¿Qué hacemos con la próxima narcomanta? | Letras Libres
artículo no publicado

¿Qué hacemos con la próxima narcomanta?

¿Cuál ha sido el impacto del Acuerdo para la cobertura informativa de la violencia en las prácticas de los medios?

 

El pasado 24 de marzo, 46 grupos de medios de comunicación, propietarios de unos 700 periódicos y revistas, estaciones de radio y televisión, firmaron a iniciativa de Grupo Televisa a nombre un documento llamado Acuerdo para la Cobertura Informativa de la Violencia.

Los análisis reduccionistas sobre este Acuerdo, que nunca fueron más allá del uso de términos como “mordaza” y “censura”, asumieron que toda la intención del acuerdo era apoyar la estrategia gubernamental contra el narco y uniformar a los medios para ocultar información sobre la muerte de inocentes. La crítica al acuerdo se limitó, en muchos casos, a la descalificación, no a la revisión de sus líneas ni a su cumplimiento.

De entrada, el documento reconocía los derechos tanto de las víctimas, como de los imputados de delito, el respeto a la presunción de inocencia y al debido proceso en las coberturas periodísticas. Recogía también la inquietud expresada por varios sectores que de tiempo atrás piden evitar el lenguaje y la terminología empleados por los delincuentes, así como resguardar la identidad de víctimas y menores de edad involucrados en hechos de violencia.

La clave del Acuerdo estaba, como escribía Mario Campos, en ver cómo cubriríamos medios y periodistas la próxima narcomanta, qué postura asumíamos ante un nuevo decapitado y qué tratamiento daríamos al próximo detenido que las autoridades nos presentaran como peligroso jefe de sicarios.

José Luis Cerda, conductor de Televisa Monterrey, fue asesinado esa misma noche. Varios medios que reportaron el hecho omitieron regirse por los criterios que se habían propuesto seguir; dijeron que había sido “levantado” y “ejecutado”, mientras lo mostraban muerto y con las manos atadas a la espalda, tal como sus asesinos lo dejaron. En extremo absurdo, unos días antes a la publicación de este texto El Economista llamaba “ejecución” al secuestro y asesinato de una niña de cinco años.

El diario La Prensa de la Organización Editorial Mexicana mantuvo fuera de su primera plana las imágenes ultrajantes durante cerca de una semana, solo para volver con fotografías explícitas de personas fallecidas en contextos de violencia, entre las que se incluían los cuerpos en estado de descomposición de las víctimas de San Fernando, Tamaulipas, negándoles a los muertos y a sus familias el derecho a la intimidad, a la dignidad y la propia imagen.

Pese al compromiso de consignar las violaciones a los derechos humanos cometidas por la autoridad, las empresas periodísticas continúan destinando espacio a las presentaciones ilegales de detenidos que realizan policías y procuradurías en condiciones que cancelan la presunción de inocencia; en casos como la aprehensión del supuesto autor intelectual de la masacre de San Fernando, varios medios refieren un perfil psicológico que lo etiqueta como narcisista y psicópata.

Los medios no han modificado sustancialmente su actuación. El Acuerdo para la Cobertura Informativa de la Violencia contemplaba que cada medio definiría sus propios procedimientos para verificar el cumplimiento de las líneas, pero el  compromiso no fue acompañado de medidas concretas para capacitar a los periodistas en las redacciones, elaborar (para quien no los tiene) manuales de estilo y códigos de ética claros que permitan aplicar y exhibir criterios consistentes en las coberturas de violencia generada por la delincuencia organizada.

El Acuerdo pone de manifiesto que reporteros y editores en México trabajan con un esquema de producción de noticias que vuelve común y cotidiana la violación de derechos, que además perpetúa prejuicios que hacen pasar por noticioso lo que para medios con un control de la calidad de sus contenidos seríannotas inadmisibles por su sesgo discriminatorio.

En el texto se avala la propuesta de “omitir y desechar información que provenga de los grupos criminales con propósitos propagandísticos”  e incluso en el punto 10 se insinúa que los medios pueden ser corresponsables, junto con la autoridad, de la viabilidad de acciones policiacas u operativos contra delincuentes y se comprometen a no difundir información que las ponga en riesgo. El razonamiento de los autores es en extremo limitado; por un lado no atiende la realidad en varias ciudades donde la amenaza contra periodistas es usada para imponer contenidos, y por el otro cancela de antemano la opción de cubrir periodísticamente acciones propagandísticas de delincuentes, pretendiendo que no son información de interés público.

Recientemente, los diarios Noroeste de Sinaloa y El Universal en la Ciudad de México hicieron públicos un conjunto de lineamientos y criterios editoriales en los que si bien aun queda margen a la interpretación, hay líneas claras de conducta editorial, de lectura inequívoca, cuyo cumplimiento puede ser verificado por las audiencias. Es decir, se trata de un esfuerzo que en los hechos va más allá de suscribir con otros un pacto generalista de buena fe, ya que sin importar que se constituyaninstancias que vigilen el apego de los medios a los criterios editoriales firmados, las empresas establecen un compromiso reclamable por parte de sus lectores.

Ésta no es la primera vez que los propietarios de medios firman compromisos para mejorar la calidad de sus contenidos o establecer estándares de actuación profesional en la cobertura informativa de la violencia (el Acuerdo Nacional para la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, de agosto de 2008, por ejemplo). De ahí la profunda desconfianza que ellos mismos se han encargado de alimentar porque ni siquiera han cumplido con establecer los mecanismos necesarios para proteger a los periodistas o solidarizarse ante cualquier amenaza o acción contra reporteros o medios.

Si firmaron un acuerdo "histórico", es lógico que se les pida un cambio "histórico" o por lo menos sustancial en su quehacer. Los 30 días que los medios participantes fijaron como plazo para integrar un órgano ciudadano de observación y emitir sus lineamientos de operación, prácticamente se han agotado. Los nombres de los integrantes no han sido dados a conocer, no se sabe cuántos reportes emitirán, con qué periodicidad ni de qué manera se sancionaría el incumplimiento de los lineamientos.

En vías de transparentar las decisiones que cada empresa toma en la cobertura de la violencia originada por el crimen organizado, pocos son los medios que han trabajado en un mecanismo de rendición de cuentas frente a sus audiencias. Basta con detenerse frente al puesto de periódicos para advertir cuánto hemos avanzado en el último mes.