Política y moral | Letras Libres
artículo no publicado

Política y moral

El gobierno de Mariano Rajoy ha cumplido dos años. En algunos sentidos, le ha ido relativamente bien. Aunque el desempleo sigue siendo enorme, el fin de la crisis parece aún lejano y la mejora en ciertos indicadores todavía no se nota a pie de calle, la economía española no vive en la situación de pánico en la que estaba hace un tiempo. En una época de velocidad y ciclos de noticias vertiginosos, la tranquilidad de Rajoy, con su aspecto de hombre de orden y casino de pueblo, resulta deprimente pero quizá sea eficaz. Hemos visto más recortes que verdaderas reformas, pero la solidez de la mayoría absoluta y el poder territorial le han permitido sobrevivir a la investigación de una trama de corrupción en su propio partido que ha provocado movimientos castizamente shakespearianos y reveló la influencia de Edward Lear en María Dolores de Cospedal. Habrá que ver si la estrategia calmada del presidente del gobierno funciona para desactivar el desafío independentista en Cataluña.

También ha habido en su gobierno medidas y tendencias desafortunadas. La decisión de privar a los inmigrantes ilegales de cobertura sanitaria no es solo una medida áspera que se justificó con argumentos populistas, sino que puede ser peligrosa para el resto de la ciudadanía. El Partido Popular tampoco ha sido ejemplar en su relación con los medios. Los periodistas tenemos la costumbre de reivindicar la importancia de nuestro trabajo para la democracia, y a veces eso me recuerda las famosas declaraciones de un mafioso: “Senador, ser poderoso es como ser una dama. Si tienes que decir que lo eres, probablemente no lo seas”. Pero en ocasiones el gobierno parece opinar que la idea de que los ciudadanos de una democracia deben estar informados es una manía un tanto molesta. En España se han generalizado las ruedas de prensa sin preguntas. Cuando Barack Obama recibió a Rajoy, Moncloa impidió que asistieran varios medios españoles. En el caso de medios públicos, como en Televisión Española, el problema más grave es el diseño institucional, pero el actual gobierno ha desandado los pasos que había dado el Partido Socialista para evitar que la televisión pública fuera solo el vocero del grupo en el poder.

No está claro que el hecho de que se diga que alguien tiene “un perfil político” sea una muestra o una causa del descrédito de la política: en todo caso, suele ser una persona que contribuye al desprestigio de una institución. Quizá el caso más llamativo, frente a la seriedad del ministro de Economía, es el de Cristóbal Montoro. Brillante analista que predijo que la legalización del matrimonio homosexual produciría un aumento del paro, es el responsable de una amnistía fiscal que no solo ha sido moralmente discutible, sino también técnicamente desastrosa, y que fue simultánea a varias subidas de impuestos. Ha respondido con amenazas a sus críticos: si en una gala cinematográfica unos actores atacan la gestión del gobierno, el ministro declara que hay intérpretes que pagan impuestos fuera. Si un medio de comunicación pone reparos a la gestión del gobierno, el responsable de Hacienda habla en general de las deudas de las empresas periodísticas con el Estado. Como escribió Xavier Vidal-Folch, “seguro que Cristóbal toca de oído, porque si supiera lo que dice por apellidarse Montoro, ser ministro de Hacienda y leer indebidamente expedientes, estaría prevaricando”. Hace poco, justificó una purga galdosiana de la Agencia Tributaria, diciendo que “estaba llena de socialistas”. Hacienda, por lo visto, no somos todos, sino unos más que otros.

La crisis económica ha exigido grandes sacrificios y la sociedad ha mostrado una calma considerable. Ha generado un movimiento, el 15m, que tuvo muchos errores, pero fue inspirador y pacífico. Ha habido buenos ejemplos de articulación cívica y ciertas dosis de demagogia, pero no se ha producido un aumento de la delincuencia ni de la conflictividad social. El endurecimiento de la Ley de Seguridad Ciudadana es una decisión difícilmente comprensible. La normativa dice que se podrá multar a quien ultraje a España o las comunidades autónomas y sus símbolos. Es una medida levemente ridícula: dado el comportamiento de algunos cargos y símbolos, uno se pregunta si no son ellos quienes corren peligro de que les multen.

El tercer caso, el anteproyecto de la reforma de la ley del aborto, aleja al Partido Popular del centro derecha europeo y a España de los países de su entorno, que tienen una legislación comparable a la ley de plazos que funciona en nuestro país desde 2010 y que no ha provocado un aumento significativo de los abortos (de hecho, en 2012 bajaron un 5% con respecto al año anterior). La propuesta del ministerio de Justicia solo admite dos supuestos para interrumpir el embarazo –la violación y el riesgo para la vida de la madre–, y somete a las mujeres a un proceso humillante y lleno de obstáculos. Uno de los aspectos más controvertidos es que no se admitiría el aborto en casos de malformación. El anuncio del anteproyecto ha provocado disensiones en el propio PP y críticas en buena parte de Europa (aunque no todo ha sido malo: el Frente Nacional de Le Pen lo aplaudió). Es posible que sea un programa de máximos, destinado a contentar a grupos de presión fundamentalistas, y que la tramitación parlamentaria suavice el anteproyecto, para dejar una normativa algo más restrictiva que la ley de supuestos (y doble moral: a efectos prácticos exigía mentir) de 1985. Pero esa irrupción de una moral ultraconservadora es alarmante: no sé si está a la derecha de Dios, pero sin duda está a la derecha de la sociedad española. Marta Romero analizaba en el blog Piedras de papel una encuesta de Metroscopia:

El 84% del total de los encuestados (el 70% de los votantes del PP y el 59% de los que se definen como católicos practicantes) consideran que la malformación del feto debe mantenerse como un motivo para poder abortar legalmente. Y el 86% (porcentaje que en el caso de los votantes del PP es del 68% y en el de los católicos practicantes del 60%) está de acuerdo con la afirmación de que “toda mujer embarazada debe tener derecho a decidir libremente si quiere seguir o no con su embarazo”.

Hay muchas cosas criticables en el anteproyecto del ministro Gallardón, desde el paternalismo al falseamiento de datos con que se ha defendido, pasando por los ecos de odio a la autonomía sexual y la falta de comprensión humana de los dogmáticos religiosos, siempre ansiosos por convertir sus pecados en los delitos de los demás. Pero un aspecto insoslayable es que se trata de una traición a los principios del liberalismo. En La sociedad abierta y sus enemigos, Karl Popper escribía a partir de una frase de Aristóteles (“Cuidar de la virtud es la principal función de un Estado que merezca verdaderamente el nombre de tal”):

Esta exigencia significaría simplemente que los funcionarios del Estado deben preocuparse por la moralidad de los ciudadanos y utilizar el poder, no tanto para la protección de la libertad de estos como para la vigilancia de la moralidad. En otras palabras, se exige aquí que el imperio de la legalidad, es decir, de las normas impuestas por el Estado, sea acrecentado a costa del de la moralidad propiamente dicha, es decir, de las normas impuestas, no por el Estado, sino por nuestras propias decisiones morales, vale decir, por nuestra propia conciencia. […] Lo que queremos y necesitamos es moralizar la política y no hacer política con la moral. ~