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artículo no publicado

Hinchadas de administración

En el Anuario estadístico de la unesco (1975, 1999) se puede ver que la población mundial matriculada en universidades, escuelas técnicas superiores y escuelas normales superiores creció de pronto como nunca. Subió de 12 millones en 1960 a 51 en 1980: se cuadruplicó en veinte años. Esta explosión (7.5% anual) empequeñece la otra (2% anual de la población total). Quizá tuvo que ver (como causa o como efecto) con la protesta juvenil de aquellos años, con variantes para cada país.

En México, la represión del movimiento estudiantil en 1968 fue continuada por una política reconciliatoria del presidente Luis Echeverría (1970-1976), en la vieja tradición de comprar buenas voluntades con generosidad y concesiones. Lo dijo Porfirio Díaz: Hay que echarles huesos a los perros, para que dejen de ladrar. Y también Álvaro Obregón: No hay general que resista un cañonazo de 50 mil pesos.

Según Víctor Bravo Ahúja y José Antonio Carranza (La obra educativa [1970-1976], sep Setentas 301, 1976, p. 200), el gasto en educación superior de la Secretaría de Educación Pública fue sextuplicado en el sexenio de Echeverría. Subió de $1,147 millones en 1971 a $6,792 en 1976.

Con Echeverría, las universidades empezaron a nadar en dinero. El resultado fue desconcertante. Prosperaron los administradores universitarios, los sindicatos universitarios, la construcción de edificios universitarios, los proveedores de instalaciones, equipos y materiales universitarios, las agencias de viajes universitarios y los deportes universitarios, pero no la educación superior.

Según Pablo Latapí (Análisis de un sexenio de educación en México, 1970-1976, Editorial Nueva Imagen, 1980, p. 179): “El fuerte aumento de recursos [a la educación superior] y la expansión consecuente no se vieron precedidos por medidas que los prepararan. Ni las instituciones ni el sistema contaban con los planes, programas, personal calificado y estructuras administrativas para soportar esa expansión. Podría decirse que los recursos adicionales produjeron ‘más de lo mismo’, cuando no serios deterioros por una masificación imprevista. La actitud reconciliatoria del gobierno le impidió sujetar sus subsidios a condiciones de excelencia académica o de eficiencia administrativa. Así se desperdició una oportunidad excepcional de mejoramiento e innovación [...] Dos efectos negativos de la expansión impreparada fueron el descenso en la eficiencia terminal [el porcentaje de los estudiantes que terminan sus estudios] y el deterioro de la calidad académica.”

La protesta del 68 empezó contra los abusos de la policía. No exigía tanto mejorar la vida universitaria como la vida nacional, especialmente la situación de los mexicanos más pobres, bandera que tomaron demagógicamente los presidentes Echeverría y López Portillo. Sin embargo, el gasto público de los llamados presidentes populistas produjo universidades millonarias y menor nutrición, como puede verse en el cuadro adjunto.

Todavía en el año 2009, según el Tercer Informe de Gobierno de Felipe Calderón, el gasto federal dedicado a la educación superior (unos 2.7 millones de alumnos) fue de $103,762 millones, de los cuales $21,360 millones fueron para la unam. Y el dedicado a la población indígena (unos 10 millones de habitantes) fue de $38,103 millones. O sea que, proporcionalmente, la población indígena recibió diez veces menos que la población de estudiantes universitarios. Una sola institución (la unam) recibió más ayuda federal que cinco millones de indígenas.

La unam es ahora un monstruo burocrático. Tiene más presupuesto y personal administrativo (unas 27,000 personas, sin contar las 35,000 del personal académico) que muchas secretarías de Estado: Gobernación, Relaciones Exteriores, Economía, Trabajo, Reforma Agraria, Turismo y Función Pública (Tercer Informe). Tiene más presupuesto que muchos gobiernos de los estados: Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Colima, etcétera (banco de datos del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, www.cefp.gob.mx). Tiene el mismo presupuesto que el gobierno de Nicaragua y más que muchos gobiernos de otros países: Haití, Belice, Rwanda, Laos, Mauritania, Guinea, etcétera (Wikipedia, Government budget by country).

La hinchazón administrativa que empezó con Luis Echeverría se volvió permanente. Los principales beneficiarios fueron los funcionarios y los sindicatos. Las universidades son ahora burocracias dedicadas al negocio de administrarse: vender una presencia constante en los medios (autocelebratoria, naturalmente), conseguir dinero en cantidades cada vez mayores, distribuirlo, etcétera, como las secretarías de Estado, los gobiernos de los estados y otras burocracias políticas. Se volvió normal que muchos directores, rectores y líderes sindicales de las universidades lleguen a ser altos funcionarios de la administración pública.

Las universidades adoptaron el modelo burocrático y lo propagan, no sólo por el peso de lo administrativo y sindical en su vida interna; ni por el ejemplo contagioso que dan a sus alumnos, maestros y empleados; sino también porque la administración es ahora su mayor tema de enseñanza. Se han vuelto burocracias especializadas en la formación de burócratas para el Estado y las grandes empresas. Todavía hay estudiantes que sueñan en poner su consultorio, su despacho, su constructora, su fábrica. Pero predominan los que sueñan en buenos empleos, de preferencia altos empleos en las cumbres administrativas.

Cada vez más, las universidades se dedican a enseñar contaduría y administración, algo que empezó como teneduría de libros en las llamadas escuelas comerciales, y ahora alcanza niveles de doctorado universitario. Según la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, desde el ciclo escolar 2007-2008, la matrícula de estudiantes en ciencias sociales y administrativas (casi todos en administrativas) rebasa un millón de alumnos, que representan la mitad de la población escolar en licenciaturas y posgrados de las instituciones asociadas (www.anuies.mx). Se trata de un fenómeno creciente, como puede observarse en las estadísticas de años anteriores.

A mediados del siglo xx, las licenciaturas en administración eran una novedad, no muy bien vista. Parecían poco universitarias, una especie de enseñanza light frente a las sólidas disciplinas tradicionales: derecho, medicina, ingeniería. Hoy existen licenciaturas en administración aduanera, administración bancaria, administración deportiva, administración educativa, financiera, fiscal, hotelera, municipal, pública, de agronegocios, de comercio internacional, de empresas marinas, de empresas turísticas, de instituciones, de la calidad, de mercadotecnia, de recursos humanos, de recursos naturales, de relaciones industriales y de todo lo imaginable (como la sublime licenciatura en administración del tiempo libre). A lo cual hay que sumar las de contaduría, derecho administrativo, ingeniería administrativa, informática, etcétera.

En todas las profesiones, lo que se aprende en la práctica llega a ser más importante que lo aprendido en las aulas universitarias. Pero en los temas administrativos, sucede más fácilmente. Por ejemplo: Los sistemas de planeación y control de la producción que van ajustando las variaciones de la demanda con los inventarios (de materias primas, productos en proceso y productos terminados) y las capacidades de producción en cada máquina, departamento y turno son algo imposible de explicar a quien nunca ha estado en una fábrica, ni vivido el problema. Intentarlo es perder el tiempo.

Y, sin embargo, las familias y el país hacen un esfuerzo extraordinario para que millones de estudiantes se dediquen a hacer como que aprenden en un salón de clase, a donde llegan diariamente congestionando la ciudad (y aumentando, así, la pérdida de tiempo). Según la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (inegi), las familias dedicaban el 2% de sus gastos a la educación en 1977, proporción que fue subiendo hasta el 11% en 2005 (última encuesta publicada). Y tanto sacrificio, ¿para qué? Para que los jóvenes saquen una credencial que les permita no ser discriminados: para que tengan derecho a concursar por empleos que no existen.

Según los indicadores de la ocde (Education at a glance 2009), los países miembros gastaron en 2006 el 13.3% del gasto público total en educación, con dos extremos. Alemania, Italia y Japón gastaron 10% o menos. En el otro extremo, México gastó más que cualquier otro país: el 22%. La suma del gasto público y privado representó en 2006 el 6.1% del pib de los países miembros. En el caso de México fue el 5.7%, mayor que en Alemania, Australia, Brasil, Chile, España, Italia y Japón.

Cuando el país gastaba 3% del pib en educación, se decía que era poquísimo. Ahora el gasto es de 6.5% del pib, según declaraciones recientes del secretario de Educación Pública, y muchos consideran deseable llegar al 8% del pib. ¿Para qué? Aumentar el gasto en educación ha aumentado la burocracia, más que la educación.

Desde hace años, en el mundo del trabajo hay quejas por la calidad de los graduados. A su vez, los maestros universitarios se quejan de lo mal preparados que llegan los muchachos de las preparatorias; cuyos maestros se quejan de cómo llegan de la secundaria, y así sucesivamente. Todo esto mientras el gasto sube y sube. ¿Para qué?

La meta de gastar el 8% del pib en educación es absurda, no sólo porque aumentar el gasto ha sido contraproducente, sino porque eso ha puesto en evidencia que la meta debe ser la educación, no el gasto. Lo deseable es elevar la calidad de los egresados, el número de personas maduras y competentes, capaces de seguir aprendiendo por su cuenta, para entender, desarrollarse y servir a la sociedad. Pero la calidad es precisamente lo que no se mide.

En las evaluaciones que empiezan a practicarse, ha resultado, por ejemplo, que hay algunas escuelas públicas de pocos recursos con mejores resultados educativos que algunas escuelas privadas muy costosas. Lo cual confirma que el gasto es un pésimo indicador, como sucede en tantas otras cosas donde lo más costoso no es siempre lo mejor. La calidad cuesta, pero el costo no es la forma de medir la calidad.

Lo deplorable es que instituciones respetadas como la unam, que somete a examen a los alumnos de otras, se nieguen al examen de sus alumnos con enlace, la prueba estándar que hace posible comparar resultados. Prefieren cabildear y presionar para conseguir más presupuesto, entregado a ciegas y gastado con prioridades que nadie tiene derecho a juzgar.

Las universidades como mundos aparte y autosuficientes han ido creando dependencias periféricas: tiendas, clínicas, centros deportivos, talleres de reparación. Toda dependencia adicional genera intervenciones de las otras, y el trabajo se expande hasta ocupar a muchísima gente, más aún si las reglas sindicales prevalecen. Los de auditoría necesitan reparaciones de mantenimiento, los de mantenimiento necesitan servicios médicos, las clínicas hacen requisiciones de compras, las compras tienen que ser auditadas. La hinchazón genera hinchazón, y lo periférico se vuelve desproporcionado, a costa de la función central.

En 1963, Pablo Latapí fundó el Centro de Estudios Educativos. Había hecho un doctorado en educación en Alemania, y lo primero que señaló fue que no había proporción entre el gasto educativo y el gasto en evaluarlo, prácticamente nulo. Para entonces, ya estaba en Cuernavaca Iván Illich, que había sido vicerrector universitario y miembro del Consejo Superior de Enseñanza en Puerto Rico. Con esa experiencia, empezó a cuestionar el mundo educativo y llegó a la conclusión de que administraba ritos sagrados, a salvo de evaluaciones prácticas. Finalmente, publicó Deschooling society (1971), que retumbó por el planeta en muchas lenguas y ediciones.

A pesar del escándalo provocado por Illich desde México y la discreta persistencia de Latapí, México sigue gastando en educación a lo tonto: sin evaluar los resultados. Como si la meta fuera aumentar el sacrificio económico de las familias y los contribuyentes, no la formación de personas valiosas. La impresión general es que la calidad ha bajado, aunque el costo ha subido. Y lo imperdonable, a estas alturas, es seguir atenidos a impresiones, en vez de examinar (externamente) a los estudiantes, a los maestros y a las instituciones.

Los interesados en aumentar el gasto miden su éxito por el dinero que reciben, no por la calidad que entregan. Es una distorsión muy costosa. Si, desde 1963, se hubiera impuesto en el sistema educativo la evaluación independiente, con exámenes semejantes a los que ahora empiezan a introducirse (con grandes aspavientos y vergonzosas ocultaciones), la educación en México no habría descendido hasta el punto en que sus resultados deben esconderse.

El rechazo a la evaluación, con desplantes de soberanía ofendida, deja a las universidades en una posición semejante a la del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Lo cual hace pensar que saben que sus servicios no valen lo que cuestan. ~