Lo peor que podría pasar es que no pasara nada | Letras Libres
artículo no publicado

Lo peor que podría pasar es que no pasara nada

La situación que vive el país es inédita. El potencial de transformación social es enorme y demasiado precioso para desperdiciarlo en llamados a la toma del Palacio de Invierno. 

En julio de 1917, tres meses antes de la toma de poder, Lenin escribía que la consigna “¡Todo el poder a los soviets!” había dejado de tener sentido. “Cada consigna particular debe deducirse de la totalidad de las características especiales de una situación política… Esa era una consigna para el desarrollo pacífico de la revolución, el cual era posible y, por supuesto, el más deseable entre el 27 de febrero (triunfo de la huelga general en Petrogrado) y el 4 de julio (derrota de la primera insurrección bolchevique), pero ahora se ha vuelto completamente imposible.”* Durante la primera mitad de 1917, la organización de los soviets de obreros, campesinos y soldados había coexistido inestablemente con la estructura formal del Estado. La táctica era entonces acrecentar el poder de los soviets a expensas del aparato de Estado. A partir de julio, consideraba Lenin, el poder estaba firmemente en manos de la contrarrevolución y los soviets habían quedado como órganos puramente simbólicos, por lo que el ascenso al poder de los bolcheviques solo tendría lugar mediante la vía armada, capturando directamente el control del Estado. Lo que queda claro en este texto es el insistente llamado de Lenin a sus camaradas bolcheviques a no engañarse a sí mismos, ni engañar a las masas con la repetición acrítica de una consigna obsoleta para la toma pacífica del poder.

Todo esto viene a colación porque en estos días de intensa movilización social, en México no han faltado los malos imitadores de Lenin que están enfocados en la toma del poder, pero que carecen de la teoría, el genio táctico y la brutal honestidad del revolucionario ruso. Debido a ello, una parte de la discusión pública parece encaminarse al limbo de las declaraciones estridentes y desproporcionadas hasta lo risible y la falta de responsabilidad en los llamados a las trincheras.

 La situación que vive el país es inédita; ni las simpatías por el zapatismo, ni la indignación por las devastadoras consecuencias de las crisis económicas de 1982 y 1994 habían producido las espectaculares demostraciones de hartazgo en todo el territorio nacional y en muchísimos otros países, con y sin presencia de la diáspora mexicana. El potencial de transformación social es enorme y demasiado precioso para desperdiciarlo en llamados a la toma del Palacio de Invierno. Frente a la movilización social, Enrique Peña Nieto ha mostrado ya claramente su estrategia: el presidente no encabezará una profunda reforma para instaurar el estado de derecho en México, proceso que debe iniciar forzosamente por una investigación independiente sobre el probable conflicto de interés en el affaire de la Casa Blanca. En lugar de ello, el primer círculo del mandatario le apuesta al paso del tiempo, al apego a un libreto centrado en pretender que no pasa gran cosa, y en redirigir el descontento hacia las detenciones arbitrarias y los inverosímiles cargos presentados contra jóvenes que participaron en las manifestaciones.

Aunque es éticamente cuestionable, dada la magnitud del problema, en términos políticos la estrategia presidencial tiene lógica y se apoya en la expectativa de que a la larga toda movilización, por muy intensa que aparezca en sus inicios, puede estancarse en la repetición de sus acciones, las divisiones sectarias y la frustración por lo magro de los logros frente a las expectativas originales. El gobierno federal cuenta con que en los meses siguientes al final no pase nada y así poder buscar un segundo aire tras las elecciones del 2015. El costo de esta apuesta es altísimo ya que implica otros largos periodos de parálisis gubernamental, reforzamiento policiaco, un enorme riesgo de violencia y mayor erosión, hacia adentro y hacia fuera, de la legitimidad del Estado.

La mejor manera de contribuir a que no pase nada es exigir un todo lleno de humo. El último artículo de John Ackerman en La Jornada es un buen ejemplo de lo anterior. Para que se produzca la vacante anhelada en el Poder Ejecutivo “lo único que tendría que ocurrir es que el ocupante de Los Pinos simplemente no se presente a trabajar”. Una vez que el presidente actúe como burócrata en San Lunes, el pueblo tomará el poder y construirá “una nueva nación en que los cargos públicos se ocupan por sorteo, las riquezas nacionales se reparten de manera igualitaria, la seguridad pública está a cargo de los mismos pueblos y la corrupción es una vaga memoria de oscuros tiempos pasados.” Y así de fácil… igual que aquella luminosa mañana de octubre de 1917 cuando Kerenski no se presentó a trabajar.

Para contrarrestar la posibilidad de que triunfe la estrategia continuista y auto deslegitimadora de la presidencia, lo primero que habría que hacer es empezar a hablar claro. ¿Qué queremos? A quienes afirman que la renuncia del presidente no resuelve nada, habría que preguntarles cómo imaginan los siguientes cuatro años de una gestión manchada tan indeleblemente por el conflicto de interés. A quienes demandan una refundación completa de la institucionalidad mexicana con base en la ciudadanización de la política, valdría la pena pedirles que ahonden en las características de la propuesta constituyente. Los que, como un servidor, pensamos que la crisis de legitimidad del Estado en su conjunto y las grandes movilizaciones sociales son una oportunidad dorada para avanzar en organización autónoma y horizontal en la sociedad civil, liberando espacios de interacción de la tutela del Estado, debemos aclarar cómo se puede plantear esa idea en el marco de un tejido social profundamente lacerado por la inseguridad pública.

Y a los apologistas de la toma del poder hay que exigirles que hablen claro sobre posibles caminos y costos sociales para llegar al objetivo. Es su deber revelar con exactitud a qué distancia se encuentran de las consecuencias de sus planteamientos. No es lo mismo un joven normalista que plantea transformaciones revolucionarias desde una realidad cotidiana de marginación, criminalización y riesgo inminente, que un académico que lo hace desde en una estancia en el extranjero con cargo al erario público. Se puede debatir con leninistas contemporáneos, pero es difícil respetar a quienes pretenden ser Lenin sin regresar de Finlandia.

 


* Traduzco del inglés en la versión de Žižek, Revolution at the Gates, Verso 2002.