Maté a las instituciones porque eran mías | Letras Libres
artículo no publicado

Maté a las instituciones porque eran mías

El gobierno del PP es realmente previsible: en la preferencia por la táctica, la triquiñuela y la patrimonialización de lo público. 

Un día, en la casa en la que vivía antes, me encontré a una vecina en la escalera. Le pregunté qué tal iban las cosas y, tras ponerme un poco al día, me dijo: “Y mi hijo, el funcionario, sigue de baja. ¡Que se joda Zapatero!”.

Me gusta esa anécdota porque me parece una buena síntesis de la confusión entre lo público y lo privado. Sería ingenuo o injusto atribuir a un solo partido comportamientos y tentaciones bien extendidos en el espectro político. Pero resulta llamativo el caso del Partido Popular en estos años, en los que ha gozado de un formidable poder territorial y de mayoría absoluta en el Congreso. Se mostraba como una formación previsible y responsable, garante de la estabilidad, pero su uso de las instituciones ha contribuido a su erosión.

El ministro del interior Jorge Fernández Díaz ha nombrado comisario honorario a Francisco Marhuenda, director del diario La Razón y célebre por defender las políticas gubernamentales en las tertulias de televisión. Es solo una anécdota del asombroso Fernández Díaz, que hace un par de meses decía que la aparición de casos de corrupción del PP apuntaba a una conspiración policial contra el partido. A favor de la distinción se puede decir que parece probado que Marhuenda existe, lo que es dudoso de otras entidades a las que el ministro ha condecorado en este tiempo, como la Virgen del Pilar, que a propuesta del ministro obtuvo la Gran Cruz de la Orden del Mérito de la Guardia Civil, o la Virgen de los Dolores de Archidona, receptora de la Cruz de Plata de la Guardia Civil y con la Medalla de Oro al Mérito Policial.

Es el ejemplo más esperpéntico de uso partidista de lo público. Ha habido casos de consecuencias más graves, como el poco apoyo a la independencia judicial o a instituciones reguladoras realmente independientes, en unos años en los que la corrupción -que afectaba de manera muy particular a la formación conservadora- se ha convertido en una de las mayores preocupaciones de los ciudadanos.

Defensor de la ley electoral cuando le favorece, el Partido Popular ha impulsado reformas electorales calculadas para su beneficio, aunque luego no siempre le hayan salido bien. Tras los resultados en las elecciones municipales, donde ser el partido más votado no le permitió gobernar en varias ciudades, el PP propuso un sistema que premiase a la formación que hubiera obtenido más del 40% de los sufragios. La número 2 de un partido supuestamente enemigo de la antipolítica y la demagogia redujo el número de representantes y retiró el sueldo a los diputados de la comunidad que gobernaba, para reducir gastos superfluos.

El ministro de Hacienda en funciones, Cristóbal Montoro, impulsor de una amnistía fiscal discutible por razones morales y de eficacia, ha advertido públicamente en diversas ocasiones a quienes eran críticos con sus políticas: tras unos premios Goya donde se atacaron políticas del gobierno, señaló que había actores que no cumplían con sus obligaciones tributarias. Para hacer frente a críticas a su gestión respondió que hay medios que tenían problemas con Hacienda. Si conocía esa información, su obligación era investigar, no amedrentar a los críticos.

La relación del presidente del gobierno en funciones con los medios ha sido muchas veces difícil y casi desdeñosa. En alguna ocasión periódicos conservadores como La Razón y ABC han recibido más inversión publicitaria en campañas de servicio público que medios con más difusión pero ideología más alejada (Eva Belmonte ha seguido aquí la publicidad institucional). Dos meses antes de las elecciones, el gobierno concedió nuevas licencias televisivas: los beneficiados en digital fueron Atresmedia y Mediaset (que suman más del 90% de la facturación del mercado), además del Real Madrid. Las licencias convencionales fueron para 13TV, que pertenece a la Conferencia Episcopal, y para Secuoya, próxima a la formación de centro-derecha y con una deuda de más de dos millones de euros.

El caso de RTVE ha sido especialmente llamativo. El gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero intentó construir una radiotelevisión pública de cierta independencia y calidad, que obtuvo buenos resultados de premios y audiencia. El PP anuló la medida que decretaba que el presidente de la entidad debía ser escogido por una mayoría de dos tercios en el Congreso y ha convertido la casa en un medio de partido, desacreditado para millones de españoles. El retroceso de la audiencia de la cadena pública en noches electorales, por ejemplo, es un fracaso deprimente, y la constatación de los efectos del uso partidista de algo que debía ser de todos.

En la campaña y tras las elecciones generales, el PP ha defendido una interpretación de los comicios que era propia de un sistema presidencialista y no de un sistema parlamentario. El presidente del gobierno en funciones ha podido desdeñar la oferta del rey de formar gobierno, para no desgastarse en una investidura fallida. Posiblemente, si lo hubiera hecho otro líder político se le habría acusado de deslealtad hacia la Corona. Después, el gobierno defendió, ante el desconcierto de decenas de juristas, que no debía rendir cuentas al parlamento, porque estaba en funciones.

El descubrimiento, hace un par de semanas, del incumplimiento del déficit, tras varias declaraciones cínicas en sentido contrario, mostraba una interpretación creativa del compromiso con la Unión Europea, revelaba el cálculo electoral y complicaba la actuación de cualquier gobierno que se forme. Pero era una prueba más de aquello en lo que el gobierno es realmente previsible: en la preferencia por la táctica y la triquiñuela, y la certeza de que las previsiones no se van a cumplir.

Ambrose Bierce definía la política como “una lucha de intereses enmascarada de enfrentamiento de principios”, y sería un error atribuir a los populares el monopolio de esta costumbre. Más que la eficacia probable de estas técnicas, sorprenden la sensación de entitlement y la divergencia entre lo que el partido dice representar y su comportamiento.

Aunque los mecanismos y los resortes del Estado no han dejado de funcionar, la fragmentación política y la vigilancia entre partidos debería servir para obstaculizar la patrimonialización de lo público. El Partido Popular representa a muchos millones de españoles y articula intereses e ideas legítimos. Quizá no debería abrazarse tanto al Estado y sus instituciones: los podría acabar asfixiando.

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