presentes y futuras. ~