Los 43 desaparecidos de Ayotzinapa: un año, muchas mentiras y una teoría que quizá tenga sentido | Letras Libres
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Los 43 desaparecidos de Ayotzinapa: un año, muchas mentiras y una teoría que quizá tenga sentido

El reporte de los peritos del GIEI resulta histórico porque ha abierto brechas en la forma en que el gobierno siempre ha operado. Los retos que presenta no pueden desaparecer solo porque se quiera o porque se niegue su contenido.

El domingo 6 de septiembre el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) presentó en la ciudad de México los resultados que tanto se habían anticipado de la investigación que durante seis meses realizaron en torno a los eventos del 26 y 27 de septiembre de 2014, en Iguala, Guerrero. Esa es la fecha en que desaparecieron 43 estudiantes de la normal Raúl Isidro Burgos, en Ayotzinapa,  tres más fueren asesinados, y otros muchos resultaron heridos, algunos de ellos de gravedad. Los cinco peritos del GIEI –una mezcla de profesionales de prominencia legal y de derechos humanos que vienen de  Chile, Colombia, Guatemala y España— fueron  designados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, bajo la égida del gobierno mexicano que se halló a la defensiva ante las protestas que se suscitaron alrededor del mundo en torno a la muy fallida investigación del caso, y su posible complicidad en el crimen. A lo largo de seis meses los expertos entrevistaron a los sobrevivientes, a los familiares de los secuestrados, a muchos de los hombres y mujeres que, hasta ahora, han sido detenidos por este caso: policías y oficiales del gobierno, entre otros. Los expertos del GIEI llevaron a cabo sus propios exámenes de la evidencia y de los datos forenses, y estudiaron los expedientes: 115 tomos de alrededor de mil páginas cada uno. Le solicitaron a la Procuraduría General de la República (PGR), el equivalente mexicano del US Attorneys General Office— les fueran entregados los documentos o les permitieran entrevistar a posibles testigos, en muchos casos, personas con las que la PGR no había hablado todavía.

El evento en el que se presentó el informe –al cual los periodistas fueron convocados por email semanas antes– se llevó a cabo en un gran auditorio en las oficinas de la Comisión de Derechos Humanos en el Distrito Federal. El ambiente era de expectación e incluso parecía festivo. La gente se saludaba con besos y abrazos, al menos en el lado del cuarto en el que yo me encontraba, donde había diplomáticos, activistas de reconocidas organizaciones de derechos humanos, figuras del mundo cultural, y los aún más asediados periodistas conocidos de los pequeños medios independientes y de oposición en México.  El cuarto estaba a reventar y los organizadores intentaban conducir a los periodistas menos establecidos, más jóvenes y más desarrapados, hacia el lobby y la plaza que hay en el exterior, desde donde podrían observar los procedimientos en pantallas de video. Varios oficiales del gobierno mexicano, vestidos sobriamente, tomaron asiento en las primeras filas. Tenían a los fotógrafos de frente, que estaban acuclillados y reptaban como soldados bajo fuego. La parte posterior del auditorio, así como los pasillos del exterior, estaban repletos de tripiés, cámaras y equipo de filmación.

La otra mitad del auditorio presentaba un agudo contraste. Ahí la gente estaba sentada en silencio y con expresión adusta. Casi todos tenían rasgos indígenas y vestían de manera rústica o llevaban chamarras con capucha. Ni uno solo de ellos mandaba besos volados hacia el otro lado de la habitación.  Eran los familiares de los 43 jóvenes desaparecidos en Iguala, y de los tres asesinados. Con ellos había estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa que sobrevivieron al ataque, y otras personas que venían a apoyarlos desde los calurosos y empobrecidos pueblos y caseríos rurales de donde provenían casi todos los estudiantes que se preparaban para convertirse en maestros rurales. Cuando por fin los cinco expertos aparecieron para tomar sus asientos en la larga mesa del podio, hicieron erupción las acostumbradas preguntas a gritos desde el otro lado de la sala, y el auditorio entero se unió coreando: “¡Vivos se los llevaron! ¡Vivos los queremos!”

Cada uno de los expertos narró o presentó un análisis de alguna parte de la investigación conducida por el grupo. Sería difícil exagerar la forma en que el informe demolió la narración oficial que el gobierno mexicano rindió del crimen: un cuento al que en México ya se le conoce burlonamente como la “verdad histórica”, a partir de que el anterior Procurador General, Jesús Murillo Karam, acuñara la frase enfáticamente durante una conferencia de prensa a fines de enero. Ahí, Murillo Karam anunció que, según las conclusiones a las que habían llegado los investigadores de la PGR, los 43 estudiantes desaparecidos habían sido entregados por la policía municipal de Iguala a sicarios de la banda de los Guerreros Unidos que se dedican al tráfico de drogas, y los habían incinerado en el basurero del pueblo cercano de Cocula. La conclusión, aseguró el Procurador General, estaba apoyada por expertos científicos y por las confesiones de los traficantes.

En el escenario, los peritos hicieron un recuento de la línea de tiempo del caso. El 26 de septiembre los estudiantes salieron de Ayotzinapa con la finalidad de retener una serie de autobuses para que los transportara desde su escuela, y desde otras normales, a una marcha que se llevaría  a cabo en la Ciudad de México el 2 de octubre para conmemorar la matanza de estudiantes de Tlatelolco en 1968. Según el reporte del GIEI, la retención temporal de los autobuses con ese propósito, “ha sido una práctica común” de las escuelas normalistas en todo México; algo bien conocido por las autoridades y las compañías camioneras.  Había ocurrido muchas veces antes, incluso en Iguala, casi siempre “sin incidentes, represiones o sanciones legales”. El  reporte del GIEI estableció como un hecho lo que muchos periodistas habían reportado: que el 26 de septiembre a las 5:30 pm, desde el momento en que aproximadamente cien estudiantes y tres choferes dejaron Ayotzinapa, en dos autobuses de la línea Estrella de Oro que los muchachos habían retenido previamente, estaban siendo monitoreados, como es rutina hacerlo, por el Comando Central de la Policía Estatal o C4I4. El C4I4 recaba información y la comparte con la policía federal, estatal y local de la zona y también con los militares.

En un principio los estudiantes habían tenido la intención de retener más autobuses en la caseta de cobro afuera de Chilpancingo, la capital del estado, pero al llegar allá ya los esperaban las patrullas de la policía. Tal y como lo registró el C414, los estudiantes se desviaron a Iguala exactamente a las “17:59”. En las afueras de Iguala, uno de los autobuses, de la compañía Estrella de Oro con número 1531, se estacionó afuera de un restaurante en un área que se conoce como el Rancho del Cura, y el otro, el número 1568, continuó hacia la caseta de cobro de Iguala; en ambos lugares la policía federal ya los esperaba. También estaban siendo observados por un agente de inteligencia militar que le reportaba al comandante del Batallón 27 del ejército, afincado en Iguala. No fue sino hasta las “20:15”, según el reporte, que los estudiantes que se encontraban afuera del Rancho del Cura lograron detener un autobús de la Línea Costa con número 2513; el plan era dejar ahí a los pasajeros del autobús y que los estudiantes a bordo de los tres autobuses regresaran de inmediato a Ayotzinapa. No parecía factible que pudieran retener más autobuses ahora que ya era de noche. Pero el chofer del autobús de la línea Costa insistió en dejar a los pasajeros en la estación de autobuses de Iguala antes de entregar el vehículo. “De cinco a siete” estudiantes fueron con él.

En la estación de autobuses el chofer no cumplió su palabra. En vez de eso, se bajó y dejó a los estudiantes encerrados dentro. Los estudiantes llamaron por celular a sus compañeros que esperaban en las afueras de Iguala, quienes respondieron llevando a los otros dos autobuses secuestrados a la estación. La estación de autobuses les dio una suerte de bonanza: ahí los estudiantes tomaron otros tres autobuses, no solo dos como la PGR había insistido en todos sus informes oficiales, a pesar del recuento que brindaron  los estudiantes que sobrevivieron.

La versión del GIEI de los movimientos de los estudiantes hasta ese momento refutaba varias de las hipótesis incluidas entre las “verdades históricas” de la PGR. El gobierno había sostenido la teoría de que los estudiantes habían ido a Iguala a boicotear o interrumpir un discurso político que esa tarde daría en el zócalo de esa pequeña ciudad la esposa del alcalde José Luis Abarca. Pero la intención de los estudiantes jamás fue entrar a la ciudad, y para cuando llegaron allí el evento ya había terminado. De igual manera, si los estudiantes –que estaban completamente desarmados– no habían entrado a la ciudad intencionalmente, no era plausible sugerir, tal y como lo había hecho el gobierno, que existiera un posible motivo criminal para su incursión, como por ejemplo que los estudiantes estuvieran relacionados con una banda de narcotraficantes rival que había llegado a desafiar a narcos dominantes de la región: los Guerreros Unidos. Sin embargo los estudiantes que iban a bordo de los cinco –no cuatro– autobuses secuestrados rápidamente fueron atacados de una forma masiva y violenta, y al parecer bien coordinada. El ataque involucró, en diversos roles, a cada una de las ramas de la policía de la zona, así como a los militares al ejército. Esto contrasta con las negativas de los oficiales, desde lo más alto del gobierno hasta abajo, de que ninguna autoridad oficial mexicana, a excepción de la policía municipal local, había estado involucrada en los hechos.

Los recuentos que se hicieron en la prensa sobre el reporte del GIEI se enfocaron es su categórico rechazo del meollo del escenario planteado por el gobierno: la incineración en masa en el basurero de Cocula. El gobierno se había apoyado en el hallazgo de que –al examinarse en un laboratorio especializado de Austria los fragmentos carbonizados de hueso, supuestamente incinerados en el basurero y después lanzados en bolsas de basura a un arroyo cercano– los estudios habían resultado en la identificación positiva del estudiante Alexander Mora. Pero el resultado fue vehementemente rebatido. El prestigioso grupo de forenses argentinos que habían firmado un acuerdo con el gobierno para monitorear las investigación por parte de los miembros de las familias de Ayotzinapa, reportaron que no podían confirmar que el fragmento de Mora realmente hubiera  sido recuperado del agua del arroyo, ni tampoco podían responder por ningún otro aspecto de la cadena de custodia del gobierno. También reportaron que el fragmento de hueso de Mora resultaba “irregular”: no se parecía a los otros que también habían sido enviados a Austria.

El Doctor José Luis Torero, perito internacionalmente reconocido en el campo de la investigación de siniestros por  fuego, fue contratado por el GIEI para que él llevara a cabo un examen independiente en el escenario de la incineración. Torero, el experto peruano que participó en las investigaciones forenses de los ataques a las Torres Gemelas, tiene un doctorado de la Universidad de California en Berkeley, y antes había sido profesor de Seguridad contra el Fuego en la Universidad de Edimburgo. Actualmente, dirige la Escuela de Ingeniería Civil en la Universidad de Queensland, Australia. Torero concluyó que la incineración de 43 cuerpos en un terreno abierto como el del basurero de Cocula habría requerido unas 33 toneladas de madera o 14 toneladas de llantas neumáticas, junto con la misma cantidad de diesel; el fuego tendría que haber ardido durante 60 horas, y no las 12 que afirmaba la PGR, basada en las confesiones de sicarios de los Guerreros Unidos que habían sido aprehendidos. El humo de las llamas provocadas por un fuego de tal magnitud se habría elevado 300 metros y se habría podido ver desde varios kilómetros a la redonda. No se observó ninguna columna de humo como la descrita por Torero ni fue captada por alguna imagen de satélite.

En la presentación del informe se ofrecieron más análisis y datos muy vívidos, y el informe contiene mucha más información. Pero un detalle que nunca olvidaré de la presentación fue cuando el perito chileno del GIEI, Francisco Cox, describió el análisis que hizo Torero de la declaración incluida en las confesiones de los miembros de la banda que habían estado cerca de las llamas, como si se hubieran acercado a las brasas de un asado, para echar más combustible mientras los cuerpos ardían. Cualquiera que se aproximase de esa forma a unas llamas de tal magnitud, afirmó Torero, habría quedado incinerado al instante. En su informe los expertos concluyeron: “El GIEI tiene la convicción de que los 43 estudiantes no fueron incinerados en el basurero de Cocula. Las confesiones que dieron los presuntos responsables sobre este punto no corresponden a la realidad de las pruebas presentadas por este informe.” Casi un año después de la desaparición de los 43 estudiantes, la verdad de lo que realmente ocurrió y donde se hallan los muchachos, sigue sin conocerse.

Al cierre de la presentación, los expertos del GIEI reconocieron que el gobierno los había invitado al país y facilitado su investigación; expresaron su gratitud y optimismo sobre lo que podría esperarse en el futuro. Al GIEI ya se le había extendido el contrato dos meses. Pronto se transformarían en seis. Entre sus peticiones más enfáticas estaba que el gobierno diera marcha atrás en su reticencia a permitir que el GIEI entrevistara a los miembros del Batallón 27 del Ejército Mexicano. El registro que se le entregó al GIEI de los monitoreos del C4I4 de aquella noche a los estudiantes y a los violentos hechos en Iguala tenía dos vacíos notables: uno inmediatamente después de los primeros ataques armados contra los estudiantes, y el segundo,  el que abarca el periodo de tiempo en el que se llevó a cabo el segundo ataque. El Secretario de la Defensa había retenido esa información y no la había proporcionado al GIEI.

Cuando la pequeña delegación de funcionarios, entre los que estaban los representantes de la PGR, subieron al estrado para recibir su copia del informe, el público gritó con fuerza, coreando la frase que había reverberado durante las marchas de protesta masiva por las desapariciones: “¡Fue el Estado!”.

La medida en que el gobierno se vio afectado por la refutación que hizo el GIEI de la “verdad histórica” de Murillo Karam y de la PGR se hizo evidente de inmediato cuando fuimos convocados a una conferencia de prensa urgente en la oficina del Procurador General unas horas después. Un vez más un denso bosque de tripiés y fotógrafos de guerra se materializaron, esta vez apretujados en un espacio mucho más reducido. Ocho funcionarios de la PGR, cinco hombres de traje oscuro y corbata, un hombre con uniforme militar, y un nuevo Procurador General, la ex senadora priista Arely Gómez González, aparecieron en el estrado. Durante un momento que resultó muy largo, se quedaron inmóviles, de pie, en fila. Jamás he visto semejante alineación de expresiones faciales: adustos, trastornados, perturbados. Algunos de los integrantes de la fila habían sido colaboradores cercanos de Murillo Karam: eran los responsables de la investigación y del caso presentado por la PGR. A la nueva procuradora general no se le podía culpar de ello, pero en ese momento el hecho no parecía brindarle mucho alivio.

Areli Gómez caminó con paso firme hacia el podio ubicado a la izquierda del estrado  e hizo una declaración breve y sucinta. Las investigaciones sobre los lamentables hechos ocurridos en Iguala “continuarán hasta sus últimas consecuencias”, prometió. La PGR “por instrucciones del presidente de la República”, ahora analizaría el reporte del GIEI, “y a su debido tiempo evaluará” qué partes se incorporarían a sus propias investigaciones. Ella y sus hombres se retiraron en fila mientras los reporteros gritaban, entre otras cosas: “Procuradora: ¿por qué  la PGR ocultó lo del quinto autobús?”

Aquel largo e inolvidable domingo culminó con una tercera conferencia de prensa, en la que los miembros de las familias de Ayotzinapa hablaron en un centro comunitario de la colonia Tabacalera. Estaba sentados en varias filas en bancas parecidas a las de una estadio, donde había carteles con los nombres y los rostros de sus hijos y hermanos desaparecidos. Ellos mismos se veían cansados pero llenos de determinación, y su tristeza revelaba el saldo de casi un año de angustia, dolor y falta de certeza. Una madre se dirigió a la muchedumbre, con voz fuerte, llena de coraje, al  borde de las lágrimas: “Nosotros, las madres y los padres, estábamos en lo correcto, todo el tiempo estuvimos en lo correcto. Sabíamos que no habían quemado a nuestros hijos, que era una mentira del gobierno, una mentira más… Le dije a Murillo Karam que ni él se creía sus mentiras, pero ahora le hemos respondido con una prueba científica, no con mentiras. Somos pobres, pero no estúpidos. ¡A nuestros hijos no los quemaron allí! Queremos la verdad, ya no queremos más mentiras… Lucharemos hasta encontrar a nuestros hijos.”

Unos días después se dio una pequeña reunión entre los periodistas y dos de los expertos, el español Carlos Beristáin –especialista en derechos humanos  y en desapariciones y apoyo a las víctimas– y el chileno Francisco Cox –experto consultado por el GIEI, abogado, especialista en derecho criminal y derechos humanos–. Beristáin y Cox parecían algo sorprendidos por lo que habían desencadenado. A partir de una conversación que en su mayor parte era extraoficial, me quedé con la impresión de que no sabían bien qué esperar a corto plazo. Los periodistas por lo general asumían que habría miembros de línea dura dentro del gobierno –incluidos aquellos que guardaban lealtad a Murillo Karam–quienes tratarían de desacreditar a los expertos y su informe para defender la “verdad histórica” hasta donde les fuera posible. Pero Beristáin y Cox parecían sentirse confiados de que al menos algunos miembros del gobierno se mostrarían abiertos a reiniciar la investigación criminal. Sin embargo, nadie parecía saber cuál era la posición del presidente Enrique Peña Nieto y los altos mandos del gobierno; si estaban unidos o si había una división con respecto a cómo proceder.

Fue en esa reunión que escuché al escritor y periodista Juan Villoro decir que el informe era “histórico… sin precedentes en la historia de México.” En los días posteriores, conforme la gente fue leyendo el informe de quinientas páginas y su importancia comenzó a cobrar magnitud, oí a otros periodistas describirlo con las mismas palabras. El informe resultaba histórico no solo porque era la primera vez que el gobierno mexicano aceptaba una intrusión semejante sobre su autoridad por parte  de peritos extranjeros, y me parece también  que era la primera vez que los mexicanos habían visto una investigación criminal verdadera, conducida por profesionales de la justicia, autónomos e independientes, en lugar de por aquellos que favorecen o posiblemente están en complicidad con el  gobierno. Pero durante una reunión también escuché a un periodista –y después a otros–decir lo mismo: que la parte débil del informe era justamente el reporte forense sobre el basurero de Cocula. Era allí donde, a corto plazo, el GIEI recibiría ataques, porque podría presentarse sólo como un asunto de la opinión de un científico contra la de la PGR.

Ese es precisamente el trato que recibió el informe en casi todos los principales medios mexicanos, muchos de los cuales intentan representar fielmente el punto de vista del gobierno y defenderlo. Estas organizaciones de noticias dependen de filtraciones del gobierno, y constantemente se lanzan a la ofensiva en favor del gobierno, casi siempre  denigrando a las víctimas mediante insinuaciones y calumnias. Por ejemplo, intentaron retratar a los estudiantes de Ayotzinapa como vándalos , guerrilleros e incluso narcos. El periódico Milenio que es pro gobiernista dio un revelador ejemplo de cómo podía dársele la vuelta a la controversia del forense encargado de estudiar el fuego del basurero. El escritor y periodista Héctor Aguilar Camín señaló que, tras la presentación del GIEI, otro de los cabecillas de la banda de narcotraficantes, El Cabo Gil, había sido arrestado. Según la versión de la PGR, basada fundamentalmente en confesiones de otros sicarios aprehendidos, fue El Cabo Gil quien ordenó masacrar a los estudiantes y quemarlos en el basurero. Aguilar Camín escribió:

“La ciencia no está aclarando las dudas del caso de Ayotzinapa. Está agrandándolas. Los peritos de la PGR sostienen que los cuerpos de los desaparecidos fueron quemados en el basurero de Cocula. El perito en fuegos de la comisión independiente que estudió el caso, José Luis Torero, dice que ese fuego es imposible… Las conclusiones encontradas de los peritos alimentan la incertidumbre, regresan el caso a las sombras y a la elección de cada quien… Quien crea que el incendio del basurero es científicamente imposible, tendrá que dudar de la confesión de Gildardo López Astudillo, El Cabo Gil, quien dice haber mandado matar y quemar a los normalistas precisamente ahí… La querella de los peritos ayuda a consolidar Ayotzinapa como un episodio más de esa especialidad mexicana que es creer lo que se quiere creer, en el fondo: la especialidad de no creer”.

El artículo de opinión de Aguilar Camín astutamente incita la idea del cinismo casi como una costumbre folklórica mexicana. Da por sentado que científicos de la PGR, así como algunos empleados de quienes no proporciona el nombre que pertenecen al Departamento de Biología de la Universidad Nacional Autónoma de México, son equiparables en experiencia a la de Torero, un perito del GIEI reconocido internacionalmente como forense en casos de fuego. Ese no es un argumento convincente, pero sí permisible. Pero los argumentos que da Aguilar Camín también ignoran el escepticismo en torno a la incineración en el basurero que ya habían expresado los expertos forenses argentinos, así como los resultados de otro estudio, llevado a cabo por un grupo de físicos de la UNAM, quienes llegaron a conclusiones similares a las de Torero.

¿Y por qué no habría uno de ver con escepticismo las declaraciones de El Cabo Gil, el largamente buscado líder de los Guerreros Unidos, quien por fin fue capturado en las inmediaciones Taxco, Guerrero, el 17 de septiembre? Los expertos del GIEI descubrieron y reportaron numerosos ejemplos en el caso de la PGR de confesiones extraídas mediante tortura, amenazas y otras formas de abuso. Si el escenario del tiradero de basura fue una ficción orquestada desde el principio –la ciencia del reporte del GIEI implica una conclusión así –cualquier confesión que afirme otra cosa resulta implícitamente sospechosa, sobre todo dadas las formas de coacción que subyacen la cantidad de evidencia contradictoria y falsa que el GIEI descubrió y reportó. El informe expone, sobre todo, las confesiones en extremo contradictorias de los otros sicarios de los Guerreros Unidos, quienes afirmaron haber participado, por órdenes de El Cabo Gil, en la masacre del basurero y en la incineración de los cuerpos. Por ejemplo, en las páginas 133 y 134 del informe, hay un breve análisis del momento en que varios sicarios de los Guerreros Unidos que confesaron haber llevado a cabo la incineración –hasta ahora ellos son los testigos principales en el caso de la PGR–, afirmaron que “la  mano derecha de Gil” les ordenó ir a Iguala a fin de repeler la incursión de una banda rival de narcotraficantes  llamada “los Rojos”.  Tres de los cuatro hombres afirman que fueron llamados a Iguala entre las 7:30 y las 8:30 de aquella noche, una hora “en que los normalistas ni siquiera habían entrado a la ciudad”. No fue sino hasta las 8:15 que “cinco o siete” estudiantes abordaron el autobús de la línea Costa en las afueras de Iguala y  se dirigieron a la ciudad con el chofer para dejar que los pasajeros descendieran, un evento que en sí mismo no habría llamado la atención. No fue sino hasta que los estudiantes quedaron encerrados en el autobús y llamaron a los estudiantes de los otros autobuses para que fueran a la estación de autobuses a auxiliarlos –por lo menos cuarenta y cinco minutos después– que se desataron los hechos violentos de aquella noche.

Aún así, la atención que los medios le dieron a la incineración en el basurero estaba restando relevancia al resto del informe. Y el reporte de una investigación criminal no tenía precedentes, ciertamente no en el México moderno, porque ahí, entre los cientos de páginas, los hechos se desplegaron de una manera objetiva, a fin de acumularse para formar una narrativa compleja pero coherente de un crimen también complejo. El informe no salta a conclusiones tendenciosas que no tengan un soporte en la evidencia recabada, no encubre ni descarta evidencia fundamental, no intenta fortalecer su caso ignorando contradicciones que se repiten una y otra vez  de manera extrema en las declaraciones de los arrestados. Y el informe expresa un escepticismo que era de esperarse en los testimonios que se extrajeron mediante el abuso y la tortura –donde posiblemente también están incluidos los compañeros de El Cabo Gil– de los cuales el GIEI descubrió y reportó muchos ejemplos.

Tres semanas después de que se presentó el informe, el 26 de septiembre, el día del primer aniversario de la tragedia, una nota al pie de página, que podría haberse pasado por alto con facilidad entre las quinientas cuartillas densamente detalladas, generó nuevos encabezados, y una urgencia añadida a la insistencia del GIEI de que se le permitiera entrevistar a los miembros del  Batallón 27 del Ejército Mexicano. La nota al pie incluía la información de que aquella noche, después de que los estudiantes de Ayotzinapa habían sido detenidos, el segundo a cargo de la Policía Municipal de Cocula, César Nava González, le preguntó al comandante de la policía de Iguala, Francisco Valladares, a dónde llevaban a los muchachos: “¿al Batallón 27 o al Cereso?”, un centro de detención de la localidad. Nava había dado  a los investigadores de la PGR ese breve recuento en su declaración original y el GIEI lo había descubierto, como descubrieron tantas otras cosas, incrustadas entre el vasto volumen de expedientes del caso. Un reportero de La Silla rota, un sitio de noticias online escribió acerca del provocador fragmento de información: “… podría estar fuera de lugar, o revelar una forma de operación y coordinación entre las corporaciones municipales e integrantes del Ejército Mexicano.” El reportero escribió que Nava González era ex miembro del  Batallón 27, como lo eran también varios otros integrantes de las fuerzas de la municipal; habían desertado. El antiguo jefe fugitivo de la policía de Iguala también había servido en ese batallón.

Revelado por los registros del C4I4 de aquella noche, el soldado de la inteligencia militar que monitoreaba a los estudiantes en las afueras de Iguala fotografió a la policía obligando a los estudiantes a bajarse de uno de los autobuses y llevarse el vehículo, fotografías que entregó  a sus superiores del Batallón 27: esa información estaba incluida en el registro del caso de la PGR, pero no las fotografías, que están desaparecidas.

El recuento que hace el informe del quinto autobús ofrece un ejemplo perfecto de la meticulosidad con que se llevó a cabo la metodología de las investigaciones del GIEI, y lo que ello expuso sobre la forma en que el gobierno mexicano manejó el caso. En la versión del gobierno los estudiantes se fueron de la central camionera con tres autobuses más, aparte de los dos iniciales, pero luego rápidamente abandonaron y “destruyeron” uno justo afuera de la estación porque no funcionaba bien. Pero, según el reporte del GIEI, “no existe evidencia de que uno de los autobuses fuera destruido y abandonado afuera de la central de autobuses”; el autobús abandonado que se describe en el recuento del crimen que hace la PGR  claramente resultó ficticio. La cinta de las cámaras de seguridad de la estación de autobuses obtenido por el GIEI – y sin embargo nunca incluido en la investigación de la PGR– muestra a los tres autobuses recién secuestrados abandonando la estación para reunirse con los otro dos. También puede verse que solo el autobús de la línea Estrella Roja –el “quinto autobús”, aquel que supuestamente fue destruido y abandonado– partió por una salida trasera. (El GIEI realizó informes de al menos otros tres videos de seguridad, que quizá fueron destruidos, filmados desde otros puntos a lo largo de las rutas que tomaron los autobuses aquella noche en Iguala que podrían haber revelado la filmación de los ataques.)

Resulta probable que debido a que el autobús Estrella Roja salió por la parte de atrás de la estación y tomó una ruta distinta por las angostas calles de la ciudad de Iguala, distinta a la de los otros cuatro autobuses, no haya sido atacada rápidamente por la policía municipal. Los catorce estudiantes en ese autobús Estrella Roja siempre han mantenido –aunque sus declaraciones también fueron excluidas de la investigación de la PGR– que se les condujo fuera de la ciudad por el chofer de la unidad quien, mientras todavía estaban en la ciudad, se detuvo y aguardó durante largos minutos a que una mujer le entregara unos papeles, y luego prosiguió su camino hacia el carretera a Chilpancingo, casi llegando hasta el Palacio de Justicia, donde el Estrella de Oro No. 1531 ya había sido detenido poco antes; todos los estudiantes que estaban a bordo del autobús Estrella de Oro se encuentran entre los 43 desaparecidos. Fue allí donde el autobús Estrella Roja fue detenido, supuestamente, por la policía municipal y también la federal. Los estudiantes lograron escapar, huyendo hacia los cerros. En más de una ocasión se les disparó, como ellos alegan, incluso por la policía estatal ministerial, mientras trataban de eludir a quienes los perseguían, hasta que por fin hallaron un sitio para ocultarse y esperar a que pasara la noche en los cerros y en una casa donde les dieron refugio.

Aún cuando esos estudiantes rindieron sus declaraciones a los ministerios públicos del estado de Guerrero, inmediatamente al día siguiente, el 27 de septiembre, acerca de lo que habían vivido y presenciado, la PGR no incluyó sus declaraciones en su investigación, ni tampoco hizo el menor esfuerzo por hablar con los estudiantes.

Del documento del GIEI, página 189: “El hecho de que el autobús no apareciera registrado en la investigación y se hubiera narrado sobre el mismo un suceso que no ocurrió (que fue destruido a la salida de la estación) es en sí mismo un elemento de sospecha. ¿Por qué se omitió? ¿Por qué no se procesó, por qué no se tomaron evidencias? ¿Por qué no se identificó hasta que el GIEI señaló su existencia?” El 15 de abril, el GIEI reportó a la PGR lo que había descubierto sobre el autobús Estrella Roja. El 8 de junio, el chofer del autobús rindió su declaración ante la PGR, “La versión dada por el chofer de ese 5º autobús ante la PGR no es coherente con lo declarado por los estudiantes normalista que no era consistente con lo que los estudiantes” habían contado. Pero el GIEI descubrió, al parecer olvidado entre el enorme archivo del caso, una declaración manuscrita que el chofer había dado a la PGR el 26 de septiembre, la noche misma de los crímenes. Ahí el recuento del chofer coincidía casi exactamente con el de los estudiantes, y en algunos detalles era aún más específico. El chofer declaró que dos patrullas de la policía federal habían detenido el autobús y que habían bajado a los estudiantes a punta de pistola.

Después, en la ciudad de México, luego de que el GIEI isistió en inspeccionar el autobús, la PGR entregó el que afirmaba era el mismo autobús. Los peritos independientes enviaron fotografías del autobús y la cinta del video original de las cámaras de seguridad de la central camionera al experto en video forense Brett Hallgren, quien estudió las imágenes y concluyó que, en su opinión, “el autobús en el video no es del mismo autobús que el representado en las fotos conocidas.” (p. 191). Los peritos también descubrieron un procedimiento legal, fechado el 8 de diciembre de 2014 en la oficina del Procurador de Illinois, donde se acusa a dos hombres de pertenecer a la banda de los Guerreros Unidos y de “importar heroína y cocaína de México a Illinois, a menudo ocultando los narcóticos en autobuses comerciales que viajaban de México a Chicago.”

Un sexto autobús, el que llevaba a bordo a los jugadores de futbol de un equipo de Chilpancingo y que nada tenía que ver con la Escuela Normal de Ayotzinabpa, también fue atacado mortalmente aquella noche cuando trató de salir de Iguala. Durante algún tiempo muchas personas se han sentido desconcertadas por la falta de un motivo que resulte convincente para la severidad del ataque perpetrado contra los estudiantes de Iguala aquella noche. ¿Por qué asesinar a 43 estudiantes cuyo único crimen fue la habitual retención de autobuses? Ahora, la evidencia misma sugería por lo menos una hipótesis plausible: los ataques se desencadenaron cuando un autobús que se usaba para transportar heroína fue secuestrado por los estudiantes, y que el motivo pudo haber sido el de evitar que todos los autobuses salieran de Iguala durante esas horas, porque la policía municipal y otros involucrados en los ataques no sabían en cual de los autobuses secuestrados iba la droga, o tal vez habían sido adaptados específicamente para el contrabando de drogas y evitar ser detectados. La evidencia también sugiere que no solo la policía municipal, sino también la estatal, así como las autoridades federales y el ejército mexicano, participaron en los hechos violentos que se desarrollaron, o no hicieron nada para evitarlos. Soldados y patrullas del Batallón 27 aparecen en varios sitios en la narración del informe de aquella noche, porque estaban monitoreando los eventos, patrullando, teniendo por lo menos un encuentro con los estudiantes en la clínica a la que habían llevado a los estudiantes heridos y donde otros habían tratado de refugiarse. ¿No es responsabilidad de la policía federal y del ejército tratar de proteger a los civiles de ataques violentos? ¿Acaso todos aquellos elementos de la autoridad local, estatal y federal de Iguala estaban coludidos? De ser así, ¿quién les dio las órdenes: los Guerreros Unidos? ¿Del alcalde Abarca y su mujer, que ya fueron arrestados por sus nexos con el crimen organizado y los Guerreros Unidos? ¿Cuál fue el papel del entonces gobernador del estado, Ángel Aguirre Rivero, un poderoso y bien conectado miembro de la política mexicana? En los primeros recuentos que hizo la prensa, cuando la información fluía más libremente que como ocurrió después, se repitió una y otra vez que Aguirre era mucho muy cercano a los Abarca.

¿Acaso podría ser que el misterio –que está lejos de resolverse– de los 43 estudiantes desaparecidos de la Escuela Normal de Ayotzinapa ocurrió solo para evitar que los estudiantes salieran de Iguala en un autobús que ellos no tenían forma de saber qué contenía, ni que estaba especialmente equipado para transportar heroína de manera clandestina?

Las buenas investigaciones criminales ofrecen narrativas que establecen su credibilidad a través de la acumulación constante de detalles y acciones –evidencia– y las preguntas y conclusiones que generan surgen de manera orgánica, incluso inevitablemente, a partir de lo que ha sucedido antes. Las descripciones del comportamiento humano verdadero refutan la tendenciosidad y la difamación. “Los muchachos estaban tirados en el piso, llorando, mientras nos disparaban”, afirmó un estudiante. Debido a que resultó herido y fue llevado al hospital por una ambulancia, él es el único sobreviviente del que se tiene noticia de entre el grupo de estudiantes que iban a bordo del Estrella de Oro 1568. Uno solo tiene que leer en el informe las numerosas declaraciones sobre el terror y la sorpresa que sobrecogió a los estudiantes cuando fueron atacados, las múltiples descripciones de cómo se congelaron de pánico o lloraron, para reconocer lo jóvenes que eran –muchos ni siquiera tenían veinte años, la mayoría eran estudiantes de primer año que habían estado en la Escuela Normal de Ayotzinapa menos de dos meses– y cuan absolutamente desprevenidos estaban para lo que les ocurrió.

¿Por qué el gobierno mexicano insistió durante tanto tiempo en que la policía federal no había estado involucrada en ninguno de los eventos de aquella noche, y que habían sido confinados a sus barracas? ¿Por qué también insistió en que las fuerzas militares locales no tuvieron absolutamente nada qué ver con algo de lo ocurrido en Iguala y no tenían ninguna información qué dar? ¿Por qué el gobierno mexicano no permite que los expertos del GIEI entrevisten a los soldados que se sabe por lo menos fueron testigos de lo que ocurrió en Iguala aquella noche? ¿El presidente Enrique Peña Nieto y su poderoso Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, no recibieron informes de inteligencia de lo que había ocurrido en Iguala? ¿Acaso no leyeron, y no fueron capaces de comprender, la relevancia del monitoreo en curso del C4I4 y su información/coordinación de los eventos en Iguala en la noche del 26 para el 27 de septiembre? ¿Vieron la información que se retuvo, contenida en las secciones del registro del C4I4 de aquella noche y no se le entregó al CIEI?

El gobierno mexicano pudo haber no estado preparado para la minuciosidad de la investigación del GIEI, y el informe resultante que tiene una autoridad investigativa con la que pocos miembros del gobierno podrían haberse topado antes. Escuché a alguien decir –un poco en broma– que el gobierno tenía la expectativa de que los peritos actuaran como muchas delegaciones extranjeras cuando llegan a México: tratan el asunto como unas vacaciones de trabajo, disfrutan de la comida y el mezcal, en vez de pasar horas sin fin leyendo miles y miles de páginas de los expedientes caóticamente recopilados. La otra noche cuando me reuní con Carlos Beristáin, el miembro español del grupo de expertos, se veía sumamente orgulloso de lo que había logrado el GIEI hasta ese momento: había logrado colocar los derechos de las víctimas –el derecho a la información fidedigna, a un trato respetuoso y responsable por parte de las autoridades– en el centro mismo del caso. Me dijo que se sentía especialmente orgulloso de cómo habían logrado difuminar dolorosas tensiones al traer a los estudiantes que sobrevivieron, y a los padres de los que están desaparecidos o asesinado, reuniéndolos para llevar a cabo una serie de conversaciones cara a cara. El primer instinto natural de muchos de los padres fue culpar a la escuela y a los demás estudiantes por lo que le había sucedido a sus hijos desaparecidos, y lo expresaban a través de acusaciones como esta: “¿En primer lugar, por qué fueron a Iguala a empezar todo el lío?” Ahora esas familias y los estudiantes que sobrevivieron se han vuelto más cercanos, trabajan en conjunto en lo que se ha convertido –en especial en el caso de los padres– en la misión de su vida: encontrar a los 43 desaparecidos y saber qué pasó verdaderamente en Iguala. Beristáin me contó que había estudiantes de Ayotzinapa tan traumatizados por los eventos vividos aquella noche que les resultaba imposible cumplir su palabra y presentarse para un viaje que habían acordado a Iguala, con el fin de reconstruir en el lugar lo que habían presenciado. Seguían tan asustados, tan reacios a confrontar esa pesadilla reciente volviendo a la escena de los terribles crímenes cometidos contra sus compañeros estudiantes, que regresaron a la escuela, huyendo. Representaba un paso importante para esos estudiantes el que finalmente fueran capaces de sobreponerse a parte del trauma e ir a Iguala con el GIEI para contribuir con la investigación.

El reporte de los peritos del GIEI resulta histórico porque ha abierto brechas en la forma en que el gobierno mexicano siempre ha operado. Los retos que presenta el informe no pueden desaparecer solo porque se quiera o porque se niegue su contenido o porque queden enterrados por la acostumbrada oleada de propaganda y calumnias mediáticas. La lucha por obtener justicia en el caso de Ayotzinapa probablemente se extenderá más allá del sexenio de Peña Nieto, que termina en 2018. Es probable que el caso de Ayotzinapa penda sobre él, y los persiga a él y a los miembros de su gobierno, durante mucho tiempo. Ciertamente los miembros de familia de Ayotzinapa nunca dejarán de luchar por sus hijos y hermanos, o por lograr justicia, pero a diferencia de tantos de miles de otros mexicanos que buscan a sus seres queridos que han desaparecido, y que pierden la esperanza de alguna vez lograr justicia para ellos, la causa de Ayotzinapa, que de alguna forma representa a todos esos casos, ahora es visible internacionalmente. Se ve como un símbolo preeminente y como prueba de si acaso resulta posible que  la arraigada impunidad institucional puede cambiar y que  la justicia pueda alcanzarse en México o no. De alguna forma México tendrá que hacer espacio para el caso, lo que implica reformarse, aún si es muy a su pesar. De no hacerlo –y es muy factible que no lo haga– de todas maneras el caso continuará en algún lugar o en algún evento, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde parece casi inevitable la censura internacional y un duro veredicto contra el gobierno de Peña Nieto. Ahora existe un informe acreditado  de quinientas páginas de una investigación que servirá para que los fiscales construyan el caso.  

El jueves, dos días antes del primer aniversario de las desapariciones en Iguala, miembros de las familias de Ayotzinapa se reunieron con Peña Nieto por segunda ocasión en un año. Entre las demandas que hicieron, probablemente una resuene a futuro. Las familias de Ayotzinapa le pidieron al presidente que se lleve a cabo una nueva investigación encabezada “por una unidad especial de investigaciones bajo supervisión internacional con dos componentes: uno, investigar a profundidad el paradero de los estudiantes, y dos, investigar la charada que se llevó a cabo para engañar a las familias.”

Peña Nieto llevó la reunión como un político, dando la apariencia de apertura a las demandas de que se mejore la forma en que se ha manejado el caso, y de hecho ofreciendo unas cuantas medidas que suenan positivas –propuso que el Dr. Torero también participe en los nuevos estudios forenses del basurero de Cocula– a la vez que les cerró la puerta a las demandas que le hicieron los miembros de las familias de Ayotzinapa. A estas alturas, un caso tan mal hecho y de tal relevancia internacional como este ciertamente amerita un fiscal especial o una unidad investigadora. Lo que Peña Nieto propuso fue una nueva fiscalía –es decir, una nueva oficina de gobierno, no una entidad autónoma, como lo sería un fiscal especial– encargada de investigar todas las desapariciones recientes ocurridas en México, que suman decenas de miles de casos. A la larga una fiscalía especial, casi con certeza, tendría que revisar la evidencia que se ocultó y los esfuerzos de encubrimiento en el caso de Ayotzinapa; una investigación que podría llegar muy alto en el actual gobierno. Tomar semejante riesgo sería iría muy en contra del, ahora bien establecido, carácter del gobierno de Peña Nieto.

Las familias de Ayotzinapa se enfurecieron con la reunión. En una conferencia de prensa en el zócalo de la ciudad, donde algunos miembros de las familias se habían embarcado en una huelga de hambre de 43 horas, la madre del estudiante desaparecido José Eduardo Bartolo Tlatempa dijo: “No nos vamos a ir, y no nos vamos a cansar. Vamos a ser la piedra en el zapato. Porque no podemos regresarnos a casa sin saber qué le ocurrió a nuestros hijos.” Dirigiéndose al gobierno mexicano, declaró: “Si no pueden resolver este problema, tienen que dejarlo en manos de gente que sea seria y responsable.”

El equipo de la Corte Interamericana de Derechos humanos que consta de cinco peritos expertos –Carlos Beristáin, Ángela Buitrago, Francisco Cox, Claudia Paz y Paz, y Alejandro Valencia– proseguirán sus investigaciones sobre el caso Ayotzinapa por lo menos durante otros históricos seis meses más.

 

 

Publicado previamente en The New Yorker

Traducción de Laura Emilia Pacheco

 


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